(Proceso).- Más de mil amparos contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los cuales los ministros han admitido a trámite 567 que, hasta ahora, no tienen fecha de resolución.
Entre 2023 y lo que va de 2024 han sido enviadas mil 294 solicitudes de ejercicio de facultad de atracción (SEFA) a la Corte sobre el mismo número de amparos contra el decreto de extinción de dichos fideicomisos.
La extinción de 13 de los 14 fideicomisos del PJF fue una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que éstos concentraban 15 mil millones de pesos y eran utilizados para beneficiar únicamente a los ministros de la Corte y no a los trabajadores de los juzgados y tribunales federales del país.
En su momento, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) afirmó que su eliminación afectaba las finanzas del PJF y el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto de los derechos laborales adquiridos para los trabajadores de dicho poder.
“Los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro. Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación está relacionado con gastos de ministras y ministros. Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales”, precisó el CJF.
La reforma provocó que trabajadores del PJF salieran a las calles, por primera vez, a protestar no sólo contra la extinción de los fideicomisos sino contra los constantes ataques de los que han sido objeto los juzgados y tribunales federales del país de parte del presidente López Obrador y el resto de su administración.
Amparos, en dos juzgados
Ante la posibilidad de la presentación masiva de demandas de amparo, colectivas e individuales, para frenar la extinción de los fideicomisos, en noviembre último el CJF decidió concentrar en dos juzgados la resolución de estos asuntos para evitar sentencias contradictorias en todo el país e incrementar la carga de trabajo en todos los juzgados federales.
Así, los juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, son los encargados de resolver esos amparos y los tribunales colegiados en materia administrativa fueron los designados para resolver los recursos de queja o revisión que se tramiten contra las determinaciones dictadas en los juicios de garantías y los impedimentos que pudieran presentarse.
Los 567 expedientes que los ministros ya admitieron analizar —47 que llegaron en 2023 y 520 en lo que va de 2024— son amparos en los que fueron tramitados recursos de revisión contra las suspensiones definitivas que mantienen frenada la extinción de los fideicomisos.
Proceso confirmó que hasta el momento esos expedientes están en periodo de integración, es decir, que en ninguno de ellos existe un proyecto de resolución planteado ni hay fecha fija para que el Máximo Tribunal los discuta.
En tanto, la Corte ha rechazado conocer de otros 727 amparos en los que también se reclama la extinción de los fideicomisos del PJF. De ese total, 395 llegaron en 2023 y el resto en 2024.
Esto, debido a que en esos asuntos fueron tramitados diversos recursos de queja contra la admisión de las demandas de amparo, es decir, que ni siquiera había sido emitida ninguna resolución por parte de los jueces designados para resolver estos casos.
De acuerdo con la Ley de Amparo, la Corte sólo puede conocer de juicios de garantías cuando ejerza su facultad de atracción de recursos de revisión o quejas, siempre y cuando los casos revistan un interés trascendental, o cuando se tramiten recursos de revisión contra sentencias de amparo directo que fueron emitidas por los tribunales colegiados, pues el Máximo Tribunal es la única autoridad superior, jerárquicamente, a dichos tribunales.
Proceso informó el 15 de enero último que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y algunos quejosos solicitaron a la Corte atraer esos amparos que apenas fueron admitidos a trámite.
Ministras afines
El Ejecutivo federal buscaba con esto que la Corte, en la que actualmente ya hay tres ministras afines al presidente López Obrador —dos de ellas en la Segunda Sala que será a la que por materia le corresponderían estos casos—, fuera la que resuelva si los amparos procedían y, eventualmente, dictara las sentencias en los mismos.
Esto, pese a que desde diciembre último Morena, partido del mandatario federal, a través de la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, señaló que los ministros de la Corte no pueden ser “juez y parte” en las impugnaciones contra la eliminación de los fideicomisos, pues para entonces Javier Laynez Potisek concedió una suspensión para frenar la entrada en vigor de la reforma en las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados de oposición.
Los fideicomisos en pugna concentraban hasta su eliminación 15 mil 434 millones de pesos, las suspensiones concedidas para frenar la reforma únicamente se refieren a que el PJF no puede transferir los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), pero no especifican si seguirán funcionando como normalmente lo han hecho desde hace más de 10 años.
De acuerdo con el CJF, esos fideicomisos concentran los recursos para el pago de pensiones complementarias para mandos superiores del PJF, mandos medios, personal operativo, magistrados de Circuito y jueces de Distrito.
Asimismo, está el fideicomiso para auxiliar a los trabajadores operativos, que son los que ganan menos dentro del PJF, para el caso de extrema urgencia médica; el de los remanentes presupuestarios de 1998 y anteriores.
“Al menos seis fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, indicó el CJF.
“El personal operativo del PJF, que representa más de 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos”.
Uno de los más cuestionados por el Poder Ejecutivo federal es el fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces que, de acuerdo con lo que ha explicado el CJF, no se refiere a los inmuebles propiedad de estos juzgadores sino propiedad del propio Consejo y que se “prestan” a los jueces y magistrados que, por decisión de la Judicatura, son reasignados a entidades diferentes a la de su residencia habitual.
“Se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones a través de descuentos por vía nómina que se efectúan a los magistrados y jueces que tienen asignada una casa”, precisó el CJF.
