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“Borrón y cuenta nueva” en el ISR

06 agosto 2014
Noticias de Yucatán ()

Consecuencias graves de una medida federal

La condonación del Impuesto sobre la Renta, retenido a los burócratas estatales por el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y no entregado al fisco, se hizo gracias al artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013 (LIF), aprobado por el Congreso de la Unión en diciembre de 2012.
De acuerdo con esa disposición, a las entidades públicas, que previamente habían firmado un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se les condona el pago del ISR cobrado a sus trabajadores de enero a noviembre de 2012 y de todos los años anteriores, siempre y cuando paguen el monto de ese impuesto correspondiente a diciembre de 2012. Es decir, pagando este último mes, se borran las deudas anteriores, sin restricción.
Además, ese artículo establece que en el caso del ejercicio 2013, los gobiernos, el de Yucatán incluido, podrán aplicar un descuento del 60% a sus deudas de ISR, considerado como “estímulo fiscal”, y de 30% para 2014.
Secreto fiscal
Según un análisis de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de 2007 a 2012, que comprende el periodo de Ivonne Ortega, ésta cobró, como publicamos ayer, $505.6 millones de ISR a los empleados de la nómina estatal, pero no entregó el dinero al Sistema de Administración Tributaria (SAT), como marca la ley, en una operación similar a la de las cuotas del Isstey, que está en quiebra.
Ahora, en virtud de la Ley de Ingresos de 2013, el gobierno estatal ya no tiene adeudos con el SAT, por concepto de ISR. Empero, hasta ahora se desconoce el destino de esos $505.6 millones y de los casi $70 millones de intereses que esa cantidad habría generado.
El monto de la deuda es aproximado, pero basado en información oficial, porque la cantidad exacta es imposible conocerla.
Según el SAT, los adeudos fiscales de Yucatán y de otras entidades públicas pertenecen al secreto fiscal.
De acuerdo con la Cuenta Pública de 2013, el gobierno de Rolando Zapata Bello también cobró el ISR a los burócratas, $195 millones, pero no los entregó al SAT.
En virtud de la LIF de 2013, el gobierno estatal puede pagar ese impuesto con un descuento del 60%, es decir, entregar $78 millones al fisco y quedarse con $115 millones, como “estímulo fiscal”.
Dada su importancia política, económica y legal, la Auditoría Superior de la Federación analizó la condonación de ISR del gobierno federal y concluyó, entre otras cosas, en su informe de 2013, que esa estrategia tiene graves consecuencias.
No cobra, pero paga
Aunque el SAT no recaude el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, y condone los adeudos generados, dice la ASF, aun así debe disponer de recursos -de los que recauda en otras instancias, entre ellas en el sector privado- “para efectuar las devoluciones en efectivo” que soliciten los trabajadores de los gobiernos beneficiados con la condonación del ISR, que retuvieron a sus trabajadores pero no lo enteraron.
“Sobre este particular”, explica el informe de la Auditoría Superior, “es importante señalar que el pago de las devoluciones las realiza el SAT con fundamento en lo previsto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, el cual indica que existe la obligación, por parte del Fisco Federal, de autorizar dichas devoluciones en efectivo, cuando procedan; sin embargo, en dicho artículo no se establece cómo el SAT actuará en los casos en que el retenedor no entere el impuesto”.
Mediante un oficio del 2 de septiembre de 2013, el SAT informa a la ASF que “no existe disposición legal expresa que impida que se realice la devolución a los contribuyentes retenidos por el hecho de que sus retenedores no cumplan con sus obligaciones fiscales”.- HERNÁN CASARES CÁMARA
Condonación | Amparo
La condonación de los adeudos del ISR a gobiernos ha causado indignación.
Suprema Corte
Un grupo de intelectuales integrado, entre otros, por Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser, Jesús Silva Herzog Flores y Federico Reyes Heroles, reunidos en la organización Yo contribuyente, presentó una demanda de amparo contra la condonación en la Suprema Corte de Justicia, que rechazó la petición la semana pasada.

