Noticias de Yucatán
(apro).- A casi seis años de distancia, el
Instituto Nacional Electoral (INE) documentó otra trama de financiamiento
ilícito durante la campaña electoral de 2012, a través del reparto de miles de
tarjetas bancarias a representantes de casilla, con las que se benefició
mayoritariamente a representantes del PRI cuando Enrique Peña Nieto era su
candidato presidencial.
Lo anterior fue revelado a partir de una investigación de
casi cinco años a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, cuyo
presidente, el consejero Ciro Murayama, calificó como una de las indagaciones
“más complejas” que ha enfrentado el Instituto sobre una “trama de
financiamiento irregular a la política”.
El fraude, expuso Murayama este miércoles en sesión
extraordinaria del Consejo General del INE, habría quedado al descubierto a
raíz de la investigación del caso Monex, que indagaba pagos mediante tarjetas
para favorecer al representante de la coalición “Compromiso por México”,
Enrique Peña Nieto.
Fue entrevistando representantes de casilla, en noviembre
del mismo 2012, que el órgano fiscalizador del entonces IFE dio con los
testimonios de Raúl y Nabor García, ambos militantes priistas de Veracruz,
quienes aceptaron haber recibido pagos de dos mil pesos cada uno por su labor
el día de la elección, pero no a través de tarjetas Monex, sino a través de
tarjetas prepagadas de Bancomer.
Al tiempo, el PAN denunció la existencia de otros 16
tipos de tarjetas de otras instituciones bancarias que también habrían sido
distribuidas para beneficiar al PRI. Ocho, todas de Bancomer, y todas
contratadas por una empresa llamada Logística, Estratégica ASISMEX SA de CV,
resultaron sospechosas.
La pesquisa arrojó que ASISMEX se constituyó como
comercializadora y distribuidora en 2010. Entre octubre de 2011 y julio de
2012, en pleno proceso electoral, recibió depósitos en tres cuentas de Bancomer
por mil 394 millones de pesos. No se pudo dar con los aportantes y de ninguno
de esos movimientos se localizaron facturas en el SAT. Más aún, la dirección
con la que se registró la empresa resultó ser falsa.
“Una empresa, en suma, que se esfumaba, que no se
localizaba, pero bajo cuya fachada fluyeron en 10 meses casi mil 400 millones
de pesos a través del sistema bancario”, dijo Murayama, por la que no dudó en
calificarla como empresa “fantasma” o empresa “fachada”.
De la investigación que formalmente nació el 18 de enero
de 2013, fue hasta el 1 de diciembre pasado, casi cinco años después, según el
relato, que Bancomer entregó al INE –intermediación de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores mediante– una base de datos que durante años negó que
existiera, con la relación de las personas beneficiarias de las tarjetas y la
información de que el 27 de junio de 2012, cuatro días antes de la elección,
ASISMEX depositó 63.5 millones de pesos en esas tarjetas pertenecientes al
mismo lote de las que eran investigadas.
La Unidad de Fiscalización cruzó la base de datos
entregada por Bancomer con su registro de representantes de casilla acreditados
para la jornada electoral de 2012 y encontró coincidencia en 7 mil 311 casos,
entre los que se repartieron 18 millones 441 mil pesos.
De esos, 5 mil 613 resultaron ser representantes de la
coalición PRI-Partido Verde que abanderaba Peña Nieto, a los que se depositó un
total de 15 millones 152 mil pesos. Sin embargo, y aunque en cifras lejanas,
también se hicieron depósitos a mil 26 representantes de PRD, PT y Movimiento
Ciudadano M(C), abanderados por Andrés Manuel López Obrador, por un total de 2
millones 58 mil pesos; y 369 depósitos a representantes del PAN, cuya candidata
era Josefina Vázquez Mota.
“Estamos ante una trama de financiamiento paralelo
irregular opaco para pagar la operación electoral el día de la votación del
primero de julio de 2012 a través de una empresa con las características
típicas de una empresa fachada o fantasma que se fondea de recursos de empresas
igual de irregulares y hace un contrato con una institución bancaria para
dispersar recursos a miles de personas, realiza pagos a cuatro días de la
jornada electoral, y documentamos 7 mil 311 representantes partidistas como
beneficiarios de esos pagos, esa es la infracción”, sentenció Murayama, quien
convino al Consejo General del INE a sancionar a todos los partidos
involucrados, a pesar de que las operaciones tuvieron una notable carga a favor
del PRI y que en todas las tarjetas fueron fondeadas el mismo día, forman parte
de un mismo contrato con ASISMEX y recibieron la misma cantidad.
A propuesta del presidente del órgano de fiscalización,
la resolución aprobada por diez de 11 miembros del Consejo General fue
sancionar a cada partido con el 200% de la suma que pudo demostrarse que
recibieron sus representantes de casilla proveniente de la empresa fantasma.
Así, de un total de 36.9 millones de pesos, 30.3
corresponde que sean pagados por los partidos de la coalición que llevó a Peña
Nieto a Los Pinos, compuesta por el Partido Verde y el PRI.
Sólo la consejera Pamela San Martín votó en contra,
proponiendo ahondar en la investigación de manera más exhaustiva para develar
el trasfondo del caso.
Tras la revelación, los representantes de PAN y PRD
ante el INE rechazaron haber recibido dinero de la empresa fantasma y
advirtieron que van a impugnar la sanción ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por tratarse de un “presunto caso de empresas fantasma y
lavado de dinero”, el INE aprobó remitir el caso al SAT, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda para que investiguen el caso.
No sólo eso, pues el INE también anunció que va a
interponer un recurso para sancionar a Bancomer por negarse a dar la
información solicitada durante casi cinco años.
De cara a las próximas elecciones de 2018, el consejero
presidente del INE, Lorenzo Córdova, concluyó que con esto se pretende
“desenmascarar las redes de financiamiento paralelo y las entidades fachada
construidas exprofeso para burlar la ley, la rendición de cuentas e inyectar
recursos por abajo del agua a las campañas”.
