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Tu pensión financia 13,500 mdp de la inversión del nuevo aeropuerto: publica Forbes

28 marzo 2018
Noticias de Yucatán

Los ahorradores registrados en las Afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte financian al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México con una inversión de 13,500 mdp.  Del universo total de activos gestionados por las cuatro AFORE, ese monto representa el 0.9% de sus recursos, detalló en un comunicado la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
¿Cómo terminaron los ahorros de las pensiones en este proyecto? El pasado viernes 23 de marzo se emitió la Fibra E de infraestructura administrada por GACM (Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México), empresa de participación estatal mayoritaria y titular de la concesión para operar, administrar y explotar el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM). Se trata de la tercera emisión de este novedoso vehículo creado en 2015 y que fue avalado en la regulación financiera de CONSAR por su Junta de Gobierno en 2016.
La emisión de la Fibra E fue por 300 millones de certificados, que equivalen a un monto de oferta global de 30,000 millones de pesos (mdp), la inversión de las Afore representa el 45% de la oferta global de la emisión. La emisión de la Fibra E tuvo una demanda 14% superior al monto colocado, y entre los inversionistas que participaron estuvieron las AFORE, fondos institucionales y privados, bancas privadas y aseguradoras.
Del total de emisiones para financiar el nuevo aeropuerto (7,500 millones de dólares de bursatilizaciones y la Fibra E), las AFORE alcanzan una participación cercana al 10%. El 90% restante está distribuido entre cientos de inversionistas nacionales e internacionales.
En los últimos años, fondos de pensiones globales han invertido en aeropuertos en todo el mundo incluyendo los de Heathrow, Gatwick y el London City en Londres, Birmingham, Bruselas, Puerto Rico, Copenhague, El Salvador, entre otros.
Esta es la tercera Fibra E colocada en el mercado mexicano desde su creación en 2015; el pasado mes de febrero se emitió la de energía administrada por CFE Capital por un monto de 16,387.5 millones de pesos y en octubre de 2016 se emitió una primera Fibra E enfocada a proyectos de infraestructura en el país administrada por Infraestructura Viable por un monto de 11,835 millones de pesos. En total las AFORE han invertido 35,014.6 millones de pesos en los vehículos denominados FIBRA E los cuales buscan atraer financiamiento para proyectos de energía e infraestructura en México.
A través de esta inversión en la Fibra E, las AFORE participan directamente de los beneficios – a favor de los recursos de los ahorradores – de la mayor obra de infraestructura del país. Los recursos de la Fibra E estarán destinados a que GACM los utilice para fondear de forma parcial la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). El Patrimonio del Fideicomiso estará integrado, primordialmente, por los derechos de voto y los derechos a recibir distribuciones de capital relacionadas con GACM empresa de participación estatal mayoritaria y titular de la concesión para construir, desarrollar, operar, administrar y explotar el nuevo aeropuerto y el AICM.
Las inversiones en infraestructura tienen para las AFORE y los ahorradores en el sistema de pensiones ventajas relevantes en términos de diversificación y rendimientos para las carteras de inversión:
Conjugan objetivos de inversión a largo plazo y a gran escala, compatibles con los de las AFORE.
Las inversiones en infraestructura tienen baja correlación con otras clases de activos financieros.
Proporcionan un flujo constante de efectivo, después del periodo de inversión.
Tienen una protección natural ante inflación anticipada y no anticipada.
Al ser las AFORE inversionistas de largo plazo les es posible invertir en instrumentos respaldados por proyectos de infraestructura de larga duración en los que podrían tener una rentabilidad mejor que los instrumentos tradicionales. Los comités de inversiones y los órganos de gobierno de las AFORE, de manera autónoma, analizan continuamente estos instrumentos para establecer la mejor estrategia de inversión que consideren tratando de maximizar el rendimiento mitigando los riesgos. Adicionalmente, de acuerdo con la regulación de CONSAR, las SIEFORE pueden invertir en una misma FIBRA hasta el 2% del conjunto de sus activos.
Fibra E es un vehículo de inversión que permite a inversionistas, públicos y privados, monetizar activos que tengan flujos de efectivo predecibles y estables, bajo un régimen fiscal que reduzca los niveles impositivos y permitiendo así mayores distribuciones para dichos inversionistas.

