Omisiones del Ipepac

03 marzo 2010
Noticias de Yucatán
(ipepac, ineficiencia, campaña 2010, artículo)
Dinero y campañas

Dulce María Sauri Riancho (*)

03/03/2010

El pasado fin de semana concluyó la etapa que debió ser de precampañas en el calendario electoral que culminará con la votación del 16 de mayo. Para la mayoría de los ciudadanos, las campañas comenzaron desde fines de diciembre, cuando el PRI eligió a sus candidatos, o cuando empezó el proceso interno del PAN, a principios de enero. Espectaculares por toda la ciudad, desayunos y eventos partidarios —cuidando tal vez de llamar a votar abiertamente—, publicidad en la radio y la televisión, visitas de brigadas de promotores del voto para entregar propaganda casa por casa y, finalmente, los eventos de “toma de protesta”: el multitudinario del PRI en el Siglo XXI el domingo y el mucho más modesto del PAN, el sábado.
De acuerdo con la ley, los recursos económicos que los partidos y candidatos utilizan en los procesos electorales provienen del financiamiento público, principalmente. Eso quiere decir que vienen de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. En 1996, cuando se tomó esa importante decisión que quedó plasmada en la Constitución, se definió que el sistema electoral tendría que ser protegido de los intereses de los grupos económicamente poderosos que podrían financiar las campañas políticas a cambio de prebendas y favores. Además, aumentó la severidad de las sanciones contra el uso indebido de los recursos públicos —dinero y bienes, como vehículos, locales y edificios— en que pudiesen incurrir los funcionarios de gobierno de los tres niveles.
El organismo responsable del proceso electoral es el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac). Tiene las atribuciones de ley para fiscalizar cómo y en qué gastan los candidatos, si respetan los límites. Hasta ahora, el Ipepac se ha comportado como un mal médico forense, de esos que realizan la autopsia del cadáver sin siquiera determinar cuál fue la causa de su muerte. Veamos por qué.
Para las precampañas recién concluidas el Ipepac estableció el tope de lo que podría gastar cada precandidato. Para el caso de la alcaldía de Mérida, eso significó un millón 367 mil pesos por cada uno de los participantes. Como el PAN tuvo dos, hubiese podido gastar el doble de esa cifra. El PRI, con una sola precandidata, podría haber erogado 45 mil pesos diarios por los 30 días que duró esta etapa.
Ahora vienen las campañas electorales por 60 días. Cada partido político tiene un límite de gasto. Volviendo al caso de la Alcaldía de Mérida, la cifra asciende a 8 millones 340 mil pesos en números redondos, casi 140 mil pesos diarios. Es mucho dinero para cualquiera, más para la mayoría de las familias que luchan por sobrevivir a los incrementos de precios y a la precariedad del empleo. “Es el costo de la democracia”, responderán algunos. Es cierto, pero ni siquiera ése es el problema fundamental.
El peligro grave son los excesos cometidos por los partidos políticos que gastan mucho, mucho más allá de los límites autorizados. Y esa abierta violación a la ley sólo ha merecido multas económicas que escasamente erosionan las finanzas partidistas. Me parece estar oyendo: “La gubernatura bien vale una multa, la pagamos y ya”.
Brincarse los topes de gasto de campaña es una forma de echarle gasolina al fuego de la impunidad que nos devora como sociedad. Un candidato —como el actual presidente municipal de Benito Juárez-Cancún— tuvo que gastar más, mucho más de 10 millones de dólares (130 millones de pesos al tipo de cambio actual) para ganar su elección. Para lograrlo, se endeudó en lo personal; ahora está demandado por sus acreedores ante el supuesto incumplimiento de pagos. Otros candidatos hacen compromisos con quienes los financian, a pagar con contratos de obra pública, permisos y compras a precios inflados, una vez que lleguen al cargo. Otros —de acuerdo con rumores todavía no comprobados— realizan acuerdos con el crimen organizado para garantizar la operación tranquila de sus empresas delictivas. Éste es el verdadero “caldo de cultivo” del tráfico de influencias, del pago de favores con dinero público, la prevaricación y el peculado.
Por eso es tan importante que el Ipepac y sus consejeros se sacudan la modorra y comiencen a dar señales de su disposición a ejercer su labor fiscalizadora. Recorrer las principales avenidas meridanas, por ejemplo, les hubiera permitido detectar las decenas de espectaculares contratados para el proceso interno del PRI y del PAN; observar las tomas de protesta de los candidatos el pasado fin de semana les hubiese facilitado hacer la cuenta de los cientos de vehículos de transporte público que fueron contratados para movilizar a sus simpatizantes.
En las cuentas electorales no hay donativo que valga. Todo se contabiliza y acumula, o se debería hacer.
Recientemente se instaló el Comité de Ética, que es “el órgano encargado de vigilar la actuación de los distintos participantes en el proceso electoral”, incluido el propio Ipepac, los partidos políticos y sus candidatos.
Son ciudadanos elegidos para realizar la función de contralores de la sociedad; para ser nuestros ojos y oídos. Lo hacen con carácter honorario, es decir no cobran. En Víctor Arjona Barbosa, Carlos Pavón Durán, Xicoténcatl Cámara, María de los Ángeles Matos y Oscar Peniche Coldwell hemos depositado nuestra confianza para denunciar los excesos oportunamente; para señalar las desviaciones de los partidos y los candidatos, uno de ellos futura autoridad; para sacudir al Ipepac de su apatía y exigirle que le cumpla a la sociedad. Siéntanse apoyados para llevar a buen término esa importante encomienda. No nos decepcionen.— Mérida, Yucatán.
dulcesauri@gmail.com

