La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa de 1 millón 283 mil 330 pesos y clausuró de manera definitiva las instalaciones de Medam, S. de R.L. de C.V., debido al mal manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) de dicha empresa ubicada en Mérida.
Asimismo, en la resolución emitida por la Profepa se ordenó a Medam dar destino final a la totalidad de los desechos peligrosos que se encuentran en su posesión a través de empresa debidamente autorizada para tal efecto.
El indebido manejo detectado por parte de Medam consistió en el acopio y almacenamiento de RPBI por encima de la capacidad autorizada, el no presentar el registro como generador de los residuos peligrosos no anatómicos que genera por sus actividades; así como el omitir acreditar dejar irreconocibles los RPBI detectados, previo a su disposición final.
Asimismo, el haberse encontrado, tanto en la visita de inspección como en la visita de verificación RPBI al aire libre, sobre suelo compactado y en áreas de suelo natural; lo que representa un riesgo inminente y grave sobre el medio ambiente y la salud humana.
Por lo anterior, una vez transcurridos los términos de ley correspondientes, y debido al inminente riesgo que representa la omisión del adecuado manejo, tratamiento y destino final de los RPBI, se determinó imponer multa de $1,283,330, equivalente a 17,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs); así como la clausura total definitiva de las instalaciones de la empresa. Además se ordenó dar destino final a la totalidad de los RPBI que se encuentran actualmente en posesión de dicha empresa.
La multa impuesta se determinó con fundamento en el artículo 112 fracciones I y V de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en relación con el artículo 106 fracciones II y XIV de la misma Ley.
Si lo hacen pueden ser multadas, pues no hay deferencia reglamentaria hacia ellas
Marzo 26, 2016
El retiro de una placa foránea, cuando incurren en una infracción, también está previsto en el Reglamento de Vialidad, para garantizar el pago de la multa
Hace unas semanas, este sitio informativo publicó una nota sobre una multa impuesta a una conductora embarazada por estacionarse en un sitio indicado para discapacitados. La nota generó amplio debate en las redes porque según el agente que aplicó la sanción, ella debía contar con el tarjetón especial para discapacitados que indica el Reglamento de Tránsito para poder hacer usos de esos espacios públicos.
Otro especto que también llamó la atención fue el retiro de una de las placas del vehículo ya que no es de Sinaloa.
Como informamos también de nada sirvieron nuestros intentos de obtener información oficial sobre este caso. Nuestra intención es que quedara bien claro para que no se repitan mas casos así. No fueron respondidas numerosas llamadas telefónicas que hicimos a la oficina de comunicación de la SSP y al comandante de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública para que nos aclaren esta situación. Por tal motivo, un reportero de este medio acudió directamente a las instalaciones de la SSP para seguir indagando sobre el tema en cuestión.
Al llegar a la recepción de las instalaciones de la SSP, informaron que el departamento indicado para proporcionar la información pertinente es la Oficialía de Partes, y esto es lo que obtuvimos:
El tarjetón para minusválidos que mencionó el agente que aplicó la multa a la persona embarazada, sólo sirve para las personas con discapacidad, las cuales, según el Reglamento de Tránsito, son aquellas "con capacidad disminuida o limitada, temporal o permanentemente en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales que la imposibilitan a realizar por sí misma las actividades necesarias para su normal desempeño físico, mental, social, ocupacional económico".
Las embarazadas no son consideradas personas con discapacidad, y en caso de que hagan uso de un espacio destinado para éstas es correcto que se les aplique la sanción administrativa correspondiente, como se le haría a cualquier otra persona que haga un uso indebido de esos sitios especiales de estacionamiento.
Por tal motivo, no existe un tarjetón exclusivo para mujeres embarazadas y no tienen por qué tener uno de discapacitados porque no lo son.
Hay que considerar incluso- indicaban en Oficialía de Partes- que las mujeres en estado no deberían conducir un vehículo a partir de los 6 meses de gestación, según lo indican los propios médicos, pero lamentablemente muchas hacen caso omiso de esta observación.
Cabe aclarar, que los cajones de estacionamiento marcados con letreros de Mujeres Embarazadas sólo existen en algunos sitios como plazas comerciales, centros deportivos, restaurantes, etc. y por lo general es como una cortesía de estos establecimientos. En el reglamento no existe que deban existir puntos exclusivos para mujeres en estado grávido.
Retomando el tema de la expedición del tarjetón para minusválidos, este también podría ser expedido a personas de tercera edad o que tuvieran problemas para desplazarse por sí solas debido a problemas de salud.
Sin embargo, es necesario que al momento de solicitar este documento, se presente una constancia médica que indique que tipo de padecimiento tiene el individuo y en base a ello se expida dicha constancia.
Recalcamos: Según indicaciones de la Oficialía de Partes de la SSP el uso de los cajones de estacionamiento para discapacitados por parte de conductores que no lo requieran, incluyendo a las mujeres embarazadas, los puede hacer acreedores a una sanción ya que así está contemplado en el Reglamento de Tránsito vigente en nuestro estado.
En resumen, con base en lo anterior, el policía actuó correctamente al poner la multa a la embarazada, pero no fue adecuado el que no le haya informado que ni ella ni ninguna mujer en su condición tienen derecho a usar los cajones de estacionamiento destinados a discapacitados.
También fue reglamentaria (aunque quizá nos sea constitucional) la retención de la placa foránea:
También, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito, todo parece indicar que el agente actuó bien, al quitar las placas de circulación a la señora que estaba embarazada porque al parecer eran de Sinaloa.
Al respecto, en la parte relativa a las sanciones, se establece lo siguiente:
Retención de placa
Artículo 466. En el caso de los conductores de vehículos con placas de otros estados del país comenta alguna infracción a las disposiciones de tránsito y vialidad, el agente podrá retenerse una placa de circulación o documentos, como medida para garantizar al pago de la multa correspondiente.
Compartimos la nota y el vídeo que publicamos el 6 de marzo pasado y que generó el debate sobre la actuación del agente de tránsito:
Alrededor de las 6 de la tarde, cuando salía de hacer sus compras del City Center, junto con otra mujer, al parecer su madre o su suegra, Sinaí Camacho, se llevó la desagradable sorpresa de ver que ya había sido multada por haberse estacionado en un espacio destinado para personas con discapacidad.
El hecho ocurrió cuando el agente estaba por retirarse, de modo que le dio tiempo para reclamar: “Oiga ¿por qué me multa… no ve que estoy embarazada?¨
El agente, quien estaba a bordo de la motocicleta oficial de la SSP, No. 2220, respondió: “Yo no lo sabía… Además no trae a la vista, como debe ser, al tarjetón que se da los discapacitados para que se puedan estacionar en estos lugares”.
Pero la multa no fue todo, el agente, por tratarse de un vehículo foráneo (Sinaloa), destornilló la placa delantera y se quedó con ella. Lo que más disgustó a la señora.
En eso estaban cuando de pronto llegó un hombre, con claro acento argentino, quien al parecer también fue multado, motivo por el cual airadamente enfrentó al policía, al grado decir que lo que hizo el agente era una “idiotez típica de esta tierra”.
El policía admitió que la embarazada si tenía derecho de estacionarse en ese espacio y le recomendó que acuda a las oficinas administrativas de la SSP para que la cancelen la multa.
-Y yo porque tengo que ir a pelearme hasta allá –se quejó la embarazada.
Su acompañante indicó al policía que la mujer no debía caminar tanto por prescripción médica y por eso no se estacionó ahí.
El agente de nuevo admitió que estaba en lo correcto, pero que ya no podía cancelar la multa pues ya estaba hecha.
Todo esto ocurría mientras el argentino no dejaba de decir que la actitud del agente “era una idiotez” y así se despidió del policía: “eso que haces es una idiotez”.
El motociclista optó por retirarse del lugar de los hechos.
Ya sin nada más que hacer que aceptar la multa. La mujer abordó su camioneta y se retiró.
Es bueno que los agentes estén atentos para castigar a los vivales como el argentino, que sin rubor alguno ocupa un espacio que por norma está destinado a personas con discapacidad o para embarazadas.
Lo malo es que no haya el suficiente criterio para cancelar en el momento oportuno una multa cuando a todas luces, como ocurrió en el presente caso, fue impuesta de manera equivocada a una mujer embarazada.
Quizá el protocolo determine que así deba de ser, no lo sabemos lo vamos a averiguar, y si fuera así pues habría que flexibilizarlo un poco más.
La otra cuestión que habría que aclarar, si bien es cierto que se ha dado a las personas con discapacidad un tarjetón ¿las mujeres embarazadas también lo tienen que tramitar para que no se sean multadas? ¿Y si alguien se rompe una pierna de modo temporal, también tiene que debe tener su tarjetón? En fin hay dudas que hay que despejar.
