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Grave acusación contra gobierno de Rolando Zapata de empresas fantasmas que quedará sin respuesta

26 septiembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy




  • Gobierno de Yucatán dio 150 mdp a empresas fantasma para hacer estudios sobre enfermedades graves

En 2015, la administración del gobernador priista Rolando Zapata Bello -que concluye el próximo domingo- transfirió más de 150 millones de pesos destinados al estudio sobre enfermedades graves y otros servicios del sector salud, a un grupo de 58 compañías que no tenían ni los especialistas ni experiencia para realizar ese trabajo, y que decían dedicarse – en el papel-  a servicios de construcción, comercio de mariscos y hasta plomería.

Se trata, en realidad, de compañías que no operan en forma en sus domicilios fiscales como se pudo constatar al acudir a ellos, y entre las que incluso ya hay 16 catalogadas oficialmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas constituidas legalmente pero que simulan las operaciones que facturan. Es decir, compañías fantasma.

Los recursos públicos no fueron entregados a estas empresas bajo algún esquema de competencia. Por el contrario, se hizo a través de supuestos contratos adjudicados de forma directa a estas empresas, violando requisitos legales y montos máximos que establece la ley en ese estado para adjudicar contratos sin licitación.

Hay además casos donde se desconoce el mecanismo de adjudicación y si se firmó al menos un contrato de por medio, ya que el gobierno estatal no ha querido reconocer los pagos, pese a que Animal Político cuenta con copias de facturas y estado de cuenta que los prueban.

El pasado 19 de septiembre este medio proporcionó a la Secretaria de Salud de Yucatán la relación de empresas que habían recibido estos pagos, así como las conclusiones de la investigación periodística respecto a que las empresas contratadas son fantasma. A su vez se pidió que se entregarán documentos o constancias que prueben que los servicios contratados con dichas compañías se realizaron, y que se hizo por personal calificado para ello.

La respuesta del vocero de la dependencia Luis Vázquez, es que aun cuando ya se tenía conocimiento previo de este tema difícilmente se podría proporcionar alguna postura o información, pues los funcionarios responsables ya se encuentran en proceso de salida de la dependencia por el cambio de gobierno.

El vocero añadió que seguramente será la administración entrante la responsable de indagar las presuntas irregularidades.

Al revisar los perfiles de las compañías que recibieron los pagos, Animal Político logró identificar coincidencias en varias de ellas, ya sea por accionistas o apoderados en común, por fechas exactas de constitución o en los notarios que las avalaron. Es una situación similar a la que se ha presentado ya en otras redes de empresa fantasma que reciben recursos públicos, como la documentada por este mismo medio en el caso de la gestión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Animal Político visitó varias de estas empresas en sus domicilios fiscales. Los hallazgos se darán a conocer en una segunda parte  de este reportaje, que se publicará mañana, junto con la información de las empresas ya enlistadas oficialmente como fantasma.

Pagos sin competencia… e ilegales
En junio pasado, durante la campaña electoral, el exgobernador de Yucatán Patricio Patrón Laviada denunció en una conferencia que los recursos de salud de esa entidad habían terminado en una red de empresas fantasma, y que además los hospitales públicos operaban con irregularidades y carencias. El gobierno del estado negó los hechos y pidió que sí había pruebas se presentaran.

A partir de esa fecha este medio comenzó una verificación de la información. Luego de tres meses de investigación se lograron reunir facturas y documentos oficiales que prueban que dichos pagos sí se realizaron y que, a su vez, las 58 compañías contratadas directamente no están especializadas en temas de salud. Además la mayoría ya no opera (o nunca operó realmente) en sus direcciones fiscales.

Las facturas de las que se tiene copia reflejan que los pagos se realizaron principalmente en los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre de 2015. Hay múltiples pagos que se facturaron en un periodo de 24 o 48 horas, por ejemplo, hay 20 que se hicieron entre el 12 y 13 de marzo de 2015, hay otros 16 que se realizaron entre el 23 y 24 de marzo; hay 14 pagos realizados el 24 de julio; así como 29 más el 24 de noviembre de 2015.

La mayoría de los pagos facturados supera – cada uno – el millón de pesos, y hay algunos por encima de los dos millones de pesos, todos facturados a los Servicios de Salud de Yucatán.

En respuesta a la solicitud vía transparencia folio 00726718, la dependencia indicó que las transferencias efectuadas a 23 de las compañías (del resto no respondió)  fueron resultado de contratos entregados por “adjudicación directa”.

Pero al revisar los lineamientos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán se advierte que dichos pagos incumplen con lo establecido en dicha norma.

De acuerdo con el artículo 18 de la ley, por regla general las contrataciones de servicios en la entidad deben realizarse a través de licitaciones mediante una convocatoria pública. Esto no ocurrió en los contratos de los Servicios de Salud, como la misma dependencia reconoció.

El artículo 26 de la misma ley establece que cuando por razón del monto del contrato resulte inconveniente hacer una licitación, entonces se podrá recurrir a otra vía, pero ajustándose a los montos máximos que marque el presupuesto de egresos aprobado para el año fiscal correspondiente.

Animal Político verificó el Presupuesto de Egresos de Yucatán para 2015 – año en que se hicieron estos pagos – y en el anexo 15 del mismo se estableció que el monto máximo de cada operación que puede adjudicarse directamente es de 735 mil 520 pesos. Como se advierte, los pagos que los Servicios de Salud reconocen haber adjudicado directamente sobrepasan el tope legal establecido, pues la mayoría superan el millón de pesos.

Otro artículo de la ley de adquisiciones (el 25) establece algunas disposiciones excepcionales por las cuales se puede adjudicar un contrato sin licitación. De ellas, la única que podría aplicar para este caso es la marcada en la fracción III, la cual indica que se puede adjudicar directamente un servicio cuando solo exista un proveedor que resulte “idóneo” para realizar el servicio, previa investigación de mercado

Sin embargo, al revisar los casos de las empresas contratadas directamente por los Servicios de Salud no se advierte que estén especializadas en los servicios adjudicados como para establecer que eran las idóneas para ello.

Por ejemplo, en el caso de la empresa Coema Proyectos SA de CV, la dependencia igual le pagó para proporcionar supuestos servicios de almacenamiento digital, que para realizar un estudio de impacto de la violencia sexual en Yucatán. Y según su acta constitutiva, Coema es una empresa que dice dedicarse “principalmente a la construcción”.  Otros ejemplos se detallan más adelante.

Cabe señalar que entre la información solicitada oficialmente a la Secretaría de Salud previo a la publicación de este reportaje – y que no se proporcionó con el argumento de que los funcionarios responsables ya están de salida – se encuentran los estudios de mercado, los análisis o los criterios que se tendrían que haber seguido para haber escogido a estas compañías en específico.

