Mostrando las entradas con la etiqueta desvío. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta desvío. Mostrar todas las entradas

Ivonne: desvío millonario

06 octubre 2014
Noticias de Yucatán ()

Aunque la Auditoría Superior del Estado de Yucatán dictaminó como “limpias” y sin saldo negativo las cuentas del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, de 2007 a 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo técnico fiscalizador de la Cámara de Diputados, detectó en esa administración, empero, irregularidades en el manejo de recursos federales por más de $1,000 millones sobre una muestra de $16,000 millones.
Según información oficial de la ASF, en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, el gobierno federal envió a Yucatán $90,800 millones, aproximadamente, durante la gestión de la señora Ortega Pacheco. De esa cantidad, $41,500 millones fueron participaciones federales -recursos de libre disposición, no auditables por la ASF-; y otros $49,300 millones correspondieron al gasto programable o condicionado, cuya asignación se establece anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de varios fondos, incluyendo las aportaciones al Seguro Popular.
Observaciones
De estos $49,300 millones, la ASF determinó una muestra de $16,000 millones, que revisó mediante la aplicación de 60 auditorías entre 2007 y 2012. Esto dio como resultado la emisión, por parte de la ASF, de 396 acciones y observaciones al gobierno yucateco, como informamos en la primera entrega de este reportaje, de las que 55 acciones fueron pliegos de observaciones respecto a un presunto daño económico a la Hacienda Pública Federal. Otras 55 fueron promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, que es la aplicación de sanciones a funcionarios públicos por el presunto incumplimiento de disposiciones normativas, y 258 acciones más fueron recomendaciones, es decir, sugerencias de carácter preventivo para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el cumplimiento de metas.
La Auditoría Superior emitió también 11 solicitudes de “Intervención de la instancia decontrol”, una acción mediante la cual se informa a la instancia de control competente sobre los hallazgos detectados en las auditorías, que no competen a la ASF, así como cinco solicitudes de aclaración -una acción excepcional de la Auditoría – en las que pide al gobierno de Yucatán documentos para aclarar operaciones irregulares o gastos sin justificación o comprobación.
Devoluciones
A consecuencia de las revisiones del manejo de los recursos federales por parte del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, realizado por la ASF, este organismo determinó “recuperaciones” (cobros), por $1,123 millones, de los cuales $837.2 millones fueron “recuperaciones operadas”, es decir, cobros en efectivo o en especie -obtenidos en el transcurso de las revisiones – por concepto de reintegro de fondos, cobro de responsabilidades resarcitorias fincadas, deductivas, reparación física o reposición de bienes o servicios y cobro de penas convencionales o fianzas, de las que se tiene un sustento documental.
De las “recuperaciones determinadas”, $187.1 millones corresponden a “recuperaciones aclaradas” por el gobierno yucateco y $98.7 millones a “recuperaciones probables o pendientes de aclarar”. La mayor parte de esta suma, dice el informe de la ASF, corresponde a irregularidades detectadas en el manejo de fondos en el Seguro Popular, en 2011.
Asimismo, la ASF realizó 546 observaciones por conceptos que no generaron una recuperación económica o dieron lugar a una recuperación que fue solventada antes de la conclusión de las auditorías. El año con el mayor número de anomalías en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, añade la ASF, fue 2008.
En su informe sobre Yucatán, este organismo precisa que sólo realizó un número limitado de revisiones, comparado con la magnitud de los recursos federales ejercidos, pero aún así, se lograron importantes “recuperaciones” que, de otro modo, se hubieran desviado a otros fines. Continuará.-HERNÁN CASARES CÁMARA
Auditoría Superior de la Federación | Revisiones
La Auditoría Superior de la Federación realizó 60 auditorías al gobierno de Yucatán entre 2007 y 2012.
Fondos
Las auditorías revisaron el manejo de los recursos federales de varios fondos como el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, de Aportaciones para los Servicios de Salud, de Aportaciones Múltiples y de Infraestructura Social Estatal y Municipal.
Seguro Popular
También el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, así como el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y las aportaciones federales al Seguro Popular.

Denuncian el saqueo contra el erario de Tzucacab

19 abril 2014
Noticias de Yucatán ()