Habrá denuncia del PAN contra la gobernadora ante el Ipepac

Noticias de Yucatán
(denuncias electorales, ortega en PRI, campaña 2010)
03/03/2010

La sociedad no puede pasar por alto las violaciones, dicen

Orlando Pérez Moguel, representante del PAN ante el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), informó que ese partido presentará una denuncia por presuntas violaciones a la ley del ramo cometidas por el PRI y la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Los hechos que denunciarán ocurrieron durante el mitin del PRI el domingo pasado en el estacionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI. La denuncia la interpondrían ayer por la tarde o en el transcurso de hoy.
—La sociedad no debe pasar por alto esas violaciones a la ley —señaló el ex diputado federal.
Explicó que el PRI habría violado la legislación electoral en materia de gastos de precampaña, pues la norma establece que el máximo de la erogación permitida en ese caso es de poco más de un millón de pesos, y en el mitin se rebasó por mucho esa cifra.
Otra falta fue la violación de un acuerdo emitido por el Ipepac para evitar que autoridades de todos los niveles participen en las campañas electorales. En este caso, la gobernadora faltó a esa disposición al participar en un mitin del PRI.
—En este caso no se puede alegar que la gobernadora estaba fuera de horario de trabajo. La investidura de titular del Ejecutivo se lleva a todas horas, no te la puedes quitar. Hubo otros funcionarios del gabinete con vehículos oficiales en ese acto.
El entrevistado dijo que la denuncia del PAN pasaría primero a la comisión de Quejas del Ipepac, la cual analizará el asunto y emitirá su punto de vista. Después la denuncia pasaría al consejo general de ese instituto, el cual determinaría qué sanciones se aplicarían en esos casos. La ley, recordó, contempla como penas la amonestación, la multa, la destitución del cargo y el juicio político.
Pérez Moguel pidió a la gobernadora que pruebe o dé elementos que sustenten la denuncia que hizo de que Cuauhtémoc Cardona Benavides, de la directiva nacional del PAN, fue quien supuestamente compró 3,000 boletos de la función de boxeo donde le gritaron a la funcionaria.
—Cardona Benavides sólo estuvo en Mérida una ocasión, al comienzo del proceso interno del PAN para ver cómo estaba la organización del trabajo electoral —indicó el entrevistado.

Queja del gobierno del Estado

Noticias de Yucatán
(pleito con el diario, abuso, represión, mordaza)

Acusa al Diario de mentir sobre el caso de los dos detenidos
03/03/2010

Con la firma del coordinador de Comunicación Social del Ejecutivo, Jesús Rivero Covarrubias, el gobierno del Estado nos envió anoche una carta en la que opina de nuestras publicaciones sobre la detención de dos jóvenes que vendían playeras con la leyenda “Yo chiflé a Ibom”.