Apoyo para evadir el ISR

Una ley "premia" a los gobiernos que no pagan

El Sistema de Administración Tributaria condonó al gobierno yucateco la deuda de $506 millones por concepto del Impuesto sobre la Renta, que cobró a miles de trabajadores al servicio del estado entre 2007 y 2012, pero no entregó al fisco, gracias a una polémica iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto.
La condonación, que beneficia a Yucatán y a otros estados y municipios -y que es considerada anticonstitucional por algunos- es parte de una supuesta estrategia de la federación para regularizar los adeudos fiscales de las entidades públicas, que incluye además de la condonación, generosos descuentos por pronto pago.
Esta última medida favorece a la administración de Rolando Zapata, pues le habría permitido quedarse con $117 millones de la recaudación del ISR de 2013.
Aparte del supuesto carácter ilegal de la condonación, personas opuestas a la medida han pedido que los gobiernos den a conocer dónde quedó el impuesto que descontaron a sus empleados y no entregaron al fisco. En el caso de Yucatán, hasta ahora las autoridades no han hablado del tema.

Cobros no entregados al SAT en la administración anterior de Yucatán

05 agosto 2014
Noticias de Yucatán ()

Pruebas de quese hizo lo mismo que con el Isstey


En su administración, la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco no sólo cobró a los trabajadores al servicio del Estado cientos de millones de pesos por concepto de cuotas del Isstey que nunca entregó a ese instituto, sino que también hizo lo mismo con el cobro del Impuesto Sobre la Renta, un gravamen federal.
Averiguaciones de Central 9, la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Grupo Megamedia, muestran que la actual secretaria general del PRI retuvo de los sueldos de los empleados públicos, de 2007 a 2012, más de $500 millones por concepto de cobro de ese impuesto, pero no los entregó al fisco.
Empero, hasta ahora se desconoce el destino de esos $500 millones y de los casi $70 millones de intereses que esa cantidad habría generado.
No entregar el ISR configura el delito de defraudación fiscal, previsto en el Código Fiscal de la Federación, que impone una sanción de hasta nueve años de prisión. La ex gobernadora habría librado esta disposición gracias a una iniciativa de Enrique Peña Nieto de 2012, que condona el pago de ese adeudo a Yucatán y otros estados.

Cobra y no paga

Desaparecen unos recursos en el gobierno anterior

Entre 2007 y 2012 el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco cobró y retuvo el Impuesto Sobre la Renta de miles de empleados públicos de Yucatán, más de $500 millones, pero no lo entregó al Sistema de Administración Tributaria (SAT), como marca la ley, del mismo modo que lo hizo con las cuotas del Isstey.
Para 2013, según cifras oficiales, el gobierno del Estado ya debía $505.6 millones al SAT, más una cantidad importante por concepto de intereses moratorios.
Condonación
Sin embargo, una disposición de la Secretaría de Hacienda, incluida en la Ley de Ingresos de 2013, y aprobada por los diputados, condonó ese adeudo a Yucatán y a otros estados de la república, con lo que la ex gobernadora dejaría ya no tendría responsabilidad legal por ese incumplimiento.
Empero, hasta ahora se desconoce el destino de esos $505 millones y de los casi $70 millones de intereses que esa cantidad habría generado.
De acuerdo con un análisis de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de 2007 a 2013, a diciembre de 2007 -Ortega Pacheco llegó al gobierno el 1 de agosto de ese año- el Impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores al servicio del estado y no enterado al SAT ascendía a $23.2 millones. En 2006, el último año completo de Patricio Patrón Laviada, antecesor de la Sra. Ortega, la morosidad en el pago de ese impuesto fue de cero, lo mismo, por cierto, que las cuotas del Isstey.
Cifras
En 2008, el ISR retenido y no enterado a las autoridades fiscales creció a $38.2 millones. En los siguientes años las cifras fueron las siguientes: 2009, $33.9 millones; 2010, $97.0 millones; 2011, $225.4 millones y 2012, $87.9 millones. En total, en un lapso de 6 años se acumularon $505.6 millones a favor del SAT.
De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, los gobiernos de los estados y municipios, así como los patrones del sector privado tienen la obligación de retener a sus trabajadores el ISR sobre sus salarios y pagarlo posteriormente al SAT. Son un mero vehículo recaudatorio que detentan transitoriamente un dinero que no es suyo, sino del fisco federal.
¿Y el dinero?
No entregar el Impuesto Sobre la Renta es un delito previsto en el Código Fiscal de la Federación, que impone una sanción de hasta nueve años de prisión por defraudación fiscal a quien omita enterar a las autoridades las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera recaudado o retenido.
Hasta ahora ni este gobierno ni el anterior han informado por qué no enteraron al fisco el ISR retenido a sus trabajadores, así como el destino de esos recursos.- HERNÁN CASARES CÁMARA
Impuesto sobre la Renta | Igual que el Isstey
Cuotas
El gobierno del Estado en el periodo de Ivonne Ortega Pacheco cobró a sus trabajadores las cuotas del Isstey, pero no las entregó a ese Instituto y lo mismo hizo con los cobros relacionados con préstamos y otras prestaciones.
Adeudo
El Centro para la Competitividad de Yucatán de Coparmex estimó en $2,262 millones el adeudo del gobierno con el Isstey en 2013, por esos conceptos..
Desvíos
Nuevos indicios encontrados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, apuntan a que además de los desvíos del ISR, Ivonne Ortega se habría apoderado también del impuesto a la nómina de los trabajadores de dependencias federales asentadas en Yucatán y calculado en otros 87 millones de pesos.

