Otra familia con varias plazas

08 mayo 2014
Noticias de Yucatán ()

Bases y contratos para parientes de un ex funcionario


En las listas de personal de la Secretaría de Salud del Estado aparece varias veces el apellido Piña.
Se trata de familiares de Eulogio Piña Briceño, quien fue secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntssa) de 1999 a 2002 y durante el primer año del gobierno de Rolando Zapata Bello estuvo a cargo de la subdirección de Recursos Humanos de la dependencia. Dejó el puesto en la primera mitad de octubre de 2013.
El doctor Piña tiene base en la Secretaría como médico general “C”, adscrito a las oficinas centrales, desde el 1 de mayo de 1982.
En la nómina de Salud aparecen varias personas con su apellido en plazas federales. Otras están con base estatal.
Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, buscó a Eulogio Piña para conocer su versión. El ex funcionario reconoce que hay parientes suyos con cargos en la dependencia, asegura que no ingresaron al gobierno en los tiempos en que él fue secretario general del sindicato u ocupó cargos de dirección, y niega relación con tres que llevan el apellido Piña.
“Tengo 32 años en la Secretaría y todo mundo me dice tío”, afirma.
Algunas de esas personas, admite, sí son en realidad sus sobrinos, aunque en segundo o tercer grados.
En días pasados informamos sobre las plazas de la Secretaría concedidas discrecionalmente a parientes y allegados del líder sindical Álvar Rubio Rodríguez y a cuñados del ex secretario Álvaro Quijano Vivas.
El caso de Álvar Rubio alcanza dimensiones de escándalo, por el número y las condiciones en que fueron otorgadas las bases a lo largo del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, cuando el dirigente asumió el control casi absoluto de la dependencia.
En documentos oficiales aparecen los siguientes familiares del doctor Piña Briceño como parte de la nómina:
Carlos Antonio Piña Alberto.- Es sobrino del ex subdirector de Recursos Humanos y tiene base de técnico radiólogo o en radioterapia desde el 16 de abril de 2001. Está asignado al Centro de Salud urbano de Mérida.
Fue protagonista del sonado caso de presunto secuestro cuando estaban los ánimos caldeados por la elección de delegados sindicales en la Secretaría de Salud. Desde un principio se le perfilaba como cabeza de la planilla blanca, que agrupaba al bloque opositor a Álvar Rubio, pero después de ese incidente el panorama se modificó y al frente de la planilla quedó la licenciada en Enfermería Josefina Miz y Gómez.
En la entrevista de ayer, el doctor Piña afirmó que fue Rubio Rodríguez, no él, quien obtuvo la plaza para su sobrino.
Sin embargo, ese año el líder del sindicato era Piña Briceño.
María Irene Piña Alberto.- También sobrina. Es cirujano dentista “A”, con base en el Hospital O’Horán desde el 1 de agosto de 2000, cuando su tío era también secretario general de la Sección 67 del Sntssa.
No obstante, el doctor Piña dice que María Irene tampoco es cuota de él y tiene cerca de 15 años en la Secretaría. “Ella comenzó en Valladolid y luego fue transferida”, subraya el médico, quien recalca que no otorgó plazas -”ni de casualidad”- en los tiempos que dirigió el sindicato, aunque hay fechas delatoras.
Georgina Vanessa Ferral Piña.- Otra sobrina. Es enfermera general “B” titulada, con base en la Jurisdicción Sanitaria Número 1, a partir del 16 de abril de 2001. En ese tiempo Eulogio Piña era secretario general.
“Tiene plaza desde hace diez años… Se la dio Álvar”, alega el galeno.
Shirley de Jesús Ferral Piña.- Tiene base de lavandera en el Hospital O’Horán desde el 1 de septiembre de 2011. En este período sí era líder sindical Rubio Rodríguez.
César Antonio Marín Piña.- Sobrino también. Su base es de “soporte administrativo C”, en la Jurisdicción Sanitaria Número 1, a partir del 1 de abril de 1993.
“Él ya tiene mucho tiempo en la Secretaría, yo no tuve nada que ver”, reitera su tío.
Lízbeth Teresita Marín Piña.- Es hermana de César Antonio y su plaza es de médico general “A” en las oficinas centrales de la Secretaría desde el 16 de febrero de 2001. El líder sindical de entonces era Eulogio Piña, quien, empero, niega que haya tenido injerencia en el nombramiento. “Tiene como 15 años en la Secretaría”, enfatiza.
Wilson Herbé Piña Ordaz.- Según documentos de la dependencia se desempeña como técnico en verificación de dictaminación o saneamiento “C” desde el 16 de enero de 2013, pero Piña Briceño afirma que es “de contrato”.
En enero de 2013 el doctor Piña era subdirector de Recursos Humanos.
Jhoana Minelia Piña Puerto.- Su base es de “apoyo administrativo en salud A4″ en el Hospital Materno Infantil desde el 16 de julio de 2011.
Eulogio Piña afirma que la plaza era de la madre de Jhoana, pero al morir el padre de ésta -hermano del ex funcionario- la mujer tuvo que ceder la base para que pudiera cobrar la pensión de viudez. Entonces se decidió otorgarla a la hija.- ÁNGEL NOH ESTRADA
De un vistazo
Esposa del sobrino.
En la nómina de la Secretaría de Salud está también Ana Karina González Cabrales, esposa de Carlos Piña Alberto, sobrino de Eulogio Piña Briceño. Tiene base de “apoyo administrativo en salud A3″ desde el 1 de agosto de 2009.
Otros casos
También se ven los nombres de Elma Patricia Canul Piña, médico general “A” del Centro de Salud de Buctzotz; Miguel Ángel Piña Quijano, médico general “A” del Hospital O’Horán, y Eva Belén Piña Padilla, auxiliar de enfermería “A”. Piña Briceño afirma que ni son sus parientes ni los conoce.
Bases estatales
Con puestos estatales están los hermanos Mangerly y Esteban Aldana Piña, Jorge Ferral Piña y Norma Carmona Marín. El doctor Piña alega que Esteban es de contrato, no de base; que Jorge Ferral “entró con Jervis (García, líder de los burócratas estatales)” y Norma es su sobrina en tercer grado.