Piden juicio alex secretario ya seis mujeres

TZUCACAB.- Autoridades municipales ratificaron ayer una denuncia que habían presentado por los delitos de robo y uso de documento falso, contra el ex secretario particular del alcalde, Jasmany Humberto Catzín Briceño, y seis mujeres.
De acuerdo con la queja, las implicadas cobraron siete cheques apócrifos con un valor total de 670,200 pesos, recursos de aportaciones federales que debieron servir para la infraestructura social municipal pero que fueron a parar a fondos personales de los malos empleados.
Según los términos de la denuncia interpuesta ante en la Fiscalía General del Estado, en la agencia décima segunda del Ministerio Público con sede en Tekax, número de carpeta de investigación NSJYUCFG03012201434, ayer al mediodía el alcalde Bernabé Antonio Tah Chuc; la secretaria municipal, María Zenaides Aurora Martínez Chan; la síndico, Laura Martín Pineda; el tesorero municipal, Víctor Manuel Carrillo Blanco, y otros empleados acudieron a ratificar la denuncia puesta días antes.
El tesorero municipal, Víctor Manuel Carrillo Blanco, relató que en marzo se dio cuenta de que hay cheques cobrados por personas que no conoce como proveedores del Ayuntamiento y no han sido autorizados por él ni por el alcalde.
Los siete cheques fueron cobrados durante 2013.
El 28 de mayo Isis Celina Dorantes Balam cobró ilícitamente un cheque por $97,000. El mismo día, Denia de los Ángeles Basulto Chi cobró otro cheque por $49,500. Al día siguiente Nancy Guadalupe Huchim Chi, canjeó otro por $98,500, y el 17 de julio Nancy Guadalupe Huchim Chi cobró otro por $80,000. Los cuatro cheques fueron cobrados en la sucursal de Bancomer en Ticul.
El 18 de julio Elsy Teresita Sabido Acevedo cobró un cheque por $98,000 en el mismo banco, pero en una sucursal de Mérida, y el 19 de julio Norma Angélica Uuh Dzul, cobró otro por $155,200, en la misma sucursal.
El último cheque, por $92,000, fue cobrado el 19 de julio por Elsy Teresita Sabido Acevedo en Ticul
Las mujeres señalaron que no han tenido relación de prestación de servicios ni son proveedores del Ayuntamiento y explicaron que los cheques les llegaron a través de Catzín Briceño.
Dijeron que bajo pretextos y engaños les dieron los cheques y les pidieron que los cobren. Parte del dinero se la dieron al ex secretario particular del alcalde.

Cuestionamientos al Isstey

17 abril 2014
Noticias de Yucatán ()

Si se reconoce una venta, ¿a dónde fue el dinero?, insisten


Política y gobierno
Horas después de que Ulises Carrillo Cabrera, director del Instituto de SeguridadSocial de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), reconociera que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco vendió a esa institución las tierras adquiridas para la Plataforma Logística, la asociación civil Acciones Líderes reitera una pregunta que considera medular: “¿A dónde fue a parar el dinero?”.
“En principio, celebramos que el señor Carrillo Cabrera admita esa operación, de la cual nunca se informó públicamente a pesar de su importancia no sólo por el monto de la compraventa ($332 millones) sino porque se trata de tierras adquiridas para un proyecto de relevancia”, subraya Arturo Cetina Bautista, presidente de la agrupación. “Sin embargo, su respuesta deja muchas dudas, que esperamos aclare”.
Ayer publicamos que el director del Isstey confirmó la compra de tierras de la Plataforma, luego de un señalamiento público de Acciones Líderes, y dijo que la operación ha sido redituable para el instituto.- ÁNGEL NOH ESTRADA
Terrenos | Ubicación
Los terrenos que pasaron a la lista de bienes del Isstey están en Progreso y Kanasín.
Los de la compra
Los de Progreso son los destinados a la Plataforma Logística.
A cambio de un pago
El de Kanasín es de 5 hectáreas y el Isstey lo recibió a cambio de aportaciones de $12 millones.

