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A partir de septiembre, alcaldes electos de más de 80 municipios heredarán una deuda global de 450 millones de pesos por los más de dos mil ex trabajadores que ganaron sus demandas laborales por despidos injustificados y a quienes les dan largas cada tres años.
“Casi todos, o por lo menos el 90 por ciento de los nuevos alcaldes, recibirán ayuntamientos con deudas muy fuertes a cubrir por el pago de laudos pendientes”, informó César Antuña Aguilar, titular del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.
En algunos municipios, como Tekax, la deuda rebasa los 50 millones de pesos, por lo que el funcionario precisó que en más de 20 comunas hay casos graves y los nuevos alcaldes tendrán que “tomar la batuta y buscar la mejor forma de resolverlos, lo cual no será fácil”.
Indicó que el problema es que cada tres años heredan los alcaldes deudas al entrar a sus cargos al despedir a trabajadores, con las consiguientes demandas laborales.
El magistrado recordó que entre los municipios con mayores deudas por este asunto son Tekax, Seyé, Kanasín, Motul y Tixkokob.
Son ‘varos’ con cantidades fuertes a pagar; se están siguiendo los trámites legales, incluso ante autoridades federales, y ya dado el tiempo avanzado las nuevas administraciones tendrán que asumir esta responsabilidad de responder y cubrirlo”, dijo.
Por esta situación, el magistrado anticipó que casi todos los nuevos alcaldes entrarán con deudas muy fuertes a cubrir, con graves responsabilidades, incluso de procedimientos en su contra si no cumplen estas resoluciones de pago.
Comentó que algunos empleados, ante la negativa de los alcaldes a pagarles, han recurrido a la vía penal para cobrar.
Uno de esos casos fue el Ayuntamiento de Celestún, donde al estar a punto de proceder penalmente contra el alcalde, éste finalmente consiguió los recursos y pagó a los trabajadores.
Entre los ayuntamientos que dejarán millonarias deudas a los nuevos alcaldes por no cubrir los laudos que perdieron figura Tekax, con más de 50 millones de pesos, así como Seyé y Huhí, con alrededor de 40 millones de pesos cada uno. Algunos están a punto de que se les embarguen sus cuentas bancarias para cobrar deudas.
De no cumplirse con los laudos, este tipo de casos los perjudicados pueden acudir a instancias federales para aplicar procedimientos penales en contra de los ex alcaldes.
Cabe recordar el caso en Celestún, que llegó a esa última instancia por lo que la autoridad municipal obtuvo los recursos de “ultima hora” para saldar la deuda.
Las próximas autoridades municipales deben negociar y llegar a acuerdos para no seguir arrastrando laudos que lastiman a los ayuntamientos, dijo el diputado local por el Panal, David Barrera Zavala, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública.
Señaló que este es un “eterno problema” que se va pasando de administración en administración, debido a que muchas veces los alcaldes entrantes no hacen por pagar adeudos y los pleitos se van alargando.
Indicó que las nuevas autoridades no pueden desentenderse de los adeudos, pues son responsabilidad del Ayuntamiento como institución, y no de personas.
Sabemos que en muchos municipios, hay una pesada carga por adeudos que llegan hasta a 10 o 15 millones de pesos, derivados de despidos laborales que no se han saldado”, mencionó el legislador.
Señaló que lo más grave es que la deuda de algunos ayuntamientos es de la magnitud de sus presupuestos, por lo que si pagan de un golpe afectaran severamente sus finanzas, por lo que reiteró que es importante que se llegue a los arreglos.
Expuso que los municipios más grandes tienen mayor capacidad económica y cuando hay cambio de administración la base de trabajadores permanece y cambia solo a los de confianza y altos mandos, por lo que tal vez son menos los problemas.
El diputado local mencionó que también es una irresponsabilidad de los alcaldes que se van y no saldan ni resuelven deudas, incluso algunos, señaló, les dejan a pagar a los trabajadores desde agosto.
Los alcaldes que aún permanecen en sus cargos deberían también de tratar de llegar a acuerdos, negociar, dentro del margen de la ley y que dejen el recurso para que se pague, para que no hereden problemas”, expresó.
Añadió que hay también adeudos en otros rubros, como en pagos a proveedores, de servicios, como agua o luz, lo que es también una gran irresponsabilidad de los que se van.
El Ayuntamiento de Hunucmá acumula 27 demandas laborales presentadas en seis administraciones, por un monto de entre 25 y 26 millones de pesos, informó el alcalde reelecto José Alberto Padrón Romero.
Las denuncias laborales comenzaron en la administración 1998-2001, que encabezó el priista Felipe Canul Ek, al formar el sindicato de trabajadores municipales que lleva su nombre.
El magistrado del Teey, César Antuña Aguilar, informó que Padrón Romero es uno de los 15 alcaldes que ya fueron turnados a jueces de Distrito por desacato al tribunal estatal y están en peligro de ser destituidos o sometidos a procedimientos penales por no pagar laudos a ex empleados.
En su momento, Padrón Romero dijo que una denuncia laboral, presuntamente la de Ariel Iván Méndez Puerto, ya llegó a un Juzgado de Distrito.
Aseguró que el Juzgado de Distrito funge como mediador en el conflicto y pidió a las autoridades municipales que lleguen a un acuerdo con el ex trabajador y solo si no hay pacto, habría sanción.
Según los archivos, Méndez Puerto fue director de Catastro en el Ayuntamiento 2004-2007, del priista Delio Jaime Pérez Quintal y demandó porque se le despidió en la Comuna 2007-2010, del entonces panista Mario Alfonso Balam Poot, quien en la pasada elección fue candidato del PVEM para la presidencia municipal.
En 2014 el Tribunal al Servicio de los Trabajadores del Estado y los Municipios de Yucatán ordenó pagar un laudo a Méndez Puerto.
En julio de 2016, Méndez Puerto denunció penalmente al Ayuntamiento por desobediencia y resistencia de particulares porque, dijo, se niega a obedecer la orden del tribunal y aseguró que ya se le debían 4.3 millones de pesos.
Padrón Romeo también admitió que hay órdenes de embargo de recursos del Ayuntamiento para pagar a ex trabajadores que ganaron tres o cuatro demandas y que ya le pusieron dos multas de unos dos mil y tres mil pesos por desacato.
Al igual que otros alcaldes que se niegan a pagar laudos, Padrón alegó que el problema no es tan sencillo de resolver como podría pensarse, pues cubrir el monto que reclaman los ex trabajadores representa un quebranto a las finanzas municipales y afectaría obras y programas sociales.
No podemos disponer ni de los fondos labores, ni de las participaciones estatales para pagar a los ex trabajadores. El único recuso que podemos utilizar para cubrir esos pagos es el de nuestros ingresos propios”, explicó.
