No reconoce su deuda el Ejecutivo del Estado

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Es un tema de enorme prioridad, dicen empresarios

El gobierno estatal tiene compromisos de pago de casi $30,000 millones

A simple vista, Yucatán es una de las entidades con menor endeudamiento del país.

Sin embargo, advierten Nicolás Madáhuar Boehm y Gustavos Cisneros Buenfil, presidente de Coparmex y director del Centro para la Competitividad (CCY), es conveniente revisar la totalidad de pasivos que tiene el gobierno del Estado.

El gobierno sólo reconoce como deuda los $2,505 millones que les debe a los bancos, pero si se le suman todos los compromisos de pago pendientes -el adeudo con el Isstey y otros pasivos a corto plazo, retenciones y contribuciones por pagar, etcétera- la cantidad crece exponencialmente hasta rozar los $30,000 millones. “Para cualquier persona una obligación de pago es una deuda”, señala Madáhuar Boehm.

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CCY | Reporte

El reporte sobre Pasivos es la tercera parte del nuevo informe del CCY.

Los anteriores

El “Análisis de la Situación Financiera del Gobierno del Estado” comienza con un reporte sobre los Ingresos y sigue con los Egresos.

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Montón de facturas

Las obligaciones de pago y otros pasivos del gobierno estatal, que rozan los $30,000 millones, podrían acarrear graves problemas, advierte el Centro para la Competitividad

El gobierno del Estado vive ahogado por la falta de liquidez. Como muestra el análisis de su situación financiera elaborado por el Centro para la Competitividad de Yucatán (CCY), la estructura de sus egresos -destina más del 65% de los recursos a gastos corrientes- dificulta no ya el ahorro, sino el cumplimiento de sus compromisos y se le acumulan las facturas pendientes en la bandeja “por pagar”.

El gobierno se enterca en querer reconocer como deuda sólo los 2,505 millones de pesos que les debe a los bancos, pero si se le suman todos los compromisos de pago pendientes -obligaciones que tendrá que cumplir, quiera o no- la cantidad crece exponencialmente hasta rozar los $30,000 millones, revela la tercera parte, dedicada a los pasivos estatales, del extenso reporte del CCY.

Nicolás Madáhuar Boehm, presidente del Centro Empresarial de Mérida (Coparmex) y Gustavo Cisneros Buenfil, director del CCY, comparten su preocupación por el futuro del Estado. Que el gobierno se niegue a admitir la realidad confirma que en Yucatán existe todavía un problema de diagnóstico. Y es imposible solucionar un problema si ni siquiera se le reconoce.

“Para cualquier persona una obligación de pago es una deuda”, señala Madáhuar Boehm.

“Es como tener un crédito hipotecario en un banco y una cuenta en Sears. son compromisos diferentes, pero los dos hay que pagarlos”, apunta Cisneros.

Pasivos del gobierno. Las deudas o compromisos que ha adquirido son de cinco tipos, explica el director del CCY:

-Deuda pública: es el crédito adquirido con bancos previa aprobación del Congreso.

-Adeudos con proveedores registrados: los contabilizados por Hacienda que no están incluidos en la deuda pública.

-Adeudos de las entidades.

-Obligaciones de pago contratadas: son autorizadas por el Congreso y deben cubrirse de manera ineludible. “Hablamos del CRIT, del Museo Maya, de los PPS. No se catalogan como deuda pública, pero son una obligación de pago”, dice Cisneros.

Por último están los anticipos de Hacienda, algo que, sin embargo, ha ocurrido una sola vez, durante el gobierno anterior.

Deuda pública directa. Con sólo un vistazo queda claro dónde comenzó la “fiesta”. Hay dos periodos muy claros: en el primero, que va de 2001 a 2007, la deuda pública se redujo de $791 millones a $311 millones (disminución del 39% en términos reales). De 2007, primer año de Ivonne Ortega, a 2013 se incrementó en $1,981 millones (637% más).

Con proveedores. Luego están los adeudos con proveedores, que pasaron de $227 millones en 2007 a $1,715 millones en 2012. “¿Dónde nace el problema?, en el ejercicio 2007-2012. Las cuentas de proveedores de ese período representan el 92% de los pasivos pendientes y casi toda ($1,545 millones) es la deuda con el Isstey que dejó la administración anterior.

Luego están la deuda de las entidades, que asciende a $2,272 millones, y el pasivo circulante -obligaciones a corto plazo-, que aumentó de $637 millones en 2006 a $2,249 millones en 2013.

Bola de nieve. “Yucatán, es cierto, es una de las entidades con menor deuda pública, sin embargo, es conveniente revisar la totalidad de pasivos que tiene el Estado”, advierte Madáhuar. “Llama la atención el crecimiento que han tenido también esos otros pasivos”.

Si se toman en cuenta el adeudo con el Isstey y otros pasivos a corto plazo, retenciones y contribuciones por pagar y otros pagos, los pasivos adicionales alcanzan los $2,249 millones, cifra equivalente al 90% de la deuda pública, o sea, ¡es otra deuda pública! “La deuda pública no preocupa porque es propia de la operación del gobierno. Pero este tema hay que analizarlo a fondo”, añade Madáhuar.

Desde 2008, la deuda pública y los pasivos crecen sin parar en términos reales. La bola de nieve se va haciendo cada vez más grande “y aunque se diga que no pasa nada, a final de cuentas todas esas facturas tendrán que pagarse”, dice Cisneros.

Paso a paso. Yucatán es de las entidades con menor endeudamiento público per cápita del país ($1,180/habitante), entendida la deuda pública como lo que debe el gobierno a los bancos. Sin embargo, también es uno de los seis estados con obligaciones de pago (PPS y el CRIT). “Esto nos convierte en el estado con mayores obligaciones de pago del país. Cada yucateco tiene que responder por 4,212 pesos.