Piden no callar en la deuda del Isstey

08 junio 2013
Noticias de Yucatán ()

¿Qué se hizo con el dinero?, insiste un diputado local


“¿Quiénes son los responsables de este desvío?”, pregunta el diputado Mauricio Vila Dosal al referirse a declaraciones del líder de los burócratas estatales, Jervis García Vázquez, en las que éste acepta que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco dejó una deuda con el Isstey.
“¿Por qué ese dinero no ingresó a las arcas del Isstey? ¿Qué se hizo con algo que es propiedad de los trabajadores?”, son otras preguntas que plantea el legislador panista.
Ayer publicamos que Jervis García declaró que no habrá cancelación del nivel de preescolar en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) del Isstey. También dijo que ve “buena voluntad” en el Ejecutivo para pagar la deuda que dejó el gobierno de Ivonne Ortega.
Mauricio Vila, quien anticipa que más adelante se referirá al tema de los Cendis porque sí ha recibido quejas, dice que le llaman la atención las evasivas en torno a la deuda.
Después señala, por escrito:
“Me sorprende que quien tiene la obligación de velar por los derechos de sus agremiados hoy se convierta en vocero de sus patrones justificando acciones en menoscabo de los derechos y beneficios que deben recibir los primeros.

“Por si fuera poco, admite que el gobierno de Ivonne Ortega dejó una deuda con el Isstey, pero ‘hay buena voluntad’ del actual de irla pagando.
“Es increíble, y lo recalco con asombro, que quien está obligado a velar por los intereses de los trabajadores afirme que está consciente, que le consta que hubo desvío y lo justifique con buena voluntad.
“La realidad es que los trabajadores del gobierno siguen pagando las mismas cuotas al Isstey, pero ahora recibirán menos beneficios. No sólo es la paulatina desaparición del nivel de preescolar sino también el cierre de la agencia de viajes del instituto y nuevas restricciones al uso del hotel Costa Club y a las tiendas para el público en general.
“Todas estas medidas son motivadas por la precaria situación financiera del Isstey debido al adeudo, que se calcula en alrededor de $1,200 millones, dinero que se les retuvo de sus salarios a los trabajadores del gobierno del Estado pero nunca ingresó a las arcas del Isstey en la anterior administración.
“Las preguntas siguen al aire y sin respuesta:
“¿Por qué ese dinero no ingresó a las arcas del Isstey?
“¿Qué se hizo con ese dinero que es propiedad de los trabajadores?
“¿Quiénes son los responsables de este desvío?
“Ya es hora de que este gobierno asuma su responsabilidad.
“Ya es hora que demuestre su feroz combate a la corrupción”.

