El costo de la elección extraordinaria de Muxupip sería mínimo y lo absorbería el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), sin necesidad de pedir más apoyos al gobierno del Estado, dijo su secretario ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez.
Por otra parte, informó que, al contrario de lo que anunció el PAN, no se impugnó el rechazo de la queja contra el PRI por usar servicios públicos para hacer campaña.
En el caso de Muxupip, donde se repetirá la elección, recordó que hasta ayer la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, sólo había confirmado votaciones extraordinarias en ese municipio.
Todavía no están firmes los resultados de los municipios de Oxkutzcab, Mayapán, Hocabá y Mérida, que son los casos pendientes municipales que revisa esa sala regional del Trife.
En caso de que sólo se tengan que repetir las elecciones de Muxupip, reiteró que el Ipepac no tendría problemas económicos y menos técnicos para organizar esos comicios.
El funcionario consideró que el costo de ese proceso sería mínimo, considerando que en esa población sólo se instalarían cuatro casillas para unos 5,000 electores.
Se dispone de las ánforas, mamparas y demás material que se necesita para llevar al cabo la elección.
Entre lo hará falta están las boletas, que costarían alrededor de 5,000 pesos.
Otro de los gastos será el pago de sueldos a los consejeros y la renta del local para el Consejo Municipal, por unos cuatro meses más.
“En caso de que la sala regional del Trife decida que se repitan las elecciones en Mérida, como pide el PAN, entonces si tendríamos la urgente necesidad de pedir apoyos adicionales al gobierno del Estado, pero esperamos que esto no suceda”, concluyó el secretario ejecutivo del Ipepac.
Será mínimo el costo de las elecciones extraordinarias
“Negligencia médica”
Los papás interpusieron una denuncia penal contra el nosocomio por la muerte de la joven, quien tenía el sueño de viajar a la ciudad de México para convertirse en bailarina.
La joven murió a consecuencia de una hemorragia producto de las cesárea que le practicaron al ser trasladada del Centro Materno al Hospital O'Horán.
A las dos horas de haber ingresado la familia fue notificada del fallecimiento.
Cuando llegó la muchacha estaba inconsciente y casi sin signos vitales, por la cantidad de sangre que había perdido. Los papás de la joven piden que se investigue el caso y se castigue a los responsables. “Me mataron a mi hija, ella estaba bien cuando ingresó”, indicó María de Lourdes Gómez López, quien tenía en sus brazos al bebé, que está en perfecto estado de salud y el martes cumplirá su primer mes de vida, el mismo tiempo que tiene su mamá de fallecida.
Alfonso Cervera Ríos, papá de la joven, relató que médicos del Centro de Salud llevaron el control del embarazo de su hija. La última consulta que tuvo fue el 16 de mayo.
El 29 de ese mes, a las 4 de la madrugada, la joven ingresó al Centro Materno y le informaron que estaba en labor de parto.
Cesarea A las 9 de la mañana del 29 le dijeron a su familia que Valentina estaba bien. A las 10 les pidieron autorización a los padres para la cesarea.
A las 5 de la tarde uno de los médicos les dijo que su hija ya había dado a luz a un varón y que estaban bien los dos.
A las 6:15 les pidieron autorización para que la muchacha sea trasladada al O'Horán, porque estaba mal. Médicos de este hospital les informaron que la joven estaba grave porque la hemorragia no se podía contener. También les indicaron que se demoró mucho tiempo en trasladar a la parturienta.
Finalmente a las 9:50 de la noche les informaron que la muchacha había fallecido.
Cervera Ríos indicó que ha ido al Centro Materno Infantil para pedir informes de las causas de muerte de su hija, pero le niegan los expedientes.
Petición Según dijo, pide a las autoridades que se investigue el caso y castigue a los responsables.
“Nadie me va a devolver a mi hija, pero no quiero que otra familia sufra en carne propia lo que nosotros estamos viviendo. Es un infierno”. La familia pide ayuda a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y al procurador de Justicia para que se esclarezca el caso.
Un ladrón solitario roba $754,000 a tres policías
Un audaz e inusitado asalto, que pasaría a la historia de Yucatán, dejó ayer a 377 adultos mayores sin cobrar sus $2,000 de dos bimestres del programa 70 y Más.
Tres policías de Sudzal y un pagador de Bansefi denunciaron que ayer entre las 8:30 y 9 de la mañana transitaban a bordo de una patrulla en la carretera Xanabá (comisaría de Izamal)-Sudzal, cuando un ladrón solitario, armado con una escopeta y con el rostro cubierto con un pasamontañas, los interceptó y les despojó de $754,000.
Según las autoridades, el atraco sería histórico en Yucatán porque es uno de los robos con mayor botín cometido por un solo delincuente, y porque los asaltados son policías.
La Policía Judicial, “por procedimiento” comenzó sus investigaciones con las propias víctimas, quienes son los principales sospechosos.
El caso del asalto perpetrado ayer cerca de Sudzal tomó nuevo giro hoy al descubrirse que los policías de ese municipio estaban confabulados con el presunto asaltante solitario que se llevó el botín de $754,000.
El atraco, como informamos, ocurrió poco antes de las nueve de la mañana en la carretera Xanabá-Sudzal, apenas a tres kilómetros de esta última población, a la entrada del rancho Popolá.
Los tres policías, incluyendo al comandante Elías Bolívar Canché, pasaron de víctimas a acusados, una vez que confesaron su participación indirecta en el atraco.
Además de los agentes, también se detuvo a los otros dos implicados, uno de ellos al autor material del atraco, es decir al ladrón solitario, y se logró recuperar el botín.
El pagador de Bansefi Freddy José Perera Cardeña no tuvo participación en el atraco, incluso fue pieza clave para desenmascarar a los agentes implicados. Este relató actitudes extrañas de los agentes, como el hecho que el policía que conducía la patrulla redujo la velocidad porque, según le dijo, había un encapuchado parado a mitad de la carretera y estaba apuntando con una escopeta, cuando estaban muy lejos para darse cuenta.
El agente no quiso acelerar cuando él le dijo que lo hiciera y cuando el asaltante los detuvo, el pagador escondió el dinero, pero el sujeto se dirigió hacia él y le preguntó por el maletín.