Pagos a realizar. A finales de 2013 el gobierno debió pagar $208 millones del CRIT; $143 millones del Museo del Mundo Maya; $555 millones del Isstey; $796 millones de los Servicios de Salud de Yucatán; y $536 millones de otras entidades. “¿Y quién responde por todo esto?: el gobierno estatal”.

“Entonces, cuando juntas todo -deuda pública, pasivo circulante, adeudos de las entidades, los PPS, el CRIT y el Isstey- te encuentras con pasivos por $29,320 millones -incluyendo un PPS de un nuevo hospital en Ticul de $5,572 millones- que el gobierno del Estado tiene la obligación de pagar”, advierte Cisneros Buenfil. “Son los compromisos que se le vienen encima”.

“El PIB de Yucatán es de 220,000 millones, sus ingresos ordinarios son de $23,000 millones y los de libre disposición de $8,600 millones. Sus deudas, como proporción del PIB, son del 13%, nada grave si tuviera la capacidad de emitir su propia moneda, pero no es el caso”, comentan. “Contra sus ingresos de libre disposición está 340% arriba y contra sus ingresos ordinarios, 127%. Para tener una idea de la situación, Grecia tenía una deuda del 130% de sus ingresos ordinarios cuando fue declarada insolvente”.

“No queremos ser alarmistas, pero necesitamos saber dónde estamos parados”, señala Madáhuar. “¿El Estado está tronando? No, ni mucho menos, pero estamos ante un tema de obligada prioridad, que no pueden seguir siendo postergado por quienes están en el gobierno o en el Congreso. Cuidado: ignorarlo podría tener consecuencias”.

“Vemos futuros compromisos de pago que nos podrían meter en problemas… tal vez los problemas no surjan en el corto plazo, pero tampoco se trata de hipotecar el futuro. Hay un déficit estructural en las finanzas del Estado que es necesario resolver”, concluye.

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El alcalde será papá

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El alcalde Renán Barrera Concha y esposa, Diana Castillo Laviada, están contentos pues esperan la llegada de su primer hijo, según varias versiones que ayer llegaron al Diario de fuentes cercanas a la familia.

Nuestros informantes nos explican que la señora Castillo está en el segundo mes de embarazo, a eso se debería que en las últimas semanas haya reducido su presencia en eventos públicos.

Ayer por la mañana, en la entrega de apoyos del DIF municipal, surgió el rumor de que la presidenta de esa institución tendría dengue, versión que con el paso de las horas se volvió noticia alegre que se ha reservado el matrimonio Barrera Castillo..Uno de los beneficiarios de las sillas de ruedas, anteojos y aparatos ortopédicos que se entregaron en el evento matutino, José Cetina Osorio, pidió orar por la señora Castillo porque “esta malita”. Esto lo expresó en el discurso que pronunció a nombre de los demás beneficiarios.

Si los cálculos son correctos y todo va bien, el primogénito del alcalde nacería en el verano de 2015.

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Premian los trabajos de “Piensa la vida”

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Destacan la activa participación de 1,400 alumnos

Más de 1,400 alumnos de primaria y secundaria participaron en la convocatoria del concurso de vídeominutos “Piensa la vida”, trabajos relacionados con temas de integración familiar e ideas contra el acoso escolar o “bullying” y las adicciones.

El secretario general de Gobierno, Víctor Caballero Durán, destacó ayer, durante la premiación de los ganadores, la participación activa de la sociedad yucateca en la prevención de la violencia y del delito, por lo que exhortó a continuar con las actitudes y los valores que permitan mantener la paz y tranquilidad que prevalece en el estado.

Indicó que este concurso fue un magnífico espacio de participación ciudadana “para mostrar cómo entre todos podemos hacer cosas, aportaciones para que nuestra sociedad pueda ser mejor, sobre todo en un tema importante que nos preocupa a todos: la prevención social”.

-Si queremos tener un Estado más fuerte, agregó, más prospero, de paz y tranquilidad, todos tenemos que unir esfuerzos para lograrlo.-La sociedad es como una gran cadena, donde lo que hace fuerte a la cadena es cada eslabón -dijo. -Para nosotros la familia es un eslabón vital para el fortalecimiento de esta cadena social y lo que estamos impulsando con estos programas es precisamente el fortalecimiento de la familia”.El funcionario señaló que el uso de herramientas novedosas y de tecnología que actualmente utilizamos, como las redes sociales, son un vínculo de comunicación importante. Por eso, aprovechando estas herramientas la sociedad puede participar y utilizarlas en sentido positivo.-

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Lámparas chinas sin cumplir las normas oficiales

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Fallas documentadas

Uno de los principales motivos de Renán Barrera para cancelar el contrato de arrendamiento financiero de las lámparas de inducción magnética con AB&C Leasing fue que no cumplían la Norma Oficial Mexicana de alumbrado público y esta información la conocen los tribunales que llevan el caso.

Esta norma, la NOM-001.SEDE-2005, en su apartado 930-4, no permite el uso de lámparas fluorescentes en el alumbrado público, y los equipos colocados en Mérida, marca W-Energy Lux, de fabricación china, eran “lámparas fluorescentes de inducción magnética”, según el certificado numero 201001C100028, expedido por la Asociación de Normalización y Certificación. Es decir, no sólo eran ilegales, sino además de mala calidad.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Yucatán (Cimey), que hizo un estudio sobre ellas para el Ayuntamiento, también en poder de los tribunales, encontró las siguientes fallas:

Las lámparas de inducción tenían un balastro electrónico que, aunque más moderno, no estaba de acuerdo con las normas oficiales, porque eran más sensibles al viento y no soportaban las variaciones de voltaje de la red, por lo que se apagaban frecuentemente para no quemar las luminarias.

Mal instaladas

Las fotoceldas -la parte de la lámpara que permite que éstas se enciendan o apaguen, según sea de día o de noche- también eran de mala calidad y no cumplían su función, por lo que muchos de estos aparatos permanecían encendidos todo el día.