Surgen más dudas

Piden respuesta a preguntas sobre las compras del Isstey

“Celebramos que el director del Isstey, Ulises Carrillo Cabrera, haya respondido a nuestros señalamientos y reconozca que las tierras que compró al gobierno del Estado son de la Plataforma Logística, pero ahora surgen másdudas que también ameritan respuesta”, declara Arturo Cetina Bautista, presidente de Acciones Líderes, A.C.
“Esas mismas dudas nos hacen pensar que, tal como se ha rumoreado, el señor Carrillo fue nombrado director del Isstey en la presente administración para que corrija todo lo que está mal en ese instituto”, añade.
Ayer publicamos el texto de una carta que nos envió Ulises Carrillo en respuesta a señalamientos de Acciones Líderes, una asociación civil integrada por jóvenes involucrados en temas de transparencia en el quehacer público y otros asuntos de interés colectivo.
El director del Isstey, quien fue jefe del Despacho de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y posteriormente secretario de Planeación, reconoció que ese instituto compró al gobierno del Estado un terreno de 330 hectáreas en 332 millones de pesos.
El funcionario citó a diciembre de 2011 como mes de la compraventa y admitió que la superficie adquirida es la destinada a la Plataforma Logística de Progreso. Agregó que en septiembre de 2012 el Isstey recibió otro lote, de cinco hectáreas en el fraccionamiento Renacimiento de Kanasín, con valor de $12 millones como pago de aportaciones de “la administración pública estatal”.
Sobre esas afirmaciones, Arturo Cetina formula, entre otros, los siguientes conceptos:
-Ya se reconoce la compraventa de los terrenos de la Plataforma Logística, pero sigue vigente la pregunta que planteamos desde el principio: ¿a dónde fue a parar el dinero? No es cualquier cosa. ¡Son $332 millones de los derechohabientes del Isstey!
-El señor Carrillo podrá alegar que el destino del dinero no es tema de su competencia, porque él es sólo director del Isstey, pero no hay que perder de vista que era el secretario de Planeación de Ivonne Ortega y, como tal, estuvo involucrado en la transacción.
-Un detalle que también llama la atención es la fecha que reporta el director sobre la compraventa. Dice que fue en diciembre de 2011. Si así fue, ¿por qué en los informes del propio gobierno no aparece entre los bienes y operaciones financieras del Isstey sino hasta los dos meses finales del gobierno anterior?
-Otra pregunta: ¿por qué no informaron de esa operación? ¿Por qué se tuvo que hacer un señalamiento público para que la conociéramos?
-Nos dicen que el Isstey ya obtuvo buenos rendimientos financieros por esa transacción y que ahora las tierras valen más. Valdría la pena saber a qué sobreprecio las ofrecerán a los inversionistas y si éstos lo pagarán, cuanto en otros lugares los gobiernos ofrecen facilidades y estímulos para este tipo de proyectos.
-En su carta, el director del Isstey revela dos tratos diferentes en un mismo tema. Resulta que el Ejecutivo entregó un terreno de cinco hectáreas en Kanasín como pago de aportaciones, pero a cambio pidió y recibió 332 millones que, insisto, no sabemos qué destino les dio.
-También nos dicen que no hay daño patrimonial al Isstey, pero ¿saben los derechohabientes que su dinero es utilizado al arbitrio de quienes dirigen el instituto, aun cuando aleguen que tienen la aprobación del Consejo Consultivo?
-Por supuesto, no es malo que la institución tenga un patrimonio inmobiliario amplio. Sin embargo, se admite un pago de $332 millones en momentos que todos saben que el Isstey se enfrenta a problemas económicos derivados, entre otras cosas, de la deuda del propio gobierno.
-Invitamos a las cámaras empresariales y a otras agrupaciones a que se pronuncien sobre este tema: ¿están de acuerdo?
-Y regresamos a una pregunta clave: ¿a dónde fueron a parar los 332 millones de pesos?- ÁNGEL NOH ESTRADA
Carta del PRI
Bienes de $344 millonesEn la carta que nos envió anteanoche, el director del Isstey admite que en los meses finales del gobierno anterior, en el que fue jefe del Despacho de la gobernadora y después secretario de Planeación, el instituto adquirió bienes inmuebles con valor de 344 millones de pesos.
Son de la Plataforma
De esa suma, la mayor parte, $332 millones, fueron para el pago de 330 hectáreas que le vendió el gobierno del Estado en la carretera Mérida-Progreso. Esa superficie es la destinada a la construcción de la Plataforma Logística.$12 millones en Kanasín
Los $344 millones se completan con un terreno de cinco hectáreas en Kanasín que el Ejecutivo del Estado entregó como pago de aportaciones. Esa superficie, según el Isstey, está valuada en $12 millones.
Crítica
En una carta que nos mandó anoche, Carlos Pavón Flores, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Yucatán, comenta que los jóvenes que dicen formar parte de la asociación civil ciudadana Acciones Líderes, pertenecen al Partido Acción Nacional, de ahí la crítica que hacen al Gobierno del Estado inducidos por su filiación.
Asociaciones
“Es una lástima que este partido que criticó tanto a líderes estudiantiles ahora utilicen asociaciones civiles afines para golpear al gobierno”, dice.
Vídeo
Señala que al menos tres integrantes mantienen nexos políticos con el actual candidato a la dirigencia nacional del PAN, Ernesto Cordero Arroyo. En la liga www.youtube.com/ watch?v=IABvYLZPGJw se puede ver un vídeo con el título “Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva en Yucatán”, en el que participan en la bienvenida a Cordero en la sede del PAN.

“Desvío” en la feria turística

16 abril 2014
Noticias de Yucatán ()

Denuncia judicial sobre un manejo durante el Kihuic


El presidente de la Cámara Mexicana de Hoteles de Yucatán, Ricardo Dájer Nahum, denunció ayer ante la Fiscalía y la Contraloría estatales un presunto desvío de recursos económicos en el gobierno estatal, que puede configurar violaciones administrativas y legales.
Los hechos denunciados tienen relación con el Kihuic del Mundo Maya que realizó en septiembre pasado. Según indica, indebidamente la Secretaría de Fomento Turístico nombró a un particular (Gonzalo Novelo Luján, director de la empresa Expodesarrollos) representante en asuntos de esa reunión.
Los expositores se vieron obligados a contratar con Gonzalo Novelo los espacios de esa muestra. Pero los pagos debieron hacerlos a nombre de otro particular: Guadalupe Manrique Montero Mex, persona física que expidió las facturas y titular de la cuenta bancaria donde se depositó el dinero.
El domicilio fiscal que dio Guadalupe Manrique corresponde a un predio de Villa Magna arrendado para casa habitación y en estado de descuido. La habitan Jonathan Salazar Uh y su madre, Carmelina Uh Uan. Ante un notario, el joven dijo que vive solo con su madre, que ese predio no funciona como oficina, que Guadalupe Manrique es su padrastro y éste es dueño de Expodesarrollos.
El Servicio Nacional del Empleo dio a Guadalupe Manrique un apoyo de $1,100, lo cual contradice su posición económica.- Hansel Vargas
Caso
Las evidencias.
En la denuncia se muestra copia del portal de internet del Kihuic, donde se muestra que la Sefotur nombró a Gonzalo Novelo como su representante, y que los pagos debían hacerse a Guadalupe Manrique en vez de ingresarlos a una cuenta del gobierno estatal.
Dájer Nahum considera además que la autoridad no puede designar como representante suyo a un particular.

