El resultado de auditoría al Senado será público, aseguran

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Las cuentas del Senado de la República serán auditadas durante los próximos días en todos los rubros, anticipó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, quien prometió que los resultados serán públicos.
“Hoy nos interesa a nosotros que, por vez primera somos mayoría, recibir bien para entregar bien; saber qué recibimos, porque es tan amplio el Senado que no podemos darnos cuenta de cómo está, y por esa razón es la auditoría. No se busca perjudicar a nadie, no se busca perseguir a nadie, pero lo que resulte se va a proceder”, enfatizó el también coordinador de Morena en la Cámara Alta.
Se determinó que sea la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien haga este ejercicio de rendición de cuentas y buen manejo de los recursos públicos.
“Los alcances son amplios, no sabemos qué va a resultar; pero lo que resulte lo vamos a dar a conocer a la opinión pública, lo que resulte vamos a expresar nuestro punto de vista de deslindar responsabilidades, en el caso de que existan. Esperamos la información que nos llegue por parte de la Auditoría. Ya empezaron, iban a empezar ahora, porque esto apenas se entregó el 19 de septiembre”, sostuvo Monreal Ávila.
Piden información sobre Odebrecht, Sedatu y Tribunal Agrario
Monreal informó también que durante la reunión de la Jucopo se aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) información respecto al caso Odebrecht.
“El punto de acuerdo es que no solo el Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública, que ha informado (...) sino también, estamos solicitándole a la Procuraduría General de la República por qué no ha actuado en las carpetas de investigación contra los presuntos responsables del quebranto, y también de la extorsión, de la corrupción que hay alrededor de esto”, indicó el senador morenista.
Adicionalmente, el Senado de la República exigirá rendición de cuentas de parte de los Tribunales Agrarios, pues se acusa tráfico de influencias entre los magistrados y despachos para hacer perder al Estado en muchos casos.
“Ya se emitió una resolución por unanimidad, para pedir información sobre los asuntos que en el Tribunal Agrario se han ventilado y que presumimos hay o puede haber tráfico de influencias o puede haber vinculación con despachos para perder los negocios en detrimento del erario… Tiene que ver mucho con pagos en donde se allanan las autoridades, no interponen recursos y dejan condenado al Estado mexicano a pagar cantidades exorbitantes; sin que Sedatu o el Tribunal puedan cuidar el patrimonio de la nación”, explicó el exdelegado de Cuauhtémoc.

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Compadre de Peña Nieto ganó licitaciones pese a serie de irregularidades, revelan auditorías

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El portal Aristegui Noticias señala que una de las obras realizadas por las constructoras beneficiadas se encareció en 43 millones de pesos y en otra no se comprobó el gasto de 6 millones 570 mil pesos
Constructora Urbanizadora Ixtapan e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, empresas que pertenecen a la familia San Román, ganaron licitaciones sin cumplir los requisitos de ley, señala un artículo de Aristegui Noticias.
De acuerdo al texto, las firmas incurrieron en irregularidades administrativas y económicas.
Las empresas tienen como principal accionista a Roberto San Román Dunne, hijo San Román Widerkehr, quien es a su vez es padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, hija mayor de Enrique Peña Nieto.
"En octubre de 2016, Aristegui Noticias documentó que una empresa de Ricardo Arturo San Román Dunne vendió al doble de precio un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado: la maquinaria fue vendida desde EU a 240 millones de dólares y en México se pagaron 485 millones de dólares. Los recursos fueron entregados por el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.", señala el artículo de ese medio de comunicación.
Durante el mandato de Enrique Peña Nieto en el Estado de México (2005-2011) esas empresas ganaron contratos por más de 107 millones de dólares.
Aristegui Noticias documenta que hasta enero de 2015, ya con Peña Nieto como titular del Ejecutivo Federal, las empresas acumularon 13 contratos con el gobierno federal por alrededor de 596 mdp.
Gerardo Ruiz Esparza en una entrevista realizada por Grupo Imagen, luego de los escándalos por supuesto conflicto de interés, pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una auditoría sobre esos contratos.
“Estoy cierto que no hay ninguna irregularidad”, señaló durante esa entrevista.
El contenido de esas auditorías fueron desconocidos, hasta ahora.
IRREGULARIDADES
Dos obras realizadas por las empresas de San Román fueron auditadas. En la primera se hacen observaciones por trabajos faltantes en el paso a desnivel La Pila, en la carretera México-Toluca; en la segunda, por trabajos de mejoramiento en la carretera Toluca-Taxco, ambos adjudicados en licitación pública.
Del primer caso señalaron que la obra presentaba “Deficiente planeación, programación y presupuesto”. Esta obra se planteó por 78 millones de pesos, pero se encareció en 43 millones de pesos.
Los auditores encontraron las siguientes irregularidades:
Juan Manuel Carrillo, subdirector de Contrataciones de SCT encabezó los actos de la licitación, sin estar acreditado.
La empresa debió acreditar la construcción de 50 kilómetros de terracería, pero sólo documentó 43.
La empresa no presentó documentos para comprobar la participación en contratos por más de 60 millones con organismos públicos.
No presentó los estados financieros con contador certificado del año 2012.
El laboratorio que presentó tenía la acreditación vencida.
Los profesionales técnicos no acreditaron el dominio de programas como Excel, Word y Power Point
En el segundo caso, por el mejoramiento de un tramo de la carretera Toluca-Taxco, los auditores detectaron que la dependencia descalificó a la empresa MM Obra Civil Integral, que presentó el precio más bajo, por entregar “programas mensuales”, aunque en la junta de aclaraciones se le autorizó presentarlos de tal forma.
Debido a esto el contrato se entregó a las empresas de la familia San Román.
En esta investigación encontraron que no se comprobó el gasto de 6 millones 570 mil pesos.
Los auditores encontraron las siguientes irregularidades:
La bitácora electrónica se abrió 154 días tarde.
La opinión de las obligaciones fiscales debió presentarse antes de la firma del contrato; se
entregó 10 días después.
No entregó una acreditación de la SCT sobre control de calidad
No se entregaron documentos para acreditar que cumplieron 17 contratos con organismos públicos.
La auditoría tiene fecha de julio de 2015. Originalmente, SCT debió publicarla como parte de sus obligaciones de transparencia, pero Aristegui Noticias la obtuvo luego de una solicitud de información.
Con información de Aristegui Noticias