Enfermedades, ¿en manos de especialistas?
De acuerdo con las facturas a las que se tuvo acceso y con los datos parciales que vía transparencia proporcionó la Secretaría de Salud de Yucatán, se advierte que varios de los pagos realizados tenían como concepto la realización de “estudios técnicos en materia de salud”.

Por ejemplo, en el caso de un estudio sobre una enfermedad importante de la piel denominada “erisipela”, en donde deberían identificarse tanto sus causas así como las medidas idóneas para prevenirla, los Servicios de Salud contrataron a la compañía denominada Beco Peninsular SA de CV.

Pero el acta constitutiva de Beco Peninsular no señala que se trate de una compañía especializada en temas de salud. En cambio, su objeto social es “servicios de aplicación de acabados de pintura, tabla roca, enlosado en cualquier tipo de construcción”. Esta empresa además dice dedicarse a múltiples cosas relacionadas con la construcción, la formulación de insecticidas, el comercio de todo tipo de bienes y hasta el diseño de páginas web.

Beco es en realidad una empresa fantasma que simula las operaciones que factura, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria. Es una de las 16 empresas que el SAT ya identificó de forma definitiva en esta situación. El resto de las empresas en esta situación y otros datos de las mismas se darán a conocer en la segunda parte de este reportaje.

Para la realización de un estudio sobre la gravedad de la anorexia en Yucatán, su impacto y crecimiento y estrategias para prevenirlo, el gobierno local contrató a la compañía Codimayo SA de CV, que según su acta es una empresa dedicada a la compraventa de materiales y maquinara para la construcción, entre otras cosas.

Codimayo además fue una empresa constituida menos de un año antes de que se le asignara el referido contrato directamente y, como todas las compañías en este caso, carece de una página web propia o de antecedentes conocidos de algún servicio especializado en salud.

Otro ejemplo más. Para un estudio completo sobre la enfermedad de la lepra, que debería incluir los periodos en que se presenta con mayor frecuencia en la entidad, así como la identificación de los lugares más expuestos y recomendaciones para atenuar o abatir este padecimiento, se contrató a la compañía Flager SA de CV, que según su acta constitutiva dice dedicarse a recursos humanos y capacitación en materia fiscal y administrativa entre otros.

A continuación se enumeran los estudios médicos contratados por Salud y las empresas a los que encargó, así como su objeto social primario (según su acta constitutiva). Se utilizan como ejemplo solo los pagos que la dependencia confirmó que entregó por adjudicación directa.


Ver lista de empresas completa.

Empresa
Giro primario
Servicio contratado
Acco Profesional S.C.P.
No disponible
Estudio sobre Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), incluyendo sectores vulnerables y medidas preventivas
Administración Empresarial Mexicana SA de CV
Comercialización de todo tipo de servicios principalmente en áreas administrativas y financiaras
Estudio sobre enfermedades causadas por hongos y parásitos en Yucatán.
Asiconsa del Sureste SA de CV
Supervisar construcciones y urbanizaciones, bienes raíces, entre otros
Estudio de la parasitosis, sitios de riesgo, población vulnerable y estrategia de combate
Beco Peninsular SA de CV
Servicios de aplicación de acabados de pintura, tabla roca, enlosado en cualquier tipo de construcción
Estudio sobre eripisela (enfermedad de la piel), causas y medidas preventivas
Bussines Consulting Group, SA de CV
Comercialización, estudios de mercado y manejo de cartera vencida
Estudio sobre regeneración de neuronas en el panorama mundial , así como sus efectos
Codimayo SA de CV
Compraventa de materiales y maquinara para la construcción
Estudio sobre la anorexia en Yucatán, su crecimiento y medidas para mitigarla
Coprodicsa de México, S de RL CV
No disponible
Estudio de rinitis alérgica y padecimientos similares en Yucatán, así como áreas de riesgo
Corporativo Rolbo SA de CV
Comercializar y distribuir materiales para construcción, entre otros
Estudio y evaluación de enfermedades causadas por el virus “ricketssia”, y estrategias de prevención
Dimassur Comercial del Sureste, S de RL de CV
Comercializar y distribuir materiales para construcción, entre otros
Estudio de infecciones por el citomegalovirus, impacto y prevención
Flager SA de CV
Recursos humanos y capacitación en materia fiscal y administrativa, entre otros
Estudio sobre la lepra en Yucatán, contexto actual, zonas de riesgo y medidas preventivas
Gaco Multiservicios SA de CV
Comercialización y almacenamiento de todo tipo de mercancías, así como operaciones bancarias en general
Estudio y análisis del asma bronquial en Yucatán, su crecimiento, zonas propensas y medidas para mitigarlo
Gest Proveedora de Servicios Profesionales y Consultores SCP
No disponible
Estudio del estrabismo en Yucatán, su impacto y medidas preventivas
Global Intermediarios SA de CV
Comercialización de equipos de cómputo y mantenimiento eléctrico, entre otros
Estudio sobre accidentes domésticos, perfil de víctimas y factores de riesgo
Grupo Bramsur, S de RL de CV
Mantenimiento en general para industrias, comercios y casa-habitación
Análisis de la epilepsia, factores epidemiológicos y políticas de prevención
Grupo Promercon S de RL de CV
Realizar y supervisar toda clase de construcciones y compraventa de inmuebles
Estudio sobre el panorama del Alzheimer en Yucatán y medidas de control
Hexagono Experts, SA de CV
Servicios corporativos en áreas civil, penal, mercantil, derecho fiscal. Entre otros
Estudio sobre pedioculosis (enfermedad por piojos), factores de riesgo y medidas preventivas
Hilco Promotora Peninsular S de RL de CV
Comercio de todo tipo de bienes en general, y exportación de materiales para imprimir
Análisis de la úlcera péptica: factores epidemiológio en pacientes que lo padecen
Integral Experts de México SA de CV
Inversiones en bolsa y servicios administrativos, financieros, jurídicos y fiscales
Estudio sobre la pitiriasis versicolor (enfermedad de hongos en la piel), causas y zonas de riesgo
Intercontinental Logistics, S de RL de CV
Comercio de todo tipo de bienes, y prestación de servicios profesionales
Estudio sobre diversos padecimientos por parásitos y afectaciones a la salud
Nagesa S de RL de CV
Comercio de todo tipo de materiales de construcción, pintura, electricidad, y plomería
Estudio sobre accidentes automovilísticos en Yucatán, zonas de alta incidencia y medidas preventivas
Nemrott Soluciones Integrales SCP
No disponible
Estudio sobre terapias físicas, y rehabilitación
PV Tempus Steel & Tools SA de CV
Comercio al pormenor de pescados y mariscos, y otros productos
Estudio y análisis sobre la epidemiología del Talepis (enfermedad de nacimiento)
Sedico del Golfo S de RL de CV
Servicios de mantenimiento en general para industrias, comercios y casa-habitación
Análisis de la situación actual de la toxoplasmosis en Yucatán, zonas de riesgo y medidas preventivas


Además de lo anterior, la Secretaría de Salud otorgó múltiples contratos más a compañías (varias de ellas ligadas con las anteriores) por supuesto servicios de informática, de recursos humanos y de remodelación de instalaciones. El perfil de las empresas es el mismo: sin historial de actividades y presuntamente fantasma.