Siguiendo con la política de salvaguardar la imagen urbana de la ciudad por la fijación o instalación ilegal e irregular de anuncios en la vía pública, en violación al artículo 11 del Reglamento de Imagen Publicitaria y Anuncios del Municipio de Mérida, la Dirección de Desarrollo Urbano de la Comuna impuso nuevas sanciones.
El director de esa dependencia, Aref Karam Espósitos, informó que el Ayuntamiento aplicó multas de $200,000, a cada de los 11 infractores, entre centros escolares, promotores de eventos, casas comerciales y constructoras.
Los sancionados son: empresa promotora de la Obra de Teatro "Las Panucheras", por fijar 30 lonas en sitios prohibidos; Grupo Real Caucel, 26 pendones; Segunda Corrida de Toros, 13 lonas; Smart Sushi, 32 pendones; Escuela de Artes Ciudadela, 14 pendones; Obra Tila María, 6 pendones; Fracc. Real Caucel, 7 pendones; Casas Mérida, 20 pendones; Preparatoria Luz María, 13 pendones, y Preparatoria República de México, 10 mini carteles.
Como se recordará, a mediados de diciembre informamos que, por lo mismos motivos, Desarrollo Urbano de la Comuna multó a ocho infractores: Grupo BCI, por instalar indebidamente 42 pendones; Real Caucel, por 26; Casa Santos Lugo, 16; IEJUS Centro de Educación Secundaria, 13. Y, por diversos anuncios en postes, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, Concierto de Rocío Banquellis y Carlos Cuevas, Feria de Manualidades y Gran Corrida Coliseo de Yucatán.
Con estas medidas, el Ayuntamiento cumple con su obligación de salvaguardar la imagen visual del Municipio, protegiendo la calidad del paisaje.
El proceso inició con una amplia operación que incluyó el retiro de anuncios de la vía pública y los procedimientos administrativos correspondientes, contra los particulares que resultaron responsables de esas acciones.
Karam Espósitos informó que en los meses de octubre y diciembre se retiraron, 2 mil mantas al mes –incluyendo el número de pendones- y durante diciembre y enero se han retirado 300 y 400 mantas de este tipo, debido a las medidas implementadas y al compromiso de los infractores a no continuar colocando este tipo de publicidad.
-Esta es una campaña permanente y la reincidencia generará multas de mayor cuantía como señala el reglamento,-advirtió.
El despliegue de trabajadores de Desarrollo Urbano, se inició desde noviembre pasado, a fin de retirar todo tipo de anuncio que se encontraba en la vía pública, ya sea postes, edificios públicos, vialidades y en general, mobiliario urbano.
Informó que la operación se extendió a distintas partes de la ciudad dando como resultado el retiro de miles de anuncios tipo mantas y pendones, que colgaban de mobiliario urbano, y que eran factor de contaminación visual para el municipio.
El Reglamento de Imagen Publicitaria y Anuncios del Municipio de Mérida en su Artículo 11 indica: "No se autoriza la instalación o utilización de anuncios. En espacios públicos o que invadan éstos, en elementos de mobiliario urbano no diseñados para tal fin"
La excepción de esa norma son los adornos y anuncios que se colocan durante la temporada navideña, el Carnaval de Mérida, las fiestas cívicas y en eventos o programas oficiales, debiendo retirarse al término de dichas temporadas o eventos.
El reglamento también señala que están prohibidos los anuncios que generen contaminación visual o utilicen la publicidad en detrimento de la imagen municipal o las características arquitectónicas de las fachadas de los predios, vegetación o de los vehículos.
El Ayuntamiento de Mérida aplicó una sanción a quien resultó responsable de una tala de árboles que se llevó al cabo hace unos meses, en Prolongación Paseo de Montejo.
Lo anterior, se dio en cumplimiento del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio.
A raíz de esa tala indebida de árboles, el Ayuntamiento inició un procedimiento administrativo para efectos de deslindar y en su caso aplicar las sanciones correspondientes por la violación a lo dispuesto en los Artículos 98,99, 100 y 101 del Reglamento antes citado.
La sanción aplicada fue por $180 mil pesos, la cual ya fue cubierta ante la dirección de Tesorería y Finanzas del Ayuntamiento.