El comandante Canché Bolívar reconoció que había sido él quien planeó el asalto. El dinero estaba destinado para pagar a los beneficiarios de programa 70 y Más.
Los agentes Daniel Eduardo Chan Couoh y Pedro Pool Santos, también admitieron su participación, pero señalaron que se quisieron justificar al señalar que solo obedecian órdenes de su comandante.
El asaltantte encapuchado resultó ser Roberto Alonso Chulim y el quinto implicado es Abraham Noh Llanes.
Los cinco detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y serán consignados mañana mismo.
Generaría 32 mil empleos la industria de la construcción en Yucatán
En entrevista, expuso que de lograrse esta cifra, cerrarían 2010 con una planta de más de 80 mil empleos entre directos e indirectos, lo que sería positivo para ese sector, uno de los motores más importantes de la economía local.
PROMESA Recordó que la alcaldesa electa de Mérida, Angélica Araujo Lara, ha comprometido más de cinco mil acciones de vivienda en la ciudad y que de hacerse realidad “habrá dinamismo en la actividad constructora”.
“Los alcaldes están a pocos días de concluir sus trienios, desde febrero pasado, suspendieron obras en sus municipios, lo que dejó sin oportunidad de trabajo a buen número de empresas constructoras”, dijo el representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Sin embargo, continuó, cuando entren en actividad los nuevos ediles en julio próximo es cuando la ocupación del sector de la construcción podría llegar al 100 por ciento.
“Mientras los recursos federales para vivienda comienzan a fluir con mayor rapidez al Estado y se reactiva la obra pública estatal, los constructores tienen la menta fija en los 106 alcaldes que van a llevar al cabo sus propias obras lo más pronto posible”, agregó.
Refirió que de las 300 constructoras socias de la delegación local de la CMIC, el 65 por ciento tiene contratos de trabajo y un 35 por ciento restante ha tenido altibajos para encontrar obra y sus acciones son aisladas.
Al margen de ello, los empresarios de la rama de la construcción, confían en un repunte en sus actividades a partir del segundo semestre del año cuando los alcaldes electos tomen posesión de sus cargos e inicien proyectos de obras en sus comunidades, insistió.
Rechazó que muchas empresas constructoras yucatecas estén al borde de la quiebra, “algunas han tenido problemas por la falta de ocupación, pero de eso a que haya una crisis severa en el sector, eso es otra cosa; vamos bien y esperamos que en cierre del año nos vaya mejor”.
Proyecto conjunto con Israel
En el evento, celebrado en el Salón de la Historia de Palacio de Gobierno, Ivonne Ortega manifestó que con este tipo de acuerdos el potencial del estado se multiplica generando más oportunidades de empleo para los ciudadanos.
Yosef Livne recalcó que con el apoyo del gobierno estatal se consolidarán los proyectos, que beneficiarán a ambas partes.
“Hoy empezamos un camino. Hemos dado los primeros pasos en un sendero que, no tengo duda, nos llevará a destinos promisorios donde los intereses comerciales tanto de Israel como de Yucatán encuentren su máxima expresión”, señaló.
Diana Castañeda Medina, secretaria de Fomento Económico, expresó que en el 2008 la suma de las exportaciones e importaciones entre México e Israel alcanzó los 744 millones 273 mil dólares.
La funcionaria tambiém detalló que para el primer bimestre de este año, el comercio total entre ambos países representó un mercado de 161 millones 187 mil dólares
Arranca el nuevo malecón
- Una de las obras “emblemáticas” del gobierno del Estado
- Primera etapa de sólo 280 mts.Más dudas sobre la cuenta pública
A casi dos años que se anunció su construcción, ayer se colocó la primera piedra del nuevo malecón de Progreso, calificado como “una de las obras emblemáticas” del gobierno estatal.
La primera etapa sólo será de 280 metros lineales de los 1,147 proyectados para toda la obra. El nuevo malecón tendrá andadores, ciclo vía, entradas de acceso a la playa, sanitarios y un campamento tortuguero.
La gobernadora Ivonne Ortega acompañada del padre Lorenzo Mex Jiménez, el secretario de Obras Publicas, Francisco Torres Rivas, y el diputado Enrique Magadán, en la colocación de la primera piedra del malecón internacional
PROGRESO.— Al dar por iniciados los trabajos del nuevo malecón internacional de este puerto, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco manifestó este viernes que el proyecto “por fin llegó a un final feliz”.
A casi dos años que anunció su construcción, la mandataria se mostró muy emocionada al dar su mensaje ante un centenar de funcionarios, vecinos y autoridades de diferentes órdenes al grado que se le quebró la voz cuando dijo su discurso.
—El nuevo malecón es una verdadera oportunidad de darle un nuevo rostro a Yucatán, de darle una puerta de bienvenida al Estado y de seguir lo que hemos estado haciendo, consolidando la infraestructura turistica y de servicios que son una fuente generadora de empleos para los yucatecos— señaló.
En el evento no se dijo cuánto tardará en construirse todo el malecón, pero señalaron que la primera etapa, de sólo 280 metros lineales, la ejecutará la la Constructora Regional Corporativa (Coreco) en 4 meses con una inversión de $47 millones.
A la par del inicio de los trabajos de construcción, el gobierno del Estado también comenzará los trámites para reubicar a más de un centenar de pescadores que trabajan en esa zona y que utilizan el playón poniente para dejar sus lanchas y alijos.
El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno estatal, Dr. Eduardo Batllori Sampedro, confirmó ayer que durante los trabajos y una vez que el malecón esté concluido, los pescadores no podrán permanecer en ese sector.
Serían reubicados a la zona de atracaderos conocida como “La Caleta”, en donde la Administración Portuaria Integral (API) construye nuevos muelles y una zona segura para los hombres de mar y sus embarcaciones, que representan su patrimonio.
Actualmente los pescadores utilizan el playón poniente como centro de trabajo, pues ahí fondean sus lanchas o las ponen sobre la playa. Incluso instalaron varios campamentos, construidos rudimentariamente con tablas y pedazos de lámina.
