López Obrador, se ha volcado este jueves a lanzar críticas a la Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal que tendrá que resolver las impugnaciones que ya se han presentado en contra de la reforma electoral impulsada por el Gobierno, conocida como el “plan B”. A la fecha, los diputados de la alianza Va por México y las dirigencias de sus partidos han impugnado los cambios legales, que fueron aprobados el año pasado en el Legislativo por la mayoría de Morena. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya ha anunciado que también interpondrá un recurso ante el Supremo contra el “plan B”. Este miércoles, los 11 consejeros electorales, incluidos aquellos más proclives al oficialismo, hicieron un pronunciamiento unánime contra la reforma, de la que advirtieron de que pondrá en riesgo la organización de los comicios de este año y el siguiente, cuando será la justa por la sucesión presidencial.
Todavía no hay fecha para que la Suprema Corte vote los asuntos relacionados con el “plan B” —los 11 ministros deberán determinar si los cambios a leyes secundarias no violan la Constitución, norma máxima—, pero López Obrador adelantó desde hoy su sentir. Ha dicho que en el poder Judicial impera la corrupción, que la mayoría de los togados sirve al “viejo régimen” y que “los conservadores” influyen en las decisiones del Supremo, sin hacer distinciones en sus críticas con los cuatro ministros y ministras que él mismo propuso para el cargo. De la nueva presidenta del máximo tribunal, Norma Piña —que ha pintado su raya respecto del Ejecutivo—, dijo que debería dedicarse a perseguir a los jueces corruptos, materia en la que “tiene bastante trabajo”. “Hay comunicación [con la ministra presidenta] porque, independiente de las diferencias que podemos tener sobre el comportamiento de los jueces, que vamos a seguir señalando, hay trabajo conjunto, porque está de por medio el interés general, el interés del pueblo”, ha afirmado López Obrador.
¿Les tiene confianza a los ministros?, le preguntaron los reporteros en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.
“No”, ha dicho el mandatario. “Quizás algunos, uno, dos, tres. La mayoría viene del antiguo régimen, y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el poder Judicial. Aquí lo estamos viendo: lo que predomina, lo que impera, es que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia. Ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte ‘de Justicia’, si acaso ‘del Derecho’, porque en todo esto que estamos viendo, la liberación de presuntos delincuentes, se utiliza como excusa el Derecho”.
López Obrador se ha quejado de que los jueces anulen detenciones y ordenen la liberación de personas por fallas en el debido proceso, una garantía constitucional creada para prevenir los abusos policiales. Para el presidente, en esos casos, los juzgadores deberían señalar a las autoridades de seguridad cuáles fueron los errores en una captura y pedir que los enmienden, sin por ello ordenar la liberación de las personas detenidas, porque, ha dicho el mandatario, en muchos casos ello pone en riesgo a la sociedad.
“Tienen que limpiar de corrupción el poder Judicial”, ha afirmado. “Ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte dijo que había que reactivar todo el Sistema Anticorrupción. ¡Pues que empiece por el poder Judicial! Tiene bastante trabajo, con todo respeto. Ahí está el Consejo de la Judicatura, ustedes hagan un estudio de 20 años para acá, a cuántos jueces, magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura, pídanles ese informe y van a ver que el poder Judicial es como el Castillo de la pureza, entonces hay que seguir insistiendo en esto”.
El presidente ha vuelto a traer a colación la polémica por el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, a quien él propuso al Supremo y a la que ha defendido a capa y espada. “Y ahí están metidos los conservadores, como esto de la maestra Yasmín, ahí están todos, los de la UNAM, los periodistas y articulistas del conservadurismo y los intelectuales alcahuetes del régimen corrupto, todos ahí”, ha dicho.
López Obrador también replicó los señalamientos de los consejeros del INE de que el “plan B” electoral pone en riesgo la organización de los comicios, en parte porque los cambios legales implicarán el despido de 6.000 funcionarios electorales, una tercera parte de los recursos humanos con que cuenta actualmente la institución. “¿Cómo se va a poner en riesgo una elección, si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes, las que permiten la compra del voto?”, ha revirado el mandatario.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS
