Las instituciones ciudadanas que cumplen funciones esenciales en un estado democrático y que en México y en Yucatán constituyeron todo un logro en su momento continúan siendo desmanteladas en lo que se exhibe como una apuesta por el retorno al autoritarismo de un gobierno que por supuesto cuenta con el sometimiento del poder legislativo.
El sorpresivo nombramiento como consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública de Yucatán de un hombre vinculado al ámbito empresarial, sin trayectoria alguna en la sociedad civil, sin conocimiento en materia de transparencia, cuya trayectoria más que independencia muestra complacencia con los gobiernos, constituye un ataque más a los organismos ciudadanizados.
No es el único. La ratificación del presidente de la Codhey en junio pasado, a pesar de su probada impericia, ha ocasionado un profundo deterioro en materia de derechos humanos en el estado. Sus tardías e inocuas recomendaciones o la ausencia de éstas en casos de tortura ha otorgado a elementos policíacos tal impunidad.
De la ratificación del presidente de la Codhey fue responsable la anterior legislatura con el voto prácticamente de todos los legisladores del PRI y del PAN. Quienes se abstuvieron u opusieron no lograron contrarrestar el acuerdo para validar a un ombudsman que fue cómplice de los gobiernos de ambos partidos.
En el caso del Instituto de Acceso a la Información, la legislación le otorga al poder ejecutivo una participación en un proceso del que debiera estar excluido y que ha ocasionado el nombramiento de personas sin trayectoria desde la ciudadanía.
La pésima ley en la materia ocasiona una perversa simulación que pretende ampararse en el ordenamiento legal para actuar de manera arbitraria, opaca y autoritaria, saboteando la participación ciudadana.
Esto es particularmente grave en el contexto actual, en el que el gobierno de Yucatán enfrenta serios cuestionamientos en materia de transparencia y rendición de cuentas, particularmente en el manejo de los recursos públicos.
Garantizar el acceso a la información pública es esencial para vigilar el ejercicio del poder y constituye un derecho de la ciudadanía que debe protegerse con firmeza.
Indignación deplora el nombramiento del señor Álvaro Traconis y le hace un firme llamado a renunciar de inmediato a un cargo para el que no cuenta ni con la pericia ni con los conocimientos ni con la trayectoria que se requiere y que, en cambio, despierta todas las sospechas como propuesta de un gobierno que pretende obstaculizar la rendición de cuentas e incumplir sus obligaciones en materia de transparencia.
Cartas al Diario (nuevo conserjo INAIP)
22 enero 2011
Noticias de Yucatán
(indignación, inaip, nombramientos)
22 enero 2011
A continuación reproducimos las partes medulares de una carta del grupo Indignación, A.C.
