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El Gobierno de Enrique Peña Nieto cumplió 12 de los 17 compromisos sobre el campo firmados ante notario público en 2012. Del total logrado durante el sexenio que culmina en diciembre próximo, de 2017 a 2018, en la el epílogo de su gestión, sólo se pueden palomear cuatro. Quedará a deber los dos más importantes en la materia: lograr la seguridad alimentaria dañada por el modelo económico neoliberal y la implementación asimétrica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Lo que se mostró en el sexenio del Presidente Peña Nieto fue la vulnerabilidad alimentaria del pueblo mexicano”, afirma Agustín Rojas Martínez, economista en el sector agroalimentario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien documentó que en 2017 el 40 por ciento de los alimentos fue importado, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda que sólo sea 20 por ciento.
Por este rezago de producción, en México 24 millones 600 mil personas viven con carencia por acceso a la alimentación, de acuerdo con datos de 2016 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), frente a los 27 millones 400 mil en esa situación hace seis años.
Rojas contrasta que, en las décadas de los 40 y 50 en el boom alimentario, este sector agropecuario aportaba un 19 por ciento al Producto Interno Bruto nacional y era una prioridad para el desarrollo económico nacional”. Ahora, “la pobreza alimentaria ha tenido un deterioro sistemático crónico que viene desde el cambio de desarrollo económico de la década de los ochenta”, evalúa.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resaltó en agosto durante la Expo México Alimentaria 2018 “Food Show” que en su administración el país pasó de ocupar el lugar 13 a ser la décima potencia mundial en producción agroalimentaria, y se prevé que este año las exportaciones en ese sector superen los 35 mil millones de dólares.
El Primer Mandatario dijo que al inicio de su gestión se plasmaron dos ejes al respecto en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno fue reorientar varios de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para generar incentivos e impulsar la mecanización y tecnificación del campo. Se han entregado más de 20 mil tractores y 150 mil implementos agrícolas.
Para lograr la seguridad alimentaria, dijo, se buscó conquistar nuevos mercados internacionales. “México es hoy uno de los países más abiertos al comercio mundial, y cada día más alimentos producidos en nuestro país conquistan prácticamente 170 países del mundo”, refiere.
Algunos ejemplos de productos de México que están llegando a otros mercados: el garbanzo de Nayarit está presente en la Península Arábiga; la carne de res de Veracruz; el cerdo de Jalisco en Qatar, en Corea del Sur y en China; las uvas de Sonora en Australia; el amaranto de Puebla es ya consumido en la Unión Europea; el atún de Sinaloa y el pulpo de Yucatán hoy están conquistando mercados como el de Italia y de España.
“México logró alcanzar en 2015, por primera vez desde hace más de 25 años, un superávit en la balanza comercial de los productos agroalimentarios. Hoy exportamos más producción nacional que los productos que tenemos que importar a nuestro país”, declaró Peña Nieto.
SE DESCUIDÓ CONSUMO INTERNO
Pero, en este marco de política económica neoliberal, Gerardo Noriega Altamirano, investigador de la Universidad Chapingo, y Agustín Rojas Martínez, economista del sector agroalimentario de la UNAM, precisaron que México exporta principalmente hortalizas y frutas, pero importa en su mayoría los alimentos de la canasta básica, es decir, lo que más consumen los mexicanos.
Rojas ejemplifica que, considerando la producción y el consumo interno, México sólo cubre el 21 por ciento del arroz necesario, el 68 por ciento del maíz y el 50 por ciento del trigo, por lo que debe compensarlo con importaciones.
“Somos un país exportador de productos agropecuarios como la cerveza, arándaros, aguacates, cortes de carne de bovino, jitomates”, dice el investigador de Chapingo, Gerardo Noriega, sobre la industria alimentaria para disponer de divisas.
“Pero donde nosotros tenemos el problema es en los productos que forman la canasta básica y la dieta de los mexicanos en los granos básicos. Traemos un déficit en la producción de frijol, soya, maíz amarillo para la parte industrial (…) Descuidamos a los campesinos que producen para el consumo interno”.
El economista Agustín Rojas dice que, aunque hay un superávit en la balanza comercial agropecuaria por 5 mil 400 millones de dólares en 2017 (como dijo Peña), México importa justo lo que debería producir para consumo interno.
“Nosotros exportamos hortalizas, frutas y berries, frutos que se producen en el país, pero no son de alta frecuencia en el consumo de la población –y que beneficia a la agroindustria no a la población campesina que históricamente ha estado orientada al frijol, trigo o maíz– e importamos granos básicos, por lo que tenemos alta vulnerabilidad”, determina Rojas Martínez.
