Noticias de Yucatán.
(Proceso).– “La próxima administración federal arrancará en un contexto terrible: importantes retrocesos en seguridad, fortalecimiento de los grupos delictivos, una creciente participación de los jóvenes en la criminalidad, así como con los mayores índices de violencia e impunidad de nuestra historia”, advierte Francisco Rivas Rodríguez, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.
“Ya vimos –detalla– los efectos de un gobierno que soslaya su responsabilidad, desmantela instituciones, debilita el gasto, protege a los delincuentes, revictimiza y dirige una campaña en contra de periodistas y activistas: esa administración pasará a la historia como el peor gobierno en materia de seguridad y justicia”.
Agrega el activista que se trata de “un gobierno que fracasó en proteger a los mexicanos y heredará a la próxima administración las peores condiciones de incidencia delictiva y violencia que podamos recordar”.
Rivas sostiene que se debe de insistir en que la ruta actual, con la misma lógica y el gasto en seguridad, llevará a un aumento de la ya gravísima crisis de violencia e impunidad.
Según las cifras de la ONG, los niveles de homicidios en esta administración, cuyo lema ha sido “abrazos, no balazos”, superan incluso los de la “guerra contra el narcotráfico” emprendida en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
“Cuando las tasas de homicidios dolosos son desagregadas a nivel estatal, se identifica lo lejos que está el país de superar la violencia enquistada desde hace más de 15 años. Las entidades del noroeste del país y aquellos ubicados en la costa sur del Pacífico mantienen altos niveles de violencia letal. Aunque se afirme que hay reducción del delito, hay poblaciones que están experimentando niveles de violencia récord, como Zacatecas y Guanajuato”.
Asimismo los resultados estatales del Índice de Paz en México (IPM) muestras que desde 2022 Colima se consolidó como el estado más violento del país, con un incremento exponencial de la inseguridad, al arrojar la peor calificación de paz y la tasa de homicidios más alta.
“La violencia en Colima se intensificó en la última década, después de que los cárteles mexicanos cambiaran sus intereses de las drogas de origen vegetal, como la mariguana y la heroína, a las drogas sintéticas. De este modo, los cinco mil 600 kilómetros cuadrados que abarca el estado se han convertido en un sitio de gran interés para los cárteles de la droga que operan en México.
El puerto de Manzanillo es ideal para que arriban desde Asia los precursores químicos empleados para la fabricación de opioides y otras drogas sintetizadas en laboratorios clandestinos en México y posteriormente trasladadas por aire, mar y tierra por la frontera de Estados Unidos.
“La lucha por el dominio de Manzanillo entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas ha hecho que Colima se convierta en un foco de violencia, con un aumento de 169% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada entre 2016 y 2022”, señala el informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
El 26 de julio de 2023 la Secretaría de Marina, vía la Armada de México, informó que personal naval, en coordinación con la Aduana de Manzanillo, aseguró aproximadamente cinco mil 400 kilos de metanfetamina contenidos en botellas de mezcal artesanal.
El aseguramiento fue resultado de la inspección a un contenedor señalado de portar carga ilícita en un buque de bandera liberiana con destino a Australia. En él se localizaron siete mil 200 botellas de mezcal artesanal con un peso bruto de nueve mil 440 kilos.
Más contundente es el balance empresarial. “El sexenio de Andrés Manuel López Obrador será el más violento de la historia de México. Los asesinatos son los delitos que más nos lastiman como sociedad. Duele profundamente confirmar que la herencia que dejará la administración, a 10 meses de concluir, es ser el sexenio más violento de la historia”, lamenta José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) desde finales de 2023.
El dirigente afirma que, en 58 meses de gobierno, se registra un alarmante aumento de 50% de homicidios en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador se han registrado más de 134 mil 594 homicidios (documentados) en carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 89 mil 860 carpetas por homicidio”, afirma el líder patronal.
Bandas fragmentadas
De acuerdo con el mapa del narcotráfico en México elaborado por el gobierno de Estados Unidos que se difundió en noviembre pasado, las fuertes disputas por el control del tráfico de drogas y otros delitos sigue generando una ola de violencia en el país, la cual causa que la presencia de las organizaciones criminales sea “difusa”, tras las fragmentaciones de sus estructuras, aunque se mantienen las principales y las más antiguas.
Las autoridades no han informado o actualizado algún documento sobre el dominio de estos grupos en territorio nacional, pero documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados en la llamada Guacamaya Leaks, mencionan incluso a grupos locales de los cuales no se tenía mayor información.
De acuerdo con el documento “Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations”, del Servicio de Investigación del Congreso, fechado en junio de 2022 y firmado por June S. Beitttel, el CJNG es la organización con mayor presencia en México y domina Jalisco, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Nayarit y Baja California Sur.
La organización que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, está presente en otros 11 estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Además, se disputa otras entidades con otros cárteles o grupos locales.