Un fallo “deja al ciudadano solo”

07 mayo 2014
Noticias de Yucatán ()

No lo permitiré, afirma Raúl Paz sobre transporte

El diputado federal Raúl Paz Alonzo manifestó que es deplorable que el Juzgado Primero de Distrito haya sobreseído la demanda de amparo que él presentó contra el decreto de alza del transporte urbano en Mérida con base en criterios que dejan en indefensión a los ciudadanos.
Al abundar sobre el fallo mediante el cual, como publicamos ayer, el juez René Rubio Escobar decidió el sobreseimiento del juicio de amparo que Paz Alonzo promovió el 2 de diciembre de 2013 en representación de un grupo de ciudadanos, el legislador señala que es cuestionable el criterio de que no existe “interés legítimo colectivo”, porque el juzgador sólo hizo suyos unos señalamientos que planteó el gobierno del Estado en sus alegatos durante el juicio.
Raúl Paz precisa, en un comunicado, que la resolución no representa un revés jurídico para los solicitantes del amparo, sino que más bien es un “lavado de manos” de la autoridad federal.
“En realidad el juez nunca entró al estudio de la ilegalidad del decreto mediante el cual el Ejecutivo autorizó las nuevas tarifas”, enfatiza. “Aquí vale preguntarse: ¿Quién defiende entonces al ciudadano que resultó afectado en su economía con el aumento? Se le deja solo y yo no lo permitiré, así tenga que recurrir a otras instancias”.
El diputado federal reitera que el juez de Distrito utiliza argumentos absurdos, como el hecho de no considerarlo usuario del transporte público y, por tanto, declarar que no tiene interés en el tema.
“Se decidió el sobreseimiento atendiendo al interés del gobierno del Estado y haciendo a un lado a los usuarios del servicio público de transporte urbano, es decir, a la colectividad”, recalca. “Esto ocurre no obstante que el gobierno del Estado, en sus alegatos, se defendió de los formalismos pero aceptó las cuestiones de fondo del asunto”.
“No se debe permitir que exista una presión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, más aún cuando se deja en estado de indefensión a los usuarios del transporte urbano”, enfatiza.

Sin serios problemas avanzan las obras en Prolongación Montejo

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La Policía reporta tránsito fluido en la zona de trabajo

Con más minutos de espera y filas más largas de lo ordinario, pero sin contratiempos serios, se desarrolló ayer el plan de vialidad establecido en la Prolongación del Paseo de Montejo con motivo de la construcción del nuevo pavimento de concreto para esa avenida.
-No hubo mayores problemas en esa zona, hubo una vialidad fluida -afirmó el director de la Policía de Mérida, Mario Arturo Romero Escalante, al hacer un balance de la jornada matutina.
Ayer, con el regreso a clases, se esperaban problemas con la entrada de estudiantes del colegio Rogers Hall, a media cuadra de donde están las maquinarias y obreros.
Durante el período escolar la sección que ahora está cerrada al paso de vehículos era atravesada por padres de familia cuando acudían a dejar a sus hijos a ese plantel, y también cuando regresaban por ellos al terminar la jornada en las aulas.
-Durante la entrada y salida de clases instalamos una operación especial en los alrededores de esa escuela para reducir los perjuicios -explicó Romero Escalante.
Respecto a la obra, se observó que ayer al mediodía ya estaba listo un carril del nuevo pavimento de concreto, en un tramo de dos esquinas, hasta la altura de Bancomer.
A esa hora se estaba retirando el material del antiguo piso de asfalto y nivelando el suelo para seguir vertiendo las capas de cemento en los otros dos carriles de ese cuerpo.