Asimismo, las lámparas no tenían el vidrio biselado, un material que permite a la curva fotométrica dirigir la luz al lugar adecuado, y tampoco tenían el reflector especular, indispensable en las luminarias de alumbrado público para facilitar la distribución precisa de la luz.

De acuerdo con el Cimey, además de tener mala calidad, las lámparas chinas de AB&C Leasing estaban mal instaladas.

Esta compañía, afirma el Colegio, colocó las lámparas sin el conector correcto y en lugar de los tres cables que debía llevar sólo puso dos en cada luminaria.

Los fuertes vientos que llegan a Mérida, por arriba de la media nacional, agravaron esta deficiencia, de modo que las lámparas vibraban y hacían falsos contactos. Si ésta se encontraba conectada a una red, entonces apagaba a todas las lámparas de su sector. Por esto muchas avenidas estaban a oscuras, al principio de este gobierno.

Por si fuera poco, los técnicos encontraron que el nivel de iluminación de las lámparas de inducción magnética era menor que el de las de vapor de sodio.

Comparación

Un estudio del Laboratorio de Alumbrado Público del Gobierno de la ciudad de México, que comparó el nivel de iluminación de lámparas de 150 watts de ambas tecnologías, considerando la altura del poste, la distancia entre un poste y otro, y el ancho de la calle, encontró que el nivel de iluminación de los equipos de vapor de sodio era de 14 luxes y el de los de inducción magnética de 8.5 luxes, una diferencia de 5.5 luxes. El lux es la unidad de medida del nivel de iluminación de una lámpara.-

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Una decisión equivocada

Ponen lámparas malas en lugar de buenos equipos

No obstante la mayor capacidad lumínica de las lámparas de vapor de sodio, el gobierno de Angélica Araujo Lara las reemplazó por otras de menor potencia.

Hasta antes del cambio la mayoría de las lámparas del alumbrado público en Mérida eran de 100 watts y un porcentaje mínimo de 150 watts. Araujo Lara las sustituyó por 53,063 lámparas de inducción de 60 watts (64 por ciento del total) y 8,956 de 40 watts (11 por ciento).

Las nuevas lámparas no sólo eran menos potentes, sino evidenciaban graves defectos de fabricación. El Laboratorio de Alumbrado Público del gobierno del Distrito federal (LAPGDF) tomó una muestra de esos equipos y analizó su relación potencia declarada-consumo real.

El consumo real de las lámparas de 60 watts, de acuerdo con el LAPGDF, era en realidad de 75.9 watts, lo que ocasionaba el rápido desgaste del equipo y el acortamiento de su periodo de vida útil.

No sólo eso, AB&C Leasing, que no tiene experiencia en obras de alumbrado público, colocó esas lámparas ignorando la situación de los postes en la ciudad, la mitad de los cuales, según el Cimey, miden 7.5 metros de altura y el resto nueve metros.

La empresa no tomó en cuenta esto y puso ambas luminarias, de 60 ó 40 watts, en los dos tipos de postes, ocasionado una mayor eficacia lumínica de las lámparas colocadas en los postes más bajos, 12.4 luxes al pie del poste, contra 8.3 luxes, en los postes de 9 metros de altura.

Esto propició una distribución no uniforme de la luz. Era muy intensa al pie o en la base del poste, pero muy débil en la calle y en el frente de las casas alejadas del poste, lo que ocasionó, a su vez, el “efecto cebra”, es decir, espacios de luz y sombra en un mismo tramo, en lugar de una iluminación pareja y extendida a la mayoría de las casas.

Engaño

Otro ejemplo de las deficiencias técnicas de las lámparas chinas de AB&C Leasing fue la prueba de rendimiento lumen/watt, hecha por el LAPGDF en junio de 2013. El lumen es la unidad de medida que mide el flujo y potencia luminosa de una lámpara.

En el proceso de licitación, AB&C Leasing presentó una ficha técnica de esos equipos donde garantizaba un rendimiento de 70 a 80 lumes por watt de energía.

Empero, el Laboratorio detectó que estos rendimientos eran mucho menores. En el caso de las lámparas de 120 watts el rendimiento era de 52.05 lumen por watt; en las de 80 watts, 53.85, y en las de 60, 63.35 watts. Es decir, mucho menos de los que dijeron al momento de obtener el contrato. Continuará.- H.C.C.

Próxima entrega

Empieza la batalla

La ex alcaldesa Angélica Araujo Lara cometió graves fallas al firmar el contrato para arrendar 82,000 lámparas de inducción magnética con AB&C Leasing no sólo porque éstas eran ilegales y de mala calidad, sino porque luego esa empresa cedió los derechos de cobro a Banco Santander, con el consentimiento de la señora Araujo, pero sin permiso del Cabildo. Luego el banco impuso al Ayuntamiento condiciones de cobro inaceptables para la actual administración, que canceló el contrato e inició la batalla legal por las luminarias.

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“Cerco jurídico y político”

Se quejan de un asedio oficial a la comuna meridana

Tribunales federales y locales, la Fiscalía yucateca y el Congreso del Estado han tendido, al parecer, un cerco jurídico y político en torno al Ayuntamiento de Mérida, con motivo de las denuncias interpuestas en su contra por el caso de las luminarias, a fin de obstaculizar y retrasar el proceso judicial

La situación es tan grave que, según la Comuna, algunas de las decisiones de los jueces podrían ser, incluso, constitutivas de delitos contra la administración de justicia.

Hace pocas semanas, el juez tercero de Distrito en Materia Civil de la ciudad de México, Felipe Consuelo Soto, que atiende una denuncia de Banco Santander contra la Comuna -y a quien el Consejo de la Judicatura Federal acusó en 2012 de cometer graves irregularidades en el juicio mercantil de Mexicana de Aviación- sentenció en primera instancia al Ayuntamiento a pagar casi $400 millones, con argumentos no sólo muy endebles, sino expresados en una resolución de apenas siete hojas, lo que no corresponde a sentencias de casos como éste, dicen los abogados de la Comuna.