Y aunque para el exagente de la DEA Mike Vigil el Cártel de Sinaloa es la “más potente que existe en el mundo porque opera en seis de los siete continentes”, según el reporte para el Congreso estadunidense esa organización controla Sinaloa y Durango, mientras que tiene presencia en Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Baja California y Quintana Roo.
El grupo que encabezan Ismael el Mayo Zambada, Los Chapitos, Aureliano Guzmán Loera, el Guano, y Rafael Caro Quintero se pelean con el CJNG Sonora, Zacatecas y Baja Caja California, pero también Chihuahua con el Cártel de Juárez. En el sur el Cártel de Sinaloa o del Pacífico se enfrenta con Los Zetas en Veracruz y Tabasco.
La misma investigación indica que el Cártel del Golfo tiene su base de operaciones en Tamaulipas, y aunque ya no domina alguna entidad, está presente en Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo; en tanto que se pelea con Los Zetas Tamaulipas y Veracruz.
Este grupo criminal, fundado por el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén –quien posiblemente salga de prisión en agosto, está aliado con el CJNG en algunos estados.
El Cártel del Golfo se ha escindido varias veces, por lo que algunos analistas ya no la consideran como una sola organización, sino varias, como Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Rojos, Los Metros y Las Panteras, facciones que combaten entre ellas.
De igual forma, el Cártel de los Beltrán Leyva no domina ningún estado, pero tras “una serie de reveses a manos de las fuerzas de seguridad, comenzando con el asesinato de Arturo Beltrán en 2009, y seguido de por el arresto de Carlos Beltrán Leyva”, mantienen su presencia en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
El documento señala que Los Rojos, organización disidente del Cártel de los Beltrán Leyva, tienen presencia en Morelos y el Estado de México.
En el caso de Los Zetas, que fueron el brazo armado del Cártel del Golfo, operan en Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, donde se confrontan con el CJNG y el Cártel del Golfo. También se ha identificado su presencia en Oaxaca y Quintana Roo. Además del tráfico de heroína y cocaína, esta organización se dedica al robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y otros delitos.
De esa organización se desprendió el Cártel del Noreste, “una versión renombrada del núcleo tradicional de Los Zetas”, la cual tiene presencia en Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Oaxaca y Quintana Roo.
A su vez, Los Caballeros Templarios, Los Viagras y La Familia Michoacana están presentes en el Estado de México, Guerrero y Michoacán. En algunas regiones de estas entidades estos grupos y otros formaron una alianza (Cárteles Unidos) para combatir el arribo del CJNG.
A su vez el Cártel de Tijuana, también conocido como el de Los Arellano Félix, domina ese municipio fronterizo de Baja California, mientras que el Cártel de Juárez lo hace en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aunque por la posición estratégica de ambos estados concurren ahí el CJNG y el Cártel de Sinaloa en la disputa por las plazas.
A su vez, en la CDMX operan por lo menos 13 grupos delictivos: la Unión Tepito, Fuerza Anti Unión, Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, Los Canchola, CJNG, Ronda 88, Güero Fresa, Los Molina, Los Maceros, Los Tanzanios, El Maestrin y Juan Balta.
El factor militar
En la región de la frontera sur del país, el pasado 16 de enero la violencia provocada por el Cártel de Sinaloa y el CJNG obligó a la población chiapaneca de Chicomuselo a huir de sus tierras.
Los habitantes desplazados denunciaron que el Ejército y la Guardia Nacional irrumpieron en el ejido de Nueva América, lanzaron gases lacrimógenos y amenazaron a los pobladores, luego de acusarlos de formar parte de los cárteles que el pasado 15 de enero se enfrentaron en la zona.
Diversos pobladores narraron que las Fuerzas Armadas entraron al ejido “quitando las cercas” instaladas por ellos “para evitar el ingreso de los cárteles” y resguardarse de “la creciente violencia”.
En un comunicado, los pobladores relataron que cientos de familias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia “se encuentran huyendo por el ingreso de las Fuerzas Armadas” tras el enfrentamiento de los cárteles en la noche del lunes 15, y señalaron que los militares violentan a la sociedad civil en vez de actuar contra las bandas delictivas:
“¿Por qué no resguardan los lugares donde se encuentran los grupos criminales y liberan las carreteras que mantienen bloqueadas desde hace más de dos años? En su lugar, entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos.
“Además de los bloqueos y retenes del crimen organizado, en donde los grupos revisan celulares y mochilas, también impusieron el cobro de paso y de piso y controlan los precios y los tiempos de las cosechas de los campesinos”.
Por ello, los desplazados hacen un llamado urgente a la comunidad internacional “a que volteen su mirada a nuestros pueblos sufrientes, no sólo por la violencia del crimen organizado, ahora es por el ataque que sufrimos por parte de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Ejército, quienes se están violentando con la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos”.