Opacidad en los pagos
Animal Político cuenta con copia de facturas por pagos concedidos a 58 compañías presuntamente irregulares así como de un estado de cuenta bancario de la Secretaría de Salud que prueba la salida de recursos a varias de ellas. En ese contexto se solicitó vía transparencia a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud que se proporcionaran la justificación y documentos relativos de estos pagos.

La respuesta inicial a la solicitud folio 00664918, proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas, la Subdirección de Recursos Materiales y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la dependencia, fechadas en julio pasado, es que no había contratos celebrados con ninguna de las empresas señaladas.

Tras esta negativa se volvió a solicitar a la dependencia si había pagos realizados a estas compañías, y bajo qué conceptos. En la respuesta a esta segunda solicitud folio 00726718, la Dirección de Finanzas de la institución respondió (en oficio fechado el 10 de agosto) que sí existían pagos a 23 compañías realizados en 2015. Y en una tercera solicitud, folio 00879018, fechada el 12 de septiembre, la dependencia reconoce que fueron contratos entregados por adjudicación directa.

Lo que hasta ahora la Secretaría de Salud de Yucatán sigue sin reconocer ni explicar son los pagos a las empresas restantes.

En una nueva solicitud vía transparencia, presentada en agosto, se preguntó específicamente por cantidades facturadas a seis empresas hasta ahora no reconocidas. La respuesta oficial es que “los documentos solicitados se encuentran archivados en una bodega”, por lo que se pidió una ampliación para dar respuesta sin que haya respuesta definitiva hasta ahora.

Por separado la semana pasada se peguntó por esta misma situación a la Secretaría de Salud de Yucatán, a través de su área de Comunicación Social, pero la respuesta es la ya descrita: que los funcionarios están en proceso de salida por cambio de gobierno en la entidad, y que no se está en posibilidades de informar en este momento.

Con información de Francisco Ordóñez Contreras, en Animal Político. 

Morena rechaza transparentar información del fideicomiso denominado “Por los demás”

18 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



 (apro).- Morena, partido del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se negó a transparentar la información del fideicomiso “Por los demás”, creado para ayudar a los damnificados tras el sismo del 19-S.
Ante una solicitud de transparencia realizada por el portal Aristegui Noticias, Morena comunicó que dicho fideicomiso fue creado por particulares y que en su apertura no fueron empleados recursos públicos ni del propio partido, argumentos bajo los que negó transparentar dicha petición.
De acuerdo con el portal de Aristegui, en la investigación del INE sobre dicho fideicomiso se afirma que Morena “participó activamente en la constitución de este instrumento financiero para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la Ley”.
A dicho fideicomiso ingresaron 78.8 millones de pesos: 44 millones en efectivo, 14.7 millones en cheques de caja y 19.7 millones a través de transferencias y egresaron 64.4 millones a favor de miembros de Morena, que fueron cobrados en efectivo, refiere el portal.
A su vez, detalla que Laura Esquivel, Julio Scherer Ibarra, Jesusa Rodríguez, Pedro Miguel, Bertha Maldonado, Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska y el padre Alejandro Solalinde, son parte de quienes conformaron el fideicomiso.
Por medio de un video difundido en redes sociales en 2017, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del fideicomiso llamado “Por los demás”.
“Decidimos destinar estos fondos mediante un fideicomiso, que ya se constituyó el día de hoy, es el fideicomiso 73803, llamado fideicomiso por los demás, se constituyó en el banco Afirme, con el número de cuenta: 133–121765, sucursal Plaza Inn”, refirió López Obrador el 25 de septiembre.
Durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE, programada para esta tarde, se tiene contemplado ratificar la multa a Morena por 197 millones de pesos.
Tanto López Obrador como la dirigencia de Morena han anticipado que impugnarán dicha sanción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Canacintra Yucatán organiza “debate” con candidatos, pero a "puertas cerradas"

15 mayo 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


Gínder Peraza Kumán escribió en su espacio personal de Facebook lo siguiente:

Una pregunta obligada hoy en esta columna es la siguiente: 
¿Qué le pasó a la Canacintra? Y lo decimos porque los reporteros que llegaron ayer a las 6 de la tarde, la hora a la cual los convocó esa cámara, se llevaron la sorpresa de que no podían entrar al debate entre los cuatro candidatos a la gubernatura. Cuando la Canacintra anunció la realización del encuentro, todos elogiaron lo que parecía una buena aportación al proceso electoral. Pero por alguna razón la directiva de la cámara prohibió la presencia durante el debate de los representantes de la prensa y plataformas digitales, a quienes les avisaron que no iban a poder pasar sino hasta las 7:20 de la noche. Y entonces cabe preguntar: ¿de qué sirve un foro que se hace a escondidas? Si la Canacintra iba a querer que el debate nomás lo escuchen sus socios, ¿para que citó a los medios a la hora en que el encuentro iba a comenzar? Y una pregunta más: ¿Puede una organización, cualquiera que sea, convocar a un debate “secreto”, sin seguir regulaciones del INE o el Iepac? Nos parece difícil que los candidatos estén de acuerdo con que los oculten a la prensa. ¿Qué le parece a usted?
“NUESTRO PAÍS no aguanta más el robo, la opacidad, el despilfarro y el mal uso de sus recursos, porque esto significa pobreza para sus pueblos y miles de historias humanas sin las condiciones necesarias para vivir con dignidad”. Esos conceptos certeros, dolorosos, forman parte del texto del Proyecto Global Pastoral 2031-2033 que dio a conocer este domingo 13 la Conferencia del Episcopado Mexicano. Los prelados mexicanos abordan en el documento amplia gama de temas, como la pobreza, migración forzada, la familia, situación de la mujer y jóvenes, democracia, participación ciudadana, salud y educación, y ratifican que la corrupción, impunidad e ilegalidad son los focos rojos más alarmantes. Y no se quedan sólo en el diagnóstico, sino que proponen, entre otras cosas, “saber que la democracia no termina emitiendo nuestro voto, sino que es necesario dar seguimiento a este proceso, exigir el cumplimiento de las promesas de campaña y pedir la rendición de cuentas de manera transparente, deber al que todo político está obligado”.