Plazas para los cuñados en Salud

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El ex secretario de Salud benefició a parientes también


Días después de que se conocieron públicamente detalles del manejo discrecional de plazas laborales en la Secretaría de Salud del Estado, para favorecer a parientes y allegados del dirigente sindical Álvar Rubio Rodríguez, ahora sale a la luz que el ex secretario Álvaro Quijano Vivas también benefició a varios familiares de su esposa durante el gobierno anterior.
De acuerdo con documentos oficiales, tres cuñados de Quijano Vivas recibieron plazas de trabajo federales. Fuentes de la dependencia aseguran que hay otros cuatro con plazas estatales.
El caso del ex funcionario no es tan escandaloso como el de Rubio Rodríguez, pero tiene la particularidad de que sí apunta a actos de nepotismo porque él era jefe de sus propios parientes, a quienes él otorgó las plazas.- A.N.E.
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Salud | Apuntes
Álvaro Quijano Vivas fue secretario de Salud durante la administración anterior.
Unos meses más
Al terminar el quinquenio fue conservado unos meses más en el puesto. Posteriormente lo relevó Jorge Mendoza Mézquita.
Director y comisionado
Actualmente está “comisionado” en el sindicato y es director médico de una clínica particular.

Más “agandalle” en Salud

El secretario del gobierno anterior también benefició a varios familiares

Durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco la Secretaría de Salud del Estado no fue un coto exclusivo del líder sindical Álvar Rubio Rodríguez: hay pruebas de que también el secretario Álvaro Quijano Vivas benefició a parientes con plazas de trabajo.
El caso va más allá de los beneficios familiares, pues Quijano Vivas experimentó una modificación en su clave laboral, que le permitió mayor salario. De plaza de médico general “A” pasó a categoría de médico especialista “C”. Saltó el escalafón.
Hace unas semanas publicamos amplios detalles sobre las plazas que Rubio Rodríguez entregó discrecionalmente, con la complacencia del secretario Quijano Vivas, a sus familiares y allegados, en dos casos -de uno de sus propios hijos y de la hija de una colaboradora- pasando por alto la ley por tratarse de menores de edad al momento de asignar las bases.
Ahora documentos en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, revelan que Quijano Vivas obtuvo también beneficios para varios de sus parientes, lo cual explica en parte la tolerancia a los actos de Rubio Rodríguez.
Por lo menos tres hermanos de la esposa del ex secretario de Salud -Cruz Isela Martín Doporto- tienen plazas federales dentro de la dependencia asignadas durante el quinquenio.
El primer puesto fue para Perla Janice Martín Doporto, con base de promotora en salud desde el 1 de junio de 2008, en el Centro de Salud urbano de Santa Rosa.
Le siguió Minerva Guadalupe Martín Doporto, también promotora en salud desde el 16 de julio de 2010, en el Centro de Salud rural de Teya.
El tercero en la lista es Jorge Armando Martín Doporto, quien tiene plaza de “apoyo administrativo en Salud A7″ en el Hospital Agustín O’Horán a partir del 16 de octubre de 2011. Durante un tiempo fue jefe del programa de Seguro Popular en el mismo nosocomio.
Fuentes del sindicato identifican a otros cuatro cuñados de Quijano Vivas con puestos en Salud, pero del ámbito estatal: Bertha Judith, en el Centro de Salud urbano de Umán (en registros de la Secretaría de Educación aparece como secretaria de la Dirección de Educación Primaria); Juan Pablo, en el Centro de Salud de Bokobá; Addy, personal de apoyo administrativo en el Hospital Psiquiátrico, y Marilú Martín Doporto, en el Centro de Salud de Mérida.
El propio Álvaro Quijano tuvo un cambio de categoría, que le redituó beneficios: al dejar la Secretaría era ya médico especialista “C”, con ingresos brutos cercanos a $40,000 mensuales según nuestras fuentes, pero además está “comisionado” en el sindicato de Álvar Rubio, es decir, no tiene que presentarse a su centro de trabajo, que es el Hospital O’Horán desde la década de los 80.
Actualmente es director médico de un hospital privado.- ÁNGEL NOH ESTRADA
Secretaría | Pormenores
Más detalles relacionados con el manejo de la Secretaría de Salud estatal en el quinquenio:
¿Por qué se fue?
Fuentes internas aseguran que Julio Alfonso Góngora Escobedo, con plaza de médico especialista “B” en el Hospital O’Horán, era una de las personas de mayor confianza del ex secretario Álvaro Quijano Vivas, pero fue cesado de su cargo en Planeación en medio de versiones de una excentricidad en gastos personales.
Al ámbito federal
Al dejar la Secretaría de Salud el doctor Góngora Escobedo se convirtió en funcionario de la delegación estatal del Issste.
Balance desfavorable
Durante el gobierno anterior se vivieron emergencias sanitarias como la epidemia de dengue, incluso con saldo de muertos.