Sospecha

Por su parte, el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, Diego Barbosa Lara, que se ocupa de otra denuncia contra el Ayuntamiento -la de AB&C Leasing-, lleva, sin justificación y “sospechosamente”, más de ocho meses sin emitir sentencia.

Barbosa Lara fue secretario particular del gobernador Víctor Cervera Pacheco y presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y magistrado de Tribunal Electoral con Ivonne Ortega.

En este gobierno, la fiscal general, Celia Rivas Rodríguez, rechazó a principios de año una denuncia penal de la Comuna contra la ex alcaldesa priista Angélica Araujo Lara, la principal responsable del escandaloso cambio de luminarias, en tanto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Estado, Luis Hevia Jiménez, se negó a admitir una solicitud de la Contraloría municipal para imponer sanciones a Araujo Lara y a varios de sus colaboradores, por el mismo asunto de las lámparas.

Todas estas acciones, advierten funcionarios municipales, buscan alargar y complicar el proceso legal, posiblemente por intereses políticos, con miras a las elecciones de 2015.

El escándalo de las luminarias estalló en julio de 2011, cuando Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, publicó varios reportajes sobre el oscuro plan de la entonces alcaldesa Araujo Lara para cambiar 82,000 lámparas de vapor de sodio del alumbrado público por otras tantas de inducción magnética, prohibidas en ese tiempo por las normas mexicanas, mediante un contrato de arrendamiento financiero y de factoraje, muy costoso e ilegal.

Central 9 también reveló que la adjudicación del contrato de arrendamiento a la compañía AB&C Leasing, de Guadalajara, había estado amañado a su favor, y que el cambio de las lámparas no significaría ahorros en la facturación del alumbrado ni mayor iluminación, como ofrecía Araujo Lara, sino que, en el fondo, se trataba de un negocio de “pura saliva”, en beneficio de empresas y banqueros de fuera, coludidos con funcionarios locales.

El escándalo de las lámparas sería una de las causas de la derrota del PRI en los comicios de Mérida en 2012.

El nuevo alcalde, el panista Renán Barrera Concha, apenas asumió el cargo tramitó la restitución de las antiguas lámparas de vapor de sodio, como había prometido en campaña, e inició una batalla jurídica contra ex funcionarios del PRI y poderosos consorcios financieros internacionales, que ya lleva varios meses y que ahora amenaza con volverse un litigio político interminable.

El inicio

El pleito comenzó el 25 de abril de 2013. Ese día Barrera Concha emitió una resolución administrativa de terminación anticipada del contrato de arrendamiento financiero con AB&C Leasing por las numerosas pruebas de irregularidades técnicas, financieras y legales del contrato. Araujo Lara lo había firmado en marzo de 2011, por un monto de $468.8 millones, pagaderos a 60 meses, a razón de 7.8 millones mensuales. El plazo de pago vencería en marzo de 2016.

El proveedor de las lámparas resultó ser una empresa de Monterrey, Grupo W Energía Verde, que compraba los equipos en China y los revendía al gobierno de Araujo Lara.

Poco después, AB&C Leasing firmó un contrato factoraje con Santander, mediante el cual le cedió sus derechos de cobro sobre el Ayuntamiento.- Hernán Casares Cámara

Proceso jurídico por las luminarias | Cuatro protagonistas

1 Felipe Consuelo Soto, juez de Distrito del D.F.

Sentencia

Condenó en primera instancia al Ayuntamiento de Mérida a pagar casi $400 millones, con argumentos endebles. La Comuna apeló esa decisión de inmediato.

2 Diego Barbosa Lara, presidente del Tribunal Contencioso Administrativo

Retraso

Encargado de la denuncia de AB&C Leasing contra la Comuna, por su decisión de cambiar las lámparas. Lleva más de ocho meses sin emitir sentencia.

3 Celia Rivas Rodríguez, fiscal general del estado

Denuncia

A principios de año rechazó la denuncia penal interpuesta por el Ayuntamiento en contra de Angélica Araujo Lara, principal responsable del escándalo de las luminarias.

4 Luis Hevia Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.

Negativa

Se negó a admitir una solicitud de la Contraloría municipal para imponer sanciones a Araujo Lara y a varios de sus colaboradores, por el asunto de las lámparas.

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Estrategia de cobro ilegal

La cancelación de AB&C Leasing sí está en el contrato

El Ayuntamiento de Mérida canceló anticipadamente el contrato de arrendamiento de miles de lámparas de inducción magnética con AB&C Leasing, en abril de 2013, no sólo por el carácter ilegal de esos equipos, y su mala calidad, sino por la estrategia de cobro que adoptó esa empresa, que también ilegal y lesiva para el patrimonio de la ciudad.

La cancelación de este contrato, como ya informamos, ocasionó dos denuncias contra la Comuna en tribunales locales y federales que, según algunos indicios, estarían obstaculizando el proceso para alargarlo hasta la campaña electoral de 2015.

El contrato con AB&C Leasing lo firmó la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara en marzo de 2011 por un monto de $468.8 millones, pagaderos a 60 meses, a razón de $7.8 millones mensuales.

Cesión de derechos

A los pocos días, esa compañía firmó un convenio de cesión de derechos de cobro con Banco Santander, quien para garantizar el pago de esos derechos, firmó a su vez un contrato de factoraje y 16 contratos de prenda con el Ayuntamiento de Mérida, que modificaban sustancialmente la naturaleza jurídica del arrendamiento financiero de las luminarias.

Estos nuevos contratos implicaban la autorización para que Santander descuente directamente la renta de las lámparas -los $7.8 millones al mes- de una cuenta bancaria domiciliada del Ayuntamiento, contra de lo establecido en el contrato de arrendamiento con AB&C Leasing, que establecía que sólo se pagaría la renta de las lámparas que funcionen bien. Con el contrato de factoraje, por el contrario, el cobro de la renta era automático, funcionen o no las lámparas.