“Eso no lo enfatiza Peña Nieto porque demuestra la alta dependencia alimentaria que tenemos”, añade. “Desde la incorporación al TLCAN, el país dejó de producir los alimentos que necesita”, recalca el investigador de la UNAM.
El investigador de Chapingo Gerardo Noriega asevera que el Gobierno federal le queda a deber al campo mayor empoderamiento a las mujeres y escuelas dignas para las comunidades indígenas, así como aprovechar el potencial productivo de las zonas a través de reestructuración de suelos y asistencia técnica.
“Al no tener opciones de empleo ni estudio no les queda más que migrar y, con la esperanza de que iban a ser campesinos terminan siendo proletarios o allá en Estados Unidos”, afirma Noriega. El académico Agustín Rojas coincide en que el país del norte “fue la válvula de escape” para el sector rural.
México exporta hortalizas, frutas y berries, frutos que se producen en el país, pero no son de alto consumo de la población, sino que beneficia a la agroindustria y no a la población campesina que históricamente ha estado orientada al frijol, trigo o maíz, dice el economista Agustín Rojas. Foto: Bernardino Hernández, Cuartoscuro
COMPROMISOS LOCALES
A nivel local, el mandatario saliente Enrique Peña Nieto también se irá debiendo tres compromisos: la Presa Santa María en Sinaloa, apoyar la productividad en Tierra Blanca, Veracruz, y terminar la tecnificación del riego en 15 mil hectáreas de un ingeniero azucarero en Puebla del que hasta ahora, se han logrado dos mil hectáreas.
“La construcción de la presa no se hizo realidad. Es una de las cosas que tenía que haberse atendido, porque iba a tener un impacto positivo para el sur de Sinaloa al poner en riego más de 50 mil hectáreas”, asegura Gerardo López Cervantes, economista de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) creará el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que unirá Diconsa con Liconsa, el cual dirigirá Ignacio Ovalle Fernández, ex funcionario en las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría.
Víctor Villalobos, próximo Secretario de Agricultura, anunció que se pondrá atención en cuatro proyectos: fortalecer la canasta básica, crédito a la palabra en la ganadería, la producción de fertilizantes en vez de importarlos y, al igual que se comprometió Peña Nieto en su momento, ser autosuficientes en la producción para fortalecer la seguridad alimentaria para ir restando la actual importación de esos alimentos.
“Vamos a rescatar al campo. Lo puedo decir en una frase: que coman los que nos dan de comer”, aseguró López Obrador en conferencia de prensa a mediados de agosto.
Sólo de 2017 a 2018, Peña Nieto cumplió cuatro compromisos firmados ante Notario Público en 2012.
El más reciente fue a mediados de agosto en Tamaulipas, donde la Comisión Estatal del Agua (CEAT) invirtió 122 millones de pesos para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola para los Distritos de Riego Acuña Falcón, Bajo Río San Juan, Río Soto la Marina, Xicoténcatl, Mante y Río Pánuco Las Ánimas.
El 29 de septiembre de 2017, Peña Nieto entregó el Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste Chiapas ubicado en Tuxtla Gutiérrez, zona donde está el 70 por ciento de las tierras nacionales con capacidad productiva, y es dirigido por José Ángel del Valle Molina. Además de ser parte de los compromisos, es una obra conmemorativa del Centenario de la Constitución Política.
La obra tiene 92 hectáreas de superficie y planea beneficiar a 3 mil productores y 12 mil más de manera indirecta, y ya cuenta con los primeros 15 proyectos de agroindustrias. Su objetivo es posicionar productos locales en los mercados nacionales e internacionales, ya que la frontera sur conecta vía marítima con los mercados de América del Norte y la Cuenca del Pacífico. Por vía aérea, carretera y ferroviaria, se tiene comunicación con Centroamérica, el resto del país y Norteamérica.
El Parque Agroindustrial fue inaugurado hace un año con presencia del Presidente Enrique Peña Nieto; el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello; el ex Secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; el Secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo Villarreal; el ex Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa.
El evento fue en el marco de la Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos.
“Tan sólo aquí en Chiapas tenemos el liderazgo nacional en producción de café orgánico, aceite de palma, mango ataúlfo, limón persa, plátano y miel, y somos el tercer estado a nivel nacional en inventario de ganado bovino”, destacó en la inauguración el Gobernador Velasco.
“A esta capacidad agroalimentaria se le suman las cadenas de valor que le dará el nuevo Parque Agroindustrial y, tendrán por primera vez con la Zona Económica Especial, una plataforma de altura para comercializar sus productos con condiciones más competitivas”, agregó.
En el resto de compromisos palomeados para el estado planteó mitigar los efectos de la sequía mediante mantos acuíferos, impulsar la tecnificación del campo, elevar los bordos del canal principal de Humaya, así como construir otros bordos en la entidad.
