Noticias de Yucatán
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Faltan respuestas del gobierno por el caso Ticul
Aunque el hospital de Ticul, que compromete más $5,500 millones de recursos públicos, se enfrenta a graves dificultades, entre ellas el atraso de la obra, el gobierno del Estado no da a conocer detalles de las negociaciones para reducir su tamaño, ni el contenido del contrato de construcción y operación, denuncian integrantes de varias de las organizaciones cívicas que apoyan a Mayaleaks.
La empresa debía terminar el hospital el 15 de enero, pero la obra sólo tenía un avance del 42 por ciento para esa fecha, afirma Patricia Monforte Méndez de Vela, integrante del Frente Cívico Familiar, en una conferencia de prensa.
Según una cláusula del contrato, si la empresa no entrega el hospital operando tres meses después del plazo convenido, que se vence hoy, precisamente, el gobierno puede rescindir el contrato, pero hasta ahora, dice la Sra. Monforte Méndez, no sabemos si ya lo hizo o qué pasa allí.
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Preguntan, ¿qué pasa con el hospital de Ticul?
Representantes de varias de las organizaciones que apoyan a Mayaleaks denuncian que el gobierno del Estado responde con silencio a las numerosas preguntas sobre la construcción y operación del hospital de Ticul.
En conferencia de prensa para dar a conocer una cronología del caso, los activistas, vinculados a Mayaleaks, un sitio que ha revelado muchos datos de la construcción de ese hospital, dijeron que sobre este asunto, “el gobierno no ha emitido una declaración oficial sobre el tema, ni ha fijado un plazo para solucionar el problema”, afirman.
Por cierto, ayer mismo, ante una solicitud de entrevista de este periódico, el vocero del secretario de Salud Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, respondió que éste no hablará del hospital de Ticul, ni comentará las declaraciones de un directivo de la constructora sobre una negociación para reducir el hospital de 90 camas a 30 o 40.
Esta falta de información y de apertura, indica la Sra. Patricia Monforte de Vela en conferencia de prensa, ocurre también al momento de solicitar la copia del contrato de prestación de servicios firmado con Infraestructura Hospitalaria de la Península, para construir y operar el hospital de Ticul por 25 años a un costo de cinco mil 571 millones de pesos.
Sospechas
Mayaleaks, dice, solicitó copia de ese documento a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, “pero ésta respondió que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos no encontró ninguna información de este tipo. Aunque presentamos el recurso de revisión contra esta resolución, aún seguimos esperando la respuesta”.
Sin esa copia y sin otros documentos relacionados no podemos saber qué más pasa en ese hospital, afirma Juan Chaia Shaadi, miembro de Poder Ciudadano Colectivo 4 de julio, presente también en la conferencia, junto con Desiré Castillo Trueba, de Un millón de jóvenes por México, dos organizaciones que apoyan a Mayaleaks.
Sospechamos que se inflaron los costos de construcción, pero no podemos asegurarlo, porque desconocemos el presupuesto y los costos de la obra, añade Chaia Shaadi. Creemos, empero, que éstos son muy superiores a los costos de otros hospitales parecidos, si los comparamos con otras referencias presupuestales.
Según Chaia Shaadi, la sociedad civil no tiene la información necesaria sobre el hospital, pero tampoco la tuvo el Congreso cuando autorizó el decreto que permitió al gobierno de Ivonne Ortega impulsar Proyectos de Prestación de Servicios para tres hospitales, entre ellos el de Ticul.
Los diputados aprobaron ese decreto en 2011 y comprometieron cuantiosos recursos por 25 años, sin tener todos los elementos para una buena decisión, dice.
—Ahora vemos por qué el gobernador Rolando Zapata Bello ordenó la revisión del contrato del hospital para reducir su tamaño de 90 camas a 60, 40 o 30. Eso demuestra, además, que su antecesora no encargó un estudio de mercado para medir bien la demanda de atención médica en el sur del estado. Las organizaciones hemos pedido también ese documento y nos contestan: no aparece.
Al planear un hospital de ese tamaño, añade Chaia Shaadi, “Ivonne Ortega pensó que Yucatán viviría siempre en el cuerno de la abundancia” y no ocurrirían fenómenos como la caída del precio del petróleo y la consecuente reducción de los gastos gubernamentales.
—Esto y el tamaño excesivo del hospital orillaron a Zapata Bello a negociar un nuevo contrato para hacer un hospital mas chiquito y más barato, aunque no sabemos las condiciones de esa negociación.
—Por ejemplo, hasta ahora nadie ha comentado las declaraciones a Diario de Yucatán de un directivo de la constructora, quien dio a entender que independientemente de las reducción del tamaño del hospital, el contrato de prestación de servicios por cinco mil 573 millones de pesos permanece, porque así lo aprobó el Congreso. Ante esto, el gobierno responde con silencio y nosotros no sabemos si así son las cosas.
Es tal la confusión, añade Chaia Shaadi, que las organizaciones aglutinadas en torno a Mayaleaks solicitamos hoy, aquí, la cancelación de la construcción del hospital de Ticul, para darle prioridad al de Tekax.
—También pedimos que se finquen responsabilidades, aunque sabemos lo difícil que es, porque Ivonne Ortega armó muy bien un tinglado para evitar la fiscalización, al grado de que el Congreso ya le aprobó sus cuentas de 2011 y 2012.
—Ante esto, las organizaciones analizamos la posibilidad de acudir a la vía judicial, aunque no tenemos equipo de abogados ni dinero para pagarles; o al juicio social, para exhibir a los responsables de este problema.
—Lo que nos queda claro, sin embargo, es que la sociedad civil no puede permanecer indiferente y dejar las cosas así. El trabajo de Mayaleaks es muy útil e importante, de investigar y documentar las irregularidades del gobierno, pero no puede quedarse solo en denuncias, hay que hacer más y eso corresponde a los ciudadanos.
¿Otro debate?
Chaia Shaadi también comentó la propuesta del ex gobernador Patricio Patrón Laviada de repetir el “debate” que sostuvo con Juan José Sánchez Duarte, ex funcionario de Ivonne Ortega, sobre el hospital de Tekax, para hacerlo ahora con otro formato y bajo la organización de alguna agrupación cívica, educativa o empresarial.
Coincido en que el debate fue un error, indica Chaia, principalmente por el formato, que favorece el “rollo” y no la exposición de ideas, pero creo que no se justifica otro debate.
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