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Al aire más de $1,000 millones del nuevo aeropuerto de la CDMX: Auditoría

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y gastos sin aclarar en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) por un monto de mil 002 millones de pesos.
En la tercera etapa del informe de la Cuenta Pública 2016, que se presentó el pasado martes 20 de febrero en la Cámara de Diputados, la ASF realizó siete auditorías al Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México SA de CV, la empresa de participación estatal mayoritaria responsable de construir, administrar, operar y explotar esta infraestructura.
En los siete informes –seis de inversiones físicas y uno de gasto y cumplimiento financiero-, la ASF señaló que durante la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, cuya primera fase está previsto que termine en 2020, se han cometido irregularidades como pagos en excesos a contratistas, gastos innecesarios en comunicación social, servicios que no se comprobaron con documentación, la formalización de convenios fuera de tiempo, o pagos por materiales de obra a precios fuera de mercado.
El informe en el que se apunta la mayor cantidad de dinero público por comprobar es el relativo a un convenio entre Grupo Aeropuertario y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la construcción de la Barda Perimetral del nuevo aeropuerto, y la instalación de alumbrado y casetas de acceso para el NAICM.
La ASF determinó que la empresa constructora debe aclarar con documentación cuál fue el destino de 389 millones de pesos que corresponden a remanentes de pagos realizados por la SEDENA para la realización de estas obras.
La constructora entregó a la ASF las carátulas de las estimaciones de los trabajos ejecutados con esos recursos públicos, pero la Auditoría refirió que la entrega de las carátulas no vino acompañada de la entrega de la documentación que compruebe que, en efecto, se realizaran las cantidades y volúmenes de obra señalados, por lo que mantuvo abierta la observación.
En la construcción de la barda perimetral, la Auditoría también detectó errores en la aplicación del 16% del IVA de algunos materiales de construcción adquiridos por la empresa para estas obras.
En el apartado de contrataciones de asesorías y consultorías, la ASF instó a Grupo Aeropuertario a que aclare aportando documentación el gasto de otros 267 millones de pesos.
Además, detectó irregularidades en el gasto por 133 millones 598 mil pesos. Una de las irregularidades señaladas por el órgano fiscalizador fue pagar por servicios sin la documentación que compruebe la realización de éstos, ni la participación del personal señalado en la integración de los precios.
Otra irregularidad: se autorizaron pagos por 39 millones de pesos por concepto de “acompañamiento” durante el proceso de obra, “sin considerar que la obra aún no comenzaba”.
En cuanto a los trabajos de carga, acarreo y descarga de material en las obras del NAICM, la Auditoría apuntó que Grupo Aeropuertario realizó pagos por 205 millones 731 mil pesos, “sin verificar que los volúmenes pagados coincidieran con las secciones de proyecto”, por lo que pidió a la empresa que aclarara ese gasto.
Grupo Aeropuertario también hizo pagos, según la ASF, por 3 millones 463 mil pesos “sin verificar que los trabajos ejecutados correspondieran a las especificaciones del proyecto ejecutivo”.
¿Y el avance del nuevo aeropuerto?
Al margen de los señalamientos de la Auditoría, el pasado 9 de febrero la organización civil México Evalúa advirtió que aunque el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha destacado “por una mayor transparencia”, aún está pendiente la publicación de datos básicos sobre su evolución.
Prueba de ello, subrayó la organización civil en un artículo publicado en Animal Político, es que “hoy no conocemos el grado de avance del nuevo aeropuerto”.
Es decir, no está disponible al público de manera regular el dato sobre el avance físico y financiero del NAICM.
“Desde México Evalúa hemos insistido en que la transparencia debe ir más allá de lo básico, lo cual no implica dejar de reportar información clave. De poco sirve ver la evolución de los contratos sin que dicha información pueda asociarse a la evolución del panorama global del proyecto”, apuntó México Evalúa en un artículo firmado por las investigadoras Mariana Campos, Diana Nava, Belem Barrera. Animal Político.

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Auditorias para los 106 municipio de Yucatán

Noticias de Yucatán 

Ante la aparición de dudas sobre la aplicación de recursos para obra pública y la evasión de algunos alcaldes para aclararlas, las cuentas públicas de los 106 municipios de Yucatán serán sometidas a un segundo escrutinio en menos de seis meses para identificar presuntas anomalías, enfatizó ayer el titular de la Auditoría Superior del Estado, Mario Can Marín.

El funcionario dijo que esta revisión se concentra principalmente en el ramo de obra pública y comprobantes fiscales correspondientes al año 2016 de los actuales alcaldes, por ello se requiere de una auditoría bajo el principio de “exhaustividad”, para identificar que los recursos públicos se hayan aplicado como fue etiquetado. 

“En este momento estamos desarrollando nuevos alcances, es decir, le aumentamos más muestreo a las auditorías, estoy revisando más, estoy revisando obra pública y comprobantes fiscales de los 106 ayuntamientos, estoy dando mayor alcance”. 

Can Marín recordó que en julio pasado cuando empezó su gestión, recibió las auditorías a los actuales presidentes municipales correspondientes a 2016, mismas que se realizaron en marzo de este año, y de las cuales expuso que algunas ya estaban listas y otras estaban al 50 o 60%, sin embargo, ha tomado la decisión de duplicar las auditorías a todos ayuntamientos para tener la certeza de un buen muestreo. 

“Estamos aplicando más estrategias con tal de tener un mayor alcance en cuanto a la cantidad que manejan de recurso público, no nos vamos a quedar con el primer reporte, sino que ahora estamos siendo más específicos con las auditorías que ya se habían realizado. 

Ese es el compromiso que hay”. En este sentido, el auditor superior dijo que en este momento por cuestión legal no puede revelar las observaciones, ni los resultados de las auditorías, y será antes del 20 de febrero de 2018, cuando los envíe al Congreso del Estado.