El texto con la firma de Rivero nos acusa, con ligereza, sin sustento, de publicar mentiras y de manipular la información. Habla de “notas que presumen la comisión de ilegalidades”. En síntesis, la carta dice lo siguiente:

1) Al referirse al suceso, el
Diario ha publicado que se trata de una arbitrariedad. Se ha asegurado que fueron golpeados.

2) También se dio a conocer en el Diario un plantón que familiares de los detenidos hicieron frente al Palacio de Gobierno para pedir su liberación. La verdad es que ya se sabía que habían sido turnados al Ministerio Público Federal, por tratarse de un delito de ese fuero.

3) En nota posterior se aseguró en un título que los detenidos quedaron libres por falta de elementos. La verdad fue que los detenidos debieron depositar sendas cauciones para ser juzgados en libertad, pero el proceso penal sigue su curso ante la autoridad jurisdiccional federal.

* * *
Sobre estos puntos hacemos las siguientes precisiones:
1) Este periódico no ha asegurado que hay una arbitrariedad y tampoco que se golpeó a los detenidos. Ha publicado declaraciones de los encarcelados y sus familiares y de representantes de varios sectores sociales, que sí han declarado en ese sentido.
2) Nos limitamos a informar del plantón frente al Palacio de Gobierno. Y efectivamente, como señalamos en la publicación, los participantes pidieron la liberación de los arrestados. Hay testimonios gráficos de la protesta.
3) En nuestras ediciones impresas no publicamos que los jóvenes fueron liberados por falta de elementos. En todo momento se ha indicado que se pagaron fianzas para la liberación.
La carta del gobierno se refiere quizás a la información que colocamos en
yucatan.com.mx a la medianoche del sábado, minutos después de la liberación, con datos que proporcionó uno de nuestros reporteros gráficos, cuando no se conocían todos los pormenores del proceso.
La carta se refiere también a la publicación de ayer sobre un empleado cesado de la Procuraduría, presuntamente por usar una computadora de la institución para reenviar material político. Niega que esto haya sido así.
Reporteros de la fuente policíaca recibieron la versión de personas bien identificadas (N.R.).


* * *
A continuación el texto íntegro de la carta enviada por el coordinador de Comunicación Social del gobierno del Estado, Jesús Rivero Covarrubias

Mérida, Yucatán, a 2 de marzo de 2010


Lic. Carlos Menéndez Losa
Director General del Grupo "Megamedia"
PRESENTE

Señor Menéndez:

Hoy, una vez más, encontramos en las páginas del "Diario de Yucatán", notas que presumen la comisión de ilegalidades en la detención de dos jóvenes que, en días pasados, fueron denunciados por un ciudadano por haberle dado dinero falso.

De nueva cuenta, en muchas ocasiones anteriores, debemos recurrir a una carta para solicitar que se publique la verdad.

Al referirse al suceso, el "Diario de Yucatán" ha publicado que se trata de una arbitrariedad. La verdad es que la policía estatal actuó en cumplimiento de la ley. Ahora resulta que atender una denuncia ciudadana es una irregularidad, a decir de su publicación.

En el periódico del grupo a su cargo se ha asegurado que a los detenidos los golpearon. La verdad es que al acudir, acompañados por diputados del PAN, a visitarlos en las corporaciones estatales antes de ser consignados al Ministerio Público Federal, se otorgó a sus familiares todas las facilidades para que constataran que no fueron en ningún momento agredidos. Afortunadamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya tomó cartas en el asunto y aclarará la verdad.

También se dio a conocer en el "Diario de Yucatán" un plantón que familiares de los detenidos, acompañados de militantes del PAN, hicieron frente al Palacio de Gobierno para "pedir su liberación". La verdad es que ya se sabía que habían sido turnados al Ministerio Público FEDERAL, por tratarse de un delito de ese fuero: el gobierno estatal ya nada tiene que ver en el asunto.

Aún más, en nota posterior se aseguró en un título que los detenidos quedaron libres "por falta de elementos". La verdad, como el propio Diario de Yucatán reconoció más adelante, fue que los detenidos debieron depositar sendas cauciones para ser juzgados en libertad, pero el proceso penal sigue su curso ante la autoridad jurisdiccional FEDERAL.