Piden cuentas sobre el Isstey

05 junio 2013
Noticias de Yucatán ()


Una queja por los Cendis revive el caso de una deuda


Una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) dio pie ayer a nueva petición de que se aclare la situación financiera del Isstey.
“Que nos digan a dónde fueron a parar los recursos que el gobierno del Estado retuvo y no entregó al instituto durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco”, subrayó el diputado Mauricio Vila Dosal a las puertas de la Comisión.
“El Isstey tiene un quebranto muy grande. Sólo en cuotas que el gobierno anterior no entregó al instituto hay de 1,000 a 1,200 millones de pesos. Ese desfalco tiene nombres y apellidos. Coincidentemente, quien era jefe del despacho de la gobernadora (Ulises Carrillo Cabrera) es ahora director de la dependencia”.
El 4 de abril pasado publicamos que entre 2008 y 2012, durante la gestión de Ivonne Ortega, se desviaron cerca de $1,650 millones del Isstey. Según documentos oficiales, el gobierno cobró a sus trabajadores las cuotas que deben pagar al instituto y los abonos de quienes pidieron préstamos, pero no entregó el dinero. Tampoco pagó sus propias cuotas.
Vila Dosal se presentó a la Codhey para interponer una queja a nombre de madres trabajadoras del gobierno, quienes, según explicó, le plantearon su malestar por la próxima cancelación del nivel de preescolar en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis). Atribuyó la medida a los apuros del Isstey.

“Atentado” a los burócratas

Unas 2 mil familias afectadas por una medida del Isstey


De 1,500 a 2,000 familias resultan afectadas por la cancelación del servicio de preescolar en el Isstey, una medida que es violatoria de los derechos de las madres trabajadoras del gobierno del Estado, declaró el diputado Mauricio Vila Dosal.
En breve entrevista al salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), donde presentó una queja a solicitud de las madres afectadas, el legislador calificó de atentado a los derechohabientes la decisión del Isstey y recalcó su convicción de que ésta tiene su origen en los problemas económicos del instituto.
Vila Dosal entregó a la Codhey un memorial en el que relata los motivos de la queja y los preceptos legales, algunos basados en tratados internacionales, que la sustentan.
Según explica en el documento, madres de familia afectadas le solicitaron su intervención después de acudir a oficinas del Isstey para pedir información o solicitar la inscripción de sus hijos al nivel de preescolar en el próximo ciclo.
Los encargados de la dependencia les informaron que ya no era posible la inscripción porque se modificaron las normas, lo cual, según indica Mauricio Vila, es falso.
“Esta medida viola la Constitución Política de México y varios tratados internacionales suscritos por nuestra nación”, añade. “También fomenta la discriminación al género femenino y a los menores, que están considerados como grupos vulnerables”.
“También contradice el reglamento del Cendi, que en su artículo 4 dice: ‘Los menores podrán ingresar desde la etapa de lactantes y hasta que concluyan su educación pre-escolar’”.El diputado panista agrega que no se cumple el artículo 20 del reglamento del Cendi, donde se mencionan tres casos en los cuales se suspendería el servicio y en ninguno de ellos se incluye que estas medidas se adoptarán para reducir la deuda que se contrajo en pasadas administraciones, de manera que la arbitrariedad en su ejecución “es totalmente violatoria de las garantías básicas del ser humano, tal como menciona el director del Isstey en repetidas ocasiones en que ha declarado a la prensa”.También dice lo siguiente:”A simple vista es notorio que la Seguridad Social, como garantía de respeto a los derechos humanos, está en franca debacle por parte de la institución encargada de brindarla en Yucatán, el Isstey. La protección de los medios de subsistencia, las prestaciones económicas y servicios sociales son una faltante diaria en esta institución.”El Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad social mediante el servicio público, que se encarga de suministrar el esquema de protección en la forma y términos que establece la ley. Este servicio público es: nacional, definido, contributivo y eminentemente obligatorio”.Posteriormente el diputado local declaró que esperará la respuesta de la Codhey en los plazos legales. En caso de que no sea así recurrirá a otras instancias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).También afirmó que presentó la queja a nombre de las madres trabajadoras porque éstas han sido amenazadas con el despido laboral si hacen pública su inconformidad.-