Más desvíos en Salud

23 marzo 2014
Noticias de Yucatán ()

Mala gestión de Ivonne Ortega en el Seguro Popular

Los funcionarios responsables del Seguro Popular en Yucatán (que afilia a más de un millón de personas), utilizaron indebidamente en 2012, en el gobierno de Ivonne Ortega, casi $38 millones para el pago de serviciossubrogados no autorizados, contratación de médicos sin papeles y liquidación de facturas atrasadas de 2011, según el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de ese año, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunque ese desvío es menor que el detectado por el mismo organismo en las cuentas del Seguro Popular en el Estado, en 2011 -que ascendió a $91 millones- la mala aplicación de los recursos ha ocasionado, dice la ASF y un informe del Sistema de Protección Social en Salud, del gobierno federal, un aumento en el nivel de insatisfacción de los usuarios con el servicio en general y con la atención del médico en particular.
En 2012, explica la ASF, por cada 6,428 pacientes del Seguro Popular en Yucatán, había un médico, en tanto que el tiempo de espera de los pacientes para recibir consulta era de una hora y media.
Esta situación coloca a Yucatán en el lugar 28 en el país en nivel de satisfacción con elservicio.
El Seguro Popular en el Estado lo administra los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), que en 2012 desviaron, dice la ASF, casi $39 millones adicionales de recursos federales, asignados al sistema estatal de salud, particularmente por la contratación “improcedente” de médicos y la creación de plazas.
El titular de los SSY ese año, Álvaro Quijano Vivas, permaneció en el cargo tres meses más, luego de la salida de Ivonne Ortega del gobierno y de la entrada de Rolando Zapata, en octubre, al parecer para solventar las acusaciones contra esa dependencia. En enero de 2013 lo sustituyó el actual secretario, Jorge Mendoza Mézquita.
A fines de 2012 y durante casi todo 2013, la directora del Seguro Popular en el Estado, Dra. Heidy de Lourdes Río Hoyos, compareció varias veces ante la Contraloría del Estado, que auditó las cuentas de esa dependencia por encargo de la ASF, para aclarar los presuntos desvíos.
La Dra. Río Hoyos empero continúa hasta ahora al frente del Seguro Popular.
En la revisión de la ASF se detectó que el Seguro Popular en Yucatán destinó doce millones 467 mil pesos al pago de facturas de reactivos para pruebas de laboratorio y de tamiz neonatal ampliado integral, correspondientes a 2011, que supuestamente ya estaban liquidadas.
Lo mismo hizo con una aportación de cinco millones 129 mil pesos, destinado al pago de servicios de salud subrogados de pacientes en 2012. En lugar de gastarlo en este rubro, lo hizo para pagar deudas por servicios subrogados de 2011.
Asimismo, de acuerdo con la ASF, los SSY compraron 588 servicios de “Anestesia de alta especialidad” por tres millones 942 mil pesos, sin estar amparados en algún contrato, y pagaron 277 mil pesos por servicios subrogados sin contrato legal.
Además de estas cantidades, el Seguro Popular realizó los siguientes gastos indebidos: seis millones 352 mil pesos, ejercidos en conceptos no autorizados por la norma. Cuatro millones 584 mil pesos, en gastos extraordinarios no autorizados en el rubro de consulta segura y registro biométrico. Dos millones, 717 mil pesos pagados a 10 servidores públicos que no acreditaron el perfil de la plaza contratada y un millón 127 mil pesos, pagados a 4 personas con plaza médica que efectuaban labores administrativas.
Asimismo, 647 mil pesos pagados a 2 personas con plaza médica no localizadas, 97 mil pesos pagados a 3 servidores públicos que no acreditaron el nivel con su cédula que avale su especialidad y 66,500 pesos para gastos operativos sin documentación comprobatoria.
En total, concluye la ASF, los SSY y el Seguro Popular desviaron recursos federales por 37 millones 407 mil pesos, cantidad que el gobierno del estado devolvió a la federación con los intereses respectivos.-HERNAN CASARES CAMARA
Seguro Popular | Carga de trabajo
Capacidad
Según la Auditoría Superior de la Federación, cada médico en nómina del Seguro Popular en Yucatán que prestó sus servicios frente al paciente durante 2012, atendió en promedio a 6,428 afiliados, lo que significa una relación de 0.8 médicos por cada mil pacientes.
Relación
Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los servicios de salud pública tengan al menos 2.5 médicos por cada mil pacientes.
Tiempo de espera
De acuerdo con un informe del Sistema de Protección Social en Salud del gobierno federal, que rige el seguro popular en el país, el tiempo de espera de un paciente de este sistema en Yucatán para recibir consulta es de 96.82 minutos, mas de hora y media; mientras en el resto de México es de 78 minutos.
Satisfacción
Según ese informe, Yucatán ocupa el lugar 28 en el país en nivel de satisfacción con la atención médica.