Con cupo rebasado

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Inscritos más de 16 mil aspirantes a entrar a la Uady

La Universidad Autónoma de Yucatán cerró susregistros para el examen de admisión de alumnos con 16,500 solicitudes, pero sólo tiene cupo disponible para poco más de 6,000 en los niveles de licenciatura y preparatoria.
El rector de la Uady, maestro en Filosofía Alfredo Dájer Abimerhi, dijo que pese al esfuerzo para aumentar el número de alumnos admitidos siempre será insuficiente porque la universidad tiene alta demanda por la calidad de sus programas.
En este año la Uady recibió 12,000 solicitudes de ingreso a sus 45 licenciaturas y 4,500 para sus tres escuelas de bachillerato. Sin embargo, el rector informó que sólo tienen capacidad para admitir a 3,700nuevos estudiantes de licenciatura y 3,500 en bachillerato. Es decir, poco más de 9,300 aspirantes no podrán estudiar en la universidad pública yucateca.
“Lo que siempre ocurre es que una parte de los alumnos que no son aceptados busca otras opciones en otras escuelas de educación superior o de bachillerato”, señaló. “Si pueden pagar escuelas particulares buscan espacios en esos lugares; si no, esperan otra oportunidad para presentar o se integran al mercado laboral”.
Dájer Abimerhi recalcó que en cada curso escolar crecen su matrícula, pero no pueden rebasar su capacidad financiera, de infraestructura y académica.
“Hay que convencer a las autoridades federales para que inviertan más en educación superior y bachillerato, porque la Uady siempre será insuficiente para atender tanta demanda”, indicó.
Precisamente en la sesión extraordinaria de ayer los integrantes del XV Consejo Universitario aprobaron por unanimidad dos nuevas licenciaturas que iniciarán sus programas en agosto próximo. Cada licenciatura aceptará de 40 a 50 alumnos.
Por otra parte, Dájer Abimerhi informó que la Uady ya pagó el 4% del impuesto sobre la nómina de la institución y recalcó que siempre ha estado al corriente en su obligación fiscal.
Explicó que cuando declaró al Diario, el 2 de mayo pasado, que carecían de recursos para cubrir ese gasto, en realidad estaba en proceso el depósito del monto del impuesto por parte del área administrativa.
“No hay ningún problema. Me dice el área administrativa que está presupuestado”, dijo

Suplentes del Issste no cobran desde hace 3 meses

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Personal suplente del Hospital Regional del Issste protesta a las puertas del nosocomio por sueldos que no les han pagado desde febrero de este año.
El personal teme a represalias, ya que en diciembre de 2013 también se manifestaron y después varios de ellos fueron castigados y uno de los manifestantes fue despedido.
El personal suplente que no ha recibido sus salarios pertenece a todas las áreas de la institución: médicos, enfermeras, administrativos, paramédicos, entre otros, quienes a pesar de la falta de pago no han dejado de asistir al trabajo.

Sobreseen amparo contra el alza del transporte urbano

06 mayo 2014
Noticias de Yucatán ()

“No entró al estudio de la solicitud”

René Rubio Escobar, juez primero de distrito, declaró sobreseída la solicitud de amparo que promovió Raúl Paz Alonzo, diputado federal del PAN, contra el alza del transporte urbano.

Al dar a conocer esta información el legislador federal panista afirmó que “el gobierno pidió hacer valer las causales de improcedencia y el juez lo aceptó, por eso ni siquiera entró al estudio de su solicitud”.
En conferencia de prensa que ofreció en el restaurante “El Manjar Blanco”, el diputado federal aseguró que su lucha no concluirá con esto, que seguirá hasta las últimas consecuencias, ahora solicitará al Tribuna Colegiado, la revisión de este sobreseimiento de su demanda.
“Cinco meses después de que solicitamos el amparo, se nos informó que el pasado 30 de abril el juez René Rubio Escobar sobreseyó nuestra demanda”, puntualizó.
Paz Alonzo manifestó que uno de los argumentos por los cuales el juez sobreseyó su solicitud de amparo fue por considerar que no hay el interés legítimo colectivo.
“Tampoco me reconocen como quejoso y usuario, dicen que no tengo interés legítimo, a pesar de ser legislador federal y representar a la sociedad”, añadió.
El diputado expuso que el transporte público de pasajeros en Mérida es un tema que reviste especial importancia, como lo muestra el hecho de que cada día se realizan 677,662 viajes en esta capital, mediante 1,550 unidades, según cifras oficiales.
“La elevada demanda del servicio hace ver el grave impacto que tiene en los usuarios cualquier aumento injustificado en las tarifas, este punto es el sustento de la solicitud de amparo, que en representación de los grupos de ciudadanos interpuse”, puntualizó.
El panista reiteró que para desechar su solicitud de amparo, el juez hizo suyos algunos señalamientos que presentó el gobierno del Estado.
El diputado explicó que en en representación del gobernador, el secretario general de gobierno y el consejero jurídico en su informe ante el juez admitieron que se aplicó el aumento de tarifas, que es el acto que se reclama.
“Pero el gobierno del Estado le solicita al juez, que antes de entrar al estudio de fondo hiciera valer las causales de improcedencia para sobreseer el amparo y no analizar las ilegalidades cometidas en el aumento del tarifas del transporte, y el juez lo acepta”, afirmó.
Paz Alonzo insistió en que el juez aceptó la propuesta del gobierno del Estado y sobreseyó el amparo argumentando que no existe el legítimo interés colectivo de los demandantes.
El diputado federal consideró que para sobreseer su solicitud, el juez se basó en los siguientes argumentos:
-Que el promovente no pertenece a la colectividad, le reconoce su calidad de ciudadano, pero supone que no usa el servicio de transporte público de pasajeros.
-Que no prueban que los prominentes (las personas que representa en la demanda) que sean usuarios del servicio de transporte urbano.
El legislador explicó que el juez no aceptó como pruebas los boletos del servicio de transporte que se le presentaron.- DAVID DOMÍNGUEZ M.
De un vistazo
No lo reconocen
“El juez no le reconoce al diputado Raúl Paz el carácter de quejoso, ni perteneciente a la colectividad, ni que tiene interés legítimo. Aún reconociéndole el carácter de representante popular, no lo toma en consideración”, afirmó el mismo diputado federal.
Presión
El legislador federal consideró que el Poder Ejecutivo del Estado presionó al Poder Judicial para que el juez decida sobreseer la demanda de amparo que presentó contra el aumento de tarifas del transporte urbano de Mérida.
Ni los boletos
Raúl Paz Alonzo manifestó que ni siquiera los boletos del transporte urbano que le presentaron como pruebas de ese servicio les admitió el juez de Distrito.
A revisión
De cualquier forma aseguró que seguirá su lucha, ahora promoverá ante el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito una revisión de este falló del juez federal contra su petición de amparo.

