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Desconocimiento e impericia de la Fiscalía favorecerían a los agresores

27 abril 2013
2:26:00 p.m.  , ,  
Noticias de Yucatán ()

Sábado, 27 de abril de 2013 - 7:00 am En: Derechos Humanos, Mérida

Perseguir feminicidios y erradicar violencia de género, exige Indignación al gobierno de Yucatán
Garantizar que sean juzgados precisamente como feminicidios los recientes asesinatos cometidos contra mujeres por sus cónyuges o concubinos e implementar las medidas y programas para prevenir y erradicar la violencia de género en Yucatán exigió Indignación a la Fiscal General, al Gobernador y a la Directora del Instituto para la equidad de Género, mediante cartas enviadas a dichas instancias.
Los recientes feminicidios y otras agresiones basadas en el género alertan sobre el grave riesgo para mujeres en la entidad y ponen en evidencia la impunidad, la desprotección y la ausencia de programas y políticas para erradicar la violencia de género.
Indignación expresó a las autoridades la preocupación de que los recientes crímenes no sean tipificados adecuadamente.
El desconocimiento y la impericia comprometen la adecuada integración de los expedientes e impiden contar con un modelo de atención adecuado. Con preocupación leímos en medios locales declaraciones de la Fiscal en las que sostiene recientemente que el problema de la violencia en las parejas no constituye violencia de género y que el feminicidio no está tipificado en Yucatán[1][1].
El 11 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial del estado el decreto 558 que modifica el código penal para incluir la figura del feminicidio y que elimina el honor como atenuante en homicidios entre cónyuges o concubinos.
La violencia contra la mujer continúa en aumento y, lamentablemente, han aumentado también los feminicidios. El equipo Indignación deplora enérgicamente las omisiones del gobierno de Yucatán que están desprotegiendo a las mujeres que viven violencia y señala también la responsabilidad de los Jueces y Magistrados.
En distintos informes hemos señalado la dificultad de las mujeres que enfrentan violencia para acceder a la justicia. Desde administraciones anteriores, la Fiscalía dilata la integración de los expedientes, desestima denuncias, justifica al agresor, pone en duda el testimonio de la mujer y no otorga órdenes de protección.
Por su parte los jueces y magistrados suelen desestimar las denuncias de violencia sexual y liberan a los agresores sin garantizar protección para la mujer. El caso de MAR es emblemático: El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán retiró al agresor el delito de violación que cometió reiteradamente durante más de 15 años contra su hijastra “porque no se comprobó la violencia”.
Indignación también ha constatado en otros casos la mínima sanción impuesta a un marido que durante más de 30 años agredió física, verbal, económica y sexualmente a su esposa. En ese caso un juez federal eliminó el delito de violación y el agresor, condenado únicamente por violencia intrafamiliar en un proceso que llevó más de tres años, salió libre.
El IEGY persiste en su negativa a implementar programas efectivos de protección y prevención, además de incumplir con la obligación de ofrecer información actualizada al respecto y monitorear medios de comunicación para evitar que se promueva la violencia en la información y/o la publicidad.
Tanto el gobernador de Yucatán como la titular del IEGY han trivializado la violencia feminicida y exhibido su manifiesta incapacidad de atenderla de acuerdo con un modelo integral de prevención y erradicación al proponer clases de karate y deportes para combatir la violencia de género.
La misma fiscalía incurre en la mala práctica de reportar feminicidios como “crímenes pasionales” y los medios de comunicación reproducen esa y otras frases que encubren la violencia de género.
La información dada por la propia Fiscalía en torno a estos casos indudablemente tiene un impacto en cómo los medios retoman y difunden la noticia, creando un ambiente que pareciera minimizar e incluso justificar la violencia y hacen nugatoria tanto la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, como la convención de Belem Do Pará, suscrita por el Estado Mexicano. Prueba de ello, es que la semana pasada un periódico acusó de “ninfómana” a la mujer que fue asesinada por su cónyuge y otro periódico tituló la noticia con la disculpa justificadora del agresor: “Fue por amor”. El entorno agresivo y misógino que se enfrenta en Yucatán está favorecido por distintas instancias, instituciones y actores, y entre ellos están también los medios de comunicación.
El equipo Indignación exige a todas las instancias que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, Erradicar y Sancionar la violencia contra las mujeres, entre los que está la Fiscalía, el IEGY, la Secretaría de Gobierno y la Codhey, que determinen y den a conocer las medidas emergentes ante los recientes casos que indican una profundización y aumento de la violencia de género y den a conocer el programa estatal en la materia.
De igual manera, y en el caso concreto de la Fiscalía, nuevamente exigimos que se hagan efectivas todas aquellas medidas preventivas establecidas en la Ley de Acceso, como las medidas de protección. Asimismo exigimos la catalogación adecuada de los recientes feminicidios precisamente con esa figura jurídica que determina la violencia basada en el género.
De manera especial, nos manifestamos porque la Fiscalía se aleje de aquellos criterios públicos que justifiquen cualquier tipo de violencia feminicida, conduciéndose con el estándar más alto de protección en la materia.