En julio del año pasado, el Ayuntamiento recibió un reporte ciudadano sobre el corte de esos dos árboles maculís, de aproximadamente 30 años de edad.
Acuden al Tribunal Administrativo el PAN, PRD y MC
De última hora el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron seis impugnaciones contra multas por alrededor de cinco millones de pesos, que les impuso el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac).
José Antonio Martínez Magaña, consejero electoral del Estado, informó que el PAN presentó cuatro impugnaciones y el PRD y el MC promovieron una cada uno.
El consejero explicó que estos recursos se turnarán al Tribunal Administrativo Electoral, donde se resolverá quién tiene la razón.
Mientras eso ocurre, que sería en un mes, el Ipepac no podrá aplicar las multas a los partidos.
Aun cuando se falle a favor del Ipepac, los partidos podrán ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de modo que pasarán meses para que les cobren las multas, si es que el fallo fuera a favor del instituto.
Martínez Magaña recordó que el último día para presentar las impugnaciones fue el lunes pasado, mismo en que los tres partidos promovieron esos recursos.
Como informamos el pasado martes, Víctor Hugo Lozano Poveda, representante del PAN ante el Consejo Electoral, presentó cuatro recursos de inconformidad.
Estos fueron contra las multas aplicadas por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de los recursos públicos de 2011, sus gastos de precampaña y de campañas de 2012.
Ramsés Navarro Alonzo, del MC, impugnó las multas por supuestas irregularidades en sus gastos de campaña.- DAVID DOMÍNGUEZ M.
De un vistazo
El PRD
Jorge Eduardo Castillo González, representante del PRD ante el Consejo General Electoral del Estado, impugnó la multa que les impuso el Ipepac por presuntas anomalías en sus gastos de precampañas.
Confianza
En el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) confían en que las multas están bien sustentadas.
Nombra el Ipepac de manera urgente a tres directores
En sesión extraordinaria, los consejeros electorales del Estado nombraron ayer por unanimidad a tres directores y, por considerarlo inconsistente, le regresaron a la Unidad de Fiscalización su proyecto de dictamen para multar a todos los partidos políticos, por un monto total de 5.151,460.62 de pesos.
Según se expuso en dicha sesión, ayer por la tarde, renunciaron a sus cargos José Luis Achach Moisés, de Administración y Prerrogativas; Manuel Jesús Carrillo Toraño, de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, y Javier Armando Valdéz Morales, de Capacitación Electoral y Formación Profesional.
En lugar de los renunciantes fueron nombrados de inmediato Ariel Francisco Itzá Alcalá, en Administración y Prerrogativas; César Augusto Jiménez Méndez, en Procedimientos, y Jorge Smit May Mex, en Capacitación Electoral y Formación Profesional.
En palabras de María Elena Achach Asaf, los tres nuevos funcionarios ya han trabajado antes en ese instituto, en distintos procesos electorales, por lo que tienen experiencia.
En el caso de los que renunciaron, la presidenta consejera dijo que se les liquidará conforme a la ley y concluirán esta quincena, para que a partir del próximo mes asuman sus funciones los nuevos directores.
En cuanto al proyecto de multas a los partidos, como anticipó ayer el Diario, los consejeros decidieron que éstas no están fundamentadas debidamente y que hay dudas hasta en lo que se refiere al monto de los salarios para calcular el monto de las sanciones.
El dictamen proponía multar al PAN con $3.804,312.09; al PRI, $35,448; al PRD, $18,192.40; PT, $1.154,677.13; PVEM, $15,360.80; MC, $15,951.60; Panal, $22,389.67, y PSD, $85,128.93; para un total de $5.151,460.62, por presuntas irregularidades en sus cuentas de 2011.
Ya no pagarán $18 millones de multa, revela un consejero Publicada: 8 enero 2012
Participantes en sesión del Ipepac, en octubre pasado (1)
Asumiendo un alegato presentado por el PRI y agrupando "en paquete" diversas multas, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial exoneró a tres partidos de pagar una sanción de $18 millones que le había impuesto el Consejo General Electoral, por irregularidades que encontró en el manejo de sus prerrogativas económicas de 2010 y 2011.
El Tribunal emitió la resolución el 24 de diciembre y ésta se basó en que las multas no fueron aprobadas por el Consejo General sino sólo por el presidente y el secretario, como dijo el PRI en su recurso.