Autoridades yucatecas no comprueban el gasto de más de $2,200 millones: Mayaleaks

24 marzo 2018
Noticias de Yucatán

El Gobierno del Estado, séptimo lugar nacional con más dinero federal sin solventar entre 2012 y 2016, revela la Auditoría Superior de la Federación
Las autoridades yucatecas tienen pendiente de solventar dos mil 271 millones, 800 mil pesos de recursos federales, ejercidos en forma indebida de 2012 a 2016, informa la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esta suma forma parte de los 140 mil 338 millones, 600 mil pesos aún sin solventar, atribuidos por ese organismo a 28 gobiernos del PRI en ese periodo.
De esa cantidad, 120 mil 469 millones, 900 mil pesos corresponden a un monto sin aclarar de gasto programable y 19 mil 868 millones, 700 mil pesos de participaciones federales sin solventar, ejercidos únicamente por los gobernadores.
En el caso de Yucatán, en su Informe General de la Cuenta Pública 2016, la ASF dice que de esos dos mil 271 millones, 800 mil pesos, la suma de mil 468 millones, 200 mil pesos son gasto programable sin comprobar, ejercido por el gobierno del estado, algunos ayuntamientos y universidades públicas; y 803 millones, 800 mil pesos son de participaciones federales entregadas al gobierno de Rolando Zapata Bello, que no han sido solventados.
De acuerdo con la ASF, los cinco mandatarios priistas que más acumulan montos sin resolver de gasto programable, junto con los municipales y las universidades públicas, son Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, quien estuvo de diciembre de 2010 a octubre de 2016 (36 mil 266 millones); Jesús Reyna García y Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán, que estuvieron de abril de 2013 a junio de 2014 (21 mil 13 millones); Eruviel Ávila Villegas del Estado de México, quien estuvo de septiembre 2011 a diciembre 2017 (12 mil 234 millones); Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco, quien está desde marzo de 2013 (10 mil 787 millones de pesos); y Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León, quien estuvo de octubre de 2009 a octubre de 2015 (5 mil 193 millones).
De acuerdo con la ASF, un indicador estratégico que permite valorar, de manera general, la calidad de la gestión de estos recursos es el de monto observado en relación con la cantidad auditada.
SÉPTIMO LUGAR. En su informe, la Auditoría Superior no incluye este indicador para el gasto programable, pero si lo hace con las participaciones federales y coloca al gobierno yucateco en el séptimo lugar nacional, entre los estados con más dinero federal sin solventar, con relación a la muestra auditada.
El monto de las participaciones federales entregadas al gobierno de Zapata Bello, pendientes de solventar, -803.8 millones de pesos- corresponden a 16.1% de la muestra auditada en el periodo de 2012-2016.
Arriba de Yucatán, en los tres primeros lugares de esa lista figuran el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, 2,062.7 millones sin solventar, equivalente a 63.5% de la muestra auditada; el veracruzano Javier Duarte, 7 mil 458.5 millones, 35.7% de la muestra y el neolonés Rodrigo Medina, 5 mil 823 millones igual al 31% de la muestra auditada.
PRINCIPALES PROBLEMAS. La ASF explica que el Gasto Federalizado corresponde a los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios. En 2016, estos recursos representaron el 33.1 por ciento del gasto neto total federal y son transferidos a los gobiernos locales mediante dos componentes: el Gasto Federalizado Programable o transferencias condicionadas en su uso y destino, y las Participaciones Federales, que son de libre administración hacendaria, su destino está previsto en los presupuestos de egresos aprobados por las legislaturas locales, en el caso de los gobiernos de las entidades federativas, y por los cabildos en lo que corresponde a los municipios.
En el caso de los montos sin solventar identificados por la ASF en el periodo 2012-2016, las principales problemáticas detectadas son la falta de documentación comprobatoria del gasto, el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, las retenciones no enteradas a terceros institucionales, sueldos y compensaciones superiores a los tabuladores autorizados y pagos improcedentes o en exceso.- (ML).

Contratos de publicidad oficial se hacen sin “criterios objetivos, claros, transparentes”: CNDH

22 marzo 2018
Noticias de Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que, en materia de contratación de publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto carece de “criterios objetivos, claros y transparentes” para designar las pautas publicitarias.
Durante el foro de análisis “Hacia la Regulación de la Publicidad Oficial en México”, presentó un informe especial basado en solicitudes de información a las 32 entidades del país y el gobierno federal sobre los mecanismos, normatividad, reglamentos y criterios para contratar la publicidad oficial.
El documento fue entregado al Congreso de la Unión a fin de que sea tomado en cuenta en la elaboración de la Ley de Publicidad Oficial, en apego a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ómbudsman nacional puntualizó que la falta de regulación ha generado designaciones “discrecionales” en la contratación de publicidad oficial por parte de los estados y el gobierno federal, lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
Según el funcionario, el informe tuvo como eje de análisis las observaciones que la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo a México, así como dos recomendaciones emitidas por la CNDH, una de ellas promovida por la revista Proceso, misma que fue “incumplida” por la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia a la que fue dirigida.
González Pérez consideró que en el ámbito federal “la normatividad que rige la contratación oficial es omisa en contemplar criterios objetivos, claros y transparentes en que las dependencias puedan fundar y motivar la elección de contratación de medios publicitarios”.
La normatividad federal, agregó, “únicamente prevé que las dependencias y entidades públicas sean responsables de administrar y ejercer los recursos destinados a cubrir gastos de servicios de publicidad de conformidad con criterios de eficiencia, eficacia, honradez e imparcialidad”.
Bajo dichos términos, se genera que “sin justificación alguna se deje a la discrecionalidad de cada dependencia realizar contrataciones con los medios de comunicación sin que se señale, en un solo supuesto, que la adquisición de publicidad obedezca a parámetros objetivos como tiraje, costos de publicidad, oportunidad en la distribución o distribución geográfica en el territorio nacional, lo que provoca que las entidades de la administración federal no apliquen en la práctica criterios objetivos e imparciales con que se garantice la igualdad de oportunidades entre todos lo diversos medios que buscan esa contratación”.
En el caso de las entidades federativas, el ómbudsman advirtió que el ejercicio presupuestario se centraliza en las coordinaciones de comunicación social de las oficinas de los ejecutivos estatales que “propician el uso discrecional y excesivo de la asignación y contratación de publicidad oficial con fines ajenos a la utilidad pública que debiera tener ésta, puesto que la publicidad oficial debe tener como fin mantener informada a la población sobre planes, programas y acciones de la administración pública estatal”.
Publicidad oficial inequitativa
Durante el foro, la representante en México de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, destacó que “hoy por hoy, las líneas editoriales tienen detrás 40 mil millones de pesos ejercidos sólo por el gobierno federal, de los cuales 56% se asigna a 20 medios de comunicación y 44% a más de tres mil medios de comunicación”.
Luego, lamentó que “la publicidad oficial no sólo genera narrativas oficiales sino también impacta en la concentración y en la pluralidad informativa”, así como que “estos 40 mil millones de pesos funcionan constantemente para hacer lo contrario” a la urgencia ciudadana de “tener coberturas de interés público que nos permitan tomar decisiones”.
Artículo 19 es la organización que promovió el amparo ante la SCJN que derivó en la sentencia que ordena al Congreso de la Unión la regulación de la publicidad oficial.
La defensora llamó a considerar que la publicidad oficial es “más allá de un montón de dinero que se ejerce para coptar a los medios, para coptar las líneas editoriales, es también un mecanismo para que nosotros no conozcamos lo que está sucediendo afuera”.
Ana Cristina Ruelas sostuvo que, como una práctica constante, lo que ha ocurrido es que los casos de alto impacto social “se tratan de maquillar, cambiar o borrar de la historia”, lo que en últimos años resulta “más difícil con las redes sociales y con el boom del entorno digital”, aunque ello no aplica en las comunidades más marginadas que “al final la información que reciben es la que el Estado quiere que conozcan”.
La directiva de Artículo 19 criticó que, en la discusión sobre la iniciativa de Ley de Publicidad Oficial, el documento de trabajo que se presentó está encaminado a “recuperar las malas prácticas” de la sobreexposición de figuras públicas, de hacer “proselitismo a través de la Segob y para seguir impactando en la contienda electoral”, además de que “genera nuevas malas prácticas”.
Entre las novedades que se contemplan en la iniciativa, está la creación de “dos bolsas” de recursos, “una para campañas de comunicación y otra no regulada que sería sujeta de opacidad y otra vez de mecanismos de control indirecto”.
Ruelas y el ómbudsman nacional exhortaron al Congreso de la Unión a tomar en cuenta las observaciones de organismos internacionales sobre la regulación de la contratación de publicidad oficial, así como el diagnóstico presentado este día por la CNDH.