Documentos

El contrato de factoraje se firmó en Mérida el 11 de abril de 2011 y los contratos de prenda, en los que participó también ABC Leasing, en México y ratificados en Guadalajara, sede de esa empresa, en distintas fechas entre el 1 de junio y el 28 de septiembre de 2011. En la firma de los contratos intervinieron, por parte del Ayuntamiento, Araujo Lara, Álvaro Omar Lara Pacheco y Carlos Bastarrachea Lara, secretario y tesorero de la administración municipal anterior.

Sin embargo, ninguno de estos funcionarios contaba con la autorización para hacerlo. La cláusula V, párrafo cuatro del contrato de arrendamiento establecía que los derechos y obligaciones que se deriven de ese documento “no podrán cederse en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito del Ayuntamiento”.

Este permiso nunca se dio y, por el contrario, los contratos que firmó la ex alcaldesa crearon obligaciones a cargo del erario municipal, sin el acuerdo previo del Cabildo, como manda la Ley de Gobierno de los Municipios.

Los contratos de factoraje y de prendas, el incumplimiento de las lámparas de inducción magnética de la norma mexicana de alumbrado público, así como su deficiente calidad y mala instalación, obligaron al alcalde que sustituyó a Araujo Lara, Renán Barrera Concha, a decidir la cancelación anticipada del contrato de arrendamiento, mediante una resolución administrativa del 24 de abril de 2013, aprobada por el Cabildo. Continuará.- HERNÁN CASARES CÁMARA

De un vistazo

Cancelación

El alcalde Renán Barrera Concha cancela de forma anticipada del contrato de arrendamiento, mediante una resolución administrativa del 24 de abril de 2013, aprobada por el Cabildo

Previsión

Un miembro de equipo de abogados que atiende el caso por parte de la Comuna, explica que el alcalde optó por la cancelación anticipada, porque está previsto en la Ley de Adquisiciones del Municipio y en el propio contrato, y porque esta medida causaba efectos inmediatos: bajar las lámparas.

Advertencias

Ante esta decisión, AB&C Leasing interpuso una demanda contra la Comuna en abril de 2013 por la nulidad de la terminación anticipada del contrato de arrendamiento, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Este tribunal debía emitir sentencia dese febrero, pero hasta el momento, extrañamente, no lo hace.

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En aprietos por el aguinaldo

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Piden al menos 10 alcaldes préstamos por los aguinaldos

La mayoría de los alcaldes del interior del Estado espera que el gobierno le entregue las participaciones federales para pagar los aguinaldos, aunque a algunos ni con eso les alcanzará y ya empiezan a gestionar préstamos bancarios para cumplir esa obligación.

Juan José Canul Pérez, director general del Instituto para el Desarrollo Regional y de los Municipios, informó que en breve se espera que el gobierno entregue las participaciones a los municipios, y con eso empezaría la derrama económica por los aguinaldos.

Sin embargo, manifestó que en alrededor de 10 municipios del interior del Estado no les alcanzará con las participaciones para cubrir el pago de esa prestación laboral de fin de año.

Anteayer domingo informamos que en Valladolid el Ayuntamiento recurrirá a un préstamo bancario para cumplir el pago de las gratificaciones de fin de año, como lo establece la ley.

Ayer, Canul Pérez añadió que también la alcaldesa de Tekax, Carmen Navarete Navarro, le manifestó que tendrá que recurrir a un crédito bancario para pagar el aguinaldo a los trabajadores.

“Otros municipios, sobre todo los más pequeños y que por lo mismo reciben menos participaciones, también tienen problemas, no les alcanza para pagar los aguinaldos”, indicó.

El director general calculó que son alrededor de 10 municipios con este problema de falta de recursos económicos, como Quintana Roo, Tekom, Suma y otros más, según se lo han manifestado los propios alcaldes de esas poblaciones del interior.

Canul Pérez consideró que habría otros municipios con este mismo problema, pero no se lo han informado porque seguramente ya estarán viendo cómo resolverlo, al igual que lo hizo el alcalde de Valladolid, Roger Alcocer García, sin manifestarlo a esa institución del gobierno.

El funcionario indicó que la realidad de las cosas es que todos los alcaldes se están preocupando por ver de qué manera les cumplirán a sus trabajadores para pagarles el aguinaldo en tiempo y forma, como lo establece la ley.-

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La entrega oficial de chamarras se inicia en Tinum

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Niños de primaria mejor abrigados

Como parte del programa Bienestar Escolar, el gobernador Rolando Zapata Bello encabezó la primera entrega de 1,413 chamarras a igual número de niñas y niños de enseñanza básica de Tinum, con lo que inició la distribución a todo el Estado.

Acompañado de los secretarios de Desarrollo Social, Nerio Torres Arcila, y de Educación, Raúl Godoy Montañez, señaló que el esquema, en su fase invernal, dotará de estas prendas a más de 225 mil alumnos de 1,289 primarias públicas de los 106 municipios de la entidad.

“El gobierno del Estado tiene un compromiso fundamental con la educación, por eso, trabajando para todos por igual, en equipo y de manera integral, entregamos apoyos en Tinum que fortalecen las sólidas bases para el bienestar social, muestra de que los compromisos se cumplen, porque así es como debe conducirse una autoridad responsable, cumpliendo a toda la gente sin distinción y tenemos que cumplir atendiendo a la gente”, indicó.

Durante el evento efectuado en la cancha de la primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, ubicada en la comisaría Pisté de esa demarcación, el titular del Poder Ejecutivo detalló que con una inversión superior a los tres millones de pesos, también se distribuyeron los recursos del Programa Estatal de Apoyo para la Gestión Escolar (Peage) a los 12 planteles del municipio.

Por su parte, Torres Arcila informó que el otorgamiento de prendas cumple el compromiso 141 del Gobierno estatal de dotar a alumnos de nivel básico con paquetes que incluyen zapatos, chamarras, útiles escolares, uniformes y mochilas, lo que representa un ahorro para la economía de los padres de familia.

