Noticias de Yucatán
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Es un tema de enorme prioridad, dicen empresarios
El gobierno estatal tiene compromisos de pago de casi $30,000 millones
A simple vista, Yucatán es una de las entidades con menor endeudamiento del país.
Sin embargo, advierten Nicolás Madáhuar Boehm y Gustavos Cisneros Buenfil, presidente de Coparmex y director del Centro para la Competitividad (CCY), es conveniente revisar la totalidad de pasivos que tiene el gobierno del Estado.
El gobierno sólo reconoce como deuda los $2,505 millones que les debe a los bancos, pero si se le suman todos los compromisos de pago pendientes -el adeudo con el Isstey y otros pasivos a corto plazo, retenciones y contribuciones por pagar, etcétera- la cantidad crece exponencialmente hasta rozar los $30,000 millones. “Para cualquier persona una obligación de pago es una deuda”, señala Madáhuar Boehm.
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CCY | Reporte
El reporte sobre Pasivos es la tercera parte del nuevo informe del CCY.
Los anteriores
El “Análisis de la Situación Financiera del Gobierno del Estado” comienza con un reporte sobre los Ingresos y sigue con los Egresos.
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Montón de facturas
Las obligaciones de pago y otros pasivos del gobierno estatal, que rozan los $30,000 millones, podrían acarrear graves problemas, advierte el Centro para la Competitividad
El gobierno del Estado vive ahogado por la falta de liquidez. Como muestra el análisis de su situación financiera elaborado por el Centro para la Competitividad de Yucatán (CCY), la estructura de sus egresos -destina más del 65% de los recursos a gastos corrientes- dificulta no ya el ahorro, sino el cumplimiento de sus compromisos y se le acumulan las facturas pendientes en la bandeja “por pagar”.
El gobierno se enterca en querer reconocer como deuda sólo los 2,505 millones de pesos que les debe a los bancos, pero si se le suman todos los compromisos de pago pendientes -obligaciones que tendrá que cumplir, quiera o no- la cantidad crece exponencialmente hasta rozar los $30,000 millones, revela la tercera parte, dedicada a los pasivos estatales, del extenso reporte del CCY.
Nicolás Madáhuar Boehm, presidente del Centro Empresarial de Mérida (Coparmex) y Gustavo Cisneros Buenfil, director del CCY, comparten su preocupación por el futuro del Estado. Que el gobierno se niegue a admitir la realidad confirma que en Yucatán existe todavía un problema de diagnóstico. Y es imposible solucionar un problema si ni siquiera se le reconoce.
“Para cualquier persona una obligación de pago es una deuda”, señala Madáhuar Boehm.
“Es como tener un crédito hipotecario en un banco y una cuenta en Sears. son compromisos diferentes, pero los dos hay que pagarlos”, apunta Cisneros.
Pasivos del gobierno. Las deudas o compromisos que ha adquirido son de cinco tipos, explica el director del CCY:
-Deuda pública: es el crédito adquirido con bancos previa aprobación del Congreso.
-Adeudos con proveedores registrados: los contabilizados por Hacienda que no están incluidos en la deuda pública.
-Adeudos de las entidades.
-Obligaciones de pago contratadas: son autorizadas por el Congreso y deben cubrirse de manera ineludible. “Hablamos del CRIT, del Museo Maya, de los PPS. No se catalogan como deuda pública, pero son una obligación de pago”, dice Cisneros.
Por último están los anticipos de Hacienda, algo que, sin embargo, ha ocurrido una sola vez, durante el gobierno anterior.
Deuda pública directa. Con sólo un vistazo queda claro dónde comenzó la “fiesta”. Hay dos periodos muy claros: en el primero, que va de 2001 a 2007, la deuda pública se redujo de $791 millones a $311 millones (disminución del 39% en términos reales). De 2007, primer año de Ivonne Ortega, a 2013 se incrementó en $1,981 millones (637% más).
Con proveedores. Luego están los adeudos con proveedores, que pasaron de $227 millones en 2007 a $1,715 millones en 2012. “¿Dónde nace el problema?, en el ejercicio 2007-2012. Las cuentas de proveedores de ese período representan el 92% de los pasivos pendientes y casi toda ($1,545 millones) es la deuda con el Isstey que dejó la administración anterior.
Luego están la deuda de las entidades, que asciende a $2,272 millones, y el pasivo circulante -obligaciones a corto plazo-, que aumentó de $637 millones en 2006 a $2,249 millones en 2013.
Bola de nieve. “Yucatán, es cierto, es una de las entidades con menor deuda pública, sin embargo, es conveniente revisar la totalidad de pasivos que tiene el Estado”, advierte Madáhuar. “Llama la atención el crecimiento que han tenido también esos otros pasivos”.
Si se toman en cuenta el adeudo con el Isstey y otros pasivos a corto plazo, retenciones y contribuciones por pagar y otros pagos, los pasivos adicionales alcanzan los $2,249 millones, cifra equivalente al 90% de la deuda pública, o sea, ¡es otra deuda pública! “La deuda pública no preocupa porque es propia de la operación del gobierno. Pero este tema hay que analizarlo a fondo”, añade Madáhuar.
Desde 2008, la deuda pública y los pasivos crecen sin parar en términos reales. La bola de nieve se va haciendo cada vez más grande “y aunque se diga que no pasa nada, a final de cuentas todas esas facturas tendrán que pagarse”, dice Cisneros.
Paso a paso. Yucatán es de las entidades con menor endeudamiento público per cápita del país ($1,180/habitante), entendida la deuda pública como lo que debe el gobierno a los bancos. Sin embargo, también es uno de los seis estados con obligaciones de pago (PPS y el CRIT). “Esto nos convierte en el estado con mayores obligaciones de pago del país. Cada yucateco tiene que responder por 4,212 pesos.
Pagos a realizar. A finales de 2013 el gobierno debió pagar $208 millones del CRIT; $143 millones del Museo del Mundo Maya; $555 millones del Isstey; $796 millones de los Servicios de Salud de Yucatán; y $536 millones de otras entidades. “¿Y quién responde por todo esto?: el gobierno estatal”.
“Entonces, cuando juntas todo -deuda pública, pasivo circulante, adeudos de las entidades, los PPS, el CRIT y el Isstey- te encuentras con pasivos por $29,320 millones -incluyendo un PPS de un nuevo hospital en Ticul de $5,572 millones- que el gobierno del Estado tiene la obligación de pagar”, advierte Cisneros Buenfil. “Son los compromisos que se le vienen encima”.
“El PIB de Yucatán es de 220,000 millones, sus ingresos ordinarios son de $23,000 millones y los de libre disposición de $8,600 millones. Sus deudas, como proporción del PIB, son del 13%, nada grave si tuviera la capacidad de emitir su propia moneda, pero no es el caso”, comentan. “Contra sus ingresos de libre disposición está 340% arriba y contra sus ingresos ordinarios, 127%. Para tener una idea de la situación, Grecia tenía una deuda del 130% de sus ingresos ordinarios cuando fue declarada insolvente”.
“No queremos ser alarmistas, pero necesitamos saber dónde estamos parados”, señala Madáhuar. “¿El Estado está tronando? No, ni mucho menos, pero estamos ante un tema de obligada prioridad, que no pueden seguir siendo postergado por quienes están en el gobierno o en el Congreso. Cuidado: ignorarlo podría tener consecuencias”.
“Vemos futuros compromisos de pago que nos podrían meter en problemas… tal vez los problemas no surjan en el corto plazo, pero tampoco se trata de hipotecar el futuro. Hay un déficit estructural en las finanzas del Estado que es necesario resolver”, concluye.
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