Derrochan dinero en plazas

Hasta $43,000 al mes para falsos expertos en salud

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) realizaron “pagos improcedentes” por casi 39 millones de pesos en 2012, en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, para contratación de médicos encargados de tareas administrativas o distintas para las que fueron llamados, con un sueldo mensual de $31,000, así como médicos especialistas sin la cédula que avale su especialidad, según una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con ese organismo, la Contraloría del gobierno estatal revisó 118 expedientes de personal de la dependencia en 2012 y detectó un pago de 24 millones 461 mil pesos por la contratación de 66 médicos que realizaban funciones administrativas y que recibían en $31,000 de sueldo promedio al mes.
También se encontró una lista de 17 médicos que realizan funciones distintas a las que les fueron asignadas y que percibían ingresos mensuales de $36,660, para un total de siete millones 460 mil pesos al año.
Asimismo, la ASF descubrió una erogación de los SSY por cinco millones 155 mil pesos en 2012 para pagar los sueldos de 10 médicos supuestamente especialistas, pero que no mostraron la cédula que avala su especialidad, y que recibían $43,000 mensuales en promedio. También otra partida por un millón 917 mil pesos destinada a otros gastos en sueldos sin justificación.
En total, por este concepto los SSY gastaron 38 millones 995 mil pesos en pagosimprocedentes, que el actual gobierno local tuvo que devolver a mediados de 2013.
Al revisar las nómina de los SSY y la plantilla de personal de 2012 autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ASF observó la falta de congruencia entre las plazas registradas y autorizadas en esa plantilla y las consideradas en nómina por los SSY, ya que aquí habían 664 plazas de más.
Asimismo, de acuerdo con la ASF, la dirección general de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud federal autorizó las comisiones sindicales con goce de sueldo a 31 empleados de esa dependencia durante todo 2012.
Además, documentó otras anomalías, como la utilización de 18 cuentas bancarias para la recepción y administración de los recursos federales enviados al gobierno del Estado, como parte del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en lugar de una sola cuentas, como marca la norma.
¿Y los intereses?
Esto, explica el informe de la ASF, dificultó la fiscalización y comprobación del gasto de los fondos federales que ascendieron en 2012 a mil millones 342 mil pesos.
Un efecto de esto, añade la ASF, es que mientras los SSY informaban que al 31 de diciembre de ese año ya habían ejercido el 100 por ciento de los recursos federales, en una de esas 18 cuentas aparecía un saldo de $168,000, que nadie podía explicar.
Los SSY tampoco reportaron a las autoridades el cobro de $369 mil de intereses generados en la cuenta bancaria de los recursos del Fondo. Esta misma situación, la desaparición de los intereses, ya había ocurrido en 2011, según la ASF.-H.C.C.
De un vistazo
Seguro Popular
Los afiliados al Seguro Popular son aquellos que no cuentan con algún mecanismo de previsión social en salud, por su situación laboral.
Afiliados
Para 2013, el número de afiliados en Yucatán ascendía a 1,003,182 personas, de las cuales 706,978, el 70.5%, tiene muy bajos ingresos y, por lo tanto, no pagan cuota de afiliación.
Cuotas
Ese gasto lo absorbe el gobierno federal y estatal.
Presupuesto
En 2012 la aportación de la Federación al Seguro Popular en el estado fue de $546 millones, de los cuales $146 millones fue para gastos de personal y $130 millones para la compra de medicinas.

Abono este año al Isstey

24 enero 2014
Noticias de Yucatán ()