Cae el Seguro Popular

03 junio 2013
Noticias de Yucatán ()

Muchos critican su deficiente atención médica


Las quejas por el desabasto de medicinas y la mala atención médica en el Seguro popular aumentaron sustancialmente en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, sostiene un informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Cada médico del Seguro Popular, por ejemplo, dice el informe, atendía 9,121 pacientes al año, debido, entre otros factores, a la disminución de las asignaciones presupuestales para cada beneficiario, que en 2010 ascendieron a $604 y un año después bajaron a $546.
“Jineteo”
La falta suficiente de recursos y de control sobre el servició propició también la proliferación de actos de corrupción, como el tráfico de recetas, el pago de facturas irregulares o por servicios jamás prestados y el “jineteo” del dinero que la Federación enviaba al Estado.
En Yucatán hay 913,000 personas afiliadas al Seguro.
De acuerdo con el Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en el Estado, en 2011, el 33.3 por ciento de los beneficiarios del Seguro Popular calificaba de incompleto el suministro de medicamentos y el 30.3 por ciento de deficiente la atención médica.
Cambio
Un año antes, añade el informe, el porcentaje de inconformes con el abasto de medicamentos era de apenas el 13% y no habían quejas significativas por la atención médica.-
Página 3
Seguro inseguro
Los yucatecos afiliados al Seguro Popular ascienden a 913,000, pero muchos están inconformes.
9,121
Número de pacientes al año que atiende un médico del Seguro Popular.
33.3%
Beneficiarios del Seguro Popular que califican de deficiente la atención médica
10%
Disminución de la aportación per cápita en el Seguro en 2011, respecto a 2010.
$89.4
Reducción anual en el gasto destinado a medicinas, por cada beneficiario.

Pagan por servicios fantasmas en el IDEY

10 abril 2013
Noticias de Yucatán ()


Casi $2 millonesa empresa de TV que nunca grabó

Una de las incidencias durante la Olimpiada Nacional 2011, en cuya organización salen a relucir oscuros manejos de dinero por el Idey
 Funcionarios del Instituto del Deporte de Yucatán en el gobierno pasado habrían desviado $1.740,000 de las Olimpiadas Nacionales 2011, que se realizó en Mérida, por medio de la simulación de un pago por esa cantidad a una empresa que presuntamente dio el servicio de transmisión televisiva de ese evento, pero del cual no hay una sola prueba, según una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En esta tercera y última entrega del reporte de la ASF sobre el IDEY, damos a conocer otros desvíos por concepto de pólizas de seguros, servicios de transportación y compra de uniformes, medallas y trofeos, además de pagos en exceso a árbitros y funcionarios invitados.-