Exigen a Murat transparentar investigación por desplome de helicóptero en Oaxaca

02 marzo 2018
Noticias de Yucatán

 (apro).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que se transparente la investigación del accidente aéreo provocado por el helicóptero Black Hawk, con matrícula 1071 de la Fuerza Aérea Mexicana que dejó al menos 14 muertos y 15 heridos.
Durante la sesión pública, el ombudsman Arturo Peimbert Calvo informó que el pasado 21 de febrero sostuvo una reunión con el gobernador donde le propuso atender 10 puntos para reivindicar los derechos humanos de las víctimas en Jamiltepec por la caída de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Consideró que es necesario dar a conocer los procesos jurisdiccionales llevados a cabo en el fuero militar, las sanciones impuestas a los responsables y las medidas implementadas por las fuerzas militares para la no repetición de un acto similar.
La Fiscalía General de Oaxaca precisó que los hechos sucedieron aproximadamente a las 10:25 de la noche del pasado 16 de febrero cuando el helicóptero Black Hawk tuvo un accidente al realizar su aterrizaje en el Campo de la Colonia Aviación de Santiago Jamiltepec, donde se resguardaban familias por el sismo de 7.2 grados que sacudió a la región de la costa.
Adelantó que “por tratarse de un asunto de orden federal, se ha mantenido comunicación estrecha con la Procuraduría General de la República (PGR) desde el momento de ocurridos los hechos. En auxilio del Ministerio Público Federal, la Fiscalía General realizó ayer diversas diligencias como: levantamiento de cadáveres, identificación de cadáveres, dispensa de necropsias y entrega de los cuerpos a los familiares”.
Sin embargo, será la PGR la que determine las causas del accidente y fije las responsabilidades que correspondan.
Recomendaciones para reparación del daño
A casi 15 días del accidente, la Defensoría dio a conocer que entre los 10 puntos que presentó conforme a los más altos estándares de Reparación Integral del Daño, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos (derecho a la verdad) y en su caso sancionar a los responsables.
Respecto a las medidas de rehabilitación propuso una atención integral a la salud para las víctimas y familiares directos, de forma preferencial y gratuita a través de los servicios que presta el Estado, incluyendo atención médica y psiquiátrica.
Además, el Estado se hará responsable de todos los gastos cuando se requieran traslados a otros lugares. Si las victimas cambian de residencia el Estado igualmente tiene la obligación de seguir brindando la atención médica correspondiente.
También debe otorgar becas, las cuales pueden ser mediante la creación de un Fideicomiso a favor de las niñas y niños que quedaron huérfanos para que no les falte nada y sigan estudiando hasta que culminen la universidad.
Y propuso hacer un listado de las victimas del evento y proponerles un trabajo estable y remunerado en alguna oficina del estado (no solo proyectos productivos).
Por lo que se refiere a medidas de satisfacción, pidió que el Estado Mexicano haga un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en el que se señale que no obstante el hecho de haber sido un accidente, se reconocen las violaciones a derechos humanos cometidas.
En ese acto de disculpa deberán participar el gobernador Alejandro Murat, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, funcionarios del gobierno del estado, las víctimas y, como testigos, representantes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto sin contar que se debe difundir el acto de reconocimiento público de responsabilidad en el Diario Oficial de la Federación y el Periódico Oficial del Estado, así como en periódicos de circulación nacional y de circulación estatal.
Finalmente, el gobierno se debe comprometer a mejorar los protocolos para el uso de aeronaves en ambientes nocturnos y terrenos no propicios para el aterrizaje, así como mejorar la capacitación de los pilotos de las aeronaves.
En cuanto a las indemnizaciones compensatorias por daño material e inmaterial se debe crear un Fideicomiso para el aseguramiento, operación y trasparencia de este apartado donde los pagos sean erogados por una sola ocasión y constituyen el monto total de las reparaciones económicas que el Estado Mexicano otorgará para resarcir el daño ocasionado a las víctimas.
“Aquí sí puede entrar la entrega de un proyecto productivo a favor de cada una de las víctimas de violaciones a derechos humanos o en su caso a favor de su familiar directo”, puntualizó.
En el caso de las personas fallecidas se propone que el Estado reivindique su memoria, poniendo su nombre a algún espacio público (biblioteca, centro de salud, calle) que sirva como un duelo histórico de la comunidad hacia esas personas, pero también, como un recordatorio constante de lo que ahí sucedió, añadió Peimbert Calvo.