Hoy mismo publica el periódico a su cargo que un empleado de la Procuraduría General de Justicia "fue cesado" por utilizar una computadora de la institución para reenviar material político-electoral. La verdad, como les consta por la aclaración enviada, es que dicho empleado presentó su renuncia y había sido reprendido en múltiples ocasiones por presentar actitudes indebidas con sus compañeras de trabajo.

Además de estos casos, han sido ya muchos en los que resulta evidente que el periódico a su cargo ha publicado sistemáticamente mentiras en lo que atañe a la actividad del Ejecutivo del Estado. Han llegado a asegurar la asistencia de la Gobernadora a eventos a los que no acudió.

Si se trata de descuido en su mesa de redacción, sería lastimero que ocurriese con un medio de comunicación con ya varios años de antigüedad. Pero si se trata de acciones intencionales es motivo de preocupación, más aún cuando en no pocas ocasiones publican versiones totalmente disímiles de las que todos los demás medios de comunicación registran.

En el Ejecutivo del Estado se respeta el quehacer periodístico, pero no deja de ser extraño el motivo por el cual a las aclaraciones puntuales se les da un espacio mucho menor que a las publicaciones mendaces en el "Diario de Yucatán". Ha habido ocasiones, varias, en que ni siquiera son publicadas.

No deja de ser peculiar al menos el hecho de que en una misma página se cuestione y no pocas veces se califique negativamente el actuar del Ejecutivo estatal y, al mismo tiempo, se presente como ejemplares o loables las acciones de otras instituciones distintas pero todas pertenecientes a una ideología política. Peculiar, pero no del todo desconocido es ese actuar.

Ahora que vivimos tiempos electorales, se ha intensificado la publicación de mentiras. Eso da mucho qué pensar.
Algunas voces dicen en otros medios de comunicación que existen compromisos económicos del grupo que usted representa con el PAN y los gobiernos emanados de ese partido, pero preferimos pensar que se trata sencillamente de una divergencia ideológica entre su grupo y el Ejecutivo estatal. Nosotros no acusamos a la ligera.
Por lo pronto, esta será la última alusión del Ejecutivo estatal al caso de los detenidos –ahora a disposición de la autoridad jurisdiccional federal, aunque estén bajo caución-, porque es evidente el poco interés del medio que representa por publicar la verdad. En adelante seguiremos esta política y sólo nos dirigiremos oficialmente al "Diario de Yucatán" cuando sea necesario aclarar un asunto del interés público que en sus páginas esté siendo manipulado, es decir, nos queda bastante trabajo por delante.
El gobierno es, por mandato constitucional, garante de la libertad de expresión. Y el Ejecutivo del Estado, incluyendo las corporaciones policiales –que, por cierto, mantienen a nuestra entidad federativa como la más segura del país- reitera un compromiso con ese derecho constitucional, aunque el periódico editado por el grupo a su cargo lo utilice para publicar mentiras. Ese es el privilegio de la democracia.
Me reitero a sus órdenes.
Jesús Rivero Covarrubias
Coordinador General de Comunicación Social

Una policía habría sido utilizada como señuelo

Noticias de Yucatán
(inseguridad, abuso, injusticia)
La esposa de un mecánico afirma: lo “levantaron” policías
03/03/2010