Con Información de Sipse

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Respuesta de la Comuna sobre las obras del Ramo 33

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“De los más auditados”

“Es fácil acusar si no se tiene la película completa”, afirma Carlos Arcudia Aguilar, director de Obras Públicas del Ayuntamiento, al responder a las acusaciones de irregularidades en trabajos que se realizan en el municipio con recursos del Ramo 33.

“Sin temor a equivocarme, somos de los ayuntamientos más auditados”, agrega. “Se han hecho 21 auditorías en lo que va de la presente administración”.

De acuerdo con el funcionario, el gobierno de Renán Barrera Concha ha sido blanco de siete inconformidades relacionadas con la obra pública, de quienes se han sentido afectados en algún punto del proceso, y después de las revisiones de rigor -incluso de autoridades federales- “hemos salido bien”.

Como ya informamos, Acciones Líderes, A.C., atribuye al Ayuntamiento anomalías en la ejecución de obras del Ramo 33. Entre otras cosas, dice que no hay una “priorización” adecuada y se realizan trabajos en zonas que no son de alta marginación, presuntamente para beneficiar a particulares y no a las comunidades a las que van dirigidas los recursos del Ramo.

La asociación civil también acusa a las autoridades municipales de favorecer a constructores que son amigos del alcalde o están vinculados a un hermano de éste. Entre los señalados está el ex alcalde Luis Correa Mena, a quien Acciones Líderes llama “padrino político” de Renán Barrera.

El Diario buscó la respuesta de la Comuna. Tres directores recibieron a uno de nuestros reporteros: los de Obras Públicas, Carlos Arcudia; de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Valerie Amador Hurtado, y de Planeación y Gestión Estratégica, Jorge Muñoz González.

Los funcionarios se refirieron a las observaciones de la agrupación. Posteriormente, el director de Desarrollo Social, Julio Sauma Castillo, aportó más datos sobre las obras.

Los siguientes conceptos resumen las respuestas:

-Sí hay una “priorización” de las obras del Ramo 33 de acuerdo con las normas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). No es el Ayuntamiento el que define las zonas donde se debe trabajar, sino la Secretaría de Desarrollo Social.

-Recientemente se restringieron los polígonos de atención, por disposición de las mismas autoridades federales. La avenida que conduce a Temozón, que es señalada por Acciones Líderes, se construyó en 2013, cuando las reglas permitían aplicar los recursos del Ramo 33 en toda la zona rural del municipio, es decir, en todas las comisarías.

-En 2014 las normas cambiaron y algunas comisarías, Temozón entre ellas, quedaron fuera de los parámetros de marginación para ser susceptibles de recibir recursos del Ramo 33. La avenida que se menciona en la acusación fue hecha un año antes. En 2014 no se hubiera podido realizar la obra siguiendo los nuevos parámetros.

-Cholul y Tixcuytún, que también señala Acciones Líderes, sí entran en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) según los lineamientos de la Sedesol.

-No hay preferencia por algunas zonas para beneficiar a alguien en particular. Así como se ha construido en el Norte se ha hecho lo mismo en el Sur. En el Poniente y el Oriente hay menos puntos de atención, pero eso se debe a que hay menos polígonos susceptibles de aplicación del Ramo 33 y eso se puede verificar en documentos.

-Como parte de las políticas de transparencia de este Ayuntamiento, todas las obras y proyectos tienen que ser turnadas al Cabildo.

-Una vez aprobados los trabajos se abren los procesos de licitación para invitar a empresas interesadas en la construcción.

-Las licitaciones son públicas e inclusive de carácter nacional. Cualquier empresa puede participar con sus proyectos ejecutivos y se elige la propuesta solvente más baja. Esto significa que debe ser la mejor propuesta en cuanto a calidad y presupuesto económico. No nos guiamos sólo en el precio, porque puede darse el caso de que alguien, con tal de adjudicarse la obra, ofrezca hacer en cinco pesos lo que vale siete y después no cumple. Por eso se insiste en la propuesta solvente más baja.

-Algunas de las empresas que menciona Acciones Líderes como de las más beneficiadas también hicieron obras en la administración anterior y es falso que se les adjudique contratos amplios en número y monto de inversión, como puede verse en los datos de la obra pública. (Continuará).- ÁNGEL NOH ESTRADA

Comuna | Respuesta

Más declaraciones de la autoridad municipal sobre la versión de Acciones Líderes:

Publicaciones

Después de las licitaciones de las obras del Ramo 33, el proceso, el seguimiento y los resultados se publican en el Diario Oficial, en la gaceta municipal y en el sitio oficial del municipio en internet. Cualquiera puede consultar esta información y hacer los señalamientos que considere pertinentes.

“Usuarios finales”

En Temozón se hizo la avenida como parte del proyecto de dotar a todas las comisarías de Mérida de mejor comunicación terrestre. No hubo intención de beneficiar a constructores de vivienda y menos a algún funcionario municipal (Acciones Líderes sacó a la luz que en esa avenida hay un terreno propiedad de la esposa del oficial mayor del Ayuntamiento, Mario Martínez Laviada). Los usuarios finales son los habitantes de Temozón y a ellos se les puede preguntar sobre los beneficios.

El “padrino político”

En nuestra edición de mañana reproduciremos las respuestas del Ayuntamiento sobre las constructoras supuestamente favorecidas, entre ellas la del ex alcalde Luis Correa Mena.

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Niegan favoritismos

El Ayuntamiento desglosa pagos de obra a 3 empresas

El Ayuntamiento de Mérida asegura que tres de las empresas señaladas por Acciones Líderes, A.C., como favorecidas en la asignación de obra pública con recursos del Ramo 33 también realizaron trabajos a la administración anterior, que presidió Angélica Araujo, y esto muestra que no son “consentidas” de la autoridad actual.

También afirma que las obras que se han adjudicado a esas compañías en lo que va de la administración de Renán Barrera Concha están con un promedio normal de inversión, comparadas con el resto de contratistas que trabaja para el municipio, y si acaso sólo una rebasa ese promedio porque realizó uno de los proyectos más caros, que fue la reconstrucción de la calle 60 Norte.

