Noticias de Yucatán
Indignación critica al ombudsman por no levantar la voz
21/05/2010
El equipo Indignación exigió al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado, que presente de inmediato un informe sobre los casos de tortura que han denunciado los detenidos de Komchén y Dzemul.
También le piden que explique cuál ha sido su actuación en estos casos.
En un escrito, Indignación expone lo siguiente al respecto: Con profunda consternación hemos escuchado acusaciones de tortura que habría sido infligida en instalaciones de la Procuraduría o de la SSP contra personas detenidas en el marco del reciente proceso electoral.
Consternadas y con indignación escuchamos sólo el silencio de la Codhey. Los casos denunciados habrían ameritado ya una palabra del ombudsman. La presencia de la Codhey en estos casos habrá incluido, suponemos, médicos expertos capaces de confirmar o desechar la acusación de tortura.
Una violación a los derechos humanos tan grave como la tortura ameritaría una pronta exposición pública por parte del ombudsman señalando, en su caso, a los responsables.
Los responsables no son únicamente, por supuesto, quienes directamente hubiesen participado en la comisión de este crimen sino también, y sobre todo, los encargados de la Procuración de Justicia en Yucatán.
En cualquier lugar del mundo civilizado y comprometido con los derechos humanos, los responsables habrían sido removidos de su puesto inmediatamente y ya estarían siendo investigados.
Un gobierno que hubiese tolerado cualquier acción de tortura, que hubiese protegido a quien la inflige, que omitiese investigar y sancionar o que la hubiese alentado, en cualquier lugar en el que los derechos humanos tuviesen algún significado, tendría que renunciar inmediatamente por vergüenza. Y tendría también que someterse de inmediato a una investigación.
La tortura es un crimen de lesa humanidad, una práctica deleznable, inaceptable. La tortura nos agravia a todos como sociedad. El silencio de la Codhey nos agravia de la misma manera. Qué conveniente ha resultado para los gobiernos de Yucatán, tanto emanados del PAN como del PRI, esta Comisión de Derechos Humanos que suele esperar varios meses antes de emitir sus inocuas resoluciones.
En Yucatán nos costó un enorme trabajo y demasiado tiempo lograr que se tipificara la tortura como delito en el código penal. Autoridades y diputados de otro tiempo se negaban a reconocer como delito este crimen. Autoridades y diputados actuales toleran hoy estos agravios: la tortura y la inacción de la Comisión de Derechos Humanos.
También le piden que explique cuál ha sido su actuación en estos casos.
En un escrito, Indignación expone lo siguiente al respecto: Con profunda consternación hemos escuchado acusaciones de tortura que habría sido infligida en instalaciones de la Procuraduría o de la SSP contra personas detenidas en el marco del reciente proceso electoral.
Consternadas y con indignación escuchamos sólo el silencio de la Codhey. Los casos denunciados habrían ameritado ya una palabra del ombudsman. La presencia de la Codhey en estos casos habrá incluido, suponemos, médicos expertos capaces de confirmar o desechar la acusación de tortura.
Una violación a los derechos humanos tan grave como la tortura ameritaría una pronta exposición pública por parte del ombudsman señalando, en su caso, a los responsables.
Los responsables no son únicamente, por supuesto, quienes directamente hubiesen participado en la comisión de este crimen sino también, y sobre todo, los encargados de la Procuración de Justicia en Yucatán.
En cualquier lugar del mundo civilizado y comprometido con los derechos humanos, los responsables habrían sido removidos de su puesto inmediatamente y ya estarían siendo investigados.
Un gobierno que hubiese tolerado cualquier acción de tortura, que hubiese protegido a quien la inflige, que omitiese investigar y sancionar o que la hubiese alentado, en cualquier lugar en el que los derechos humanos tuviesen algún significado, tendría que renunciar inmediatamente por vergüenza. Y tendría también que someterse de inmediato a una investigación.
La tortura es un crimen de lesa humanidad, una práctica deleznable, inaceptable. La tortura nos agravia a todos como sociedad. El silencio de la Codhey nos agravia de la misma manera. Qué conveniente ha resultado para los gobiernos de Yucatán, tanto emanados del PAN como del PRI, esta Comisión de Derechos Humanos que suele esperar varios meses antes de emitir sus inocuas resoluciones.
En Yucatán nos costó un enorme trabajo y demasiado tiempo lograr que se tipificara la tortura como delito en el código penal. Autoridades y diputados de otro tiempo se negaban a reconocer como delito este crimen. Autoridades y diputados actuales toleran hoy estos agravios: la tortura y la inacción de la Comisión de Derechos Humanos.