El caso de la misteriosa desaparición del mecánico David Escárcega Montalvo, alias “el Pistón”, tomó un nuevo giro ayer cuando una mujer policía fue señalada como el señuelo que se usó para “levantarlo” hace ya algunas semanas.
La agente, identificada como Gloria Escalante Cabrera, fue denunciada ayer ante el Ministerio Público y ahora deberá comparecer, a fin de aclarar su participación en este caso.
Martha Golib Gamboa, esposa del mecánico desaparecido, interpuso la denuncia, que fue anexada como ampliación a la demanda que presentó a finales de agosto pasado por la desaparición de su esposo.
La denunciante señaló que ha realizado investigaciones por su cuenta debido a los pocos avances que registran las pesquisas que lleva al cabo la Procuraduría en el caso de su esposo.
De esta forma, testigos que vieron a la mujer que acudió por el esposo de la quejosa antes de que fuera “levantado”, identificaron a la mujer como Gloria Escalante, integrante del grupo “Panteras” de la SSP, con jurisdicción en el sector Poniente de la ciudad.
Indicó que el 22 de febrero, Gloria Escalante se presentó sin uniforme a la casa de ella, en el fraccionamiento Nora Quintana, y preguntó por el mecánico.
Cuando Escárcega Montalvo salió a atenderla, la mujer le dijo que necesitaba que la ayudara debido a que su vehículo había tenido un desperfecto a la vuelta de ese lugar.
Escárcega Montalvo tomó su caja de herramientas y se dirigió con la mujer al lugar en el que se suponía que estaba el vehículo descompuesto.
Sin embargo, al llegar al sitio, “el Pistón” fue detenido por los presuntos policías, quienes lo subieron a uno de los vehículos y se lo llevaron escoltados por una unidad del grupo Goera.
Según la esposa del mecánico, una vez que su marido fue subido al vehículo, la agente Gloria Escalante recogió las herramientas, se subió a su vehículo —un Chevy rojo— y se retiró a toda prisa.
“Fueron policías” —Esto confirma que mi esposo fue “levantado” por policías y espero que ahora sí la Procuraduría investigue un poco más —señaló ayer la señora Golib Gamboa luego de interponer la denuncia contra la agente Escalante Cabrera en la agencia Novena del Ministerio Público.
Por cierto, el tiempo transcurrido sin que el mecánico aparezca —40 días— causa ya estragos en su esposa e hijos, pues Escárcega Montalvo era el sostén de la familia.

En libertad un presunto narco

Noticias de Yucatán
(inseguridad, narcos, incongruencia)
03/03/2010

El abogado José Antonio Peniche Sansores confirmó ayer la liberación de Edgar Alejandro Hernández Chávez, “la Horqueta”, pero no por falta de pruebas sino mediante el pago de una fianza de $10,000. ES MAS GRAVE VENDER CAMISETAS QUE DROGA, a los de las camisetas les fijaron $15 mil de fianza.
Hernández Chávez, como publicamos en nuestra edición electrónica el domingo, fue detenido en febrero en una amplia operación policíaca-militar. Se le considera un peligroso narcodistribuidor de Mérida.
Fuentes policíacas reportaron su liberación “por falta de pruebas”; empero, su defensor precisó que pagaron la fianza que le fijó el juez primero de Distrito, Andrés Sánchez Bernal.
El beneficio también se hizo extensivo para su coacusado Vladimir Ivanovich Marfil Cruz, detenido junto con “la Horqueta”, quien también recuperó su libertad al pagar $10,000.
Originalmente los dos detenidos fueron consignados por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio lo que es un delito grave. Sin embargo, el juez Sánchez Bernal reclasificó el delito a posesión simple de cocaína en virtud de que los acusados se declararon adictos y alegaron que la droga fue “sembrada” por policías estatales.
—Hernández negó que se dedique a la venta de drogas y declaró en el juzgado que fue víctima de una venganza del comandante José Chan Alpuche —dijo el litigante—. Hasta ya recibió nueva amenaza de ese policía, quien le dijo que la próxima vez lo detendrá con una mayor cantidad de droga.
El abogado Peniche Sansores dijo que la policía estatal suele inventar expedientes y no se apega a la nueva legislación sobre el combate al narcomenudeo y por ello revocan sus investigaciones.
—Todos los litigantes del ramo penal sabemos cómo “siembran” las navajas o fingen ataques a los policías para configurar un presunto delito flagrante y detener a los sospechosos —señaló.
El proceso contra los presuntos narcodistribuidores continúa en los tribunales federales porque aún no se resuelve si el juicio lo debe llevar el Juzgado 3o. Penal del fuero común o el Juzgado 1o. de Distrito, según lo establece la nueva reforma contra el narcomenudeo.