Comunicado del equipo Indignación
Chablekal, Yucatán, 25 de abril de 2013

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@indignacion_dh
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Justicia, la gran ausente

06 noviembre 2012
8:14:00 a.m.  , , ,  
Noticias de Yucatán ()

Informe del Grupo Indignación sobre el pasado gobierno
Martes, 6 de noviembre de 2012  -  Edición impresa
Durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco la justicia fue la gran ausente, pues mujeres, indígenas, niños, adolescentes y personas homosexuales continuaron siendo las principales víctimas de un sistema que perpetúa la exclusión y niega la posibilidad de generar condiciones de igualdad en los derechos para todas y todos.
Lo anterior es parte de las conclusiones a las que llegó el Grupo Indignación en un “recuento de daños” hecho desde la perspectiva de género al “ivonnato”, un lapso en el cual hubo “grandes retrocesos en calidad de vida y en democracia”.
Ese trabajo, denominado “La Resaca”, fue expuesto anoche en una reunión en el Centro Cultural Amaro. Los expositores fueron Carlos Méndez Benavides, director del albergue Oasis San Juan de Dios; Olga Moguel Pereira, ex consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; Jose Maldonado, quien fue detenido, amenazado y torturado por agentes policíacos; Cristina Muñoz Menéndez y Jorge Fernández Mendiburu, del equipo Indignación.
-Especialmente grave en ese período fue el alto índice de casos de abuso policiaco, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso ejecuciones extrajudiciales, cometidas por la policía preventiva y judicial del estado -señala el documento, publicado en internet.
-Hasta la fecha no se tiene conocimiento de que alguno de estos casos haya sido investigado y sancionado.
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Le exigen justicia al fiscal

09 mayo 2012
8:23:00 a.m.  , , ,  
Noticias de Yucatán ()

Indignación dice que no se atiende bien una denuncia
Publicada: Miércoles, 9 de mayo de 2012 3:00 am  |  Mérida  |  
Cristina Muñoz Menéndez, del grupo Indignación, durante la manifestación de ayer en la Plaza Grande
Integrantes de Indignación afirmaron que la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y el fiscal general del Estado, Héctor Cabrera Rivero, le quieren dar “carpetazo” al caso de una niña que fue violada por su padrastro y como consecuencia de este ataque, resultó embarazada.
La agrupación afirmó que le ha enviado más de 700 correos a ambas autoridades exponiendo el caso, aunque no han obtenido respuesta. También han solicitado audiencia, sin obtener algún resultado favorable.
Se indicó que en 2010, la menor conocida como M.A.R, denunció violación, maltrato físico y explotación sexual por parte de su padrastro.
La Fiscalía General, luego de realizar la investigación, determinó que el primer delito no procedía, debido a que según ellos, la bebé producto del ultraje era hermanita de la denunciante, no su hija.
Indignación añadió que con recursos reunidos por la misma agrupación realizaron los estudios de ADN, con lo cual se comprobó que la pequeña era hija de M.A.R.
“Falta que el padrastro se haga la prueba, pero la Fiscalía pone trabas”, afirmaron las activistas.
Indicaron que el sujeto está siendo procesado por el delito de lenocinio.
“Queremos que se le castigue por la violación y no sólo por lenocinio, ya que le destrozó la vida a una niña”, afirmó Indignación, que ayer se manifestó frente a Palacio de Gobierno para llamar la atención por el caso.- David Chan Caamal
Un vistazo
Piden justicia: El grupo Indignación entregó una carta a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a Georgina Rosado Rosado, directora del Instituto de Equidad y Género.
Infierno de una niña: Una menor era víctima de abuso sexual desde que tenía siete años de edad, a los 10 quedó embarazada y a los 11 dio a luz.
Padrastro exonerado: El Tribunal Superior de Justicia exoneró al padrastro del delito de violación equiparada, a pesar que con una prueba de ADN, se demuestra que el bebé es hijo de la menor y su padrastro.
Revuelo e indignación: Decenas de personas se acercaron a Indignación en la Plaza Grande para leer y escuchar el relato, algunos dijeron que es una historia atroz.
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Indignados por todo