El Ejecutivo le pagaría al menos intereses vencidos


El gobierno del Estado inició pláticas con el Consejo de Administración del Isstey para liquidar este año al menos los intereses acumulados -más de 300 millones de pesos- por la deuda pendiente con esa institución, dijo ayer Roberto Rodríguez Asaf, secretario de administración y finanzas.
En su comparecencia ante los diputados locales, el funcionario también aseguró en el Congreso, al comparecer por la glosa del I Informe de Gobierno, que gracias a la renegociación de la deuda del Estado este año se ahorrarán más de 270 millones de pesos.
“De frente a los yucatecos podemos decir que, en este 2014, pagaremos 8% menos en el servicio de la deuda.
“Hoy somos un Estado con bajo nivel de deuda. La Secretaría de Hacienda federal nos ubica como el cuarto estado con menor nivel de obligaciones financieras del país”, afirmó el secretario.
De la deuda con el Isstey, el pasado miércoles informó el Diario que asciende a $2,059 millones, con los intereses, por lo que dejó de pagar la administración de Ivonne Ortega Pacheco.
Al responder sobre este tema a los diputados, Rodríguez Asaf aseguró que esta administración desde su inicio paga puntualmente todos los servicios del Isstey y, para resolver el problema de la deuda, el 23 de diciembre envió el gobierno una carta de intención, para acordar los mecanismos con los cuales se resolverá su pago.
“Hay órdenes precisas del gobernador para resolver este problema en los próximos meses, este mismo año”, puntualizó el funcionario.
“Al cierre del ejercicio que se informa, podemos afirmar que las finanzas del Estado son estables”, añadió el secretario.
De acuerdo con un comunicado del grupo parlamentario del PRI en el Congreso yucateco, Rodríguez Asaf expresó además que los resultados del plan de austeridad y nueva cultura del gasto público del gobierno del Estado se hacen palpables en ahorros que permitieron la gestión de diversos programas federales, así como la inversión en campañas de prevención del dengue como la descacharrización y el reciclaje; además de las referentes a la temporada de huracanes y prevención de incendios.- DAVID DOMÍNGUEZ M.
De un vistazo
Deuda a proveedores
El gobierno del Estado ya no tiene deudas con proveedores, la que heredó de $432 millones ya fue liquidada, dijo el secretario de finanzas.
Publicidad
Al responder a los diputados el funcionario señaló que el presupuesto de comunicación social era de $30 millones y ejerció $200 millones, por campañas contra el dengue, incendios y otros imprevistos.

Plazo de veinte días a la Comuna de Tekax

05 noviembre 2013
Noticias de Yucatán ()


La alcaldesa debe devolver recursos faltantes de 2012

Al confirmarse presuntas irregularidades del Ayuntamiento de Tekax, empieza a correr un plazo de 20 días para que Carmen Navarrete Navarro, alcaldesa de ese municipio, solvente una serie de observaciones por faltantes de recursos federales correspondientes a 2012.
La Contraloría del Estado, como parte del trabajo que hace de manera coadyuvante con la Auditoría Superior de la Federación, realizó una serie de auditorías a ese municipio, por las cuales le hicieron algunas observaciones a la Comuna tekaxeña.
La propia alcaldesa informó a los medios de comunicación la semana pasada que, como parte de esas auditorías, se hallaron anomalías en el manejo de recursos de programas federales, pero no recordó a cuánto asciende el monto de las presuntas irregularidades.
En julio pasado publicamos que, según evidencias recabadas, la presidenta municipal no convocaba al Cabildo para analizar las cuentas del Ayuntamiento desde hacía ocho meses, usaba facturas “fantasmas” para desviar cuantiosas sumas del presupuesto y sus opositores decían que tenía a integrantes de su familia en la nómina o en la lista de proveedores.
En agosto informamos que los regidores de Tekax se negaron a aprobar las cuentas de la alcaldesa, por considerar que incurrió ésta en varias anomalías.
Según se informó en la auditoría, los presuntos faltantes de recursos confirmados recientemente son el resultado de una auditoría directa de la Federación por recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
También se trata de una auditoría de la Contraloría del Estado, coordinada con la Función Pública, sobre los fondos del Prosapys y Apazu, todos correspondientes a 2012 que se encuentran en estos momentos en el proceso de solventación.
Por las presuntas irregularidades encontradas se le hizo una serie de observaciones a la administración municipal, y la Contraloría le dio un plazo de 20 días para solventarlas.
Según la alcaldesa, se trata de dinero que sale de la tesorería municipal para apoyo a la población marginada, como los discapacitados, desempleados, incluso para compras de productos para el Ayuntamiento.
“Es un dinero que sale de participaciones que, sin embargo, se devuelve cuando se tienen los ingresos por concepto de impuesto predial y cobro de agua potable”, dijo.
La alcaldesa añadió que ya realizan un arqueo en sus finanzas para verificar la cantidad que se aportó por diversos motivos sin que exista factura o comprobante, y que está segura de que no será cantidades cuantiosas.
Está pendiente también la revisión de sus cuentas por la Auditoría Superior del Estado.

Desvíos en el Seguro Popular

Noticias de Yucatán ()


Detectan el mal uso de casi $91 millones en 2011


a Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el desvío de más de $91 millones del presupuesto del Seguro Popular en Yucatán en 2011, durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, y por eso abrió un proceso de recuperación de ese dinero.
Según la ASF, funcionarios del Régimen de Protección Social en Salud (la dependencia que maneja el Seguro Popular) destinaron más de $46 millones a la compra de medicinas a farmacias particulares, prohibido por la norma establecida, así como $15 millones del presupuesto de 2011 al pago de medicamentos adquiridos en 2010, sin la autorización correspondiente.