La Comuna insiste en que las acusaciones de Acciones Líderes sobre las obras del Ramo 33 carecen de fundamento, porque las normas de operación imponen “candados” que garantizan la correcta ejecución de los recursos, en los polígonos establecidos por la Federación.

En ediciones anteriores informamos que la asociación civil, que preside Arturo Cetina Bautista, acusó al Ayuntamiento de Mérida de cometer irregularidades en la obra pública que se realiza en el municipio con dinero del Ramo 33. Uno de los puntos que señaló fue favoritismo a empresas de “amigos” y el “padrino político” del alcalde, así como a constructores allegados a Jorge Barrera Concha, hermano del presidente municipal.

El “padrino político” al que se refiere Acciones Líderes es el ex alcalde Luis Correa Mena, quien figura en el padrón de contratistas del municipio como representante legal de la compañía Coxa Peninsular.

La agrupación cita a Urbamex como una de las beneficiadas en la presente administración por el solo hecho de que su representante, René Blanco Gamboa, es cercano del hermano del alcalde.

Para reforzar su afirmación de los nexos de amistad, Cetina Bautista exhibe fotografías que se publicaron en abril de 2012 sobre el bautizo de una hija de Jorge Barrera, en las que aparecen Blanco Gamboa y su esposa en un ambiente de camaradería con la familia del anfitrión.

La asociación también menciona los casos de Construcava, Construcciones y Edificaciones Técnicas -representada por el ex delegado de la SCT José Renán Canto Jairala-, y Urbanizaciones Mime.

Al responder a esos señalamientos, la Comuna recalca que ninguna de esas empresas aparece con montos desproporcionados de obra pública. Sólo Construcava, añade, se sale del promedio porque se encargó de la repavimentación de la calle 60 Norte, una obra que por sus características requirió una fuerte inversión.

Enseguida detalla las cantidades pagadas en lo que va de esta administración:

Construcava, $4.326,520.61 en 2012, $50.117,077.37 en 2013 y $569,327.34 en 2014, para un total de $55.012,925.32.

Construcciones y Edificaciones Técnicas: $750,777.17 en 2012, $4.194,207.42 en 2013 y $11.425,752.40 en 2014, con un total de $16.370,736.99.

Coxa Peninsular: $770,589.75 en 2013 (no aparece en la parte de 2012 que corresponde a la administración de Renán Barrera) y $2.495,382.64 en 2014, para un total de $3.265,972.39.

Urbamex: $9.683,681.22 en 2012, $5.406,136 en 2013 y $8.288,065.37 en 2014. El total general es de $23.377,882.59.

Urbanizaciones Mime: $14.596,988.11 en 2012, $1.000,173.36 en 2013 y cero recursos en 2014. Total: $15.597,161.46.- ÁNGEL NOH ESTRADA

De un vistazo

Trabajaron antes

El Ayuntamiento subraya que Construcava, Coxa Peninsular y Grupo Urbamex también hicieron obras en la administración de Angélica Araujo Lara y eso muestra que no se le está favoreciendo con contratos ahora.

De los más elevados

La autoridad dice que Construcava se adjudicó obras por $5.055,092.24 en 2010, por $2.851,449.33 en 2011 y $5.890,167.5 en 2012, en los meses que correspondieron a la administración priista.

La del “padrino”

Coxa Peninsular recibió contratos de $3.012,933.25 en 2011 (no aparece en la relación de 2010) y de $1.892,372.46 en la primera mitad de 2012.

La tercera

Grupo Urbamex realizó obras de $8.584,105.19 en 2010, de $5.435,896.80 en 2011 y de $2.536,467.68 en los primeros meses de 2012. Esta empresa es la que rehabilitó el camino de Cholul a Tixcuytún.

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De poco sirve el trabajo de la Auditoría

Noticias de Yucatán ()

Las denuncias de desvíos no frenan carreras políticas

Varios alcaldes yucatecos de distintos partidos han hecho carrera política no obstante las denuncias por presuntos desvíos interpuestas en su contra por la Auditoría Superior del Estado (ASEY) o su antecesora, la Contaduría Mayor de Hacienda.

Es el caso, por ejemplo, de José Edilberto Tzab Ortiz, de Chichimilá, y de los ex alcaldes de Huhí y Homún.

Tzab Ortiz, del PAN, compitió tres veces por la alcaldía de su municipio en un lapso de doce años y ganó en dos, pese a las acusaciones de desvíos. La primera vez fue en el periodo 2001-2004, donde la Contaduría Mayor de Hacienda le rechazó sus cuentas de 2003, según copia de un informe de ese organismo.

Entre las anomalías detectadas figuraban la sustracción de bienes municipales, la alteración de facturas y la realización de obras inconclusas, como la ampliación de la red de agua potable en la comisaría de Cruz Chen, donde sólo se abrieron zanjas, dice el informe.

Empero, eso no fue obstáculo para que Tzab Ortiz volviera a ser alcalde en 2007 y candidato en 2012.- HERNáN CASARES CÁMARA

página 3

ASEY | Recursos

La ASEY tiene pocos recursos jurídicos y políticos para frenar la impunidad.

Nombres

Además de los ex alcaldes de Chichimilá, Huhí y Homún, otros que ha sido denunciados por presuntos desvíos, pero siguieron en la política, son el perredista Weyler Aarón Coral Manrique, actual alcalde de Tepakán; los primos priistas Roger Cimé Mis y Benjamín Cimé Ek, de Chankom y el panista José Cauich Miam, de Seyé.

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El PAN lleva una solicitud ante la Auditoría Federal

Noticias de Yucatán ()

Demanda auditoría

Ante la negativa de la Auditoría Superior del Estado (Asey) para hacer una auditoría a las obras del Centro Histórico de Mérida, ayer se presentó esta misma solicitud en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la ciudad de México.

Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado local del PAN, informó que ayer viajó a la ciudad de México a presentar esta solicitud de intervención a la Auditoría de la Federación, porque la auditoría en esta entidad no lo hace.

El legislador recordó que en noviembre de 2011 se iniciaron los trabajos de rescate del Centro Histórico, trabajos que concluyeron en septiembre de 2012.