A Canadá no le queda nada claro donde fue a parar la millonaria suma que el mundo donó a México

23 noviembre 2017
Noticias de Yucatán
''Empresas, celebridades y famоsоs de tоdо el mundо han dоnadо en dinerо, más de 45 millоnes de dólares; y cuando tantо dinerо llega al país en un periodo de tiempо tan cоrtо, el análisis del usо de lоs fоndоs debe estar liderandо cualquier tipо de lista de priоridades para garantizar que el se invierta de fоrma adecuada y evitar el abusо del pоder y acciоnes nо éticas'', dijо el gоbiernо Canadiense.
La Embajada de Canadá en Méxicо ha cuestionó ayer que se debería llevar al cabо una auditоría exhaustiva de las dоnaciоnes enviadas para lоs damnificadоs pоr lоs recientes terremоtоs оcurridоs en Méxicо.
En su cоmunicadо, se ha destacadо qué: "hay muy pоca transparencia en la gestión de lоs fоndоs para lоs afectadоs", e indicó que "el primer pasо debe ser realizar una auditоría cоmpleta que incluya tоdas las dоnaciоnes recibidas, cómо se han repartidо y si han sidо eficientes".
Asimismo, el sindicatо del sectоr privadо más grande de Canadá, la Unifоr, dijо que el gоbiernо de EPN debe abrir inmediatamente al escrutiniо públicо las cantidades recibidas y cómо están siendо invertidas. Se debe hacer en tоdоs lоs estadоs del país para garantizar que el dinerо es gastadо de fоrma adecuada". agregó.
Además dijo que 'lоs débiles sistemas de gestión financierоs y lоs altоs niveles de cоrrupción en Méxicо crean muchas оpоrtunidades para el abusо de pоder, la cоrrupción y las acciоnes nо éticas que limiten la capacidad de las dоnaciоnes de ser usadas de fоrma efectiva".

Admite el Poder Judicial que tiene atrasos en materia de transparencia

23 octubre 2017
Noticias de Yucatán

Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, admitió qué hay un retraso en la publicación de información del Poder Judicial, por contratiempos internos,  y pidió que no se hostigue a esa instancia por un recurso que interpuso ante la Suprema Corte.
En rueda de prensa en el edificio del Tribunal en la avenida Jacinto Canek, el magistrado respondió a la queja que poco antes interpusieron diputados panistas ante el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) por incumplimiento del Poder Judicial en normas de transparencia.
Entre otras cosas, dijo que efectivamente hubo un atraso porque el procedimiento interno previo a la difusión de la información de actas incluye recabar visto bueno y firmas de los magistrados, que han tenido mucha carga de trabajo, pero aseguró que hasta hoy ya se “subió” al sitio electrónico del Poder Judicial toda la información hasta febrero de 2017 y en los próximos días estará disponible al público todo lo que marca la ley.
Marcos Celis indicó que le llama mucho la atención que el presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alonzo, haya estado entre los que acompañaron al diputado Elías Lixa Abimerhi en la presentación de la queja cuando la página de internet de ese partido es precisamente un catálogo de incumplimiento en transparencia.
La información del PAN está desfasada, añadió. La última información sobre financiamiento público es del 30 de julio de 2015, de hace más de dos años. Eso es tanto como mirar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.
El magistrado presidente consideró que se quiere politizar el tema y dijo que si el diputado Lixa quiere saber sobre ciertos temas del Poder Judicial que atañen al Congreso debe solicitar información al Poder Legislativo, pues no hay ninguna ley que indique que a él en lo personal se le deba informar.
También recalcó que no se debe hostigar al Poder Judicial por la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte para que se revise la resolución del Congreso que elimina el fuero a los magistrados y jueces, pues sólo se recurrió a un derecho que confiere la Constitución y estarán atentos a la decisión del máximo tribunal del país.


Rolando Zapata entre los 6 gobernadores que no declaran su #3de3; es decir no se transparentan

19 marzo 2017
A dos años de la creación de la plataforma ciudadana #3de3, que ha contado con la participación activa de la sociedad para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ya anexó a sus filas a 857 funcionarios que de manera voluntaria han decidido sumarse a la causa,  de los cuales 26 son gobernadores activos en la República Mexicana, quedando como pendiente la declaración de seis gobernadores que aún no publican su #3de3, entre los cuales se encuentra el de Yucatán, Rolando Zapata Bello.
Además del gobernador de Yucatán, en la lista del portal aparecen sin su #3de# Francisco Arturo Vega Lamadrid, de Baja California; Manuel Velasco Coello, de Chiapas; Rubén Moreira Valdez, de Coahuila; Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit; Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, y Arturo Núñez Jiménez ,de Tabasco.
Apenas hoy, Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, cumplió con la presentación de su #3de3 con lo que el 100% de los gobernadores electos en 2016 se han sumado a la iniciativa.
Mediante la plataforma http://3de3.mx/#/gobernadores se les puede realizar un llamado ciudadano a los gobernadores que aún no se suman al movimiento de transparencia. Con un tweet uno puede hacer la invitación a alguno de los gobernadores morosos, que el 80% de sus homólogos ya realizaron.-Grupo Megamedia.

Zafarrancho en Chelem por falta de rendición de cuentas del comisario

09 julio 2016
Alrededor de 700 pobladores de la comisaría de Chelem Puerto, armaron un zafarrancho la noche del pasado jueves, luego de reunirse en el parque principal de esta localidad, para exigirle al  comisario Gerardo Lira Canché cuentas y resultados de su gestión, esto tras darse a conocer presuntos malos manejos de los recursos obtenidos, se informa en La Verdad.
De acuerdo con un documento, el puerto de Chelem recaudó un total de 90 mil 400 pesos durante la Semana Santa; sin embargo, vecinos de la comisaría comentaron que esa cantidad no se han visto reflejada en el mejoramiento de la  imagen del puerto.
En ese sentido, el poblador Jorge Lira Chim exigió al coordinador de recaudación fiscal Ronald Celis Gómez, que se comprometiera a gestionar la presencia del alcalde municipal para rendir cuentas al comisario, el cual lucio por su ausencia.
Ante la situación, Celis Gómez se comprometió a que en los próximos días se le hará saber al munícipe la situación, con la finalidad de, a más  tardar la próxima semana, realizarse una reunión para formar la nueva comitiva que verifique si Lira Canché realizó actividades ilícitas con los recursos obtenidos.

Caballero Durán decide no dar la cara para hablar sobre casos de nepotismo en la Segey

19 abril 2016
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Esta mañana acudimos de nueva cuenta a las instalaciones de la Secretaría de Educación General del Estado de Yucatán (SEGEY) a solicitar entrevista con su titular Victor Caballero Durán sobre los casos de nepotismo dentro de esa dependencia y de los cuales informamos hace tan sólo unos días.
De acuerdo al procedimiento indicado el día de ayer, en que nos negaron también la atención, nos dirigimos a la oficina de Comunicación Social, en donde el coordinador Luis Miguel Cocom Mayén nos indicó que no sería posible ver al licenciado Caballero ya que estaba ocupado en esos momentos.
Se le comentó que la urgencia sobre la entrevista radica en el hecho de la importancia que guarda del tema sobre la señora Leonor Peniche Martín, Coordinadora de Enlaces con Directores de la Secretaría, quien ha acomodado a varios miembros de su familia dentro de diversos puestos en la Segey.
Al escuchar este señalamiento, Cocom Mayén indicó al reportero que de todas maneras el Secretario Caballero Durán podría enviar un boletín en donde indicara su posicionamiento sobre dicha cuestión.
Como dimos a conocer en días pasados, la Señora Peniche Martin obtuvo para su hija Andrea Peniche Martín un cargo en Atención a Obesidad Infantil, al novio de ésta, Rodrigo Chan Verde, la compra de boletos de avión, para Rodrigo Domínguez Martín, otro de sus hijos, el departamento de Sistematización de la Dirección Administrativa y para su sobrina Ana Cristina Castañeda Peniche el departamento de adquisiciones.
Cabe destacar que al parecer todo esto pudo ser logrado gracias a la intervención del CP. Andrés Polanco Escamilla, quien fue removido de su puesto en la SEGEY hace un tiempo atrás.

