Ucú y Chichén, temas en el D.F.

Noticias de Yucatán

(corrupción, ucú, chichén)

25/06/2010

Bajo el título “Yucatán: Megaobras, megafraudes”, la revista Proceso publicó ayer en su sitio web un reportaje de Jenaro Villamil en el que da a conocer proyectos del Ejecutivo estatal en Ucú y Chichén. A continuación, una síntesis:

Por su empeño en desarrollar dos megaproyectos —un complejo hotelero en Chichén Itzá y la construcción de una ciudad dormitorio paralela a Mérida—, la gobernadora Ivonne Ortega concitó el rechazo de artesanos y comuneros de varios municipios, que la acusan de querer beneficiar a una decena de firmas inmobiliarias, en particular al Grupo Kaknab.

En Chichén Itzá, comentan artesanos, el gobierno estatal pretende beneficiar al Grupo Kaknab, que encabezan Eduardo González Cid y Nicolás Zapata, y a otros desarrolladores inmobiliarios. Pero, sobre todo, sostienen que la gobernadora utilizó recursos públicos para adquirir un predio de 83 hectáreas de Hans Jurgen Thies Barbachano a un sobreprecio de más de 2,750%, en vez de expropiarlo. Todo, insisten, para llevar adelante la transformación de ese sitio en zona hotelera.

Los artesanos Silvia Cimé Mex, Jesús Solís Alpuche, Juan Alberto Bermejo y el abogado Villevaldo Pech Moo aseguran que la megaobra, que ocupará 83 hectáreas —45 pertenecen a Chichén—, constará de 12 hoteles, playas y lagos artificiales, campos de golf, un parque acuático, casas de artesanías y centros de convenciones.

Advierten que Ivonne Ortega prácticamente privatizaría esa zona arqueológica para beneficiar a González Cid y Zapata. El primero, aseguran, es muy cercano al gobernador de Quintana Roo y artífice en buena medida del triunfo de la mandataria.

Grupo Kaknab es la contraparte de otro poderoso consorcio turístico y empresarial, Grupo Xcaret, que administra el parque del mismo nombre. Durante la administración de González Canto y de Ivonne Ortega, Kaknab se benefició ya con dos obras: Discover México en Cozumel y el diseño del Palacio de la Cultura Maya de Yaxcabá, ambas a petición del gobierno de la yucateca.

En el segundo de esos proyectos, las autoridades adquirieron 300 hectáreas y se las adjudicaron a Kaknab para que, por medio de su filial I Arquitectura erigiera el Palacio de la Cultura Maya.

Diario de Yucatán y José Luis Sierra Villarreal, ex delegado del INAH en Yucatán, han documentado que Grupo Kaknab compró hace años 600 hectáreas en los alrededores de Chichén Itzá para impulsar un “parque temático” y un proyecto megahotelero.

El 30 de marzo, el gobierno estatal informó sobre la adquisición de 83 hectáreas por las que pagó $230 millones con un préstamo a través de Cultur. Las tierras de la zona arqueológica estuvieron en litigio varios años. Hace dos décadas, el antropólogo Sierra Villarreal inició las negociaciones con la familia Barbachano para adquirir las 83 hectáreas. No tuvo éxito. En 2006, el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) valuó la extensión en $8 millones. Y en marzo pasado la administración estatal anunció que finalmente era propietaria de ese terreno. Según el boletín oficial, el gobierno pagó por él 230 millones de pesos, gracias a un préstamo bancario que obtuvo a través de la dirección del patronato Cultur.

De las 83 hectáreas, 45 corresponden a la zona arqueológica y las restantes a las zonas contiguas, conocidas como “polígonos”: sur, norte y noroeste, en los que se construirá un nuevo aeropuerto y, según los planes de Ivonne Ortega, un desarrollo turístico de gran escala, similar a Disneylandia.

El director del patronato Cultur, Jorge Esma Bazán, justificó el pago de 230 millones de pesos al actual propietario de la vieja hacienda, Hans Jurgen Thies Barbachano, con el argumento de que el gobierno federal se mostraba indeciso.

Los artesanos de Chichén Itzá, encabezados por Cimé Mex, Solís Alpuche, Bermejo y el abogado Pech Moo sostienen que desde noviembre de 2009 denunciaron que el Sistema para el Financiamiento del Estado de Yucatán (Sifidey) tenía en mente realizar el megaproyecto hotelero en los alrededores de Chichén Itzá.

El mismo grupo de artesanos pidió en septiembre de 2008, ante la Cámara de Diputados, que el gobierno federal expropiara las 746 hectáreas que comprenden los terrenos de la zona arqueológica, impidiera el cobro por el acceso a los monumentos históricos y evitara el desalojo de los comerciantes.

No sólo no fueron escuchados por las autoridades federales, sino que los especuladores inmobiliarios y desarrolladores turísticos comenzaron a transformar la zona arqueológica en un centro de espectáculos. Hoy, a menos de tres años de distancia, el gobierno estatal ha promovido, entre otros, funciones exclusivas como los conciertos de Plácido Domingo, Sarah Brightman y Elton John, con el argumento de que se trata de “promoción turística”.

La transmisión de esos conciertos y la venta de boletos ha estado a cargo de empresas vinculadas con Televisa, el consorcio que más recursos y contratos publicitarios ha recibido del gobierno de Ivonne Ortega.

Gran negocio en Ucú En paralelo, el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo un endeudamiento de $343.375,000 para adquirir terrenos ejidales en Ucú, por medio del Instituto de la Vivienda del Estado, que encabezaba Angélica Araujo Lara, actual alcaldesa electa.

