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“Al Gobierno que no me creyó, que nunca me hizo caso, que se burló: hoy puedo demostrar que siempre dije la verdad […]. Salí de Mexico a buscar justicia a otro país en donde sí fui escuchada, donde me creyeron porque yo siempre dije la verdad”, destacó Valentina Rosendo Cantú tras lograr, después de 16 años, la sentencia condenatoria por tortura sexual contra los militares que la violaron en 2002.
El pasado 1 de junio, la juez Iliana Fabricia Contreras Perales, del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, sentenció a dos militares a 19 años de prisión por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú, joven indígena me’phaa.
La condena se deriva de la disculpa pública que el Estado ofreció a Valentina Rosendo en 2011, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió, en 2010, una sentencia contra el Estado Mexicano por su falta de respuesta para proporcionar justicia en el caso.
La activista Valentina Rosendo Cantú ofreció una conferencia de prensa este lunes en la Ciudad de México. Foto: Sugeyri Gándara, SinEmbargo
Valentina Rosendo Cantú dijo hoy, en rueda de prensa, que la sentencia tiene un gran significado no sólo para ella sino para favorecer a muchas mujeres, porque marca una precedente.
La activista destacó que tuvo que aprender hablar español para poder alzar la voz, para ser escuchada y aún así, el gobierno de México jamás le creyó e incluso se burló de ella.
Agregó que en su lucha tocó todas las puertas en México pero todas se las cerraron. Su país no solo le negó el acceso a la justicia sino que el Gobierno le puso obstáculos para llegar hasta donde llegó hoy.
“El Gobierno nunca me creyó, nunca me hizo caso […]. Desde un principio, de todos los funcionarios públicos que siempre se burlaban de mí. Desde que puse mi denuncia, desde el MP que nunca me ayudaron, al contrario se burlaban de mí. Yo hoy en día lo que puedo demostrar es que siempre dije la verdad y aquí estoy”, recordó.
Rosendo Cantú agregó que en su andar ha sido víctima de amenazas, ha tenido que soportar que le llamen mentirosa. Por eso, destacó, ahora con esta sentencia demuestra al Gobierno que nunca investigó, que “nunca puso su corazón para investigar a los culpables”.
La mujer indígena acusó que tuvo que salir a buscar en otro país la justicia que su Estado no le brindó. “Yo me tuve que salir de mi pueblo yo aprendí español, busqué justicia, a otro país donde sí fui escuchada y donde me creyeron porque yo siempre dije la verdad”, añade.
La mujer dijo que las agresiones continuaron después de que su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“¿Y después de eso, qué hizo el Gobierno? Quizo desaparecerme junto con mi hija y mis abogados, pero yo nunca dejé de alzar la voz yo siempre busqué justicia porque eso es lo que yo quería”, abundó.
La “sentencia histórica”, llamada así por organizaciones de derechos humanos, marca un parteaguas en la defensa de derechos humanos de las mujeres a nivel nacional e internacional, pues sienta precedentes para el desarrollo de los términos “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”. Asó lo han recalcado organismos defensores de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Los culpables, Armando “P”, y el cabo jardinero Nemesio “S” fueron vinculados a proceso judicial en 2014, y fue en días pasados cuando el Juzgado Séptimo de Distrito de Guerrero emitió la sentencia por la que por años han luchado la víctima junto con sus representantes.
Valentina tenía 17 años de edad el 16 de febrero de 2002. Ese día lavaba ropa en un arroyo cercano a su casa, en la Barranca Bejuco, en Guerrero, cuando elementos del Ejército la interrogaron sobre el paradero de “encapuchados” en la zona. Después la golpearon, la amenazaron y dos soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano la violaron. La agresión la presenciaron otros seis uniformados, quienes se burlaron de ella.
RECONOCEN SU LUCHA
Tania Reneaum, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, indicó que tras esta sentencia dictada en primera instancia se abre el periodo de la reparación del daño, “y el momento en el que el Estado tiene que hacer visible sus funciones y sus obligaciones de no repetición”.
“Esta sentencia nos recuerda y nos afirma que nuestro cuerpo no puede ser usado como instrumento de guerra, humillación y malos trato. Y en el ámbito del derecho, le da plena credibilidad al testimonio de la víctima. Eso no es menor en un país donde sólo tienen voz quienes tienen el dominio de la palabra y quienes tienen el poder”, comentó la activista.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que este fallo condenatorio reconoce las múltiples dimensiones de discriminación que sufren mujeres y las mujeres indígenas en un contexto de desigualdad estructural.
“Mi admiración a Valentina por esta lucha de 16 años de denuncia, de sobreponerse a todos los obstáculos, los prejuicios y esperar este momento, que estamos a un punto de cambio”, agregó.
El representante de la ONU enfatizó la importancia de la sentencia en razón de la tortura sexual, pues dijo que este tipo de violaciones es algo que se ha practicado como una forma exacerbada de violencia contra las mujeres en este país.
Además, se presenta en un momento que se discute un modelo de seguridad en el país, dijo el diplomático al hacer referencia a la Ley de Seguridad Interior.
Santiago Aguirre Espinoza, subdirector del Centro Prodh, destacó que en México la impunidad es tan fuerte y estructural que ni siquiera las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la han podido debilitar.
“Hay sentencias de la CoIDH que han promovido un gran cambio en el país, pero la impunidad es tan fuerte que no han logrado debilitarla, salvo en este caso [el deValentina Rosendo”, afirmó,
Aguirre Espinoza lanzó un llamado al Poder Judicial para que confirme esta sentencia. “Seguro los acusados presentaran algo un recurso, entonces pedimos que haya justicia”, comentó.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, confirmó que uno de los militares responsables ya apeló la sentencia. “Por eso el llamado al Poder Judicial a que se mantenga esta dirección y que se mantenga con la incorporación de los estándares internaciones en estos medios de prueba. Ojalá el Tribunal Unitario vaya en esta dirección”, destacó.
Finalmente, Rosales comentó que este fallo judicial tiene implicaciones en la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior porque demuestra claramente qué es lo que sucede cuando militantes salen a la calle a desempeñar labores de seguridad pública.
“Nos ilustra la inviabilidad de una propuesta que saca al Ejército mexicano a las calles”, puntualizó. Sin Embargo
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