“Yucatán es el único Estado de la República que brinda un apoyo de esta índole, el cual llega a todas las familias, sin importar la distancia o demarcación en la que vivan”, expresó.

Con la presencia de autoridades municipales, Godoy Montañez detalló que para promover la educación de calidad bajo las condiciones básicas que permitan a los alumnos dedicarse de lleno al estudio, este día también se otorgaron 92 cubetas de pintura para beneficiar a seis escuelas, lo que suma un total de 236 botes de este material entregados. También se ofrecieron 157 piezas de mobiliario a siete planteles de la demarcación, lo que genera un número global de mil 206 artículos de este tipo brindados.El funcionario estatal agregó que mil 617 centros que pertenecen a los programas Escuelas de Tiempo Completo, de Excelencia, de Calidad y Segura, obtendrán los recursos del Peage.Al recibir fondos que superan los 845 mil 500 pesos, la directora anfitriona, Leidy Espinosa Pereira, aseveró que reafirmando los valores sociales y haciendo esfuerzos colectivos, será posible duplicar los beneficios de todos los apoyos recibidos, los cuales brindan la oportunidad de impartir educación de calidad.Asistieron a la gira, el diputado federal, William Sosa Altamira; el director General del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, Juan José Canul Pérez; así como los regidores del Ayuntamiento de Tinum, Isaías Un Ucán, Emanuel Poot, Gretty Rivera Alcocer y Roami Abiram Mex Ek.De igual modo, los delegados en Yucatán de las Secretarías de Desarrollo Social, Luis Borjas Romero; de Educación Pública, Wilberth Chi Góngora; de Gobernación, Omar Corzo Olán y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Carlos Carrillo Paredes.

Ceremonia | Municipio

Posteriormente se inició la repartición de cerca de 500 tinacos en Tinum.

Más apoyos

Además hace algunas semanas, productores de Tinum recibieron 2,654 paquetes de aves de traspatio y los estudiantes del plantel Pisté del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) fueron dotados de computadoras portátiles precargadas del esquema Bienestar Digital.

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Llega "Pintando tu bienestar" a 5 fraccionamientos

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El Oriente ya se pinta solo

Vecinos de las colonias Pacabtún, Salvador Alvarado Oriente, Fraccionamiento del Parque, Los Reyes y Melchor Ocampo, en el oriente de la capital yucateca, recibieron paquetes del programa “Pintando tu bienestar”, que en esta quinta entrega benefició a cerca de 1,400 familias de esas zonas.

De acuerdo con un comunicado, al encabezar el evento, en un terreno de la calle 120 entre 51-B y 53 del Fraccionamiento del Parque, el gobernador Rolando Zapata Bello afirmó que el gobierno estatal continúa el trabajo coordinado y constante para implementar este tipo de esquemas, los cuales están encaminados a promover la armonía social, elemento básico para alcanzar el bienestar.

“A dos años de haber comenzado en el gobierno del Estado, continuamos trabajando con convicción y optimismo. Llevamos dos años y faltan cuatro para avanzar, cumpliendo compromisos y dando resultados a la gente”.

Reiteró que este tipo de programas y apoyos son posibles gracias a la coordinación estrecha que se mantiene con el Poder Ejecutivo federal, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, que con su apoyo y gran sentimiento de amistad por Yucatán, promueve que se establezcan estos esquemas dirigidos a mejorar el entorno social y de seguridad pública.

Dijo que la entrega de chamarras a niños de primarias públicas de todo el estado comenzará mañana, para que los pequeños puedan utilizarlas ahora que la temperatura ha bajado debido a las condiciones del clima. Sobre el otorgamiento de cobertores para adultos mayores y personas con discapacidad, informó que se repartirán desde mediados de este mes.

Zapata Bello señaló que los vecinos de estos polígonos, que por alguna circunstancia no hayan podido registrarse para obtener el apoyo del programa en esta ocasión, podrán acudir al lugar donde se efectuó este evento el próximo jueves 11 de diciembre a las 17 horas, para recibir sus paquetes de pintura.

El secretario de Desarrollo Social, Nerio Torres Arcila, dijo que en esta entrega de “Pintando tu bienestar”, la quinta que se ha realizado, se otorgó cerca de 1,400 paquetes.

De un vistazo

El paquete

Cada juego se compone de un rodillo de mango grueso, una brocha de 10 a 15 centímetros de ancho, un galón de sellador vinílico y una cubeta de pintura acrílica de 20 litros en color amarillo, verde, melón, rosado o blanco, a elegir.

Nerio Torres

“Con estos apoyos cada predio beneficiado conseguirá un ahorro promedio para las familias de 1,500 pesos”.

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Mérida brilla en el país

Noticias de Yucatán ()

Los servicios y el primer edil salen bien evaluados

En segundo lugar por la calidad de vida que se disfruta en la ciudad
Los servicios y el primer edil salen bien evaluados

Un estudio de Gabinete de Comunicación Estratégica en 76 municipios del país, denominado “Las ciudades más habitables de México”, destaca que Mérida se encuentra en segundo lugar nacional por la calidad de vida que se disfruta en esta capital.

De acuerdo con el estudio, sólo es superada por la ciudad de Colima.

Mérida también está en los cinco primeros lugares por el índice de satisfacción de sus ciudadanos con los servicios municipales y por el desempeño de su alcalde, en este caso Renán Barrera Concha.

En su conclusión, se destaca que Colima, Nuevo Laredo, Mérida, Manzanillo, Querétaro y Matamoros son las ciudades más completas, puesto que tienden a tener una buena calidad de vida, buenos servicios y alcaldes bien evaluados.

En contraste, según sus residentes, se considera que el bienestar social es escaso en Ecatepec, Villahermosa, Naucalpan y Chilpancingo.