El tema en la red son las playeras

Noticias de Yucatán
(represión, mordaza, abuso, injusticia, redes sociales)
Un prenda cuesta $700 y se aceptan pagos con tarjeta
03/03/2010

Las redes sociales en internet se resisten a abandonar el tema de la venta de camisetas con la leyenda “Yo chiflé a Ibom”.
Ahora un vendedor puso en venta una de las playeras que dejó de vender “Mayan Xic” en Mercado Libre en $700 y, aunque los interesados le han insistido en que baje el precio, se niega.
En su descripción argumenta: “Detrás de esta famosa playera existe una historia ''politicómica-satírica'' que habla de una gobernadora famosa que fue rechiflada por 8 mil personas en Mérida, durante una función de boxeo que patrocinaron su gobierno y Televisa”.
El vendedor —quien se mantiene en el anonimato—, ofrece la oportunidad de pagar los $700 hasta en 12 meses sin intereses, con un pago fijo de $72 con tarjetas Visa, American Express y Mastercard.
Uno de los interesados escribió: “Buenas noches amigo. Oye, yo quiero una playera, pero tu precio está muy excesivo. Te pagaría hasta mil pesos, pero si tuviera el autógrafo de la ''gober'', pero sólo por la playera te ofrezco $150, y yo voy a buscarla, chécalo y espero tu repuesta. Gracias”.
El vendedor le respondió: “La verdad sí está cara, pero qué quieres. Tengo un amigo que me la quiere comprar a $500 (sic); lo del autógrafo de la ''gober'', nada más que me la ponga y vaya a Palacio a que me detengan los policías... La fianza cuesta 15 mil... y pues así ya no es negocio, ¿verdad?”.
“Símbolo del hartazgo”
Entre la descripción que ofrece el vendedor, también sostiene que “la playera ''Yo Chiflé a Ibom'' representó el símbolo del hartazgo ciudadano, pero será recordada quizá siempre como dicen muchos como un ya basta a la sobreexposición mediática de los políticos mexicanos (sic)”.
Otro joven ofrece $200 e ir a por la playera de inmediato; uno más dice: “Yo la quiero”, y ofrece 150 pesos.
Pese a los ofrecimientos, el vendedor recuerda que un amigo le ofreció $500, y que está seguro de obtener $700. Y les informa a los interesados: “Me enteré que en la calle están vendiendo unas piratas”. Finalmente, ratifica que no bajará el precio.
En Facebook se creó un grupo en el que se critica al Diario
por informar de la rechifla que sufrió la gobernadora Ivonne Ortega y de la venta de playeras en alusión a ese suceso.

Vendida anoche polémica playera en Mercado libre

El comprador paga con una tarjeta de crédito: 12 pagos de 72.33 pesos

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REDACCIÓN MULTIMEDIA

0:13 a.m.

Poco antes de las 20 horas de ayer, un yucateco adquirió una “playera original”, de las que imprimió y vendió Mayan Xic acerca de los abucheos y los silbidos a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, en la función de box del sábado 20 pasado en el Polifórum Zamná, através del sitio de venta y subasta por internet “Mercado libre”.
Según la página en la que se ofertaba la camiseta, la prende se vendió en los 700 pesos que pedía el vendedor y el comprador pagó con una tarjeta de crédito, aprovechando la oferta de pagos a 12 meses (de $ 72.33 cada uno).
Como se informó, ayer fue colo cado en el sitio de ventas por internet Mercado libre, un anuncio para la venta de la polémica playera, que incluía una foto de la prenda y otra de la etiqueta de Mayan Xic, con la que comprobaba su “originalidad”.
En la presentación de la venta, el vendedor escribió:
Playera Yo Chifle A Ibom La Que Se Hablo En Lopez Doriga
Precio: $ 70000 (Artículo nuevo)

Posturas encontradas del PRI en el Congreso

Noticias de Yucatán
(empleados del gobernador, dos pesas, represión, abuso)
Rechaza un llamado a la gobernadora y acepta otro al PAN

