A principios de noviembre de 2011, Ricardo Pacheco Navarro, quien se desempeña como operador o gestor de apoyos ante la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (Sfayp) del gobierno del Estado, se presentó ante el pequeño ganadero Tomás Garrido Sosa, en Ticul, con un ofrecimiento.
“Hay apoyos disponibles”, le dijo. “Tengo diez y te podemos incluir. Tienes tu ‘lana’ antes del 15 de diciembre”.
El operador visitó el rancho de Tomás Garrido, tomó fotografías a unas obras que efectuó el ganadero con sus propios recursos y le reiteró que a mediados del mes siguiente recibiría dinero, cuyo monto no se precisó.
Antes de finalizar el año, Pacheco Navarro lo contactó de nuevo, para darle lo que parecía una mala noticia: el apoyo “no pasó” y, por tanto, no llegaría el dinero ofrecido.
Pasaron unos meses. A fines de abril, Garrido Sosa contrató a una persona para que le gestionara ante Fomento Agropecuario un apoyo para infraestructura.
Grande fue su sorpresa cuando, días después, esa persona le dijo: “Si ya cobraste… ¿Cómo te van a dar otro apoyo?”
Acompañado de su asesor, el ticuleño se presentó en el edificio de Fomento Agropecuario, donde le confirmaron que “alguien” cobró en su nombre $676,000. Un “alguien” que falsificó su firma.
El caso de Tomás Garrido no es aislado. Otros cinco pequeños ganaderos de Ticul fueron engañados con el mismo método y por la misma persona.
Los afectados le reclamaron al defraudador, pero, de acuerdo con sus relatos, éste les respondió que no debían preocuparse porque “entrando el nuevo gobierno (de Rolando Zapata Bello) les damos otro (apoyo)”.
No hay registros de Pacheco Navarro como empleado del gobierno del Estado, pero su forma de operar delata complicidad con funcionarios de Fomento Agropecuario cuando Alejandro Menéndez Bojórquez estuvo al frente de esta Secretaría.
En Ticul es propietario de una tienda de alimentos balanceados, con sucursal en Abalá. Se le ve desplazarse en las calles a bordo de una camioneta Hummer o una motocicleta Harley Davidson.
Los productores defraudados piden al gobernador Zapata Bello que investigue estos casos.
“Queremos que investigue especialmente a Ricardo pacheco”, subraya Miguel Ek González, presidente de la Unión Ganadera de Ticul y también víctima del engaño. “Una persona que ha mentido y robado lo seguirá haciendo si no se le castiga”.
Los apoyos a que se refieren los ganaderos de Ticul son de Alianza para el Campo. El 75% de los recursos proviene del gobierno federal, mediante la Sagarpa, y el 25% restante es aportación del gobierno del Estado. El manejo del programa está a cargo de Fomento Agropecuario y la supervisión, al menos en el papel, debe correr por cuenta de la Secretaría federal.
Bajo este esquema, el gobierno del Estado -por conducto de Fomento Agropecuario- puede entregar “a fondo perdido” hasta el 50% de la inversión que haga el productor en el proyecto registrado en la dependencia.
Los ganaderos ticuleños se deciden a dar la cara al enterarse de otros casos en que se ha engañado a los productores. Saben que tienen en contra la falta de documentos, pues, abusando de su buena fe, el operador les pidió firmas en blanco y nunca les entregó comprobantes, ni siquiera copias.
El presidente Ek González está convencido de que detrás de toda la cadena de ilícitos impulsada desde Fomento Agropecuario hay una “mafia” que se extiende a los bancos.
“Aquí hay una mafia”, recalca el dirigente de los pequeños ganaderos. “Se falsifican firmas, se retira el dinero sin supervisión…”
Miguel Ek relata que en su caso Pacheco Navarro lo buscó un domingo en su unidad ganadera, bajo la lluvia. Su proceder fue similar al que tuvo con Tomás Garrido: le dijo que tenía un apoyo para él, tomó fotografías a unas obras del rancho y le hizo firmar documentos.
Pasado el tiempo, el operador le dio $80,000, como “anticipo” de un apoyo relativo a una inversión de $550,000. No volvió a verlo.
Casos similares son los de Roger Rodríguez Sánchez, Juan Alonzo Dzib Villalobos, Carlos Gilberto Heredia y Marcos Azarcoya Carrillo.
En el primero se utilizaron también fotografías de obras ya realizadas -mediante una inversión de $800,000- para “armar” el proyecto. Incluso, lo trajeron a Mérida para que firmara los documentos, sin que le dieran copias.
Se suponía que le darían $400,000 -la mitad de la inversión, como estipulan las reglas de Alianza para el Campo-, pero Pacheco Navarro le entregó sólo $70,000 a manera de “anticipo”, y se atrevió a “aconsejarle” que no malgastara el dinero.
Juan Alonzo Dzib también recibió un “adelanto”, de $30,000, pero le descontaron $3,000 por “comisión”. El defraudador le dijo: “Si gana Rolando te pongo una báscula ganadera (en el rancho)”.
Carlos Heredia nunca vio dinero en efectivo. Le dieron alimento para ganado en varias entregas, cuyo valor se calcula en $25,000, y cuando encaró al operador le fue mal, pues éste “me amenazó con meterme al bote”.
Marcos Azarcoya fue también engañado, con similar procedimiento y también con un “anticipo”, de $70,000.
La petición de los afectados es unánime: “Que se investigue y castigue, caiga quien caiga”.- Ángel Noh Estrada
El caso Fomento Agropecuario
Polémica: del Peapy a Alianza para el Campo
Las denuncias de pequeños ganaderos de Ticul se suman a los numerosos casos de desvíos que se han detectado en los últimos años en los círculos de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del gobierno del Estado.
En varias publicaciones hemos documentado casos de productores agropecuarios cuyos proyectos fueron autorizados, pero nunca recibieron los recursos, o recibieron sólo una mínima parte. En más de una ocasión han salido a relucir los nombres del mismo grupo de funcionarios como promotores de desfalcos.
Pequeños ganaderos de Ticul que se deciden a dar la cara, después del engaño de que fueron víctimas en el programa Alianza para el Campo, saben de otros casos de personas a quienes se ha defraudado. Citan entre ellas a Jaime Pérez Chan y Antonio Novelo.
En fechas recientes publicamos que en las listas del Programa Estatal de Apoyos Productivos de Yucatán (Peapy), del que también salen recursos a fondo perdido, han surgido nombres de “enlaces”, es decir, personas que apadrinaron, solicitaron o gestionaron la entrega de dinero a beneficiarios específicos.