El lunes comenzará la firma de entrega
Estas unidades corresponden a todas las direcciones, la Presidencia, la Secretaría y la Sindicatura de la Comuna, que desde anteayer se dan a la tarea de sacar cientos de miles de copias de las actas de entrega de cada Unidad, que serán seis “tantos” y los anexos técnicos, que serán por partida triple.
El fotocopiado arrancó una vez que la alcaldesa electa, Angélica Araujo Lara, notificó al Ayuntamiento a quiénes designó como responsables para la firma de los expedientes protocolarios y la recepción de las unidades administrativas.
En esa lista aparecen Karina López Sosa (Oficialía Mayor), Carlos Denis González (Gobernación), Armando Canul de la Cruz (Desarrollo Urbano), Carlos Sierra Burgos (Obras Públicas), Luis López Castro (Desarrollo Social), Carlos Caamal Polanco (Administración), y Gerardo Herrera Novelo (Contraloría), quienes no necesariamente son los futuros directores.
“Buena disposición” María Fritz Sierra, actual titular de esa dependencia, informa que, en una muestra de la buena disposición del gobierno saliente, adelantarán un día la firma de los expedientes protocolarios, ya que el artículo 24 del Reglamento de Entrega-Recepción dice que debe ser a partir del 29, pero lo harán el 28.
La contralora municipal Laura Cervera Urtiaga, quien coordina toda la entrega, revela que la administración de Angélica Araujo recibirá, además del presupuesto, un patrimonio municipal valuado en $2,368.8 millones.
Apego al decreto de autos
“Es un decreto nacional y nos tenemos que adaptar a él todos los estados, pues va en beneficio de las personas físicas, aunque todavía no han salido las reglas para las personas morales.
El funcionario indicó que de hoy al lunes deberán salir las reglas de operación y con ellas se acabarán las especulaciones de si uno se apega o no.
“Definitivamente los estados tenemos que aceptar ese decreto, pero no vamos a dejar de percibir un peso menos de lo que recibimos hoy”, señaló.
“A mí me paga, si es menor de 200 mil pesos, la distribuidora de autos y ellos deducen del Impuesto sobre la Renta”. Ricalde Ramírez reiteró que se está en espera de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reglas, y recordó que en el momento en que se publiquen entran en vigor al día siguiente.
El anuncio Según el anuncio que hizo el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal cubrirá con recursos públicos el pago de la tenencia para automóviles nuevos cuyo precio no exceda los $250,000, adquiridos por personas físicas.
Los distribuidores pagarán la tenencia por cuenta de los compradores y en sus declaraciones fiscales podrán acreditarla contra el Impuesto sobre la Renta.
El Presidente, como publicamos, también anunció que se adoptará un plan de garantías para poner más créditos al alcance de los mexicanos.
Avances del Tren Rápido
De acuerdo con un boletín, la construcción del Tren Rápido se iniciará a mediados del 2011.
En el viaje de reconocimiento del derecho de vía día estuvieron presentes el secretario técnico del Despacho del Ejecutivo, Ulises Carrillo Cabrera; el director del Centro SCT Yucatán, Renán Canto Jairala; los secretarios de Obras Públicas, Francisco Torres Rivas; de Fomento Económico, Diana Castañeda Medina; y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Batllori Sampedro; así como el director de Transporte estatal, Henry Sosa Marrufo; y representantes empresariales interesados en el proyecto, dice el comunicado.
“Necesitamos de este tipo de transporte y lo vamos a apoyar, el gobierno federal tomará el proyecto y se apoyará como se hace con carreteras y proyectos portuarios, incluidas terminales intermodales”, afirmó Renán Canto Jairala.
A decir del funcionario federal, el Tren Rápido se presenta como un importante proyecto para toda la Península, pero también en materia de comunicaciones para todo el país, si se toma en cuenta que se buscarán conexiones con el centro y norte del país.
Presente en el recorrido, Aaron Dychter, coordinador del equipo de empresas que realizan el estudio de factibilidad, subrayó que se trata de un proyecto único a nivel nacional, similar a los existentes en España, Escocia y la India.
“Definitivamente no tiene precedente en el país, por lo que estamos frente a un proyecto de infraestructura turística con sentido económico y social que es totalmente factible”, expresó.
Dychter informó que de acuerdo con los avances del plan, en octubre finalizará el estudio de factibilidad, mismo que será entregado a las autoridades correspondientes para su aval y posteriormente iniciar las licitaciones correspondientes, por lo que estimó que los trabajos de construcción del Tren Rápido Peninsular iniciarán a mediados del 2011.
Cinco empresas participan en la elaboración del proyecto de factibilidad: Grupo Consultor Independiente, Emmatrons, EM Consultores, GEA y la empresa encabezada por Aarón Dychter que coordina a dicho grupo en el que participan expertos en trazo, material rodante, puntos legales y ambientales.
Se pretende que el Tren Rápido Peninsular, en su primera fase, llegue a Chichén Itzá y a mediano y largo plazos a Campeche, pasando por la zona arqueológica de Uxmal y posteriormente al corazón de la Riviera Maya, hasta Calica, también conocido como Punta Venado, externó.
De acuerdo con el proyecto, el Tren Rápido Peninsular busca proporcionar un servicio ferroviario para transporte de pasajeros, pero también de carga, por lo que incluye vagones modernos que puedan desplazarse a una velocidad de entre 120 y 130 kilómetros por hora, con terminal en la capital yucateca.
“Se trata de un tren moderno, con motores diesel, cuyos trabajos estarán enfocados para que a largo plazo puedan utilizar tecnología eléctrica. Se trata de un proyecto turístico en el que la velocidad será la necesaria para hacerlo competitivo, pensando en la gran cantidad de turistas que pueden utilizarlo para trasladarse a diversos puntos de interés en el Estado”, subrayó.
Presente en el recorrido, Janet Rosado Novelo, secretaria técnica del Tren Rápido, resaltó que es el primer proyecto ferroviario de esta calidad en el país, por lo que enfatizó en los avances de los estudios, que permitirán la realización del proyecto para el que se necesitarán recursos públicos y privados.
Proyectos como este, indicó, requieren mezcla de recursos públicos y privados, por lo que es positivo que ya se esté finalizando el estudio de factibilidad, lo que dará paso a las pruebas preoperatorias.