Hallan probable desvío en Tizimín

22 agosto 2013
Noticias de Yucatán ()

El rancho de un funcionario, con enorme bonanza


TIZIMÍN.- Luego de una denuncia, los ediles de oposición encontraron maquinaria pesada, tuberías para sistemas de riego y una casaen el rancho en construcción de un funcionario municipal.
Porfiria Peraza Aguilar, Luis Vázquez Várguez, Angélica Borges Páez y Eddie Pérez Castillo visitaron ayer el rancho de Miguel Aguayo Arceo, director de la feria, y descubrieron “presunto desvío de recursos del Ayuntamiento”.
Hicieron un recorrido en el terreno y en la entrada hallaron una perforadora de pozos y en el interior vieron a empleados poniendo un techo con láminas de asbesto.
Según los panistas, de la noche a la mañana se vio la bonanza de este funcionario, pues de pronto comenzó a progresar; dentro del rancho también se encontraron maquinaria de excavación para sistemas de riego, lo que consideran costoso pues su renta es de unos $2,000 diarios.
Lamentaron que aún no dé a conocer las ganancias de la Feria de Reyes.Además, en el predio había malla borreguera y en los últimos días un vehículo pesado descargó tubería para la instalación de riego, por lo que creen que en esa área se va a mecanizar todo el terreno.Recuerdan que antes de ocupar un cargo en el ayuntamiento no habían visto una mejoría económica en esa propiedad, pues el propietario la tenía abandonada.Los regidores afirman que a la fecha no se ha informado del destino de las ganancias que dejó la pasada feria de Reyes, por lo que presumen que lo hallado es muestra de un claro desvío de recursos.Los blanquiazules señalan que esto es sólo un ejemplo de lo que ocurre con algunos directores y colaboradores de la alcaldesa María del Rosario Díaz Góngora.Advierten que continuarán investigando pues ya les llevaron las denuncias de otros funcionarios de la Comuna que están mejorando económicamente en esta administración y posiblemente desviando recursos que deberían llegar a las familias que menos tienen.-

Ex funcionario de Tabasco compra terrenos ejidales en Kanasín

30 mayo 2013
Noticias de Yucatán ()


Desde hace tres años el ex secretario de Finanzas de Tabasco José Manuel Saiz Pineda opera en el Estado mediante la adquisición de numerosos terrenos ejidales de Kanasín.
En opinión de conocedores, “medio Kanasín”, en su zona ejidal conurbada con Mérida, es propiedad del ex funcionario, quien es buscado por sus presuntos nexos con un desvío del erario.
De acuerdo con copias del Registro Público de la Propiedad, Saiz Pineda, su padre Juan José Saiz Zarza y otras personas cercanas a ellos se adjudicaron 357 hectáreas en común acuerdo con funcionarios ejidales de ese lugar.
Para obtener los terrenos ejidales, que luego fueron privatizados, los compradores fueron aceptados como ejidatarios.
Los terrenos se comercializan ahora por medio de la empresa “Patrimonio Kanasín”, que a principios de este año adquirió las 357 hectáreas de Saiz Pineda y sus colaboradores.
Entre los directivos de esa empresa, que vende los terrenos, están José Esteban Correa Bolio, Silvio Alejandro Díaz Gutiérrez y Lorenzo Medina González.
La venta a favor de “Patrimonio Kanasín” tiene varios riesgos, ya que en realidad no se pagó la cantidad pactada. En los próximos diez años se abonarán a Saiz Pineda y personas cercanas alrededor de $123 millones.
Este dinero se recibirá de quienes viven los terrenos ejidales, cuyos documentos están en trámite de “regularización” pese a que tienen muchos años viviendo en esos inmuebles.
Si por algún motivo “Patrimonio Kanasín” no paga alguna cantidad a los vendedores, la compraventa se deshace, de acuerdo con lo asentado en el contrato.
Apenas en enero y febrero se hicieron los registros de las operaciones entre Saiz Pineda, Saiz Zarza y “Patrimonio Kanasín”.
Tablajes catastrales como los números 16480, 16482, 16588 estuvieron a nombre del ex secretario de Finanzas de Tabasco. Entre los datos personales el ex funcionario asentó ser “empleado, de 45 años”.
El gobernador tabasqueño Andres Granier Melo y su ex tesorero Saiz Pineda son buscados por la Procuraduría de ese lugar, ya que los vinculan directamente con el hallazgo de cerca de $100 millones en una casa de Nacajuca.
Tablajes como los número 16470, 16471, 16478 y 16479 fueron de Saiz Zarza, “empleado, de 76 años” que pagó fuertes cantidades por esa heredad.
Hay predios adquiridos entre ambos. Otros fueron adquiridos “al 50%” con Antonio Israel Osorio Loría, “empleado, de 29 años”.
Un compromiso de “Patrimonio Kanasín” es pagar el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI) en un plazo de doce meses, a razón de $660,400 por mes.
En los registros aparecen otros nombres de copropietarios de los tabasqueños.- Rudesindo Ferráez García
En manos tabasqueñas | “Medio Kanasín”
Una nueva arista surge a raíz del escándalos financiero y de corrupción en Tabasco.
Desde 2010
Las inversiones de José Manuel Saiz Pineda y su padre Juan José Saiz Zarza en la compra de una docena de terrenos en ese municipio lleva tres años.
Empresa
Con varias restricciones, los inmuebles se vendieron a “Patrimonio Kanasín” que a su vez los comercializa o “regulariza” con los antiguos posesionarios de los predios.
Riesgo
Si por alguna razón esa empresa no paga a los Saiz la compraventa se deshace y quienes salen perdiendo son los “regularizados”.
Millonario abono
El ex tesorero y socios deben recibir al mes mas de $1 millón.