16 octubre 2011
10:52:00 a.m.  ,  
Noticias de Yucatán

 (indignación, protesta)


Ocupa Mérida se manifiesta contra varios problemas 
Publicada:  16 octubre 2011
La lluvia no impidió que un grupo de manifestantes ocupara el centro de la Plaza Grande, para realizar una protesta contra problemas como la desigualdad, hambre, discriminación, tortura, despojo, etc.
La lluvia no impidió que un grupo de manifestantes ocupara el centro de la Plaza Grande, para realizar una protesta contra problemas como la desigualdad, hambre, discriminación, tortura, despojo, etc. Ver fotos(1)
  Puntuales, sin importar la lluvia que cayó en el centro de la ciudad, integrantes del grupo Indignación y otras personas más realizaron en la Plaza Grande una manifestación en protesta contra el sistema económico mundial.

  Los participantes ocuparon el redondel del asta bandera, donde instalaron tiendas de campaña y un equipo de sonido, colgaron carteles y escribieron en una larga tira las razones de su indignación.

En las dos horas y media que duró esa protesta también se recitaron poemas, se narró una leyenda maya y se escuchó una denuncia de despojo de tierras en la comisaria de Cucá, en Tixpéual.

Esa manifestación, denominada Ocupa Mérida, comenzó a la 1 del día y fue simultánea a la realizada ayer en otras partes del país y en diversas naciones hispanoamericanas.

  Martha Capetillo Pasos, integrante del Indignación, agrupación de promoción y defensa de los derechos humanos, dijo que en ese acto de ayer participaron estudiantes, artesanos, vecinos de comisarías, activistas y otras personas de otros grupos. Uno de los carteles decía: "Revolución no es el nombre de una calle"
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Indignación por entrega de medalla a gobernadora de Yucatán

19 septiembre 2011
10:21:00 a.m.  , , ,  
Noticias de Yucatán

 (medalla, galardón, indignación, Ivonne Ortega)


Publicada:  19 septiembre 2011
Gina Villagomez


La siguiente carta fue enviada por la Dra. investigadora Gina Villagomez al Rector de la Universidad Iberoamericana con motivo de la presea otorgada por esa institución educativa a la Sra. Ortega Pacheco
 
Dr. José Morales Orozco, S. J.
Rector de la Universidad Iberoamericana 
 
  Ciudad de México
 
 Presente
 
Estimado Sr. Rector Morales Orozco:


El motivo de la presente comunicación es compartir con Usted el sentimiento de profunda indignación que ha causado en mí, al igual que en otros egresados de la Universidad Iberoamericana que viven en Yucatán, que nuestra querida y admirada Alma Mater haya otorgado una medalla denominada “San Ignacio de Loyola” como un reconocimiento explícito a la gobernadora del estado de Yucatán Sra. Ivonne Ortega Pacheco. Esto al menos se desprende de un comunicado oficial del gobierno del estado de Yucatán, anexo, que dice lo siguiente: “Autoridades de esta casa de estudios, otorgaron a Ortega Pacheco la medalla San Ignacio de Loyola, que reconoce el esfuerzo realizado para contribuir al desarrollo de Yucatán”.
 
La indignación se desprende  porque un amplio sector de la opinión pública en Yucatán considera que la actual administración de la Sra. Ortega Pacheco ha sido y es un ejemplo claro y comprobado de falta de transparencia, opacidad, represión y autoritarismo. Su ineficiente manejo de las finanzas públicas ha significado que, pese a contar los últimos cuatro años con el mayor presupuesto de su historia, Yucatán presente un gran atraso en los indicadores de desarrollo económico, social y político. Esto es en especial doloroso si consideramos las enormes necesidades de la gran población de origen maya que vive en nuestro estado y tomando en consideración el compromiso social que ha caracterizado a la Compañía de Jesús y al espíritu Jesuita, que comparto como ex alumna de la Universidad Iberoamericana.