Conforme a lo estipulado, el derecho de vía existente hasta Izamal está en buenas condiciones, por lo que requeriría sólo de trabajos de remozamiento, en tanto que de Valladolid a Calica sí se deberá adquirir derecho de vía en diversos tramos, a fin de conformar la ruta deseada.
Estamos hablando de un gran proyecto de desarrollo regional, con virtudes para el crecimiento de la infraestructura, el impulso de un mayor turismo, el aumento de días de estancia de los visitantes, pero también positivo para la creación de empleos y bienestar social, coincidieron los especialistas.
El recorrido por tren de este día incluyó el paso por comunidades como Tixpéual, Tixkokob, Euán, Cacalchén, Bokobá, Tekantó e Izamal.
Surgen los buenos deseos
“Buscaremos que la tribuna del Congreso no sirva más sólo para el golpeteo político y que en la LIX Legislatura prevalezcan el diálogo y la tolerancia”, declaró ayer el diputado electo Mauricio Sahuí Rivero, coordinador de la bancada del PRI en el nuevo Congreso del Estado, con mayoría absoluta priista.
Los nuevos legisladores recibieron ayer sus acreditaciones y fueron convocados para el próximo martes 29, a fin de que tomen posesión y se instale la LIX Legislatura, integrada por el PRI, el PAN, el PVEM y el PRD.
Los 25 legisladores —incluyendo al priista Omar Corzo Olán, de quien está pendiente que la Sala Regional del Trife confirme su permanencia en el Congreso— se reunieron ayer por primera vez en el Aula Magna del Poder Legislativo.
Integrarán la nueva Legislatura 15 diputados del PRI, encabezados por Sahuí Rivero; seis del PAN, cuya coordinadora será Magaly Cruz Nucamendi; dos del PRD, que coordinará Edilberto Rodríguez López, y dos del PVEM, que encabezará Carlos David Ramírez Sánchez.
Estos nuevos legisladores recibieron su acreditación de manos del presidente de la Comisión Instaladora, el diputado priista Gaspar Quintal Parra.
El último en llegar, incluso después de que lo habían llamado para que pase por su acreditación, fue el legislador de Umán Juan José Canul Pérez.
Poco antes de iniciarse la reunión los legisladores bromearon entre sí; incluso Ramírez Sánchez, del PVEM, le preguntó a Corzo Olán —quien llegaría al Congreso por ese mismo partido—, dónde dejó su tucán, ave con la que se identifica a ese instituto político.
Corzo Olán le respondió que lo mandó a Animaya, proyecto que Ramírez Sánchez ha criticado.
Al término de la ceremonia, en improvisada conferencia de prensa, Sahuí Rivero dijo que trabajarán en una agenda legislativa que beneficie a los electores, a la ciudadanía.
“Buscaremos evitar las discusiones y situaciones estériles, y hacer más trabajo legislativo”, expresó el priista.
Como ejemplo de situación estéril, mencionó el uso de la tribuna del Congreso sólo para el “golpeteo político”.
El ex presidente estatal del PRI indicó que tratará de establecer puentes con las otras bancadas, para que esta Legislatura se caracterice por su trabajo con diálogo y tolerancia.
“Seremos una mayoría responsable y para eso buscaremos el acercamiento con las instituciones y las demás bancadas partidistas”, agregó.
De sus nuevos compañeros de otros partidos, dijo que tuvo acercamientos con ellos, pero de manera informal.
“Espero que la próxima semana se hagan los primeros ya formalmente”, señaló.
“Esperamos empezar con una agenda legislativa de intenso trabajo. Esperamos que en esta nueva Legislatura el trabajo sea el que hable por nosotros los diputados”, expresó.
Sahui Rivero dijo que está consciente del trabajo que les espera, “de los rezagos que nos dejan”, como el desacato desde hace varios años por no actualizar el marco legal del Estado en torno a la Ley Indígena, entre otras cosas.
En lo primero que se trabajará, anticipó, es en actualizar las 17 leyes que faltan con motivo de la reciente reforma constitucional del Estado.
El próximo martes 29 será el próximo encuentro de los 25 diputados, ya en el salón de sesiones para instalarse.
La instalación estará a cargo del diputado saliente Quintal Parra, presidente de la Comisión Instaladora.
Rendición de cuentas, clave en la democracia
La consolidación de la democracia no se conseguirá sólo con la participación ciudadana en cada elección, sino también en la intervención del ciudadano en procesos de rendición de cuentas, dijo Mauricio Merino Huerta, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide).
El funcionario, quien intervino en el foro “Hacia una verdadera rendición de cuentas en México”, dijo que los sistemas contables del gobierno deben ser claros, reveladores y oportunos.
Antes de esa junta, en entrevista con el Diario, el contralor José Luis Peniche se refirió a los casos de Cobijar y la Secretaría de Fomento Agropecuario.
¿Cuándo tendrá los resultados del caso Cobijar? En poco tiempo, considero que en unos días estará listo.
¿Cuántos días? —No puedo decir cuántos porque ese asunto lo tiene el área de Normatividad. Apenas me lo entreguen lo daré a conocer.
¿Le toca a usted determinar cuándo lo debe tener listo? —No, yo no ordeno. El área que lo analiza es Normatividad, que está a cargo del licenciado Héctor Rodríguez.
¿Puedo hablar con él? —Pues, a ver si te atiende.
¿No ordenará que me atienda? —La ley dice que no podemos informar cuando las denuncias están en fase de investigación, ¿Cuánto tiempo lleva él revisando este asunto? —No sabría decirte, no tengo el dato en mente.
¿Y por qué no lo sabe? —Porque no lo sé, no puedo decirte cuánto tiempo lleva.
¿Por qué tarda esto? Porque así son los procesos. Cobijar involucra a 70,000 gentes ¿Y el caso de la Secretaría de Fomento Agropecuario? —Se está investigando.
¿Cuándo habrá resultados? —Pues, también en breve.
¿Qué han encontrado? —Mira maestro, el caso está en el área de Normatividad. Y hasta que concluya la investigación se definirá que se hará.
