Vinculan a proceso penal a sujeto acusado de feminicidio en Komchén
Jueza acude al IMSS para decirle que está acusarlo formalmente de feminicidio, en el caso de Komchén
Asesina a balazos a su pareja en Komchén: otra vez los celos
Otra versión
Otra versión indica que desde hacía tiempo Feliciana A. C. mantenía una relación con Valentín L. J., quien vivía a la vuelta de su casa en Komchén, a pesar de que estaba casada con Jorge, con quien habitaba junto con sus cuatro hijos un predio de esa comisaría.
Valentín en más de una ocasión le había dicho a la mujer que la mataría si la veía con otro. Sin embargo, Feliciana nunca tomó en serio las amenazas.
En ese momento Valentín L. J. llegó a la casa y le reclamó que haya ido al baile, entonces sacó una pistola y disparó en el pecho tres ocasiones. No tardó mucho en morir, pues una bala se alojó en el corazón.
Niña meridana de 9 años de suicida por los pleitos de su padres; ya se los había advertido
Resurgen líos ejidales: ahora es en Komchén
Los nuevos problemas surgieron el domingo pasado cuando la Procuraduría Agraria notificó la restitución de todos sus derechos agrarios y políticos a Manuel Sosa Poot, José Ramiro Matú, Pablo Sosa Chan, Pedro Sosa y Felipe Chan Matú, quienes fueron expulsados del ejido en 2009 por criticar y oponerse a la venta de tierras a los especuladores.
Además, no pagó a los ejidatarios la parte que correspondía por la venta de tierras anteriores lo que generó inconformidad y rechazo de un grupo de campesinos.
La molestia de los ejidatarios llegó a su clímax el martes pasado cuando unos 150 campesinos fueron a las oficinas del comprador y exigieron el pago completo, tal como se los prometieron en su momento .
Los ejidatarios inconformes llegaron en camionetas y automóviles y dialogaron con el comprador y luego se retiraron.
Se informó que las 130 ha. están a la orilla de la carretera de Cosgaya-Chuburná Puerto, la cual se moderniza.
Denuncia el PAN “una etapa más de acoso e intromisión”
—La gobernadora de Yucatán ha pasado del fraude electoral a la tortura, tenemos acreditados hechos de tortura contra dos miembros de Acción Nacional —aseguró Nava Vázquez, en una rueda de prensa en que lo acompañaron José González Morfín, secretario general del PAN, y Hugo Laviada Molina, senador yucateco del mismo partido.
El líder panista hizo referencia a los hermanos Hugo y Michel Caballero Rodríguez, quienes el 8 de mayo fueron detenidos en Komchén por agentes de la policía estatal, ya que, según la Procuraduría local, iban a “reventar” la elección del pasado 16 de mayo.
Ambos hermanos fueron detenidos en compañía de otros sujetos, quienes al igual que los primeros fueron arraigados por la Procuraduría por un periodo de 30 días.
Desde la ciudad de México, Nava Vázquez relató lo ocurrido a los hermanos Caballero Rodríguez, quienes según documentos oficiales, han sido torturados y amenazados de muerte en el centro de arraigo de la Procuraduría local.
El dirigente panista exhibió un documento expedido por una autoridad judicial federal en Mérida, en el que constan las lesiones a causa de la tortura que presentan ambos hermanos.
Nava Vázquez exigió a la gobernadora Ortega Pacheco la liberación inmediata de los arraigados y su presentación ante la opinión pública.
—Interpondremos una demanda para revertir la elección en el estado ya que existen los elementos necesarios para hacerlo —apuntó.
Por su parte, Hugo Laviada hizo un recuento de la detención de los arraigados y aseguró que las heridas de éstos estaban infectadas y despedían mal olor, según relatos de los familiares de los detenidos.
El senador yucateco se quejó además de que hasta el momento la Procuraduría no ha permitido que ningún médico legista revise a los arraigados durante el tiempo de su detención.
Exigen un informe de los torturados
También le piden que explique cuál ha sido su actuación en estos casos.
En un escrito, Indignación expone lo siguiente al respecto: Con profunda consternación hemos escuchado acusaciones de tortura que habría sido infligida en instalaciones de la Procuraduría o de la SSP contra personas detenidas en el marco del reciente proceso electoral.
Consternadas y con indignación escuchamos sólo el silencio de la Codhey. Los casos denunciados habrían ameritado ya una palabra del ombudsman. La presencia de la Codhey en estos casos habrá incluido, suponemos, médicos expertos capaces de confirmar o desechar la acusación de tortura.
Una violación a los derechos humanos tan grave como la tortura ameritaría una pronta exposición pública por parte del ombudsman señalando, en su caso, a los responsables.
Los responsables no son únicamente, por supuesto, quienes directamente hubiesen participado en la comisión de este crimen sino también, y sobre todo, los encargados de la Procuración de Justicia en Yucatán.
En cualquier lugar del mundo civilizado y comprometido con los derechos humanos, los responsables habrían sido removidos de su puesto inmediatamente y ya estarían siendo investigados.
Un gobierno que hubiese tolerado cualquier acción de tortura, que hubiese protegido a quien la inflige, que omitiese investigar y sancionar o que la hubiese alentado, en cualquier lugar en el que los derechos humanos tuviesen algún significado, tendría que renunciar inmediatamente por vergüenza. Y tendría también que someterse de inmediato a una investigación.
La tortura es un crimen de lesa humanidad, una práctica deleznable, inaceptable. La tortura nos agravia a todos como sociedad. El silencio de la Codhey nos agravia de la misma manera. Qué conveniente ha resultado para los gobiernos de Yucatán, tanto emanados del PAN como del PRI, esta Comisión de Derechos Humanos que suele esperar varios meses antes de emitir sus inocuas resoluciones.
En Yucatán nos costó un enorme trabajo y demasiado tiempo lograr que se tipificara la tortura como delito en el código penal. Autoridades y diputados de otro tiempo se negaban a reconocer como delito este crimen. Autoridades y diputados actuales toleran hoy estos agravios: la tortura y la inacción de la Comisión de Derechos Humanos.