Empresarios dan su apoyo a las obras

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Piden cumplir los plazos y el menor perjuicio posible

Empresarios y otros dirigentes dieron su apoyo a los trabajos de la prolongación del Paseo de Montejo y externaron su deseo de que se cumpla la meta en el plazo anunciado y con los menores perjuicios posibles, como ofrecieron las autoridades.
Álvaro Mimenza Aguiar, presidente local de la Canirac, manifestó que esa arteria es una de las avenidas importantes de la ciudad desde el punto de vista económico y turístico, y era necesario reconstruir su pavimento.
En el discurso que pronunció en la ceremonia de comienzo de los trabajos, hizo notar que el asfalto del sitio donde se realizó ese acto tiene cuarteaduras. Debido a esas condiciones era necesario bachear con frecuencia, lo que afectaba la vialidad y las actividades.
-Sé que estos cuatro meses de trabajo afectarán a los comerciantes y restauranteros establecidos en esta avenida, pero hace dos o tres semanas nos pusimos de acuerdo para que las molestias sean reducidas.
Entrevistado aparte, dijo que todos quienes tienen negociaciones en esa zona resentirán algún daño económico, pero posteriormente se beneficiarán con las mejoras.
Detalló que en esa arteria hay 25 restauranteros socios de la Canirac.
A su vez, Lorena Laviada de Regil, directora del colegio Rogers Hall, manifestó que los padres de familia y el personal docente recibieron información sobre la obra y los cambios que traerá en el tránsito vehicular en la zona.
Consideran positivo el proyecto y esperan que, como se ofreció, haya un plan de vialidad que reduzca las molestias hasta donde sea posible.
La docente dijo que los educandos y padres de familia resintieron los cambios en la vialidad que se realizaron a raíz de las mejoras de la calle 60, de modo que ya saben qué esperar en esta nueva obra.
En la ceremonia también estuvo Mariana Ramos Palomeque, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Yucatán, y coincidió en que habrá perjuicios a la economía de ese punto de la ciudad, pero también estuvo de acuerdo en que ese trabajo es necesario.
-En esta época de lluvias esta arteria se pondría peor de que está -señaló.
La dirigente elogió que el Ayuntamiento se hubiera acercado a los empresarios para informarles del proyecto con anticipación.
Arturo Millet Molina, presidente del Club Campestre de Mérida, dijo que cada día unos 350 socios acuden a esas instalaciones y esperan que haya pocas molestias para ellos.-
La maquinaria | Variada
La empresa Kambul, dirigida por Renán Castro, usa equipo variado en esa obra.
Las máquinas y el personal
Llevó dos fresadoras para quitar y triturar el viejo pavimento, dos retroexcavadoras, dos pipas de agua, una motoconformadora, dos rodillos vibratoios, seis reglas vibratorias, cuatro vibradoras portátiles, tres máquinas para corte de piso y cuatro torres de luz para trabajar de noche. También grupos de peones, plomeros, electricistas y carpinteros.

Más segura y moderna calle de prolongación

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En ocho etapas se harán las obras de la Prolongación