12 días pidiendo una entrevista en la Secretaría de Seguridad Pública… y nada

18 marzo 2016
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De llamada en llamada, y no nos conceden una simple entrevista
Marzo 18, 2016
A raíz de que publicamos una nota el 6 de marzo ppdo. con un vídeo, sobre la multa que un agente puso a una embarazada que se estacionó en un cajón para personas con discapacidad, y como consecuencia de las dudas que surgieron en torno al caso, intentamos ponernos en  contacto con la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que pudiéramos informar a nuestros lectores más sobre el tema.
En ese entonces informamos que cuando la mujer se percató de la multa y reclamó al agente, éste respondió que no sabía que ella estuviera embarazada y no tenía el tarjetón para personas con discapacidad. El agente, quien retiró las placas delanteras del vehículo, sugirió a la embarazada que acuda a las oficinas centrales de la SSP para que le cancelen la multa.
Ante las numerosas dudas que surgieron entre los propios lectores ofrecimos, investigar más con la SSP para que nos abundara sobre el tema.
Es increíble que a 12 días de que iniciamos nuestros intentos por obtener información hayan sido en vano.
Primero nos comunicamos con Claudia Rincón, encargada del departamento de Prensa de la SSP, quien inexplicablemente pidió que le hablemos a su jefe Alberto Escalante, para que sea él quien nos agende una entrevista con el encargado de vialidad.
Obedecimos la instrucción, pero después de seis llamadas sin respuesta, decidimos intentar directamente con el subdirector de Servicios Viales, el comandante Martín Inurreta Domínguez, quien atendió la llamada al segundo timbre, y aunque se portó muy amable, nos indicó que por protocolo la entrevista tenía que ser por conducto de Alberto Escalante.
Le explicamos que este personaje nomás no responde a nuestras llamadas, pero aun así pidió que le insistamos.
Lo intentamos de nuevo y nada. Insistimos otra vez con Claudia Rincón para que nos agende una entrevista, y luego de tres intentos respondió. Nuevamente le explicamos de qué se trataba el tema que necesitábamos informar.
Y le dejamos las siguientes preguntas:
 ¿Desde cuándo se estableció la medida de que los discapacitados deban portar tarjetones para estacionarse en los cajones reservados para ellos?
¿Los sitios destinados para discapacitados en centros comerciales, también son para mujeres embarazadas?, Si la respuesta es sí, ¿Las embarazadas tienen que sacar su trajeron para poder estacionarse en zona de discapacitados?
En el caso concreto el policía aceptó que no sabía que había puesto una multa a una embarazada porque no tenía el tarjetón de discapacitado: ¿La multa subsiste?, ¿No hay posibilidad que el agente pueda cancelarla?, ¿Cuál es el protocolo a seguir?
¿Es constitucional que un agente se apodere de unas placas? ¿Qué pasa con las placas?, ¿Cómo las recupera el afectado? Es obvio que quien transita sin placas –porque se las quitó un agente- se hará acreedor a otras sanciones por otros policías.
¿Cuál es el monto de la multa por ocupar indebidamente espacios para discapacitados?
¿Puede un agente operar en estacionamientos de centros comerciales privados?, ¿Existe algún convenio?, ¿Qué artículo de qué ley o reglamento se establece?
¿Cuántas personas han sido multadas, en lo que va de este año, por hacer mal uso de los espacios destinados para personas con discapacidad?
La señora Rincón nos informó que a más tardar en el transcurso de la semana pasada nos “devolvería la llamada” para darnos cita; sin embargo, al día de hoy no hemos recibido respuesta alguna.
Hemos llamado y enviado mensajes para saber que ha pasado pero nadie nos atiende.
Compañeros nos han comentado que no es la primera vez que los encargados de SSP no atienden a sus llamados y tampoco les envían la información requerida.

Casi medio año para saber cuánto gastó Rolando Zapata en su 3er. Informe

12 marzo 2016

Noticias de Yucatán



Una vez más se comprueba que la transparencia gubernamental es una utopía. Quienes han intentado obtener información pública, que por ley debería de entregarse, se topa con una serie de barreras que obstaculizan el ejercicio real y oportuno de este derecho.
Aquí les presentamos un caso más.
A este medio se dirigió un ciudadano, quien se identificó plenamente, pero por temor a represalias nos pidió el anonimato, nos expuso lo siguiente:
-Quiero denunciar mi inconformidad contra la UNAIPE, ya que como  ciudadano quise ejercer mi derecho de tener acceso a información sobre el gasto realizado por el Poder Ejecutivo, con respecto al tercer informe de Rolando Zapata Bello.
 -Mi solicitud estuvo basada en los siguientes puntos: Documento o documentos que contengan toda la información relativa al presupuesto asignado para que se lleve al cabo el Tercer Informe de actividades del titular del Ejecutivo, Rolando Zapata Bello.
Documento que contenga el monto total de lo ejercido durante los siete días previos, el mero día del informe y los cinco posteriores al día del informe, así como un desglose detallado de esos gastos.
-Copias de los cheques con los que se pagó a todos y cada uno de los proveedores que fueron contratados para que se lleve al cabo el tercer informe de gobierno.
-Documento que contenga una descripción detallada y exhaustiva de todas y cada una de las acciones y actividades que se realizaron para que se lleve el cabo el tercer informe de titular del Ejecutivo del estado”.
El quejoso relató que en un primer intento, el 2 de febrero pasado envió un correo al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública solicitando la información, y una semana más tarde la respuesta del Inaip fue que “la autoridad competente para conocer de la información solicitada es la Secretaría de Administración y Finanzas ” del Ejecutivo del Estado.
En un segundo intento por obtener respuestas a las preguntas ya detalladas, redactó y envió nuevamente otra petición, el 19 de febrero, pero ahora dirigida a la UNAIPE, misma que quedó registrada con el folio número EL00616.
Lamentablemente, 18 días después, la instancia responsable de proporcionar la información emite una resolución en los siguientes términos:
 “Que la Unidad Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante oficio ha solicitado una ampliación de plazo de ciento veinte (120) días naturales de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, toda vez que se encuentran realizando las gestiones necesarias, a efecto de realizar una búsqueda de la información para la entrega de la misma”.
Casi tres semanas no fueron suficientes para recabar la información solicitada y la instancia respectiva resuelve que necesita 4 meses más, que sumados al plazo anterior casi ya serían cinco, para dar una información que, se supone, debería estar a la mano.
Lo anterior sólo denota dos cosas: o es una táctica dilatoria (tortuguismo deliberado para fastidiar al ciudadano) o de plano existe un desorden mayúsculo en el Ejecutivo el Estado que no saben, ni pueden responder cuestionamientos tan simples como saber cuánto gastó Rolando Zapata Bello en su III Informe de gobierno, en el que se vio visto desplegado una exagerada publicidad que se prolongó más allá de los días autorizados constitucionalmente, motivo por el cual incluso ya fue denunciado ante las instancias electorales.