Niegan vínculos actuales

Una asociación sí compró tierras a un ex funcionario


La asociación “Patrimonio Kanasín” acepta que compró una superficie de ese municipio al ex tesorero de Tabasco José Saiz Pineda, aunque niega cualquier vínculo con el ex funcionario.
En marzo informamos que “Patrimonio Kanasín” es dueña de amplia superficie en ese municipio gracias a polémica compra al ejido y fue creada por los empresarios Lorenzo Medina González y Esteban Correa Bolio. El presidente es Rodrigo Díaz Gutiérrez y el representante legal es el ex subprocurador Rafael Acosta Solís.
Ayer, a través de María José Ongay, ejecutiva de “Patrimonio Kanasín”, el Diario pidió la versión de los empresarios y de Silvio Díaz Gutiérrez sobre el caso.
Al respecto, “Patrimonio Kanasín” nos envió un comunicado que, entre otras cosas, dice lo siguiente:
“El señor Saiz Pineda vendió a ‘Patrimonio Kanasín’ una superficie de tierra por medio de un representante legal. No se tiene vínculo alguno con dicha persona, nunca hemos recibido dinero de Saiz Pineda ni es socio directa ni indirectamente.
“La compraventa es una de varias que se han realizado, pero sin que esto implique algún tipo de sociedad, amistad, asociación, participación o cualquier vínculo más que el de una simple transacción”.

El cambio de lámparas tardará 10 meses

26 abril 2013
Noticias de Yucatán ()


Plan para retirar las luminarias de inducción

El cambio de luminarias en la administración anterior no significó un ahorro real en el consumo de energía, ni la disminución de la facturación de la CFE, explicó Mario Martínez Laviada.
“Sí bajó el consumo, pero a costa de desiluminar la ciudad. Se colocaron lámparas con menor potencia y apagaron grandes sectores”. Además, dijo que acreditar el ahorro era prácticamente imposible, porque el 80% de las lámparas carecen de medidor y la CFE cobra el consumo bajo una estimación.
Como las lámparas de ABC Leasing no tienen certificación de ahorradoras, la CFE no podía acreditar una disminución en el consumo.
Según el funcionario, la empresa, que tiene un plazo de 10 días hábiles para interponer un recurso de reconsideración, deberá presentar al Ayuntamiento un calendario con las fechas en las que bajará las luminarias, “para que nosotros pongamos las nuevas”.
Hoy, en el Cabildo, añadió, solicitaremos autorización para que, en lugar de pagar la renta a ABC Leasing, destinemos ese dinero a la compra de las nuevas luminarias. De los $470 millones del contrato, señaló, ya pagamos $111 millones. De lo previsto en el contrato, usaremos $218 millones para completar el cambio, en un plazo de 8 a 10 meses, y dejar a la siguiente administración un remanente de $57 millones.
En un mensaje que leyó, Barrera Concha recordó que “nuestras avenidas, calles y parques estaban apagados y habían sido sacrificados mediante el engaño de anteriores funcionarios que vendieron una falsa teoría sobre iluminación y ahorro”.


No a lámparas chinas

Plan para instalar nuevas luminarias de vapor de sodio


El Ayuntamiento cancela millonario contrato de arrendamiento
El Ayuntamiento anunció ayer la cancelación anticipada del contrato de arrendamiento de 80,000 lámparas chinas del alumbrado público a la empresa ABC Leasing, debido a que no cumplió con las normas oficiales en la materia, ni con los términos del propio contrato.
El alcalde Renán Barrera Concha informó que hoy, en sesión de Cabildo, se pedirá autorización para usar el dinero de ese arrendamiento en la compra de nuevas luminarias, que podrían ser de vapor de sodio, como antes.
El oficial mayor Mario Martínez Laviada informó que ya se notificó a la empresa de esta decisión. “Lo que sigue es que baje sus lámparas para que coloquemos las nuevas”. El proceso de cambio duraría 10 meses.
En un comunicado, ABC Leasing niega el incumplimiento del contrato y dice que “ejercerá las prerrogativas a que tiene derecho”.

La renta, un engaño

Pedirán castigo a los responsables de la operación

Visitas

Opinión

Elecciones

Nota Destacada