La encuesta fue levantada en 53 municipios y tres conglomerados: la zona metropolitana de Monterrey con cuatro municipios, la zona metropolitana de Guadalajara con tres poblaciones y el Distrito Federal con 16 delegaciones.

En total se aplicaron 30,400 encuestas telefónicas entre el 8 de julio y el 22 de agosto de este año a mayores de 15 años que cuentan con línea telefónica fija. Se aplicaron un mínimo de 400 encuestas en cada municipio.

Gabinete de Comunicación Estratégica indica que el estudio de “Las ciudades más habitables de México” puede ser de utilidad a los inversionistas que buscan áreas de oportunidad en materia de desarrollos inmobiliarios y de servicios.

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Mérida, muy bien evaluada

Destaca por su calidad de vida y servicios públicos

En el estudio de Gabinete de Comunicación Estratégica en 76 ciudades del país, Mérida aparece en el segundo lugar nacional por su índice de calidad de vida con una calificación de 85.6, sólo superada por los 86 de Colima.

El índice de calidad de vida implica la percepción ciudadana en 10 variables distintas: oferta suficiente y a precios razonables de vivienda; suficiencia de escuelas públicas y privadas, movilidad en la ciudad, limpieza atmosférica, suficiencia de centros de esparcimiento y diversión, buen ambiente de convivencia ciudadana y de recepción de recién llegados a la ciudad.

Asimismo, suficiencia de museos y espacios históricos relevantes y atractivos para los lugareños y los turistas, bellezas naturales, mejoramiento percibido de la vida en la ciudad respecto al año anterior y comparación respecto a si la vida en su ciudad es mejor que la vida en otras ciudades.

Con base en lo anterior, Colima y Mérida obtuvieron las mejores calificaciones en relación a la percepción que tienen sus ciudadanos sobre la calidad de vida que se disfruta en ellas.

Mérida pasó de la tercera posición que ocupó en este segmento en 2013 a la segunda nacional en 2014.

En otro apartado de la encuesta, relacionada con la satisfacción de los ciudadanos con los servicios municipales, Mérida ocupa el quinto lugar de las 76 ciudades evaluadas con 84.6 puntos.

Le anteceden Colima, (91.9), Nuevo Laredo (91.5), Manzanillo (88), y Matamoros (87.6).

Evaluación

En una calificación de 5 a 10 puntos, donde 5 es reprobado y 10 es excelente, los meridanos dieron las siguientes calificaciones a diversos servicios municipales, entre ellos: recolección de basura, 8.1; drenaje, 7.2; pavimentación y bacheo, 7.5; alumbrado público, 7.9; centros de salud y clínicas públicas, 7.5; parques y jardines, 8; comercio irregular y ambulantaje, 6.9; servicios públicos de internet, 8.2; eventos culturales y deportivos, 8.3; trámites de apertura de negocios, 7.2, fomento al turismo, 8, y fomento de actividades físicas y deportes, 8.2.

En relación con el índice de satisfacción del desempeño de alcaldes, el Mérida, Renán Barrera Concha, ocupó el quinto lugar de los 76 evaluados a nivel nacional con poco más del 80% de aprobación, según indica el estudio elaborado por Gabinete de Comunicación Estratégica.- Alejandro Acevedo V.

De un vistazo

Grupos

En la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica se guardaron cuotas sobre grupos de sexo y edad independientes para cada uno de los municipios y delegaciones con el fin de mantener la representatividad de los distintos grupos.

Confianza

El error esperado máximo a nivel delegación es de +/- 5.5 con una confianza del 95%.

Tercera edición

Gabinete de Comunicación Estratégica afirma que es motivo de orgullo que el estudio de “Las ciudades más habitables de México” esté llegando a su tercera edición y que se vaya convirtiendo en un referente para todos los lectores que buscan información comparativa y actualizada.

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Sensación de seguridad

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Con el índice de aprobación más elevado en el país

El 70% de los habitantes considera a Yucatán un lugar tranquilo
Con el índice de aprobación más elevado en el país

Un elevado porcentaje de los habitantes percibe a Yucatán como un lugar seguro para vivir, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi).

De acuerdo con el estudio, el 70% de los residentes considera que el Estado es seguro, lo que representa el porcentaje más elevado del país.

En el análisis también sale a relucir que muy pocos de los que delinquen en el Estado usa armas de fuego.

Asimismo, en términos generales, los habitantes califican bien a la Secretaría de Seguridad Pública: el 30% dice tener “mucha confianza” en la policía estatal y otro 33% “alguna confianza”.

Si bien el 70% de los residentes cree que vive en un Estado seguro, en 2011 este porcentaje fue de 80%, es decir, la percepción de seguridad en el Estado disminuyó 10 puntos porcentuales en casi tres años. Esto se debe -dice el estudio- al aumento en el consumo de drogas y alcohol, al desempleo, la pobreza, la corrupción, la impunidad, la desintegración familiar y la falta de valores.

Encuesta | Percepción

El robo

De acuerdo con la encuesta del Inegi, uno de los problemas más extendidos en Yucatán es el robo, presente en los 106 municipios del Estado.

Delitos

Un dato que salió a relucir es que un elevado porcentaje de los delitos que se cometen en la entidad no es reportado a las autoridades y nunca es objeto de alguna investigación previa.

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“Cansados de denunciar”

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Quejas de vecinos por olores de una planta industrial

Vecinos de fraccionamientos cercanos a la planta de harina de maíz de Maseca en la carretera Mérida-Progreso, sobre todo de Las Américas, aguantan diariamente (a veces mañana y tarde) malos olores emitidos por esa fábrica debido a fallas en sus lagunas de oxidación, sin que alguna autoridad intervenga, pese a las quejas.

Colonos de ese fraccionamiento y directivos de Sadasi -constructora de Las Américas -, así como vecinos de La Ceiba, Temozón Norte y Dzityá han denunciado los hechos innumerables veces ante las autoridades federales, estatales y municipales por lo menos desde 2011, pero nadie actúa y ellos dicen: “Ya estamos cansados”.