En 13 días estará lista la primera de las ocho etapas en que se dividió la construcción del nuevo pavimento de concreto de la Prolongación del Paseo de Montejo, se informó durante el comienzo de esos trabajos.
Ese tramo, que es el más corto de todos, incluirá 18 pozos de drenaje pluvial con sus respectivas rejillas.
El trabajo se realiza en el cuerpo oriente de esa avenida, es decir, el que lleva hacia el Norte. En esa parte de la vía están, entre otros, óptica Espadas, Fotografía Victoria, Farmacia del Bazar, Cava del Duero, Bancomer, Ducati, Bicimotos, Ofix, Jugetrón, El Fenicio y la taquería Don Irineo.
-Venimos con entusiasmo y la maquinaria suficiente para hacer esta obra que ya era necesaria, es un proyecto que no podía esperar más -manifestó el alcalde Renán Barrera antes de dar el “banderazo” de los trabajos.
-Es un reto trabajar en una zona de tanta actividad económica y de elevada afluencia vehicular -agrego-. Pero eso no nos asusta, por el contrario, nos motiva.
-Por difícil que parezca, es una obra necesaria. La reclaman la modernidad y el avance de Mérida, no es posible tener una ciudad que camine a paso veloz hacia la modernidad y al mismo tiempo lo haga con vialidades en malas condiciones.
También dijo que a pesar de que la Prolongación del Paseo de Montejo no es tan antigua, todos los meridanos tienen alguna relación con ella debido a su importancia económica, el tipo de establecimientos que tiene y el intenso tránsito que registra cada día.
-Es grato iniciar esta obra porque con ella daremos a los miles de usuarios de esta avenida mayor seguridad y mejores condiciones de vialidad para los automovilistas y peatones. Hace casi 12 años que no se realizaba un trabajo de mantenimiento integral de esta avenida.
-El nuevo pavimento tendrá 30 años de vida y a largo plazo se justifica la inversión por el ahorro en mantenimiento que habrá en ese lapso.- Hansel Vargas Aguilar
El tránsito | Cambios
En una hora llegan a circular ahí 5,600 automotores durante el periodo escolar.
Doble sentido
Conforme avance la tarea se irá cambiando la circulación en el cuerpo poniente, el cual será de doble sentido. Uno de sus tres carriles lo usarán quienes se dirijan al norte de la ciudad.
Prueba de fuego
Las policías de Mérida y la estatal deberán agilizar el tránsito para los escolares del Rogers, que hoy vuelven a clase.

“No es capricho, es necesidad”

Las mejoras de la Prolongación de Montejo empiezan

Gobierno
Esta obra no es fruto de un capricho sino una necesidad, manifestó el alcalde Renán Barrera Concha, al poner en marcha la construcción del nuevo pavimento de concreto de la Prolongación del Paseo de Montejo.
Acompañado de dirigentes empresariales cuyos socios tienen negocios en esa arteria, así como de representantes del Club Campestre y el colegio Rogers Hall, que también operan en esa zona, el concejal dijo que ese trabajo es gratificante porque se realiza en unión de los usuarios y beneficiarios de ese sector de la ciudad.
-Esto es muestra de que trabajos con la sociedad y de frente con ella -expresó-. Para realizarla hubo diálogo y acuerdos con la sociedad, es una obra que se hará con ella, de la mano con la sociedad.
-El consenso buscado es importante, no para convencer sobre el beneficio del plan sino para organizarnos mejor y afectar lo menos posible las actividades de esta zona.
La ceremonia de comienzo de esos trabajos se realizó en el cruce de esa arteria con la avenida 21 de la colonia México, con tres discursos. Además del alcalde hablaron el presidente de la Canirac, Alvaro Mimenza, y el director e Obras Públicas, Carlos Arcudia.- Hansel Vargas A.
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La obra | Aspectos
Se quitará el pavimento de asfalto y se pondrá otro de concreto especial.
El tramo, en 122 días
Se trabajará en 3.9 kilómetros de largo (45,421 m2) que van desde la avenida 21 de la colonia México hasta la avenida de Villas La Hacienda. La inversión será de $60.7 millones, los trabajos se harán en ocho etapas; están a cargo de la empresa Construcciones Kambul.

Cansados del derroche

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La Canirac truena contra gobiernos de los tres niveles