Desconozco si el anuncio de la entrega de esta presea sea una tergiversación oficial de los hechos, lo cierto es que en la población ha provocado un profundo disgusto que demerita la imagen de nuestra Universidad, tal como podrá apreciar en los comentarios de los lectores de la prensa local a ese comunicado, mismos que también anexo.
Entiendo que desde el centro del país es muy difícil tener una visión objetiva de lo que sucede en todos los estados de México. Por tal motivo, me tomo la libertad de enviarle un link de una fuente de análisis de alcance nacional donde se expone la situación que guarda Yucatán con la Sra. Ortega al frente,
 
Conociendo su profundo compromiso social con la población más pobre y necesitada de nuestro país, me ha parecido importante compartir con Usted estas opiniones y esta información. 
 
Reiterándole mi respeto a su trabajo y a la institución que dignamente preside y de la que me considero parte, me despido con un afectuoso saludo.
 
Atentamente
 
Gina Villagómez Valdés
 
Doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana
 
Graduada con Mención Honorífica en 2002
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El otro asesino de Janie

05 agosto 2011
11:09:00 a.m.  , ,  
Noticias de Yucatán

(asesinato, mujeres, indignación)

El homicidio de San José Tzal, reflejo de un incumplimiento
Publicada: 5 agosto 2011

La violencia feminicida de fatales consecuencias para integrantes de una familia en San José Tzal, en el sur de Mérida, exhibe, en medio del horror, la persistencia de agresiones de género y obliga a investigar la negligencia, incumplimiento e impericia de autoridades e instituciones de Yucatán, cuyas omisiones hubiesen desprotegido y causado la muerte de 4 integrantes de una familia, incluyendo al agresor que se suicidó, y lesiones graves a tres niñas, dice el Grupo Indignación.

En un comunicado de prensa, la agrupación recuerda que el lunes de esta semana Gregorio Hidalgo Magaña, un ex militar de 40 años de edad, asesinó a su esposa Janie Rosaura Salazar Pérez, de quien estaba separado, a dos de sus hijos e hirió de gravedad a 3 niñas. Posteriormente se suicidó.

Al respecto -añade-, es preciso recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Yucatán faculta, tanto a las autoridades ministeriales como a las judiciales, a emitir medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia violencia. Luego dice Indignación:

Las medidas tienen como objetivo, justamente, reducir los riesgos de la víctima ante una denuncia por violencia y generar condiciones para que quienes sufren de este fenómeno, puedan acceder a una justicia pronta y efectiva.

Sin embargo, es práctica sistemática del Ministerio Público negar dichas medidas.

La misma ley también faculta a la autoridad investigadora a proveer de refugio temporal a una mujer que esté en una situación de grave riesgo.

El presente caso exhibe que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es letra muerta en Yucatán.

Indignación ha documentado la práctica imposibilidad de las mujeres de Yucatán de acceder a la justicia en casos de violencia de género: los juzgados de paz que carecen de facultades, los Ministerios Públicos que retardan investigaciones y no otorgan órdenes de protección y otras medidas cautelares, las y los jueces que carecen de una perspectiva de género al momento de efectuar procesos penales, como evidencia el caso de Grettel Rodríguez, cuyo agresor salió en libertad ante la reclasificación que hizo la juez del delito.

Incluso el Tribunal Superior de Justicia que al carecer de formación en materia de violencia de género protege a agresores, como en el caso de MAR, en el que eliminó un delito grave al agresor.

Otros dos casos que Indignación acompaña e ilustran el informe "Náach Yano'on" (Qué lejos estamos) presentado en 2009 continúan sin sentencia contra los agresores. Dicho informe, sobre acceso de las mujeres a la justicia en Yucatán, señala el persistente incumplimiento de la debida diligencia a la cual está obligado el Ministerio Público, lo que propicia la continuación de la violencia, entre otros críticos incumplimientos.

Este grave caso feminicida, multihomicida, que puede también presentar elementos de homofobia no está concluido, como sostiene el procurador aduciendo que "el agresor se suicidó", pues resulta indispensable determinar si existe responsabilidad de instituciones y servidores públicos que hubiesen omitido investigar de manera diligente, sancionar, otorgar medidas cautelares y proteger la vida y la integridad física de una mujer que vivía severos episodios de violencia a manos de un hombre cuyas características lo hacían altamente peligroso.