Más anomalías en gastos

Priva el desorden en pagos del IDEY en unas olimpiadas

De acuerdo con la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) elaboró un convenio de prestación de servicios para la transmisión de eventos deportivos de la Olimpiada Nacional 2011 con la Productora y Comercializadora de Televisión, de $1.740.000, el 28 de marzo de 2011.
Luego de revisar la documentación correspondiente, la ASF no encontró evidencia del estudio de mercadeo que sirvió de base para la selección del proveedor del servicio, ni la justificación y el dictamen de adjudicación directa. Además, no se encontró evidencia de la ejecución de los servicios, ya que el proveedor sólo presentó un oficio sin número del 23 de febrero de 2011, en el cual describe el horario y números de horas de transmisión del evento, sin mostrar evidencia de los vídeos realizados y transmitidos, ni los horarios en los que fueron transmitidos.
Seguros
En el balance final de la auditoría, incluido en el último Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la ASF asienta que también detectó que el IDEY contrató un seguro de accidentes y enfermedades para participantes entre deportistas, entrenadores y cuerpo multidisciplinario durante la Olimpiada, realizada del 21 de abril al 22 de mayo 2011, por $1.159,700 (póliza de seguro ERFA0000138795 con la aseguradora Grupo Nacional Provincial, S.A.B.).
Sobre este asunto, según la ASF, el IDEY no presentó la documentación que compruebe y justifique el soporte de la facturación del gasto y detectó que el número de asegurados participantes (13,150) difiere con los cotizados por la Oficialía Mayor del gobierno del Estado (12,172) y con los registrados en el padrón de participantes reportado por el IDEY (15,803), por lo que deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación el monto pagado a las aseguradoras.
Trofeos y medallas
La ASF reportó otro probable daño patrimonial por un monto de $548,316, a cargo del IDEY, al realizar pagos por servicios de transportación y bienes consumibles, como uniformes, medallas, trofeos y materiales y útiles de impresión, sin contar con el soporte documental que compruebe y justifique el gasto.
Lo mismo ocurrió con una partida de $1.135,470, con la que el IDEY pagó por conceptos no autorizados en el Catálogo de Gastos de la Olimpiada, como erogaciones financieras por disciplinas realizadas en otras sedes fuera de Yucatán. En esta partida se incluyeron pagos a personas que ni estaban en el listado oficial de participantes, así como los gastos personales del delegado del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero (IME), que asistió como invitado a la Olimpiada, de $12,700.
La ASF descubrió además otros gastos indebidos de $696,400, destinados a la compra de boletos aéreos y cambios no justificados; pagos en exceso, de $26,300, a árbitros de la Federación de Vólibol de Playa y gastos duplicados, de $12, 900, por el concepto de servicio de transportación de la subdirectora de Promoción Deportiva del IME.- HERNÁN CASARES CÁMARA
El caso | Desvíos en el IDEY
Cúmulo de pruebas
Durante una revisión de las cuentas del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) en 2011, la Auditoría Superior de la Federación detectó serias irregularidades en el manejo de cuantiososrecursos federales entregados a ese instituto, en el gobierno pasado, para organizar las Olimpiadas Nacionales 2011.
Directivos del IDEY, encabezados por José Novelo Flores, quien el año pasado construyó una mansión veraniega en Telchac Puerto con valor de varios millones de pesos, hicieron pagos millonarios por alojamiento y alimentación, sin la licitación ni la comprobación correspondiente, a empresas vinculadas con altos funcionarios del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
La ASF calcula que el monto del desvío ascendería a $31.1 millones, mismos que deberán regresar a las arcas federales.

Revelan desvío en el Idey

08 abril 2013
Noticias de Yucatán ()


Oscuro manejo del dinero en las Olimpiadas 2011

Mascota de las Olimpiadas Nacionales de 2011, que están en polémica
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó graves irregularidades en el manejo de más de $31 millones de recursos federales entregados al Instituto del Deporte de Yucatán (Idey) en el gobierno pasado para organizar las Olimpiadas Nacionales en 2011.
De acuerdo con una auditoría de la ASF, directivos de ese instituto autorizaron pagos por concepto de alojamiento y alimentación, sin la licitación ni la comprobación correspondiente, a favor de empresas vinculadas con altos funcionarios del gobierno anterior, principalmente a Juan José Martín Pacheco, ex secretario de Turismo.
La ASF descubrió también el pago de casi dos millones de pesos a unaempresa de televisión por cable para transmitir los juegos de la Olimpiada, pero los auditores no encontraron evidencias de esa transmisión, ni tampoco de muchos otros gastos hechos sin la comprobación debida.
En 2011, el director del Idey era José Novelo Flores, ex alcalde de Dzemul y dueño de una mansión veraniega en Telchac Puerto, que inauguró el año pasado, con un valor de varios millones de pesos. Según la ASF, el monto presuntamente desviado por el Idey asciende a $31.1 millones, que el gobierno actual deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación.