"Desde luego que el alegato es falso, totalmente infundado, pues las multas fueron aprobadas por unanimidad por los cinco consejeros y así consta en las actas circunstanciadas de las sesiones, que nunca tomó en cuenta el Tribunal", afirma el consejero Néstor Santín Velázquez.
"En su recurso, el PRI alegó que en el resolutivo séptimo dice: 'remítase copia de la presente resolución a los integrantes del Consejo General, para su debido conocimiento', para interpretar, dolosamente, que no lo aprobaron todos los consejeros, sino sólo el presidente y el secretario, que son los que firman el acuerdo.
"Es un argumento falaz, con el que se truquea la ley. El Tribunal lo asumió como bueno para borrar de un 'plumazo' $18 millones que debieron pagar el PRI, el PAN y el PRD, por irregularidades que cometieron en el manejo de sus finanzas", subraya el abogado.
"Con esta resolución, el Tribunal echó por tierra todo el trabajo de fiscalización y auditoría que realizó el Ipepac. Luego nos critican que porque no fiscalizamos todo.
"Y con este fallo, que beneficia a los tres partidos, el Tribunal se aseguró que nadie lo impugne, pues a ninguno le conviene hacerlo".
Santín Velázquez advierte que, como consejeros, la ley no les permite impugnar esa resolución del Tribunal, sólo lo pueden hacer los partidos, de manera que ya prácticamente no hay nada qué hacer, más que denunciar públicamente estos graves hechos.
"Es un subterfugio, un torcimiento grave de la ley, casi un atraco", deplora el presidente de la Comisión de Atención a Denuncias y Quejas.
El consejero indica que, por cuestión de trámite, en todos los acuerdos del Consejo General se ordena remitir una copia a los integrantes del cuerpo colegiado.
"Suponiendo, sin conceder, que los magistrados ponentes tuvieran alguna duda sobre la legitimidad de las ocho resoluciones impugnadas, ¿por qué no emplazó al Consejo General del Ipepac a fin de que confirme si lo aprobaron todos los consejeros?", cuestiona.
"¿No existe el instrumento denominado 'diligencias para mejor proveer', que están avalada por la ley común y la jurisprudencia electoral?
"Como consejero no puedo impugnar ese fallo, pero sí hacer uso de mi derecho constitucional de expresar mi inconformidad".-FéLIX UCáN S.
Néstor Santín dice que los partidos ya tienen $18 millones más para gastar este año.
El más beneficiado
El PRI, dice, es el más beneficiado con el fallo del Tribunal Electoral, pues tenía una multa de $9.8 millones.
Segundo
El segundo más beneficiado es el PAN, que ya no tendrá que pagar $6.8 millones. Le sigue en tercero el PRD, con $398,764.
Impacto político
"Alzo la voz por el aspecto técnico-jurídico, pero el impacto político, económico y social corresponde a la opinión pública".
"Regalo" de $18 millones Revoca el Tribunal Electoral elevada multa a 3 partidos Publicada: 8 enero 2012
"Con un argumento falaz y truqueando la ley, el Tribunal Electoral revocó el acuerdo del Consejo General Electoral que impuso una multa de casi $18 millones a tres partidos, por las irregularidades que se detectaron en el manejo de sus finanzas", advierte el consejero Néstor Santín Velázquez.
"Fue su carísimo regalo de Navidad, pues la resolución se emitió el 24 de diciembre, en respuesta a un recurso que interpuso el PRI, que era el más afectado con una multa acumulada de $9.8 millones", subraya el abogado. "Para que los demás no digan nada, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial favoreció también al PAN y al PRD, asegurándose que nadie impugne la resolución. "La multa fue un acuerdo del Consejo General, no sólo del presidente y del secretario, como asumió, falsamente, el Tribunal".-
Congelada una sanción a los partidos políticos Publicada: 30 noviembre 2011
A más de 23 millones de pesos ascienden las multas acumuladas de los partidos políticos que se niegan a pagar al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), que prácticamente congeló el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Estado.
En el ámbito federal, el IFE informó ayer que después de más de un mes de que se inició el proceso electoral, ningún ciudadano ha solicitado su registro de observador. Al parecer, no hay interés en realizar esa tarea ciudadana.
Ambos institutos electorales -el Ipepac y el IFE- sesionaron ayer de manera ordinaria, en sus respectivas sedes de esta ciudad. Todo se trató de un proceso de trámite, en ambos casos, sin discusiones.
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