Posteriormente -continuó el diputado-, en julio de 2014 se señaló que esta obra presentaba más de 500 defectos en las aceras, calles, rejillas, tapas, iluminación y otros trabajos, en los que se invirtió alrededor de 170 millones de pesos.

Lozano Poveda recordó que ese mismo mes de julio un grupo de ciudadanos acudieron a él para manifestar que esos trabajos están en malas condiciones y le pidieron que se revisen.

El panista explicó que por eso el 25 de julio solicitó a René Márquez Arcila, auditor superior estatal, realice la más amplia investigación bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, confiabilidad y transparencia en esa obra.

Hasta la fecha la solicitud realizada al Auditor Superior del Estado de Yucatán no ha sido resuelta, ni otorgándola o negándola, por eso decidió acudir a la ASF, indicó.

Cabe mencionar que hace ya más de un mes, Daniel Quintal Ic, titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, informó que ya estaban en pláticas con el Ayuntamiento de Mérida para entregar estas obras, pero hasta la fecha la Comuna no las acepta.- DAVID DOMíNGUEZ MASSA.

Gobierno | Denuncia

Llevan hasta la ciudad de México las fallas de la obra del Centro Histórico.

Obras sin entregar

Aunque se supone que las obras del Rescate del Centro Histórico concluyeron en septiembre de 2012, hasta la fecha el Ayuntamiento sigue sin recibir esos trabajos, por las fallas que hay en su realización.

No se investiga

Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado del PAN, declaró que la Auditoría Superior del Estado se niega a investigarlo.

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Ivonne: desvío millonario

Noticias de Yucatán ()

Aunque la Auditoría Superior del Estado de Yucatán dictaminó como “limpias” y sin saldo negativo las cuentas del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, de 2007 a 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo técnico fiscalizador de la Cámara de Diputados, detectó en esa administración, empero, irregularidades en el manejo de recursos federales por más de $1,000 millones sobre una muestra de $16,000 millones.

Según información oficial de la ASF, en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, el gobierno federal envió a Yucatán $90,800 millones, aproximadamente, durante la gestión de la señora Ortega Pacheco. De esa cantidad, $41,500 millones fueron participaciones federales -recursos de libre disposición, no auditables por la ASF-; y otros $49,300 millones correspondieron al gasto programable o condicionado, cuya asignación se establece anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de varios fondos, incluyendo las aportaciones al Seguro Popular.

Observaciones

De estos $49,300 millones, la ASF determinó una muestra de $16,000 millones, que revisó mediante la aplicación de 60 auditorías entre 2007 y 2012. Esto dio como resultado la emisión, por parte de la ASF, de 396 acciones y observaciones al gobierno yucateco, como informamos en la primera entrega de este reportaje, de las que 55 acciones fueron pliegos de observaciones respecto a un presunto daño económico a la Hacienda Pública Federal. Otras 55 fueron promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, que es la aplicación de sanciones a funcionarios públicos por el presunto incumplimiento de disposiciones normativas, y 258 acciones más fueron recomendaciones, es decir, sugerencias de carácter preventivo para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el cumplimiento de metas.

La Auditoría Superior emitió también 11 solicitudes de “Intervención de la instancia decontrol”, una acción mediante la cual se informa a la instancia de control competente sobre los hallazgos detectados en las auditorías, que no competen a la ASF, así como cinco solicitudes de aclaración -una acción excepcional de la Auditoría – en las que pide al gobierno de Yucatán documentos para aclarar operaciones irregulares o gastos sin justificación o comprobación.

Devoluciones

A consecuencia de las revisiones del manejo de los recursos federales por parte del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, realizado por la ASF, este organismo determinó “recuperaciones” (cobros), por $1,123 millones, de los cuales $837.2 millones fueron “recuperaciones operadas”, es decir, cobros en efectivo o en especie -obtenidos en el transcurso de las revisiones – por concepto de reintegro de fondos, cobro de responsabilidades resarcitorias fincadas, deductivas, reparación física o reposición de bienes o servicios y cobro de penas convencionales o fianzas, de las que se tiene un sustento documental.

De las “recuperaciones determinadas”, $187.1 millones corresponden a “recuperaciones aclaradas” por el gobierno yucateco y $98.7 millones a “recuperaciones probables o pendientes de aclarar”. La mayor parte de esta suma, dice el informe de la ASF, corresponde a irregularidades detectadas en el manejo de fondos en el Seguro Popular, en 2011.

Asimismo, la ASF realizó 546 observaciones por conceptos que no generaron una recuperación económica o dieron lugar a una recuperación que fue solventada antes de la conclusión de las auditorías. El año con el mayor número de anomalías en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, añade la ASF, fue 2008.

En su informe sobre Yucatán, este organismo precisa que sólo realizó un número limitado de revisiones, comparado con la magnitud de los recursos federales ejercidos, pero aún así, se lograron importantes “recuperaciones” que, de otro modo, se hubieran desviado a otros fines. Continuará.-HERNÁN CASARES CÁMARA

Auditoría Superior de la Federación | Revisiones

La Auditoría Superior de la Federación realizó 60 auditorías al gobierno de Yucatán entre 2007 y 2012.

Fondos

Las auditorías revisaron el manejo de los recursos federales de varios fondos como el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, de Aportaciones para los Servicios de Salud, de Aportaciones Múltiples y de Infraestructura Social Estatal y Municipal.

Seguro Popular

También el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, así como el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y las aportaciones federales al Seguro Popular.

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Anomalías en el gobierno de Ortega Pacheco

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró graves irregularidades en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, entre 2007 y 2012, exactamente en el mismo periodo en que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán declaró “limpias” las cuentas de la ex mandataria.

Las anomalías detectadas por la ASF significan un desvío de $1,123 millones de recursos federales, por lo menos, equivalentes al 7% de una muestra de $16,000 millones seleccionada por la Auditoría, según documentos oficiales en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

De acuerdo con esa información, hay la presunción de que el gobierno de Ivonne Ortega, actual secretaria general del PRI, también habría desviado una cantidad similar o mayor que, sin embargo, devolvió a la Federación antes de la integración final de las auditorías de la ASF.

Freno a la impunidad

Estas anomalías, detectadas a pesar del número reducido de auditorías, hubieran quedado impunes si no fuese por la intervención de ese organismo.