La Auditoría Superior denuncia penalmente al gobierno de Zapata Bello: Mayaleaks

26 marzo 2018
Noticias de Yucatán

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) demandó penalmente al Gobierno del Estado de Yucatán, encabezado por Rolando Zapata Bello por presunto desvío de recursos por 33 millones, 530 mil, 600 pesos.
La ASF interpuso esa denuncia el 11 de mayo de  2017 y actualmente se encuentra en su etapa de “integración” del expediente”, según información reciente de ese organismo.
La denuncia tiene relación con la deficiente aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en 2014, en obras y adquisiciones no permitidas por el Fondo, por lo que se solicitó al gobierno la reintegración de ese dinero a la Tesorería de la Federación, aunque éste, al parecer, no cumplió.
Además de la actual administración del Gobierno del Estado, la ASF ha demandado penalmente a varios ayuntamientos, los primeros en 2013 y los últimos el año pasado, por una suma total de que asciende a 128 millones, 900 mil pesos.
CONCEPTOS. De acuerdo con la ASF, los 33 millones, 530,600 pesos incluidos en la denuncia penal en contra de la administración de Zapata Bello, corresponden a los siguientes gastos, realizados sin cumplir con la normatividad del FAFEF:
– 24 millones, 845 mil, 700 pesos destinados a la ejecución del proyecto denominado “Construcción de Sistemas de Tratamiento para Desechos Sólidos y Líquidos en Pequeñas y Medianas Granjas Porcícolas ubicadas en diversos municipios del Estado de Yucatán”, los cuales fueron instalados en 100 granjas porcinas para el saneamiento de sus propios desechos; acciones que beneficiaron directamente a particulares, por lo que no son financiables con los recursos del fondo.
– 2 millones, 864 mil, 300 pesos en gastos indirectos realizados por el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), por concepto de  tres estudios y proyectos que no corresponden a obras ejecutadas con recursos del FAFEF 2014, por lo que no son financiables con los recursos del fondo. Aunque debido a la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado acreditó el reintegro a la cuenta bancaria del FAFEF 2014 de la cantidad de 2 millones, 864 mil, 300 pesos, más los intereses por 116 mil 800 pesos, quedó pendiente la aplicación de los recursos con base en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
– 5 millones, 828 mil, 600 pesos ejercidos para el pago de nómina de personal contratado para el proyecto denominado “Programa de Control de las Obligaciones 2014 para emitir y notificar las diligencias de los requerimientos derivados de la vigilancia de obligaciones necesarias a fin de regularizar, recaudar y cobrar los impuestos a los sujetos obligados, así como controlar y cobrar los adeudos fiscales originados por las mismas obligaciones”, erogaciones que corresponden a gasto corriente, concepto que no es financiable con los recursos del fondo, dice la ASF.
AUDITORÍA. Este organismo, en su  auditoría financiera número 14-A-31000-14-1135, establece que el Gobierno del Estado de Yucatán administró los recursos del FAFEF en 2014, con insuficiencias, “principalmente en la aplicación de recursos en obras y acciones no financiables con los recursos del fondo”, que no reintegró totalmente a la Federación, y por eso la denuncia penal en su contra.
En un informe anterior, Mayaleaks publicó que además de esta denuncia, la Auditoría Superior de la Federación afirma que el gobierno de Zapata Bello tiene pendiente de solventar 803 millones, 800 mil pesos de participaciones federales entregadas en el periodo 2012-2016, en tanto que en materia de gasto federal programable, el Gobierno del Estado, algunos ayuntamientos y las universidades públicas tienen pendientes de solventar mil 468 millones, 200 mil pesos.- (ML).