03/03/2010

En la sesión de ayer del Congreso local, la mayoría priista rechazó hacer un llamado a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco para que respete el próximo proceso electoral.
Sin embargo, la misma bancada aprobó enviar un llamado a la alcaldesa panista de Bokobá, Lina Marlene Raz Rejón, para que se abstenga de “realizar actos proselitistas que beneficien a su partido político”.
En su intervención, la diputada del PRI Gabriela Santinelli Recio acusó al PAN, sin mostrar ninguna prueba, de organizar la rechifla y el abucheo a la gobernadora de la función de boxeo del sábado 20 de febrero.
Por su parte, el panista Rodolfo González Crespo señaló que los gobiernos deben permanecer neutrales durante los procesos electorales y no debe haber uso del erario.
El diputado Cornelio Aguilar Puc propuso exhortar a la alcaldesa de Bokobá a realizar actos proselitistas que, según la propuesta, “no contribuyen al fortalecimiento democrático”.
Por su parte, González Crespo solicitó que se modifique el punto de acuerdo de modo que el exhorto sea también para la gobernadora Ivonne Ortega.
La propuesta de Aguilar Puc fue aprobada por la mayoría del PRI. Sin embargo, la segunda propuesta fue rechazada por la misma bancada.
En encendido discurso, Gabriela Santinelli aseguró que es mentira que la gente no quiera a la mandataria estatal y negó que el gobierno de la misma sea intolerante y represor.
Lanzó críticas al gobierno federal y a los legisladores panistas a quienes llamó, entre otras cosas, “necios”, “agresores”, “mentirosos” y “cínicos”.
Luego de lanzar ésos y otros adjetivos contra los legisladores del PAN y hacer una acalorada defensa de la jefa del Ejecutivo local, la diputada Gabriela Santinelli optó por dar por concluido su discurso.
—Ya no voy a hablar más, porque seguir hablando respecto al fecalismo verborreico que el panismo permanentemente excreta ¡la verdad me da asco! —concluyó la diputada.
En la misma sesión se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, a fin de incrementar la pena para quien induzca a un menor a robar. También se dio seguimiento a la propuesta de reforma del Código de Procedimientos Civiles.

La polémica, a San Lázaro

Noticias de Yucatán
(represión, mordaza, abuso, injusticia, dos pesas, empleados del gobernador)
Las camisetas de “Yo chiflé a Ibom”, tema de la sesión
3/03/2010

El caso de la detención de los dos jóvenes que vendían camisetas de “Yo chiflé a Ibom” llegó ayer a la Cámara de Diputados, propiciado por la intervención de un legislador del PRI.

En la sesión del pleno, el diputado Efraín Aguilar Góngora pasó a la tribuna a plantear un punto de acuerdo en el que pide que se investigue “la presunta agresión sufrida por un corresponsal de 13 TV, televisora pública de Yucatán, de parte de una funcionaria de la Sedesol”.
En respuesta, la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del PAN, pidió la palabra para solicitarle a su colega priísta que agregue a ese punto de acuerdo que se investigue también la detención de los jóvenes que vendían las camisetas, que pretende censurar el gobierno del Estado.
“No lo acepto”, dijo Aguilar Góngora. Rosa Adriana Díaz le preguntó por qué, ya que si exige que se investigue la presunta agresión de una funcionaria a un ciudadano, lo mismo ocurre de parte de la policía estatal contra los jóvenes que vendían las polémicas camisetas.
“No acepto”, repitió Aguilar Góngora, cuando, ya en tribuna, la legisladora le extendió la hoja con el texto para que anexara su solicitud al punto de acuerdo.
Ayer mismo, mediante un escrito, los diputados federales del PAN solicitaron al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, que atraiga el caso de la detención de los jóvenes Víctor René Canché Manzanero y Steve Alejandro Rizos Vázquez, que ya investiga su contraparte estatal (Codhey).
Originalmente, el punto de acuerdo del PRI lo iba a plantear el diputado Rolando Zapata Bello, quien firma el documento, pero le cedió su lugar a Aguilar Góngora (suplente de la diputada Angélica Araujo Lara), quien se estrenó en tribuna.
Aguilar relató los presuntos hechos de la agresión al corresponsal de Canal 13 en Valladolid, René Gómez Dzib, de parte de Inés Antonia Canul Uc, funcionaria de la delegación de la Sedesol, “cuando éste filmaba acciones respecto al uso electoral del programa Oportunidades”.
“De esa manera, si las agresiones a periodistas y comunicadores atentan contra principios esenciales de la democracia y la protección a los derechos humanos, es totalmente repudiable e inaceptable que dichas agresiones provengan de funcionarios públicos”, subrayó en los considerandos del acuerdo, que dirige a la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara Baja.
La presidenta de esa Comisión es la diputada yucateca María Yolanda Valencia Vales, del PAN. Efraín Aguilar es secretario.
Los panistas piden que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara investigue la agresión a los jóvenes.