¿Algún plazo? No puedo fijarlo, ya te dije que lo tiene Normatividad y cuando se resuelva lo daré a conocer.
Alejandro del Conde Ugarte y el contralor José Luis Peniche Patrón, en el foro de rendición de cuentas
En un foro sobre rendición de cuentas el gobierno estatal insistió en no informar que pasó con los casos de presuntos desvíos del erario en el Programa Cobijar y en la Secretaría de Fomento Agropecuario.
El contralor José Luis Peniche Patrón ofreció que “en unos días” darían a conocer los resultados de ambas investigaciones, pero se rehusó a poner fecha a esa promesa.
El funcionario, quien inauguró esa junta, habló en su discurso sobre la rendición de cuentas, la claridad, la transparencia, la democracia y la eficiencia, pero se mostró hosco cuando se le entrevistó sobre los resultados de las denuncias sobre Cobijar y Fomento Agropecuario.
Hace un año, en junio de 2009, informamos que el gobierno estatal repartió miles de cobertores a supuestos beneficiarios, pero resultó que parte de estos son personas fallecidas.
La profesora Blanca Estrada Mora denunció el hecho, presentó pruebas y cubrió otros requisitos al respecto. El mes pasado insistió infructuosamente sobre el resultado.
El año pasado también se denunció al titular de Fomento Agropecuario, Alejandro Menéndez Bojórquez, por presunta corrupción en el manejo de apoyos y gastos de operación.
Ayer el contralor inauguró en el hotel Fiesta Americana el foro regional “Hacia una verdadera rendición de cuentas en México”, que realizaron las oficinas de transparencia de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz junto con el Centro de Investigación y Docencia Económica (Cide).
El contralor estuvo en primera fila junto con la alcaldesa electa, Angélica Araujo Lara. También asistió al evento Luis Aldana Burgos, director del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción.
En otra entrevista, este último también habló de los casos de Cobijar y Fomento Agropecuario y apoyó la postura de la Contraloría en esos asuntos.
Enredos en la cuenta pública
- Los poderes Legislativo y Judicial aparecen dos veces, dice una diputada
- Un fondo de apoyo al campo ejerció apenas 3,241 pesos
“Presupuestos duplicados, extraños manejos, falta de claridad y una serie de enredos aparecen en las cuentas del segundo semestre de 2009 que aprobó la mayoría priista del Congreso”, afirma la diputada Patricia Gamboa Wong, coordinadora de la bancada panista.
“Por ejemplo, en un paquete de dictámenes el gasto del Poder Legislativo se incluye en la cuenta del Ejecutivo, con un ejercicio de $57.583,884, pero luego vuelve a aparecer en un segundo paquete de cuentas, junto con los organismos descentralizados y desconcentrados, con otro gasto de $56.506,015, en el mismo período de julio a diciembre de 2009”, apunta la legisladora.
“Sumando las cifras, el Legislativo gastó $114 millones en un semestre, cuando según la Cuenta Pública 2009, de todo el año, gastó $116.3 millones”.
A continuación indica:
“El Poder Judicial aparece dos veces en un mismo paquete: primero en un apartado ex profeso dice que ejerció $131.2 millones y luego figura de nuevo dentro del gasto del Ejecutivo con otro ejercicio de 108.3 millones de pesos. La suma es de $239.6 millones, cuando su gasto anual, según la Cuenta Pública 2009, fue de $217.2 millones.
“Entre otras cosas extrañas, llama la atención que el Fondo de Apoyo a la Productividad de Yucatán dice que apenas gastó $3,241 en el segundo semestre de 2009. ¿Por eso el campo está por los suelos?
“Hay muchos otros ejemplos de este tipo. Esta serie de enredos confirma que el trasfondo del ''fast track'' fue limpiar el cochinero en que han convertido a las finanzas estatales”.
“Cómo no va a estar en debacle la economía de Yucatán si frente al millonario despilfarro en imagen, viajes, fiestas, megajaranas y tours de campaña, el Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán apenas ejerció $259,167 en el segundo semestre de 2009.
Y ese dinero fue para gastos de administración”, subraya Patricia Gamboa Wong, coordinadora de la fracción panista del Congreso del Estado. “Es inconcebible que el Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán apenas erogó $3,241 y eso fue para gastos financieros”, deplora la legisladora, al abundar sobre las cuentas del segundo semestre de 2009 que aprobaron, contra el voto del PAN y el PRD, la mayoría priista y la diputada Doris Candila Echeverría.
Patricia Gamboa, como publicamos, afirmó que la prisa por aprobar las cuentas del gobierno del Estado fue para darle un barniz de legalidad al millonario despilfarro que tiene quebrado y endeudado a Yucatán.
Su colega del PRD, Bertha Pérez Medina, declaró que los diputados del PRI aprobaron sin ver las cuentas y con esa acción tratan de sepultar el millonario préstamo de $1,800 millones, el caso de las tierras de Ucú y los conciertos de Cultur —cuyas cuentas siguen en suspenso—, entre otros asuntos polémicos.
Al abundar sobre los motivos por los que votó contra los dictámenes aprobatorios, la diputada Gamboa Wong afirma que las cuentas públicas están amañadas y tienen una serie de enredos y manejos extraños.
La legisladora citó que aparecen por partida doble los gastos de los poderes Legislativo y Judicial y se contraponen con su gasto anual, consignado en la Cuenta Pública 2009 que envió el propio gobierno del Estado al Congreso.
“Con el 'fast track' quedó en evidencia la mayoría priista, ya que aprobó a ciegas cuentas que están plagadas de irregularidades”, apunta la abogada.
Las cuentas del segundo semestre de 2009 de 36 entidades, detalla, se dividieron en dos paquetes: uno de cuatro, donde están los fondos Auxiliar para la Administración de Justicia —“que también son motivo de polémica— y de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Sus cuentas suman en total $11,262.9 millones.
En el segundo paquete hay 32 cuentas, entre las que están otra vez las del Poder Legislativo, los fondos para el Desarrollo Económico y de Apoyo a la Productividad Agropecuaria, el Cobay, Cecitey, el IVEY, el DIF, Indemaya y el Patronato Cultur, por citar algunos.