Gracias a Raúl Paz, ahora resulta que hasta el PRI da más información

02 febrero 2016
El nuevo presidente de Acción Nacional elimina la página web, donde debe publicar los recursos públicos que recibe —casi $30 millones al año— y, además, esconde la nómina del partido
Desde su llegada a la presidencia estatal del PAN, en septiembre del año pasado, el diputado Raúl Paz Alonso, también coordinador de los legisladores de su partido en el Congreso, redujo prácticamente a cero la transparencia en el manejo de los recursos económicos de Acción Nacional, para encubrir, al parecer, el manejo discrecional de casi $30 millones que recibe de financiamiento público.
Paz Alonzo no sólo desapareció la página web del Comité Estatal de ese partido, donde por ley debe publicar el tabulador de sueldos, el nombre de los directivos y el monto de las prerrogativas y cómo se gastan, sino que incluso niega a los ciudadanos información específica sobre la nómina y el pago de sueldos de los dirigentes, que se le solicita a través de la Unidad de Acceso a la Información del PAN.
Una persona, por ejemplo, pidió por ese medio los recibos de nómina del PAN de septiembre a noviembre, pero Paz Alonzo se negó a proporcionarlos, de acuerdo con información en poder de Mayaleaks, que publicará en una siguiente entrega.
Llama la atención esta posición, toda vez que Paz Alonzo, en su campaña por la presidencia del PAN en julio de 2015, prometió en reiteradas ocasiones que de ganar los comicios internos no cobraría su sueldo como presidente del partido, ni tampoco ocuparía la coordinación de los diputados panistas en el Congreso, donde es legislador por la vía plurinominal.
INCONGRUENCIA. Esta falta de transparencia en el manejo de los recursos del PAN en Yucatán no tiene precedentes. En la directiva del presidente anterior existía una página activa, con la información mínima que exige la ley. Pero ahora, el caso es tan grave que hasta el PRI en Yucatán ofrece más información en su página web sobre el manejo de los recursos públicos que recibe.
Además, las denuncias sobre la falta de transparencia en Acción Nacional ocurre a pocos días de que el propio Paz Alonzo y la bancada de su partido en el Congreso presentaran una  iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, supuestamente, busca homologar la legislación estatal con las últimas reformas federales en la materia y ampliar el nivel de información de los sujetos obligados.
Raúl Paz: el nuevo PAN en Yucatán
Esta iniciativa, empero, contrasta con la estrategia de Paz Alonzo para ocultar la información sobre el manejo de los recursos del partido que preside, que empieza con la desaparición prácticamente de la página web de ese partido. Actualmente en la dirección http://panyucatan.org.mx —donde antes había información relevante— ahora solo aparece la convocatoria para la elección de los dirigentes municipales en Mérida y ligas a Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. En todas ellas no hay una sola referencia a la información de transparencia que por ley el PAN debe publicar.
BURLA A LA LEY. El reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de transparencia y acceso a la información pública, en su artículo 64, establece las obligaciones de transparencia de los partidos políticos. Este precepto afirma que “la información a disposición del público que deben difundir los partidos políticos, a través de su página de Internet y sin que medie petición de parte” es, entre otra, la siguiente:
Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los órganos directivos, así como de cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o fuera de éste.
. El directorio de sus órganos nacionales, estatales y municipales.
. Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones.
. Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios.
. Los informes que estén obligados a entregar en términos de lo dispuesto en la presente Ley, el estado de la situación patrimonial del partido político, el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, tengan arrendados o estén en su posesión bajo cualquier figura jurídica, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno.
Estas obligaciones están previstas también en el artículo 9 de Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, publica el monto de sus ingresos. Raúl Paz, de Yucatán, no.
NO HAY. En contra de los que sucede en Yucatán, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN cumple con estas disposiciones y las publica en su página de Internet (https://www.pan.org.mx/transparencia). Allí aparece el tabulador actualizado de remuneraciones netas de los funcionarios partidistas, incluyendo el sueldo del presidente Ricardo Anaya Cortés, quien de acuerdo con la página del PAN, tiene asignado un sueldo neto de $124,624.70, “pero por renuncia voluntaria” solo percibe $48,000.
En ese mismo sitio está el directorio actualizado de los dirigentes de Acción Nacional y el monto del financiamiento público que recibe, así como un apartado que ofrece ligas para consultar este mismo tipo de información en los comités estatales y municipales del partido.
Doble cara. Mientras el PAN promueve una iniciativa para mejorar la Ley de Transparencia en el estado, en su estructura interna practica la opacidad.
Todos esos comités cumplen con la ley, a excepción del Comité Estatal de Yucatán. Por ejemplo, en el apartado de “Tabulador de remuneraciones de los funcionarios partidistas y de los que reciben ingresos”, aparece esta leyenda: “no existe información actualmente”.
En el apartado de directorio, el PAN yucateco proporciona el correspondiente a la directiva anterior, no obstante que Paz Alonzo ocupa la presidencia desde hace cinco meses.
HASTA EL PRI ES MEJOR. Lo mismo ocurre con la información respecto al financiamiento público: cero datos, en preocupante contraste con lo que publican, sobre éste y los demás apartados previstos en la ley, los comités estatales del PAN en el resto del país.
Paz Alonzo no informa a los yucatecos ni una línea sobre el monto de las prerrogativas que su partido recibió del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac)  en 2015 que, según información pública de ese organismo, ascendió a $29,992,781, divididos del siguiente modo: $21,778.009, actividades ordinarias; $1,246,299, actividades específicas y $6,510,402, obtención del voto.
La falta de transparencia de Paz Alonzo es tan grave que hasta el Comité Estatal del PRI en Yucatán ofrece más información pública.
En el sitio web de ese partido, por ejemplo, hay una liga a la página del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán —  http://www.pri.transparenciayucatan.org.mx—, donde aparece el tabulador de los  dirigentes priistas actualizado hasta septiembre de 2015.
Allí se informa que el presidente estatal de ese partido, Carlos Pavón Flores, cobra un sueldo neto de $35,000 al mes.

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