Este caso también exhibe que en Yucatán las condiciones que permiten la violencia de género no han sido erradicadas por la falta de políticas públicas efectivas que prevengan y combatan con los más altos estándares en materia de derechos humanos.



Tema: Sucesos de policía

En contexto:
Puntos en conflicto

El caso sucedido San José Tzal, en Mérida, ilustra cuando menos dos aspectos graves cuya responsabilidad es atribuible al gobierno del Estado.

Violencia sin fin : La situación de violencia sistemática que prevalece en perjuicio de las mujeres yucatecas al interior del hogar.

Ausencia de información: De acuerdo con Indignación, es preciso destacar la falta de datos en la materia, responsabilidad del Instituto de Equidad de Género del Estado (IEGY), presidido por Georgina Rosado Rosado, puesto que ha incumplido con una de las obligaciones que establece la ley en la materia, que es sistematizar y dar a conocer información estadística semestralmente sobre los casos de violencia de género que se dan en el Estado.

Datos útiles :

La organización indica que si se contara con información sobre la materia, permitiría implementar políticas públicas adecuadas para erradicar la violencia de género en el estado.

Ineficiencia :La negligencia de las instituciones encargadas de establecer políticas de equidad de género, en este caso el IEGY, y de investigar delitos relacionados con la violencia feminicida, es decir, la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

Ya se sabía :Según datos señalados por diversos medios de comunicación, Janie Rosaura Salazar Pérez ya había presentado denuncias previas por agresiones cometidas en su perjuicio y de sus hijos, e incluso estuvo recibiendo terapia psicológica.

Sin ayuda: A pesar del historial de violencia que había vivido, Janie Salazar Pérez a manos de su pareja y que era del conocimiento de las instituciones, ninguna autoridad tomó medida efectivas para salvaguardar su integridad física y psicológica y la de sus hijos e hijas.

Sí hay una ley:

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del estado de Yucatán, faculta, tanto a las autoridades ministeriales, como a las judiciales, a emitir medidas precautorias que garanticen la integridad física y psicológica de una mujer que denuncia actos de violencia
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Marcha por la paz

08 mayo 2011
8:10:00 a.m.  , ,  
Noticias de Yucatán

(protesta, ciudadanos, indignación)

8 mayo 2011
La Marcha Nacional por la Paz, que encabeza el escritor Javier Sicilia tendrá eco en Yucatán, con una manifestación que saldrá hoy a las cinco de la tarde del "remate" de Paseo de Montejo para dirigirse a la Plaza Grande, con el fin de pedir un alto a la violencia que asuela al país.


Diferentes personas y grupos sociales se sumarán así a la convocatoria del escritor, en una marcha simbólica que será en silencio. Se sugiere ir de blanco y llevar flores y velas para honrar a las víctimas de la violencia y pedir un alto a la impunidad, indica Martha Capetillo Pasos, dirigente del Grupo Indignación. Al llegar a la Plaza Grande, agrega la activista de Derechos Humanos, habrá una lectura de poemas alusivos al acto y una representación de teatro, a cargo de un grupo de jóvenes, para pedir por la paz.

La Marcha Nacional por la Paz, como informamos, llegó ayer a la ciudad de México y hoy a las 14 horas habrá un mitin en el Zócalo. El movimiento ha acaparado la atención pública en todo el país. Habrá marchas paralelas en varias ciudades, entre ellas Mérida, cuya invitación es abierta.-

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Cartas al Diario (nuevo conserjo INAIP)

22 enero 2011
10:22:00 a.m.  , ,  
Noticias de Yucatán

(indignación, inaip, nombramientos)

22 enero 2011
A continuación reproducimos las partes medulares de una carta del grupo Indignación, A.C.


Las instituciones ciudadanas que cumplen funciones esenciales en un estado democrático y que en México y en Yucatán constituyeron todo un logro en su momento continúan siendo desmanteladas en lo que se exhibe como una apuesta por el retorno al autoritarismo de un gobierno que por supuesto cuenta con el sometimiento del poder legislativo.

El sorpresivo nombramiento como consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública de Yucatán de un hombre vinculado al ámbito empresarial, sin trayectoria alguna en la sociedad civil, sin conocimiento en materia de transparencia, cuya trayectoria más que independencia muestra complacencia con los gobiernos, constituye un ataque más a los organismos ciudadanizados.