En el segundo semestre de 2009, Cultur gastó $215.7 millones —unos 36 millones al mes— , el IVEY $307.1 millones —51.1 millones mensuales—, el DIF $178.8 millones —casi 30 millones al mes—, el Isstey $283.4 millones, Sistema Tele Yucatán $13 millones y el Cobay $138.8 millones.
Un simulacro escolar ocasiona problemas
Un simulacro de incendio en la Secundaria Técnica 54, en Vergel II, causó perjuicios a estudiantes, maestros y agentes de la SSP, porque en lugar de simular un incendio con fuego controlado decidieron tirar bultos de cal para recrear el humo.
La capa de polvo que se levantó propició que los alumnos, maestros, funcionarios municipales tuvieran dificultades para respirar e irritaciones en los ojos.
Bomberos indicaron que no se descarta que mañana comiencen a surgir casos de conjuntivitis entre maestros y alumnos, porque la cal lastima directamente la conjuntiva de los ojos.
“Fue un error que usaran cal en lugar de simular un incendio controlado”, dijo un oficial.
“De poco sirvió nuestra presencia”, dijo otro.
El simulacro se inició a las 11:15 de la mañana. La SSP cerró la calle 10-D s/n con 23 de Vergel II. La sirenas alarmaron a algunos vecinos, que salieron a ver lo que ocurría.
Hubo un momento en que los alumnos salieron corriendo del inmueble, no por el peligro del fuego sino por la densa capa de cal que se levantó. Fotógrafos que cubrían el simulacro tuvieron dificultades para obtener imágenes del “siniestro”.
Manuel de Jesús Sauri Flota, director de la escuela, informó que en 2:50 minutos se desalojó a 750 alumnos. Se decidió usar la cal, dijo, por el temor de que al encender fuego éste pudiera salir de control.
Jorge Gamboa Wong, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento, fue uno de los funcionarios que sufrió de los problemas con la densa capa de cal.
Bomberos luchan contra el “fuego” durante el simulacro en la Secundaria Técnica 54 del fraccionamiento Vergel II
Llega a Yucatán polémico libro
—Algunas apariciones en los medios del arzobispo (Carlos Emilio Berlie Belaunzarán) dando ciertas declaraciones tienden a coadyuvar con ciertas posiciones de poder, principalmente del PRI —afirmó anoche el investigador e historiador Iván Franco Cáceres.
—Aunque la relación del PRI con la jerarquía católica ha menguado, los priistas están retomando esa relación debido a que no tienen discurso político y les está pareciendo atractivo e interesante ir a misa y que la gente los vea, con la finalidad de encontrar nuevas clientelas —apuntó el investigador, al presentar en Mérida su libro “El PRI y sus obispos”, en el Palacio Cantón, sede del Museo de Antropología local.
La obra también fue comentada por los historiadores Elio Masferrer Kan y Enrique Montalvo Ortega.
El libro presenta un análisis de la relación de la Iglesia
Católica y el Estado en Yucatán durante los últimos 10 años y es una continuación de un trabajo anterior de tesis realizada por Franco Cáceres.
El investigador explicó que se toma como figura principal al
arzobispo Berlie, ya que tiene un papel significativo en la vida local y nacional.
—Ha tenido presencia en espacios que han sido polémicos, como en Tijuana cuando asesinaron a (Luis Donaldo) Colosio, y luego se traslada a Yucatán al parecer por presiones del gobierno norteamericano —apuntó el autor.
Iván Franco comentó que no se puede precisar cuán influyente es el arzobispo en la entidad. “A mí me parece que influye en ciertos sectores y medios de comunicación”, dijo.
Apuntó que las relaciones actuales con el Ejecutivo son buenas y de diálogo, y añadió que las declaraciones del grupo del Decanato No. 9 antes de las elecciones eran una jugada para medir a los candidatos priistas.
Denuncia contra la Comuna
La denuncia fue presentada por la presidenta de dicha asociación, la Doctora Rosario Sosa Parra, por los posibles delitos de abuso de autoridad, delitos contra el consumo y la riqueza nacional y daños contra los recursos naturales de la nación. El zoológico del Bicentenario o “Animaya”, abierto al público desde el 30 de abril, ha generado una gran polémica debido a las irregularidades en que se ha visto envuelto.
La misma ADAY interpuso el 25 de mayo, la denuncia con número de expediente PFPA/37.7/2C.28.2/0063-10 ante la delegación de la Profepa por sus deficientes instalaciones y por la muerte de 4 animales originado por las malas condiciones en que se encuentra dicho parque. Tres días después, la dependencia federal realizó una visita de inspección a cargo del subdelegado Luís Antonio Balam Tzeek, sin embargo, aún no han resuelto nada al respecto.
El 8 de junio, la doctora Sosa Parra y representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) realizaron un recorrido en las instalaciones de Animaya, constatando las graves deficiencias que este tiene. Entre ella se encontró a un venado que presentaba heridas en el rostro e infección en el ojo y oído, cerca electrificada que impedía que los animales se acercaran a tomar agua en el lago, escasos refugios para que los animales se resguarden del calor, nula vegetación, hábitat inadecuado, entre otras. Ante estos reclamos, el alcalde Bojorquez, se limito a expresar que “el mundo no se acaba por la muerte de algunas especies” y “nunca han multado al Ayuntamiento y son accidentes y decesos esperados”.
Al respecto, la presidente de la ADAY señalo que “es muy importante que todos nosotros como ciudadanos le pidamos a nuestras autoridades estatales y federales el traslado inmediato de los animales de Animaya de vuelta al zoológico. Ellos ya no pueden esperar más, y es muy claro que este parque no cuenta con las condiciones necesarias para que puedan habitar adecuadamente” Por ultimo, la Doctora Sosa Parra hizo hincapié en que la Asociación seguirá trabajando incansablemente en beneficio y apoyo de los animales e hizo una invitación a todas las personas que quieran apoyar esta noble causa a que se comuniquen a los teléfonos 920-7501, o al número celular 999-958-05-83.
Edificarán 3 puentes peatonales
En los primeros días de agosto se empezaría a construir otros tres puentes peatonales en el sector oriente del Anillo Periférico, indicó ayer Francisco Torres Rivas, secretario de Obras Públicas.