Esa planta, que tiene certificaciones internacionales de control ambiental, es parte de Gimsa, perteneciente a su vez a Gruma, el consorcio de alimentos fundado por Roberto González Barrera, con presencia en más de cien países, y es considerada “empresa socialmente responsable”.

El olor que emana de la planta de Maseca es “fétido, ácido, como a animal muerto mojado o a maíz húmedo podrido”, dicen los vecinos.

Según uno de ellos, el ingeniero químico Román Arias Casellas, que no conoce las instalaciones de Maseca por dentro, ese mal olor es el característico del cocimiento del maíz y proviene probablemente de fallas en las lagunas de oxidación de la planta, donde se lleva al cabo el tratamiento de las aguas residuales generadas en ese proceso que contienen sólidos orgánicos provenientes del maíz. Esto es, en teoría, explica Arias, lo que provocaría los fuertes y desagradables olores cerca de la planta y que nadie quiere resolver.

Ex empleados del lugar, entrevistados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, informan que la planta de Maseca cuenta con cinco o seis lagunas de oxidación con capacidad de 8,000 metros cúbicos cada una, y que en medio de esas lagunas hay una montaña de sedimentos de hasta 6,000 metros cúbicos, salvo en la primera laguna donde hay un “serpentín” que trata los sólidos flotantes. En la segunda laguna hay algo de sedimento, pero en las restantes la cantidad es grande, dicen.

Hace cinco años, aproximadamente, una empresa contratada por Gimsa, recuerda Arias Casellas, extraía esos sedimentos, pero un nuevo gerente de la planta suspendió el servicio desde 2010, aparentemente por falta de presupuesto.

Desde entonces y hasta ahora los malos olores se extienden por una zona y, según los vecinos, la pestilencia se siente en la mañana y en la tarde, dependiendo de la corriente de los vientos. “Ya nos cansamos de denunciarlo y que nadie nos haga caso”, afirma Arias Casellas.

La primera denuncia formal contra la planta de Maseca la presentó el ingeniero Jorge Euán Góngora, director de Gestión y Control de Obra de Sadasi, en enero de 2011, ante el ayuntamiento de Angélica Araujo Lara, pero no hubo respuesta.

Con la nueva administración de Renán Barrera, el mismo Euán denunció otra vez por escrito, en octubre y diciembre de 2012, y pidió la adopción de medidas correctivas. Estas demandas siguieron en 2013 y 2014.

En octubre de 2011, la Asociación de Residentes del Club de Golf La Ceiba dirigió una carta a los funcionarios de la planta, solicitándoles su intervención para resolver el problema, pero aquí tampoco hubo respuesta.

Ante “la insoportable pestilencia”, esa asociación envió más cartas con el mismo fin a la Profepa, la Secretaría de Salud, la Seduma, la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua.

Por si fuera poco, en abril de 2012, los propios colonos de Las Américas entregaron un escrito a la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco en el que le pedían atender el problema, pero también fueron ignorados.

Esto no ocurrió inicialmente con la subdirectora de Ecología y Residuos Sólidos en el gobierno de Angélica Araujo, Nora Zimbeck Peña, quien en febrero de 2011 reconoció la existencia de los malos olores y hasta recomendó a Maseca poner una “cortina de árboles rompe vientos” alrededor de las lagunas de oxidación.

Empero, en noviembre de ese año, la misma funcionaria cambió de opinión y mediante el oficio 0306/SERSIA/11, en respuesta a la carta del ingeniero Euán, le informa que personal del Ayuntamiento recorrió casi cien sitios del fraccionamiento Las Américas, durante diez días en septiembre y octubre de ese año, y “no se percibieron malos olores”.

El tres de abril de 2013, el entonces director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, Luis Jorge Parra Arceo, respondió a Sadasi que, aunque las denuncias de malos olores no son competencia de esa dependencia, se “realizó una visita de verificación sanitaria” a las instalaciones de la planta “y al momento de la revisión no se percibieron malos olores, ni se observó fauna nociva”.

Los inspectores también visitaron Las Américas, a 700 metros de Maseca, dice el oficio, y de “igual forma” tampoco “percibieron algún olor desagradable”.

Por su parte, la Profepa respondió a los vecinos de La Ceiba que ante la denuncia de los malos olores “no se identifican infracciones a la normatividad ambiental federal” en la planta de Maseca, y turnó el caso a otras dependencias federales, estatales y municipales, que también se declararon incompetentes.

El subdirector de Ecología y Residuos Sólidos del actual ayuntamiento de Mérida, Elgar Pech Canul, en el oficio 049/SERSIA/12, del 26 de noviembre de 2012, le comunica a Sadasi que inspectores de esa dependencia sintieron los malos olores en Las Américas y en la periferia y hasta identificaron los sitios “donde se percibe con mayor intensidad”. Sin embargo, dos años han pasado desde entonces y el caso sigue abierto.- Hernán Casares Cámara.

De un vistazo

Un caso prolongado

Las denuncias de vecinos del norte de la ciudad por olores que emanan de la planta de Maseca ya tienen varios años. En enero de 2013 la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos del ayuntamiento de Mérida le comunicó a la empresa Sadasi, constructora del fraccionamiento Las Américas, que personal de esa oficina visitó la planta de harina y “constató que ésta cuenta con un adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales por medio de lagunas de oxidación”.

Sintieron los olores

El oficio, sin embargo, precisa que “en la diligencia practicada se pudo percibir el olor que se genera por el proceso de cocción del maíz, característico de aguas residuales de nixtamal”, por lo que esa dependencia emitió el acuerdo P/SPMIA/2013, en el que se ordena a los directivos de la planta “aplicar medidas correctivas para mitigar en su totalidad los olores generados por el tratamiento de aguas residuales, con el objeto de evitar perjuicios a la salud de los habitantes del área circunvecina”.

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