No es el único. La ratificación del presidente de la Codhey en junio pasado, a pesar de su probada impericia, ha ocasionado un profundo deterioro en materia de derechos humanos en el estado. Sus tardías e inocuas recomendaciones o la ausencia de éstas en casos de tortura ha otorgado a elementos policíacos tal impunidad.

De la ratificación del presidente de la Codhey fue responsable la anterior legislatura con el voto prácticamente de todos los legisladores del PRI y del PAN. Quienes se abstuvieron u opusieron no lograron contrarrestar el acuerdo para validar a un ombudsman que fue cómplice de los gobiernos de ambos partidos.

En el caso del Instituto de Acceso a la Información, la legislación le otorga al poder ejecutivo una participación en un proceso del que debiera estar excluido y que ha ocasionado el nombramiento de personas sin trayectoria desde la ciudadanía.

La pésima ley en la materia ocasiona una perversa simulación que pretende ampararse en el ordenamiento legal para actuar de manera arbitraria, opaca y autoritaria, saboteando la participación ciudadana.

Esto es particularmente grave en el contexto actual, en el que el gobierno de Yucatán enfrenta serios cuestionamientos en materia de transparencia y rendición de cuentas, particularmente en el manejo de los recursos públicos.

Garantizar el acceso a la información pública es esencial para vigilar el ejercicio del poder y constituye un derecho de la ciudadanía que debe protegerse con firmeza.

Indignación deplora el nombramiento del señor Álvaro Traconis y le hace un firme llamado a renunciar de inmediato a un cargo para el que no cuenta ni con la pericia ni con los conocimientos ni con la trayectoria que se requiere y que, en cambio, despierta todas las sospechas como propuesta de un gobierno que pretende obstaculizar la rendición de cuentas e incumplir sus obligaciones en materia de transparencia.

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Exigen un informe de los torturados

21 mayo 2010
1:18:00 p.m.  , , ,  
Noticias de Yucatán

Indignación critica al ombudsman por no levantar la voz
21/05/2010

El equipo Indignación exigió al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado, que presente de inmediato un informe sobre los casos de tortura que han denunciado los detenidos de Komchén y Dzemul.

También le piden que explique cuál ha sido su actuación en estos casos.

En un escrito, Indignación expone lo siguiente al respecto: Con profunda consternación hemos escuchado acusaciones de tortura que habría sido infligida en instalaciones de la Procuraduría o de la SSP contra personas detenidas en el marco del reciente proceso electoral.

Consternadas y con indignación escuchamos sólo el silencio de la Codhey. Los casos denunciados habrían ameritado ya una palabra del ombudsman. La presencia de la Codhey en estos casos habrá incluido, suponemos, médicos expertos capaces de confirmar o desechar la acusación de tortura.

Una violación a los derechos humanos tan grave como la tortura ameritaría una pronta exposición pública por parte del ombudsman señalando, en su caso, a los responsables.

Los responsables no son únicamente, por supuesto, quienes directamente hubiesen participado en la comisión de este crimen sino también, y sobre todo, los encargados de la Procuración de Justicia en Yucatán.

En cualquier lugar del mundo civilizado y comprometido con los derechos humanos, los responsables habrían sido removidos de su puesto inmediatamente y ya estarían siendo investigados.

Un gobierno que hubiese tolerado cualquier acción de tortura, que hubiese protegido a quien la inflige, que omitiese investigar y sancionar o que la hubiese alentado, en cualquier lugar en el que los derechos humanos tuviesen algún significado, tendría que renunciar inmediatamente por vergüenza. Y tendría también que someterse de inmediato a una investigación.

La tortura es un crimen de lesa humanidad, una práctica deleznable, inaceptable. La tortura nos agravia a todos como sociedad. El silencio de la Codhey nos agravia de la misma manera. Qué conveniente ha resultado para los gobiernos de Yucatán, tanto emanados del PAN como del PRI, esta Comisión de Derechos Humanos que suele esperar varios meses antes de emitir sus inocuas resoluciones.

En Yucatán nos costó un enorme trabajo y demasiado tiempo lograr que se tipificara la tortura como delito en el código penal. Autoridades y diputados de otro tiempo se negaban a reconocer como delito este crimen. Autoridades y diputados actuales toleran hoy estos agravios: la tortura y la inacción de la Comisión de Derechos Humanos.
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