En un boletín se indica que el funcionario dio a conocer que ya se cuenta con los recursos necesarios para iniciar con el proceso de construcción de estos puentes y que por la situación económica que atraviesa el país las empresas no han querido participar a cambio de colocar su publicidad.
“Había empresas interesadas (en patrocinar los puentes), pero, por la crisis y los efectos de la influenza, ya no se dieron las condiciones para manejar el mismo esquema y no se contaba con un presupuesto para este tipo de obras”, dijo Torres Rivas.
La primera estructura que se concesionó a esta empresa tuvo una inversión cercana a los $6 millones y una duración de construcción de unos tres meses.
Hay $21 millones destinados para la construcción de tres puentes peatonales, los cuales se liberarán en 15 días para proceder con la licitación y en agosto iniciar la construcción.
“Estos puentes estarán a la altura de Alborada, frente a la escuela Melchor Ocampo y en la Benito Juárez Oriente. Para tener una mejor idea de su ubicación, estarán entre la fábrica de una empresa embotelladora y Mulchechén”, indicó.
Remarcó que estas obras van a contribuir para la seguridad de quienes circulan por esta vía, tanto para automovilistas como para peatones, y que se suman a la iluminación, la construcción de carriles de desaceleración y a la limpieza constante.
Ucú y Chichén, temas en el D.F.
Bajo el título “Yucatán: Megaobras, megafraudes”, la revista Proceso publicó ayer en su sitio web un reportaje de Jenaro Villamil en el que da a conocer proyectos del Ejecutivo estatal en Ucú y Chichén. A continuación, una síntesis:
Por su empeño en desarrollar dos megaproyectos —un complejo hotelero en Chichén Itzá y la construcción de una ciudad dormitorio paralela a Mérida—, la gobernadora Ivonne Ortega concitó el rechazo de artesanos y comuneros de varios municipios, que la acusan de querer beneficiar a una decena de firmas inmobiliarias, en particular al Grupo Kaknab.
En Chichén Itzá, comentan artesanos, el gobierno estatal pretende beneficiar al Grupo Kaknab, que encabezan Eduardo González Cid y Nicolás Zapata, y a otros desarrolladores inmobiliarios. Pero, sobre todo, sostienen que la gobernadora utilizó recursos públicos para adquirir un predio de 83 hectáreas de Hans Jurgen Thies Barbachano a un sobreprecio de más de 2,750%, en vez de expropiarlo. Todo, insisten, para llevar adelante la transformación de ese sitio en zona hotelera.
Los artesanos Silvia Cimé Mex, Jesús Solís Alpuche, Juan Alberto Bermejo y el abogado Villevaldo Pech Moo aseguran que la megaobra, que ocupará 83 hectáreas —45 pertenecen a Chichén—, constará de 12 hoteles, playas y lagos artificiales, campos de golf, un parque acuático, casas de artesanías y centros de convenciones.
Advierten que Ivonne Ortega prácticamente privatizaría esa zona arqueológica para beneficiar a González Cid y Zapata. El primero, aseguran, es muy cercano al gobernador de Quintana Roo y artífice en buena medida del triunfo de la mandataria.
Grupo Kaknab es la contraparte de otro poderoso consorcio turístico y empresarial, Grupo Xcaret, que administra el parque del mismo nombre. Durante la administración de González Canto y de Ivonne Ortega, Kaknab se benefició ya con dos obras: Discover México en Cozumel y el diseño del Palacio de la Cultura Maya de Yaxcabá, ambas a petición del gobierno de la yucateca.
En el segundo de esos proyectos, las autoridades adquirieron 300 hectáreas y se las adjudicaron a Kaknab para que, por medio de su filial I Arquitectura erigiera el Palacio de la Cultura Maya.
Diario de Yucatán y José Luis Sierra Villarreal, ex delegado del INAH en Yucatán, han documentado que Grupo Kaknab compró hace años 600 hectáreas en los alrededores de Chichén Itzá para impulsar un “parque temático” y un proyecto megahotelero.
El 30 de marzo, el gobierno estatal informó sobre la adquisición de 83 hectáreas por las que pagó $230 millones con un préstamo a través de Cultur. Las tierras de la zona arqueológica estuvieron en litigio varios años. Hace dos décadas, el antropólogo Sierra Villarreal inició las negociaciones con la familia Barbachano para adquirir las 83 hectáreas. No tuvo éxito. En 2006, el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) valuó la extensión en $8 millones. Y en marzo pasado la administración estatal anunció que finalmente era propietaria de ese terreno. Según el boletín oficial, el gobierno pagó por él 230 millones de pesos, gracias a un préstamo bancario que obtuvo a través de la dirección del patronato Cultur.
De las 83 hectáreas, 45 corresponden a la zona arqueológica y las restantes a las zonas contiguas, conocidas como “polígonos”: sur, norte y noroeste, en los que se construirá un nuevo aeropuerto y, según los planes de Ivonne Ortega, un desarrollo turístico de gran escala, similar a Disneylandia.
El director del patronato Cultur, Jorge Esma Bazán, justificó el pago de 230 millones de pesos al actual propietario de la vieja hacienda, Hans Jurgen Thies Barbachano, con el argumento de que el gobierno federal se mostraba indeciso.
Los artesanos de Chichén Itzá, encabezados por Cimé Mex, Solís Alpuche, Bermejo y el abogado Pech Moo sostienen que desde noviembre de 2009 denunciaron que el Sistema para el Financiamiento del Estado de Yucatán (Sifidey) tenía en mente realizar el megaproyecto hotelero en los alrededores de Chichén Itzá.
El mismo grupo de artesanos pidió en septiembre de 2008, ante la Cámara de Diputados, que el gobierno federal expropiara las 746 hectáreas que comprenden los terrenos de la zona arqueológica, impidiera el cobro por el acceso a los monumentos históricos y evitara el desalojo de los comerciantes.
No sólo no fueron escuchados por las autoridades federales, sino que los especuladores inmobiliarios y desarrolladores turísticos comenzaron a transformar la zona arqueológica en un centro de espectáculos. Hoy, a menos de tres años de distancia, el gobierno estatal ha promovido, entre otros, funciones exclusivas como los conciertos de Plácido Domingo, Sarah Brightman y Elton John, con el argumento de que se trata de “promoción turística”.