Negocio olímpico

Favoritismo a empresas en un evento nacional

Un aspecto de las competencias de esgrima en las Olimpiadas Nacionales de 2011, donde la ASF  detectó graves irregularidades en el manejo de millonarios recursos federales que fueron entregados al Idey
El gobierno federal y la administración estatal anterior organizaron las Olimpiadas Nacionales en 2011 en Mérida, con un costo aproximado de $110 millones, que se convirtió, según información obtenida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en otra oportunidad paragastar el dinero público en forma opaca y en beneficio de empresas amigas del gobierno de Ivonne Ortega.
De esa cantidad, $56 millones aportó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), mediante un convenio de apoyo financiero que firmó con el gobierno anterior. En ese convenio se precisa que la aportación federal debería destinarse a los siguientes rubros: alimentación y hospedaje de los atletas, $45 millones; ceremonias, $3.5 millones; transportación, $2.1 millones y en otros gastos, $5.4 millones.
De acuerdo con la auditoría de la ASF, que aparece en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, de los $45 millones destinados al pago de alimentación y hospedaje, se seleccionó una muestra para auditar de $36.2 millones (80% del total), de los cuales $25.9 millones (71% de la muestra) registraron irregularidades.
Se trata de servicios adjudicados a empresas en forma directa, sin la licitación pública que marca la ley, y cuyos pagos se hicieron sin comprobar y justificar y sin el soporte de la facturación del gasto realizado.
Entre otras anomalías, asienta la ASF, “no se identifica el nombre del atleta y el personal operativo que recibe el servicio de alimentación y hospedaje. “Tampoco hay órdenes de servicio para el personal operativo, y en las órdenes de servicios de los deportistas no se identifica el número de personas por habitaciones pagadas. Asimismo, existen cargos que no están establecidos en el contrato y que corresponden a reservaciones en los hoteles no cumplidas”.
En el registro de gastos de hospedaje con alimentación, del total de la muestra auditada ($21 millones), $11.3 millones, más de la mitad, fue a parar a tres empresas cercanas al gobierno pasado: Villas Vacacionales Ti-Ho (hotel Los Aluxes), que cobró $5.4 millones. Hoteles El Español y Plaza Mirador, de Marco Antonio Sosa Pat, $3.9 millones, y El Conquistador, de Jorge Carrillo Sáenz, entonces presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán, $2 millones.
Los Aluxes, propiedad de la familia de Juan José Martín Pacheco, secretario de Fomento Turístico en la administración anterior, proporcionó, como publicó Central 9, otros servicios por varios millones al gobierno estatal pasado. Continuará.- HERNAN CASARES CAMARA
Olimpiada Nacional 2011 | Los otros ganadores
1 Empresas de ex funcionarios
Servicios
En el gobierno pasado, además de Los Aluxes, una compañía de Jaime Martín Salomón, hijo del ex secretario de Turismo, facturó $1.559,805 en 60 servicios de renta de automóviles.
2 Cuentas obscuras en alimentación y hospedaje
Beneficiarios
Otras empresas hoteleras que dieron servicio en las Olimpiadas fueron: Inmobiliaria Hotelera Montecristo, $1.5 millones; Hotelera del Sudeste, un millón, y Sur Yume, $888,500.
3 Contratos que no cumplen la norma
Faltas
Según la ASF, las compañías hoteleras contratadas para la Olimpiada Nacional 2011 cobraron sin el soporte de facturación adecuado, entre otras anomalías.

Detectan cuantioso desvío en el Isstey

04 abril 2013
Noticias de Yucatán ()


De 2008 a 2012 desaparecen casi $1,650 millones

Imagen de una protesta de trabajadores en Umán en 2012, cuando se quejaban del cobro de una cuota del Isstey, pero no les daban servicio
 Entre 2008 y 2012, en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, se desviaron cerca de $1,650 millones del Isstey, con propósitos desconocidos se desprende de documentos oficiales recién publicados.
En ese lapso, el gobierno cobró a sus trabajadores las cuotas que deben pagar al instituto y los abonos de quienes pidieron préstamos, pero no lo entregó al Isstey.
Tampoco pagó sus propias cuotas ni varios millones en vales de despensa.
Esto ha agravado la situación financiera del Instituto que, según un estudio, corre el riesgo de no poder pagar las jubilaciones y pensionados. Por tal motivo, el gobierno actual puso en marcha un plan para saldar la deuda y cambiar la ley del Isstey, que implicaría aumentar las cuotas y reducir las prestaciones.