Alvaro Mimenza Aguiar, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, dijo que el sector empresarial está cansado del derroche de recursos públicos que se observa en los tres poderes gubernamentales, en los ámbitos nacional, estatal y municipal.
También, indicó, hay contrariedad en ese sector por las constantes menciones que se hacen en los medios de difusión sobre obras de infraestructura y grandes inversiones que sólo existen en el papel, no en los hechos.
-En cualquier parte del país que uno visite nos encontraremos con esa situación -señaló.
Expuso que el mal uso de los impuestos es una de las dificultades para convencer al sector económico que se mueve en la informalidad a dejar esa situación y se una a quienes ya tributan al fisco.
Otro obstáculo más son los engorrosos trámites para abrir un negocio formal, y las dificultades técnicas para cumplir las normas fiscales y pagar impuestos.
-El sistema contable exigido por el fisco es muy complejo para las empresas -manifestó-. ¿Cómo entonces se puede pedir a un pequeño negocio que cumpla con esa norma?
Además, señaló que el sector restaurantero es un ejemplo de esos problemas: sólo el 10% están registrados y pagan tributos. El resto son informales.
Y la cantidad de requisitos burocráticos que deben cumplirse para abrir un establecimiento hace que, en el mejor de los casos, se requieran de seis a ocho meses de trámites. “En el peor de los casos esto lleva dos o tres años”, añadió el empresario.
El proceso para abrir un restaurante, explicó, comienza con la búsqueda del sitio para instalarlo, después se pide el permiso de factibilidad y, si este es positivo, entonces se renta el predio y empieza el pago del alquiler mientras se concluyen los trámites.
-No hay empresario que resista un año pagando renta mientras obtiene la autorización y pone a funcionar el establecimiento.
Mimenza Aguiar fue entrevistado durante el comienzo de las obras en la prolongación del Paseo de Montejo, ceremonia en la que participó debido a que parte de los socios de la Canirac tienen sus establecimientos en esa avenida.
El dirigente empresarial dijo que la población debe estar convencida de que los impuestos que ella aporta se usan en beneficio de todos.
De lo contrario, ese factor, junto con la burocracia, alientan la economía informal. La población prefiere la vía más sencilla para realizar su actividad económica.
-Los impuestos deben regresar a la población -expresó- . Necesitamos ver que hay obras, infraestructura, construcción.
-Ya estamos cansados de ver en los medios de difusión anuncios y eventos sobre obras que no existen en los hechos. En la televisión, la radio y los periódicos escuchamos de ceremonias muy bonitas, con aplausos y gente trajeada, en las que se anuncian obras que no existen.
-Al viajar por cualquier parte del país se puede constatar que hay cero inversión en infraestructura, o bien esta es mínima.
-En todo el país, en los tres poderes de todos los niveles, vemos desperdicio y despilfarro por parte del aparato gubernamental -recalcó-. Vemos y escuchamos hablar del despilfarro, de gente que maneja grandes cantidades de dinero y de quienes se hacen millonarios de un día para otro gracias a su relación con el gobierno.
El dirigente anunció que en unos dos meses presentarán una reforma legal para reducir los trámites estatales y municipales relacionados con la apertura de restaurantes y otros establecimientos de ese tipo.
Con ello se alentará a quienes están en la economía informal o pretenden incursionar en ella a que decidan establecerse formalmente.
Explicó que hoy día hay que pedir autorizaciones de factibilidad, uso de suelo, construcción, venta de bebidas alcohólicas, etcétera. Y todo ello lleva tiempo.
Consideró que otro paso necesario es que haya facilidad para pagar impuestos y que estos se utilicen con orden y transparencia.
-La reforma fiscal no sirvió para nada -expresó-. Lo que debe hacer el fisco es simplificar el tributo, elevar el impuesto al consumo, y, por otro lado, establecer un régimen especial para los que están en la economía informal y después capacitarlos para que ingresen a la clasificación de personas físicas.

Yucatán se sitúa en el lugar 25 de un índice nacional

05 mayo 2014
Noticias de Yucatán ()

Yucatán ocupa el lugar 25 en el ranking del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (Idaim), que mide la calidad de las leyes de transparencia en los 31 estados de la república y el Distrito Federal y que elabora Fundar, una organización de la sociedad civil.