Piden respeto y mesura

Noticias de Yucatán
(sociedad civil, exhortación, conflicto)
Hablan de que el ambiente político se “enrarece un tanto”
03/03/2010

Jorge Manzanilla Pérez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, considera que se están “exacerbando” los ánimos en el actual proceso electoral y esto “enrarece un tanto” el ambiente político.

Debido a eso, pidió mesura y apego a la ley de todos los contendientes. “En esta campaña los ciudadanos esperan propuestas, no conflictos”.

Manzanilla Pérez solicitó que el árbitro electoral, en este caso el Ipepac, sea la instancia que analice y emita la resolución respectiva en torno a los últimos sucesos relacionados con la lucha electoral, como es el caso de la intervención de la gobernadora Ivonne Ortega en el mitin del PRI del domingo pasado.

Peso moral, no legal

“El árbitro es quien debe pronunciarse en estos casos. Las opiniones de las agrupaciones empresariales sólo tienen un peso moral, no legal”, señaló.

“El árbitro debe actuar para que la contienda electoral no rebase sus proporciones. La Canacome no es instancia calificadora ni árbitro en esa materia; nos compete es opinar sobre comercio, turismo y servicios, y pedir mesura, apego a Derecho y que las propuestas tengan un lugar privilegiado en la contienda”.

Respecto al caso de la empresa Mayan Xic, que dejó de fabricar y vender las camisetas con la leyenda “Yo chiflé a Ibom”, el líder de los comerciantes dijo que el propietario del establecimiento no es socio de la Canacome.

Además, añadió, éste tampoco ha recurrido a esa agrupación para exponer directamente los detalles de ese asunto y pedir la intervención de aquella. “Es común que empresarios que no son socios de nuestra agrupación pidan que los asesoremos, pero eso no ocurrió en este caso”.

En relación con los dos jóvenes detenidos cuando vendían camisetas con esa leyenda, consideró que ese asunto lo debe atender la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

“Lo que puede decir la Canacome sobre la situación del proceso electoral es que tenemos la impresión de que se están exacerbando los ánimos de los participantes, y de alguna manera eso enrarece un tanto el ambiente político. Pedimos a las partes mesura y apego a la ley, la población espera propuestas de los contendientes, no conflictos.

“Se debe dar preferencia a los planteamientos, esto debe estar por encima de cualquier práctica de confrontación”.

Hasta ahora, 1,039 cierres de empresas

Noticias de Yucatán
(retroceso, crisis económica)

Debido a la crisis, crece el sector de la economía informal
03/03/2010

Más de mil empresas yucatecas, la mayoría micros y pequeñas, cerraron sus puertas en 2009 a consecuencia de la crisis económica, según cifras oficiales.

Los propietarios de esas empresas y sus empleados estarían desocupados o en la economía informal, sector que ya alcanza niveles históricos en Yucatán.

El número de personas que cerró un negocio propio el año pasado fue de 1,039, según el último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) del Inegi, correspondiente al cuarto trimestre de 2009.

En el primer trimestre de ese año la cifra fue de 298, de modo que se registraron 741 cierres más en nueve meses, un incremento del 248%. De esas empresas, casi cuatro de cada 10 estaban en Mérida y el 75% era propiedad de mujeres.

“Se trata de empresas familiares micro, pequeñas y hasta medianas incapaces de resistir la reducción del consumo interno, afectado por la crisis, y las restricciones crediticias de los bancos”, explicó el economista Antonio Osorio Acevedo.

En Quintana Roo, con una economía muy ligada a la yucateca, el cierre de empresas fue del doble, 2,203, según la Enoe. De éstas, 1,416 operaban en Cancún.

Según Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península, muchos propietarios de las empresas quebradas y sus empleados acabaron en la economía informal.

—Conozco casos de empresas pequeñas que cerraron a mediados del año pasado por la baja en el consumo, pero registraron un aumento en su demanda a fin de año y reabrieron. Lo hicieron, sin embargo, ya no en un local rentado ni con empleados bajo contrato, sino en su casa y con sus familiares.

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