La Auditoría Superior es un órgano de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión, que revisa la aplicación de recursos federales en todos los niveles de gobierno, inclusive entre particulares. Está facultada para fincar responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y sanciones.

Observaciones

De 2007 a 2012, la ASF revisó el manejo de los recursos federales enviados al gobierno yucateco a través de once fondos, lo que se tradujo en 396 acciones y observaciones. De éstas, 55 corresponden a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal, otras 55 a observaciones que implican la sanción a servidores públicos por el incumplimiento de disposiciones normativas y dos observaciones más relacionadas con presuntos actos de evasión fiscal.

La ASF emitió además cinco solicitudes de aclaración -una acción excepcional de la Auditoría- en las que pidió al gobierno de Yucatán documentos para aclarar operaciones irregulares o gastos sin justificación o comprobación.

Asimismo, la ASF anotó otras 546 anomalías en la gestión de Ivonne Ortega, consideradas como “solventadas”; es decir, aclaradas antes de la elaboración del informe final de las auditorías.

Muchas de estas acciones “solventadas” incluyen la devolución a la Federación de cientos de millones de pesos, aunque la ASF no informa el monto total.

Denuncia penal

Además, en ese mismo periodo, por primera vez en la historia de Yucatán, la ASF denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República a nueve ex alcaldes del PRI acusados de malversación de fondos federales en la construcción de pozos de absorción, en 2011.

En la lista de los denunciados aparece el actual diputado local Gonzalo Escalante Alcocer, ex alcalde de Valladolid.

Entre las irregularidades detectadas en el gobierno de Ivonne Ortega, de acuerdo con los informes de la ASF, figuran la erogación de recursos federales etiquetados para acciones de educación, salud, seguridad pública, etcétera, en gastos de operación de dependencias del gobierno estatal, pagos de asesorías, viáticos, compra de alimentos y muebles, y en sueldos de empleados no considerados en los programas de los fondos federales.

“Aviadores”

También se descubrieron irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, así como en la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos.

Igualmente, faltas de transparencia en la gestión de los fondos, anomalías en las cuentas bancarias, insuficiencias en la contabilidad y pagos ilegales a comisionados sindicales y a empleados que cobraban sin trabajar.

Primer círculo

Entre los responsables de estas anomalías figuran varios integrantes del primer círcu- lo de Ivonne, como su hermana Guadalupe Ortega Pacheco, actual diputada federal y ex presidenta del DIF, a quien la ASF obligó a devolver $41.7 millones a la Federación en 2007 y 2009, por irregularidades en el manejo de los recursos.

Los desvíos, en la familia

Entre los funcionarios del gobierno de Ivonne Ortega responsables del mal manejo de recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) figuran, además de su hermana, el médico personal de la ex gobernadora, Álvaro Quijano Vivas, titular de los Servicios de Salud en su gestión.

Quijano fue responsable del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y del Seguro Popular, donde la ASF registró irregularidades de $380 millones, por lo menos.

En la lista de los beneficiados del desvío de recursos aparece igualmente el secretario del sindicato de trabajadores de esa dependencia, Álvar Rubio Rodríguez, primo de Ivonne y principal promotor de la “ola roja”, quien gastó dinero federal destinado a la atención médica en sus labores gremiales.

Contraste

El reporte de las anomalías detectadas por la ASF en el gobierno de Ivonne Ortega contrasta con el informe entregado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey) al Congreso el mes pasado, correspondiente a las cuentas de 2011 y 2012 de la ex gobernadora, que reacibieron el dictamen de “limpias”. Ya antes el Congreso había aprobado las cuentas de los años anteriores del gobierno de Ivonne Ortega.

Diputados “ivonnistas”

La aprobación de las polémicas cuentas de 2011 y 2012 del gobierno de Ivonne corrió a cargo de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, compuesta por nueve legisladores, dos del PAN, que votaron en contra; uno del PRD, Bayardo Ojeda Marrufo; uno del PVEM, Harry Rodríguez Botello Fierro, y cinco del PRI: Luis Hevia Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso y oficial mayor en el gobierno de Ivonne Ortega; Dafne López Martínez, director del Registro Civil y del DIF en esa misma administración, y el propio Alvar Rubio Rodríguez, primo de Ivonne, además de Luis Echeverría Navarro y Leandra Moguel Lizama.

El escándalo del PRD

En el caso del voto favorable del PRD, considerado un escándalo en círculos de la oposición -también aprobó las cuentas de Tekax-, se es- pecula que éste tendría que ver con la participación de familiares de un dirigente de ese partido en el tráfico de facturas falsas en el gobierno de Ivonne Ortega, como lo denunció Central 9.

La ASF reprueba a Ivonne

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró graves irregularidades en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, entre 2007 y 2012, exactamente en el mismo periodo en que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán declaró “limpias” las cuentas de la ex mandataria.

Las anomalías detectadas por la ASF significan un desvío de $1,123 millones de recursos federales, por lo menos, equivalentes al 7% de una muestra de $16,000 millones seleccionada por la Auditoría, según documentos oficiales en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

De acuerdo con esa información, hay la presunción de que el gobierno de Ortega Pacheco, actual secretaria general del PRI, también habría desviado una cantidad similar o mayor, que devolvió a la Federación, sin embargo, antes de la integración final de las auditorías de la ASF.

Estas anomalías, detectadas a pesar del número reducido de auditorías, hubieran quedado impunes si no fuese por la intervención de ese organismo.

Evasión fiscal

La Auditoría Superior es un órgano de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión, que revisa la aplicación de recursos federales en todos los niveles de gobierno, inclusive entre particulares. Está facultada para fincar responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y sanciones.

Entre 2007 y 2012, la ASF revisó el manejo de los recursos federales enviados al gobierno yucateco a través de once fondos, lo que se tradujo en 396 acciones y observaciones. De éstas, 55 corresponden a presuntos daños o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, otras 55 a observaciones que implican la sanción a servidores públicos por el incumplimiento de disposiciones normativas y dos observaciones más relacionadas con presuntos actos de evasión fiscal.