Angélica Araujo es, junto con el diputado federal priista Felipe Enríquez Hernández, artífice del Plan Maestro de Ucú, cuyo objetivo es construir 56,800 viviendas en una extensión de 1,800 hectáreas. Con este plan se elevaría a casi 100,000 el número de edificaciones en esta zona y Caucel, donde han sido beneficiados 10 grandes grupos constructores.

Uno de ellos es el que encabeza Pedro Espadas, pareja sentimental de Angélica Araujo y socio, junto con Ricardo Combaluzier, de la empresa Construcasa, S.A. de C.V., beneficiaria a su vez del desarrollo inmobiliario en Ciudad Caucel.

Las otras firmas inmobiliarias son: Grupo Sadasi, representado por Leandro López, también impulsor de las Ciudades Bicentenario del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, en especial las del municipio de Tecámac.

Los yucatecos denominan a este tipo de desarrollos inmobiliarios “chiquilotes”, por las minúsculas casas-habitación de 5x15 metros de extensión. La mayoría tiene servicios de transporte precarios o carece de ellos, pero cuentan con infraestructura vial, eléctrica y de agua potable, que aporta el gobierno del Estado. El senador panista Hugo Laviada Molina sostiene que detrás del caso de Ucú “existe una gran operación nacional dirigida por el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y ejecutada por su agente financiero: Felipe Enríquez Hernández, para financiar campañas del PRI; todo consiste en trabajar con mafias agrarias”.

La presencia de Enríquez Hernández en los grandes negocios inmobiliarios ha sido notoria y constante en Yucatán durante los últimos años. Compadre de Ivonne Ortega, amigo cercano de Peña Nieto y colaborador de Natividad González Parás durante su sexenio en Nuevo León, Enríquez Hernández llegó a Yucatán en 2007 con una encomienda: arrebatarle la gubernatura al PAN.

Enríquez Hernández también fue secretario particular de María Teresa Herrera Tello cuando era la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (2001-2003) y director de Fomerrey (2003-2005), oficina del gobierno de Nuevo León responsable de asignar terrenos a personas de escasos recursos y de “regularizar” tierras.

En 2005, Enríquez Hernández colaboró en la campaña que llevó al gobierno de Quintana Roo a Félix González Canto. Y en 2007 se incorporó al equipo de logística de Ivonne Ortega durante el proceso electoral en Yucatán.

En su edición del lunes 14, Diario de Yucatán informó que Enríquez Hernández participó en una venta paralela de terrenos de Ucú en una extensión de aproximadamente 581 hectáreas. Según el rotativo, el dinero recaudado presuntamente servirá para financiar la campaña estatal del PRI.

El rotativo citó las declaraciones del comisario ejidal de Ucú, José Antonio Euán, quien admitió que “un empresario de Monterrey” les compró 581 hectáreas.

La revista “Artículo 7” publicó un análisis en el que aludía al negocio de Ucú y la manera en que opera: “Se compran las tierras pagando $120,000 por hectárea a los ejidatarios; el gobierno del Estado, tras introducir infraestructura urbana, las vendería al grupo de inmobiliarios en $1.200,000 por hectárea. Claro está que oficialmente serían pagadas a un precio muy inferior. Estaríamos hablando de un negocio de $3,600 millones. La mayor parte de este millonario negocio se movería “por debajo del agua” y gran parte se utilizaría en campañas del PRI.

El despojo Proceso confirmó que detrás del megadesarrollo urbano de Ucú existe un presunto fraude a los 176 ejidatarios, a quienes hasta ahora no se les han pagado 3,600 hectáreas, así como una denuncia por despojo que encabeza Pedro Manuel Rosado Reyes, dueño del predio llamado Chacsiniché.

Él asegura que fue despojado de su propiedad con el aval del gobierno estatal y menciona el motivo: el terreno, que adquirió en 1978, está en medio de la carretera que conducirá al nuevo complejo habitacional.

Comenta que lo utilizó para sembrar henequén, que vendió durante algunos años a la desaparecida paraestatal Cordemex. Y aclara a Proceso: 'Nunca tuve ningún problema'.

Sus dificultades, dice, comenzaron en 2008, cuando el gobierno de Ivonne Ortega y la responsable del IVEY, Angélica Araujo, ya habían proyectado el Plan Maestro de Ucú.

Relata que en octubre de 2008, por instrucción de la jueza primera de lo Civil, Elsa Guadalupe Rivera Uc, fue despojado de su terreno para beneficiar al empresario Guy Boyancé Cervera, quien meses después, en julio de 2009, al frente de un grupo de 50 personas invadió el predio Chacsiniché.

'Todo estuvo debidamente orquestado para despojarme', denuncia Reyes Rosado. Su abogado, José Manuel Echeverría Bastarrachea, advierte que en este litigio está involucrado también Rafael Acosta, quien fue subprocurador a principios de la gestión de Ortega Pacheco y hoy se desempeña como su asesor.

Reyes Rosado asegura que en agosto de 2009 se entrevistó con la gobernadora para exponerle su caso. Ella se comprometió a que “todo se haría conforme a la ley”. A 10 meses de esa reunión no sólo no obtuvo respuesta, sino que el mismo Ministerio Público yucateco permitió que el predio invadido por Boyancé Cervera fuera vendido.

'Es escalofriante lo que está pasando. Ahora tenemos más violencia y robo, que es organizado por el propio gobierno de Yucatán. Todos le tienen miedo a Ivonne Ortega. Yo pensaba que ella no iba a sacrificar su futuro político, pero es ella la que parece encabezar este despojo', sentencia Reyes Rosado.