La transmisión de esos conciertos y la venta de boletos ha estado a cargo de empresas vinculadas con Televisa, el consorcio que más recursos y contratos publicitarios ha recibido del gobierno de Ivonne Ortega.
Gran negocio en Ucú En paralelo, el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo un endeudamiento de $343.375,000 para adquirir terrenos ejidales en Ucú, por medio del Instituto de la Vivienda del Estado, que encabezaba Angélica Araujo Lara, actual alcaldesa electa.
Angélica Araujo es, junto con el diputado federal priista Felipe Enríquez Hernández, artífice del Plan Maestro de Ucú, cuyo objetivo es construir 56,800 viviendas en una extensión de 1,800 hectáreas. Con este plan se elevaría a casi 100,000 el número de edificaciones en esta zona y Caucel, donde han sido beneficiados 10 grandes grupos constructores.
Uno de ellos es el que encabeza Pedro Espadas, pareja sentimental de Angélica Araujo y socio, junto con Ricardo Combaluzier, de la empresa Construcasa, S.A. de C.V., beneficiaria a su vez del desarrollo inmobiliario en Ciudad Caucel.
Las otras firmas inmobiliarias son: Grupo Sadasi, representado por Leandro López, también impulsor de las Ciudades Bicentenario del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, en especial las del municipio de Tecámac.
Los yucatecos denominan a este tipo de desarrollos inmobiliarios “chiquilotes”, por las minúsculas casas-habitación de 5x15 metros de extensión. La mayoría tiene servicios de transporte precarios o carece de ellos, pero cuentan con infraestructura vial, eléctrica y de agua potable, que aporta el gobierno del Estado. El senador panista Hugo Laviada Molina sostiene que detrás del caso de Ucú “existe una gran operación nacional dirigida por el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y ejecutada por su agente financiero: Felipe Enríquez Hernández, para financiar campañas del PRI; todo consiste en trabajar con mafias agrarias”.
La presencia de Enríquez Hernández en los grandes negocios inmobiliarios ha sido notoria y constante en Yucatán durante los últimos años. Compadre de Ivonne Ortega, amigo cercano de Peña Nieto y colaborador de Natividad González Parás durante su sexenio en Nuevo León, Enríquez Hernández llegó a Yucatán en 2007 con una encomienda: arrebatarle la gubernatura al PAN.
Enríquez Hernández también fue secretario particular de María Teresa Herrera Tello cuando era la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (2001-2003) y director de Fomerrey (2003-2005), oficina del gobierno de Nuevo León responsable de asignar terrenos a personas de escasos recursos y de “regularizar” tierras.
En 2005, Enríquez Hernández colaboró en la campaña que llevó al gobierno de Quintana Roo a Félix González Canto. Y en 2007 se incorporó al equipo de logística de Ivonne Ortega durante el proceso electoral en Yucatán.
En su edición del lunes 14, Diario de Yucatán informó que Enríquez Hernández participó en una venta paralela de terrenos de Ucú en una extensión de aproximadamente 581 hectáreas. Según el rotativo, el dinero recaudado presuntamente servirá para financiar la campaña estatal del PRI.
El rotativo citó las declaraciones del comisario ejidal de Ucú, José Antonio Euán, quien admitió que “un empresario de Monterrey” les compró 581 hectáreas.
La revista “Artículo 7” publicó un análisis en el que aludía al negocio de Ucú y la manera en que opera: “Se compran las tierras pagando $120,000 por hectárea a los ejidatarios; el gobierno del Estado, tras introducir infraestructura urbana, las vendería al grupo de inmobiliarios en $1.200,000 por hectárea. Claro está que oficialmente serían pagadas a un precio muy inferior. Estaríamos hablando de un negocio de $3,600 millones. La mayor parte de este millonario negocio se movería “por debajo del agua” y gran parte se utilizaría en campañas del PRI.
El despojo Proceso confirmó que detrás del megadesarrollo urbano de Ucú existe un presunto fraude a los 176 ejidatarios, a quienes hasta ahora no se les han pagado 3,600 hectáreas, así como una denuncia por despojo que encabeza Pedro Manuel Rosado Reyes, dueño del predio llamado Chacsiniché.
Él asegura que fue despojado de su propiedad con el aval del gobierno estatal y menciona el motivo: el terreno, que adquirió en 1978, está en medio de la carretera que conducirá al nuevo complejo habitacional.
Comenta que lo utilizó para sembrar henequén, que vendió durante algunos años a la desaparecida paraestatal Cordemex. Y aclara a Proceso: 'Nunca tuve ningún problema'.
Sus dificultades, dice, comenzaron en 2008, cuando el gobierno de Ivonne Ortega y la responsable del IVEY, Angélica Araujo, ya habían proyectado el Plan Maestro de Ucú.
Relata que en octubre de 2008, por instrucción de la jueza primera de lo Civil, Elsa Guadalupe Rivera Uc, fue despojado de su terreno para beneficiar al empresario Guy Boyancé Cervera, quien meses después, en julio de 2009, al frente de un grupo de 50 personas invadió el predio Chacsiniché.
'Todo estuvo debidamente orquestado para despojarme', denuncia Reyes Rosado. Su abogado, José Manuel Echeverría Bastarrachea, advierte que en este litigio está involucrado también Rafael Acosta, quien fue subprocurador a principios de la gestión de Ortega Pacheco y hoy se desempeña como su asesor.
Reyes Rosado asegura que en agosto de 2009 se entrevistó con la gobernadora para exponerle su caso. Ella se comprometió a que “todo se haría conforme a la ley”. A 10 meses de esa reunión no sólo no obtuvo respuesta, sino que el mismo Ministerio Público yucateco permitió que el predio invadido por Boyancé Cervera fuera vendido.
'Es escalofriante lo que está pasando. Ahora tenemos más violencia y robo, que es organizado por el propio gobierno de Yucatán. Todos le tienen miedo a Ivonne Ortega. Yo pensaba que ella no iba a sacrificar su futuro político, pero es ella la que parece encabezar este despojo', sentencia Reyes Rosado.