Estos resultados, dice el organismo, muestran un panorama desalentador en el Estado en materia de transparencia y lo mucho que hace falta por hacer. La ley local, señala, “carece de dientes para actuar”.
Nuestra entidad alcanzó un índice global de 4.9, en una escala de cero a 10, según ese reporte, y reprobó en los tres indicadores que componen ese índice: diseño normativo, 4.7 puntos; diseño institucional, 4.1, y procedimiento de acceso a la información pública y obligaciones de transparencia, 5.7.
En tres aspectos Yucatán ocupa el último lugar en el país: no establece con precisión el nombre de los sujetos obligados a respetar la Ley de Transparencia. Tampoco establece un sistema de sanciones para reforzar el cumplimiento de las leyes, ni contempla un proceso de designación de consejeros del organismo garante, en este caso, del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip). Este proceso en Yucatán es “opaco y cerrado”.
Fundar, que tiene su sede en la ciudad de México y se especializa en investigar temas de transparencia, dio a conocer los resultados del Idaim el 30 de abril.
A la cabeza
En el lugar más alto del índice aparece el Distrito Federal, con 8.8 puntos, y en el último, Hidalgo, con 4.5. Un poquito arriba de este estado quedó Yucatán, con 4.9 puntos.
El Idaim mide la calidad de las leyes de transparencia en México en relación con las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia y que la organización considera debe contener una ley de transparencia para garantizar y proteger adecuadamente el ejercicio del derecho de acceso a la información.
El promedio general de las leyes calificadas es de 5.6. Como dijimos arriba, Yucatán ocupa el lugar 25.
En cuanto al diseño normativo, el índice descubre que la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (Laipemy) es débil en el apartado sobre los sujetos que están obligados a respetarla. Aquí obtiene una calificación de 3.5, la más baja del país.
Fundar explica que lo ideal es que los sujetos obligados a cumplir con la ley de transparencia sean todas las autoridades, entidades, órganos y organismos, pero en el Estado la Laipemy no obliga a la Auditoría Superior, a los órganos descentralizados, paraestatales, universidades públicas, fideicomisos que cuentan con financiamiento público, partidos políticos, sindicatos y personas físicas o morales que reciban recursos públicos.
Sanciones
Otro aspecto en que la Laipemy ocupa el último lugar en el país, con un índice de 2.8, es el relativo al establecimiento de sanciones para reforzar el cumplimiento de la ley de transparencia.
Yucatán no tiene un procedimiento efectivo, ágil y expedito en este caso, ni tampoco sanciones por incumplir con las obligaciones de transparencia ni un procedimiento de queja por incumplimiento a la publicación de obligaciones de transparencia, así como sanciones específicas a los servidores públicos que intimiden a los solicitantes de información.
Otra omisión grave de la ley en Yucatán es que no se establece en ningún lado que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, ni define qué es información pública.
La Laipemy no prevé la prohibición de invocar el secreto bancario cuando el titular de las cuentas bancarias sea un sujeto obligado, ni la confidencialidad de los créditos fiscales.
Tampoco considera como información pública aquella entrega por particulares a funcionarios o servidores públicos y permite un manejo arbitrario de la información confidencial. No prevé, como debía ser, que ésta pueda ser difundida si el interés público de conocerla es mayor que el daño causado por no restringir la información.
Respecto al diseño institucional de la ley, Fundar dice que la legislación yucateca tiene otra grave falla porque carece de Órgano Interno de Revisión, que es el encargado de dictaminar sobre la reserva y clasificación de la información que las unidades administrativas realizan. En este aspecto, Yucatán ocupa también el último lugar en el país.
Acceso restringido
El Idaim muestra que la ley yucateca no tiene facultades para acceder sin restricciones a la información clasificada como reservada o confidencial por los sujetos obligados y determinar su debida clasificación, desclasificación o procedencia de su acceso ni denunciar a la autoridad competente las infracciones en la materia o aplicar directamente sanciones.
La ley tampoco obliga al Inaip a tener sesiones públicas ni que sus consejeros comparezcan ante el Poder Legislativo.
Otra grave falla radica en el proceso de designación de los comisionados del instituto. La ley no prevé la convocatoria abierta, ni un procedimiento de selección certero y previsible, ni la obligación de difundir la versión pública del currículo de los candidatos, entrevistas con ellos y sesiones de las comisiones legislativas de carácter público, así como la exigencia de un instrumento técnico para evaluar y calificar a los aspirantes.
Tampoco prevé la participación ciudadana para coadyuvar en la evaluación de los aspirantes, ni el derecho de las partes para solicitar a los comisionados excusarse de conocer un caso por conflicto de interés.
La ley tampoco establece que el plazo máximo de respuesta sea de hasta de 20 días, como ocurre en la legislaciones modernas, ni el plazo de 40 días hábiles para la entrega de información que no existe y que el órgano garante obliga a generarla.- HERNÁN CASARES CÁMARA
De un vistazo
Deficiencias
La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán no contempla la publicación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgados por la autoridad, ni los viáticos de los funcionarios públicos.
Congreso estatal
Tampoco obliga al Poder Legislativo a informar de los montos de las partidas presupuestales asignadas a los grupos parlamentarios, las comisiones o comités, la mesa directiva, la junta de gobierno y los demás órganos del Congreso, ni el monto ejercido y detallado de recursos públicos que se reciban para los informes de actividades de cada uno de los diputados.
En los tribunales
En cuanto al Poder Judicial, la ley no prevé que sean públicas las convocatorias para la carrera judicial, el registro de aspirantes, los resultados de las evaluaciones y continuidad del personal judicial, así como las resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos por jueces y magistrados, que hayan causado estado.

Niños mayas, vulnerables

Noticias de Yucatán ()

Su peor enemigo, la pobreza en que viven: la Codhey

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) señaló que la entidad concentra gran parte de la población indígena de todo del país, por lo que la atención a los derechos de las niñas y niños mayas debe ser una prioridad.
En un comunicado, el organismo indicó que en México, las niñas, niños y adolescentes indígenas constituyen una población de alta vulnerabilidad, debido a sus condiciones de pobreza, lo que tiene como consecuencia un menor grado de cumplimiento de sus garantías fundamentales.
En Yucatán, precisó, el 59.2 por ciento de la población es indígena y se calcula que el 76.1 % de los mayahablantes vive en pobreza; y dentro de ese sector las niñas y los niños son los más vulnerables.
Refirió que según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el trabajo infantil, 36 por ciento de los niños indígenas entre seis y 14 años de edad trabajan, el doble que el promedio nacional calculado en 15.7 por ciento.
Además de trabajar, apuntó, otro importante factor para no asistir a la escuela es la temprana vida en familia que los menores indígenas asumen.
La Comisión reconoció que se ha logrado avanzar en la defensa de los derechos de los menores, pues Yucatán cuenta con la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, una de las más avanzadas en el país en la defensa de la infancia. Sin embargo, para lograr mejorar el cumplimiento de sus derechos, se necesita que la sociedad en su conjunto asuma como suya la causa de la defensa de los pequeños. En el marco de las celebraciones de la niñez, la Codhey exhortó a reflexionar de los avances y el trabajo que falta por realizar a favor de las niñas y los niños, para que en un futuro próximo, puedan
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Casamientos
La Codhey señala que hay una diferencia significativa entre el porcentaje de mujeres indígenas que se casó antes de los 15 años de edad, casi 5 %, comparado con las mujeres no indígenas, 2 por ciento.

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