Red que todavía opera en Salud

25 marzo 2013
Noticias de Yucatán ()


Prebendas para el grupo cercano a un diputado local

Camisas rojas en un acto sindical de apoyo a Álvar Rubio
La red de operadores y gente de confianza de Álvar Rubio Rodríguez, secretario general de laSección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, se extiende a varias áreas de esta dependencia y, aunque ha perdido fuerza en este gobierno, aún deja sentir su presencia con beneficios que son ajenos al resto del personal de base.
Ayer publicamos que, en marcado contraste con esta situación, durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco decenas de empleados fueron despedidos con la injerencia de Rubio Rodríguez, primo político de la ex gobernadora y ahora diputado local.
Fuentes de la dependencia confirman que en esta administración Rubio Rodríguez perdió influencia en las decisiones, pero la gente de su confianza goza aún de prebendas.
Es la misma red, dicen, que en la campaña política hostigó al personal sindicalizado para que asistiera a los actos partidistas de Álvar Rubio, con la amenaza de que le rescindirían elcontrato si no lo hacía.
Entre los beneficios otorgados a integrantes de esa red citan el caso de Silvia Rosas Jiménez, quien se desempeñaba como subdirectora de Recursos Humanos y fue relevada por Eulogio Piña Briceño.
Aunque ostentaba un puesto de confianza, Silvia Rosas obtuvo la plaza de supervisora de trabajo social en franca violación a las condiciones generales de trabajo porque no tiene el perfil profesional que la avale. Actualmente está comisionada en tareas sindicales.
Otra empleada, Silvia Castro, goza también de una comisión. Según los informantes, es asistente personal del diputado en el Congreso y cobra su plaza de enfermería con un sueldo mayor que el correspondiente sólo porque tomó un curso de mastografía de 6 meses. Su hermana Gabriela tiene plaza administrativa en el Hospital O’Horán.
También se señala como operadores a Fernando Castillo Patrón, Ligia Cardeña Ortiz y Jorge Achach Asaf, jefe de Servicios Generales, jefa de enfermería y médico de Urgencias Pediátricas del O’Horán, respectivamente, y a María Antonia Castro Medina, jefa de enfermería del Materno-Infantil.- Ángel Noh Estrada
De un vistazo
Jubilado con base
Durante el gobierno de Ivonne Ortega se sumó José Luis Ortega Graniel, primo de la ex jefa del Ejecutivo, como director del Centro de Salud de la calle 50 con 67. Además de que tiene base en la Secretaría de Salud, cobra como jubilado en el IMSS.
De jubilado a director
Miguel Alcocer Sélem es jubilado de la Secretaría, pero fue recontratado en el gobierno anterior y es director del Centro de Salud de Santa Rosa.

Pago de adeudo al Isstey

Noticias de Yucatán ()


Un comunicado del magisterio habla de $100 millones

“Después de 18 meses que el gobierno del Estado no depositaba las aportaciones económicas de los trabajadores al instituto, el 7 de febrero del presente año, previa solicitud de la organización sindical, se reiniciaron los depósitos con $ 100.000,000.00 iniciales, comprometiéndose a hacer efectivo dicho pago cada mes, protegiendo los recursos del instituto y reconociendo la disposición y compromiso para empezar el reordenamiento financiero”, indica un boletín informativo que la mencionada sección distribuyó entre sus agremiados.
Nos hizo llegar el comunicado Blanca Estrada Mora, presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy), quien ha señalado la falta de transparencia en el adeudo del Ejecutivo con el Isstey.
Las cantidades retenidas corresponden a cuotas laborales, pagos de préstamos y otros conceptos de la burocracia estatal.
El texto del boletín se refiere a acuerdos tomados en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Isstey el 15 de febrero.- A.N.E.
Cultura | Adeudos
Jorge Esma Bazán dejó adeudos con proveedores en la Secretaría de Cultura.
¿Quién responde?
Según algunos de los afectados, el gobierno absorbió las deudas al pasar de Instituto a Secretaría. Sin embargo, el ICY no pasó los adeudos de 2011 y los “enlató” como pasivos. Con el cambio de gobierno nadie se responsabiliza de la deuda y se dan largas a los proveedores. Según éstos, una persona cercana a la dependencia les dijo que ve muy difícil el pago.

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