La ASF emitió además cinco solicitudes de aclaración -una acción excepcional de la Auditoría – en las que pidió al gobierno de Yucatán documentos para aclarar operaciones irregulares o gastos sin justificación o comprobación.

Asimismo, la ASF anotó otras 546 anomalías en la gestión de Ivonne Ortega, consideradas como “solventadas”, es decir, aclaradas antes de la elaboración del informe final de las auditorías.

Muchas de estas acciones “solventadas” incluyen la devolución a la Federación de cientos de millones de pesos, aunque la ASF no informa el monto total.

Además, en ese mismo periodo, por primera vez en la historia de Yucatán, la ASF denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República a nueve ex alcaldes del PRI acusados de malversación de fondos federales en la construcción de pozos de absorción, en 2011.

En la lista de los denunciados aparece el actual diputado local Gonzalo Escalante Alcocer, ex alcalde de Valladolid.

Entre las irregularidades detectadas en el gobierno de Ivonne Ortega, de acuerdo con los informes de la ASF, figuran la erogación de recursos federales etiquetados para acciones de educación, salud, etcétera, en gastos de operación de dependencias del gobierno estatal, pagos de asesorías, viáticos, compra de alimentos y muebles y en sueldos de empleados no considerados en los programas de los fondos federales.

También se descubrieron irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, así como en la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos. Igualmente, faltas de transparencia en la gestión de los fondos, anomalías en las cuentas bancarias, insuficiencias en la contabilidad y pagos ilegales a comisionados sindicales y a “aviadores”.

Allegados

Entre los responsables de estas anomalías figuran varios miembros del primer círculo de Ivonne, como su hermana Guadalupe Ortega Pacheco, actual diputada federal y ex presidenta del DIF, a quien la ASF obligó a devolver $41.7 millones a la Federación en 2007, por irregularidades en el manejo de los recursos.

También está Álvaro Quijano Vivas, médico personal de la ex gobernadora y secretario de Salud en su gestión -responsable del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y del Seguro Popular- donde la ASF registró irregularidades por casi $380 millones, por lo menos, así como el secretario del sindicato de trabajadores de esa dependencia, Alvar Rubio Rodríguez, primo de Ivonne, quien gastó en labores sindicales dinero federal destinado a la atención médica.

El reporte de las anomalías detectadas por la ASF en el gobierno de Ivonne Ortega contrasta con el informe entregado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), al Congreso el mes pasado, correspondiente a las cuentas de la ex gobernadora de 2011 y 2012, que recibieron el dictamen de “limpias”. Ya antes el Congreso había aprobado las cuentas de los años anteriores del gobierno de Ortega.Continuará.-HERNAN CASARES CAMARA

Aprobación, entre cuates

Diputados “ivonnistas”

La aprobación de las polémicas cuentas de 2011 y 2012 del gobierno de Yvonne Ortega Pacheco corrió a cargo de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, integrada por nueve legisladores, dos del PAN, que votaron en contra; uno del PRD, Bayardo Ojeda Marrufo; uno del PVEM, Harry Rodríguez Botello Fierro; y cinco del PRI: Luis Hevia Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso y oficial mayor en el gobierno de Ortega Pacheco; Dafne López Martínez, director del Registro Civil y del DIF en esa misma administración y el propio Alvar Rubio Rodríguez, primo de Ivonne; además de Luis Echeverría Navarro y Leandra Moguel Lizama.

El escándalo del PRD

En el caso del voto favorable del PRD, considerado un escándalo en círculos de la oposición, se especula que éste tendría que ver con la participación de familiares de un dirigente de ese partido en el tráfico de facturas falsas en el gobierno de Ortega, como lo denunció Central 9.

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Elevado “gasto inútil”

Noticias de Yucatán ()

La Auditoría del Estado, últimaen transparencia

A pesar de millonarios recursos para realizar su labor, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) no cumple con revisar las cuentas de los ayuntamientos y otras instancias estatales que utilizan dinero público, dice el diputado local del PAN Mauricio Vila Dosal.

-Cada año aumenta el presupuesto asignado a la ASEY para su trabajo, pero éste resulta un gasto inútil -señaló-. Este año el organismo recibirá $52.4 millones; en promedio son un millón de pesos semanales.

-La Auditoría Superior del Estado es ineficiente y encubridora, con su actitud fomenta la impunidad -subrayó el legislador-. Esta situación ya fue expuesta en el país a raíz de una investigación académica.

Vila detalló que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. y la Universidad de Guadalajara, por medio del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, realizaron el estudio “Auditorías Superiores locales de México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”.

-Yucatán quedó en último lugar porque la ASEY no difunde el resultado de sus revisiones y auditorías, lo cual impide que el ciudadano conozca el desempeño de sus autoridades en ese rubro.

También dijo que debido a lo anterior, desde septiembre pasado el PRD, por medio del diputado Bayardo Ojeda, denunció ante la Fiscalía estatal a René Márquez Arcila, titular de la ASEY.

Los ayuntamientos, recordó, están obligados a enviar cada mes sus cuentas a la Auditoría, a fin de que ésta las revise, dictamine y las turne al Poder Legislativo para que a su vez las apruebe o rechace y, en su caso, aplique las sanciones por desvíos del erario.

Sin embargo, los alcaldes ni siquiera cumplen con enviar esa documentación.

Como ejemplos graves mencionó a Huhí, Sanahcat y Quintana Roo, que llevan seis meses sin hacerlo; Teabo, Chichimilá y Dzilán González, cinco meses, y Tekax y Chankom, cuatro.

El primero de ellos es de extracción panista y el resto provienen del PRI.

-En los últimos seis años y medio el gobierno estatal gastó $180,000 millones, lo cual es el presupuesto más alto de la historia de Yucatán -indicó-. Pero debido a que no se revisan ni auditan las cuentas públicas nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero.

-¡Es un gasto enorme, son unos 14,000 millones de dólares! -expresó Vila Dosal-. Eso equivale a $2,307 millones al mes, en promedio.

-Contra lo que se dice en los discursos, en Yucatán no hay rendición de cuentas. Y esto se debe a que la ASEY, que es la instancia encargada de fiscalizar el gasto público, no cumple su función, ya sea por ineficiencia o, peor todavía, por encubrir el manejo del dinero público.