“Algo se hizo en relación con la ampliación de algunos bordos de canales de riego para incrementar la capacidad de flujo de agua de las presas hacia los campos agrícolas, pero no fue la gran obra porque se hicieron algunos tramos. La infraestructura de riego en Sinaloa sigue en permanente deterioro y agudizándose al no haber un mantenimiento porque se agrieta y se pierde mucha agua”, consideró el economista local Gerardo López Cervantes.
Respecto a la sequía, expuso que “es un problema muy serio” en la entidad. “No hubo una mejora en mantenimiento de las presas ni mucho menos una ampliación de represas para la retención del agua para evitar que se fuera al mar”, dijo.
López Cervantes reconoció que el campo sinaloense lleva varios años tecnificado, pero el problema es que importa los insumos de tecnología.
Sobre la Presa Santa María, planeada para el municipio sureño de Rosario, Joel Hernández Niño, funcionario de enlace de gobierno con los comuneros, aseguró que no estará en 2018 como se había firmado, por el recorte presupuestal a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“La construcción no se suspende, pero sí se retrasa”, dijo a la prensa local.
El diario Noroeste reportó en marzo de este año que se cuenta con un presupuesto de 650 millones de pesos para la presa, de acuerdo con el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, y el Director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra.
La presa sureña, que tendrá una altura de 120 metros y una longitud de 784 metros, está en proceso de reactivación por lo que se están limpiando los canales y caminos de acceso que estaban parados por lluvias. Pero el Gobierno local prevé “años de incertidumbre” porque esos 650 millones de pesos garantizan el desvío del agua del río para que llegue a la cortina, lo cual cuesta alrededor de 2 mil millones de pesos, documentó el diario estatal.
Respecto a la sobreelevación del canal Principal-Humaya, en marzo de este año la Conagua entregó la obra, pero reconoció que se puede seguir ampliando. “Vamos a seguir invirtiendo en el canal porque sabemos que se necesita hasta donde sea necesario”, dijo el titular Roberto Ramírez de la Parra.
Asimismo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado dispersó 2 millones de pesos destinados a la construcción de bordos abrevaderos. Se tienen programados 150 pozos y 355 bordos abrevaderos para este año. Desde el 2016, con una inversión de 150 millones de pesos, se construyen el Bordo “El Cajón”, en el municipio de Badiraguato, y simultáneamente los de “Tamba” en Concordia, y “Otates”, en Cosalá, informaron los diarios locales.
El economista de la Universidad Autónoma de Sinaloa plantea que la entidad tiene un aprovechamiento agrícola de 700 mil hectáreas habilitadas para el sistema de riego, pero “se ve limitado el desarrollo de su potencial a causa de no contar con la suficiente agua dado el desperdicio de la misma”.
En general, determina Gerardo López Cervantes, “los compromisos se cumplieron parcialmente y muy lejos de lo que se requiere para Sinaloa”.
COMPROMISOS PALOMEADOS
Otro compromiso palomeado es uno para Zacatecas. Desde 2014, el entonces Director general de la Conagua, David Korenfeld Federman, y el Gobernador Miguel Alonso Reyes, dieron seguimiento a los trabajos de sustitución de cinco mil equipos electromecánicos de pozos. También a la modernización de canales de conducción de agua, lo que busca mejorar la productividad hídrica en el campo zacatecano.
Para atender el compromiso presidencial de tecnificar con riego 15 mil hectáreas de caña de azúcar en el Ingenio de Atencingo, en Puebla, desde el 2013 la Sagarpa y los productores invirtieron 23.3 millones de pesos para atender 872 hectáreas en beneficio de 848 productores de seis municipios poblanos.
Para 2014 la dependencia autorizó un proyecto especial con una inversión de 18.9 millones de pesos para tecnificar mil 200 hectáreas en beneficio de 900 productores. Pero hasta 2015, se han tecnificado más de dos mil hectáreas en la zona de producción cañera de las 15 mil prometidas.
A Michoacán, el principal productor de aguacate, le cumplió el compromiso de reforzar la vigilancia y protección fitosanitaria de los cultivos de esta fruta. En 2014, la Sagarpa y el gobierno estatal destinaron más de 175 millones de pesos para esta meta.
Sin embargo, en Veracruz les debe desarrollar un esquema de apoyo para elevar la productividad agropecuaria de Tierra Blanca y los municipios vecinos.
En Quintana Roo, desde 2014 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construyó 300 kilómetros de 39 caminos rurales y sacacosechas, con una inversión de 445.6 millones de pesos, con el propósito de impulsar el crecimiento económico de los municipios de Balacar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) atestiguó la regularización de 52 mil 208 predios en beneficio de más de 50 mil familias de Quintana Roo.