Entrevistado en sus oficinas, el legislador panista recordó que René Márquez, titular de la ASEY, está en el cargo desde el sexenio anterior, fue presidente del Colegio de Contadores Públicos y en el año y medio de la actual Legislatura sólo emitió el informe de resultados de 2011.

-Sería conveniente que ese colegio se pronuncie al respecto.- Hansel Vargas A.

De un vistazo

¿Dónde terminó el dinero?

Mauricio Vila dijo que el silencio de la ASEY impide que el pueblo sepa a dónde fueron a parar los $140,000 millones gastados en el quinquenio de Ivonne Ortega Pacheco. Tampoco se sabe a qué se destinaron los $38,364 millones de los primeros 15 meses del gobierno de Rolando Zapata.

En último sitio

Un estudio hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. y la Universidad de Guadalajara concluyó que la ASEY no tiene en internet toda la información que por obligación debe tener ahí; resultó la más incumplida y opaca en todo el país.

Laguna legal

Vila Dosal consideró que René Márquez se escuda en una laguna legal para no cumplir. La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública no fija plazo máximo para que la ASEY envíe el resultado de su trabajo al Poder Legislativo. Tampoco hay un límite de tiempo para que los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública den su dictamen.

Pedirá corregir esto

Ante esa situación anunció que él propondrá cambios en esos dos rubros para corregirlos. Además analizará si Márquez Arcila violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

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La Coparmex sólo pide transparencia en polémico caso

Noticias de Yucatán ()

Al conocer el posicionamiento del auditor superior del Estado, René Márquez Arcila, sobre la denuncia de desvío de $250 millones, el presidente de la Coparmex Mérida, Nicolás Madáhuar Boehm, aclaró que los directivos no persiguen a nadie sino simplemente exigen que haya transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.

Pero el recién reelecto líder empresarial no guardó silencio ante la argucia legal de Márquez Arcila y dijo: “Parece que las leyes están diseñadas para que sea casi imposible que se dé la transparencia y rendición de cuentas. Vamos a ver el desenlace y hasta que no se dé el dictamen emitiremos una opinión y veremos la pertinencia de estas leyes”.

Madáhuar Boehm destacó que la ley parece que protege a los funcionarios públicos, pero al ciudadano de a pie la ley lo mide con una vara y al funcionario público con otra.

“Claramente hay todas las ventajas y los incentivos para que el funcionario haga las cosas mal y no tenga consecuencias de sus acciones”, consideró.

¿Algo simple no pudo decir el auditor como sí o no le corresponde a él denunciar?, preguntó el reportero.

“Entendemos la posición del funcionario y le daremos el beneficio de la duda”, respondió. “No somos abogados ni tenemos elementos técnicos para saber si está correcto lo que está contestando el auditor”.

“Nos queda la duda si el Ayuntamiento puso bien la demanda o si la Fiscalía está en lo correcto y tiene razón que el auditor debió poner la denuncia”, continuó. “Tengo que creer en lo que dijeron y tendría que esperar que un juez diga quién actuó en forma correcta y conforme a la ley”.

Revisión de leyes

“Lo que sí tenemos que hacer es revisar cómo están las leyes porque no creo que ningún ciudadano en su sano juicio apoye leyes que protegen a los funcionarios”, reiteró. “No se trata de una cacería de brujas ni de perseguir a nadie, pero sí es importante que haya una investigación pronta y expedita ya sea para señalar a algún culpable o para demostrar una inocencia”.

“Puede ser que se señale a alguien y aquel sea inocente y si se eterniza un juicio le perjudica”, prosiguió. “En esa maraña legal es donde hay que trabajar para hacer más fluida las demandas”.

Madáhuar Boehm informó que el auditor Márquez Arcila justificó que hasta que no sea dictaminada la cuenta pública por el Congreso del Estado no termina su trabajo. Por ahora sigue con la revisión de las cuentas de los ex alcaldes Angélica Araujo Lara y Álvaro Omar Lara Pacheco.

Cuando termine su labor la entregará al Congreso local donde los diputados la discutirán y emitirán un dictamen. Después de todo ese procedimiento el auditor podrá hacer declaraciones sobre el tema.- Joaquín Chan

Coparmex | Reelección

El LAE Nicolás Madáhuar Boehm fue reelecto en enero pasado para un segundo período de un año.

Madáhuar Boehm rendirá protesta en una ceremonia programada para el 25 de febrero, a las 13 horas, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

A la ceremonia vendrá el presidente nacional de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, y también estarán como invitados el gobernador Rolando Zapata, el alcalde Renán Barrera y los representantes de los poderes Judicial y Legislativo.

Fue candidato único y ya está en funciones

“Nos topamos con la sorpresa”

Sin avance aún una petición dela Coparmex

Directivos de la Coparmex Mérida no aclararon sus dudas sobre la denuncia penal que interpuso el Ayuntamiento actual contra tres ex funcionarios de la administración que encabezó la hoy senadora priista Angélica Araujo Lara, por presunto daño patrimonial al erario municipal de $250 millones.

El presidente del sindicato patronal, Nicolás Madáhuar Boehm, informó que la Coparmex invitó al auditor superior del Estado, René Márquez Arcila, para que corroborara si a esa instancia correspondía denunciar el presunto desvío de recursos en la administración priista “pero nos tompamos con la sorpresa de que el auditor dijo que no puede hablar sobre el tema porque la ley le imposibilita a expresarse sobre algo que no ha terminado de auditar”.

“Nos quedamos como estábamos”, señaló. “Seguirá el cauce legal y veremos en qué termina”, subrayó el líder reelecto.- Joaquín Chan.

Denuncia | Recuento

Hace 8 meses la Comuna denunció en la Fiscalía un desvío de $250 millones.

Acusados

Fueron acusados los ex alcaldes Angélica Araujo Lara y Alvaro Omar Lara Pacheco y el ex tesorero Carlos Bastarrachea.

Improcedente

La Fiscalía dijo que ni siquiera inició la investigación porque no la Comuna debió denunciar sino la Auditoría Superior del Estado.

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