La ASF demanda penalmente a gobierno de Graco Ramírez por desvío de 534 mdp

22 marzo 2018
Noticias de Yucatán

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió en enero pasado dos denuncias penales contra el gobierno de Graco Ramírez por un supuesto desvío de recursos cometidos en el ejercicio fiscal del 2016, por un monto de 534 millones de pesos.
Lo anterior se desprende del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública del 2016 de la ASF, que calificó al estado de Morelos como una entidad en alta situación de riesgo para cumplir con el principio de sostenibilidad, debido a que presentaron déficit en el balance presupuestario de recursos disponibles y en el balance primario de recursos disponibles.
Es decir, Graco Ramírez no sólo llevó a Morelos a la insolvencia presupuestal, sino que, además, en los próximos cuatro años la entidad sufrirá de un deterioro y de una crisis presupuestal que lo podría llevar a la cancelación del pago de la deuda pública constituida en más de ocho mil millones de pesos.
De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, emitido en febrero pasado por la ASF, se evidencia que el gobierno del perredista cayó en un subejercicio por la cantidad de 162 millones de pesos.
Empero, lo más grave viene en el resultado de las auditorías, en las que se observan irregularidades financieras en la cuenta pública del gobierno de Morelos en el ejercicio fiscal de 2016 y correspondientes a las participaciones federales, por un monto de tres mil 42 millones de pesos, de los cuales aún no ha logrado solventar 959 millones de pesos.
Dentro del gasto federalizado programable, en la cuenta pública de 2016, se realizaron observaciones por un monto de dos mil 62 millones de pesos; misma cantidad que el gobierno de Graco Ramírez no ha solventado, es decir, no ha comprobado en qué se invirtió y gastó.
Con ello, el gobierno de Graco Ramírez enfrenta pliegos de observaciones acumulados desde el 2012 y hasta el 2016 por un monto global de cuatro mil 420 millones de pesos, que no ha podido solventar y que podrían representar un desfalco económico a la hacienda pública estatal.
Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación inició procedimientos para que el gobierno de Graco Ramírez reintegre a la Hacienda Pública Estatal y Federal 297 millones de pesos. En contraste, empezó demandas penales por un probable desvío de recursos por 534 millones de pesos, equivalente a lo que se invirtió para la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo.

Agentes ministeriales el líos legales por negarse a investigar desvío de $4,000 millones en Veracruz

26 febrero 2018
Noticias de Yucatán

La Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo que fueron vinculados a proceso dos agentes del Ministerio Público que se negaron a investigar desvíos de recursos federales que ascienden a 4 mil millones de pesos.
Esos recursos federales fueron entregados al gobierno de Veracruz, durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2011, que corresponden a las administraciones de Fidel Herrera (2004-2010)  y Javier Duarte (2010-2016).
“La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Visitaduría General, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de dos agentes del Ministerio Públicos de la Federación, por su probable participación en el delito contra la administración de justicia, previsto en el artículo 225, fracción I del Código Penal Federal”, indicó la PGR en su comunicado este domingo, sin dar los nombres de los involucrados.
“De acuerdo a la indagatoria, se les imputa por abstenerse injustificadamente de conocer de asuntos de su competencia y remitir al fuero común diversas denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por el probable desvío de recursos federales, que ascienden a más de cuatro mil 768 millones de pesos entregados al Gobierno de Veracruz, durante los ejercicios fiscales que van de 2008 a 2011″, agregó.
De acuerdo con un informe especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz fueron desviados al menos 61 mil millones de pesos en recursos federales, de 2011 a 2016.
El reporte señala que su gobierno incurrió en todo tipo de prácticas para desviar recursos, desde la retención de subsidios que debían ser transferidos a municipios, hasta el traslado de partidas completas a cuentas desconocidas, subejercicios, falta de comprobación del supuesto gasto que sí se hizo, simulación de devoluciones de dinero faltante, entre otros. Animal Político.

Al aire más de $1,000 millones del nuevo aeropuerto de la CDMX: Auditoría

24 febrero 2018
Noticias de Yucatán

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y gastos sin aclarar en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) por un monto de mil 002 millones de pesos.
En la tercera etapa del informe de la Cuenta Pública 2016, que se presentó el pasado martes 20 de febrero en la Cámara de Diputados, la ASF realizó siete auditorías al Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México SA de CV, la empresa de participación estatal mayoritaria responsable de construir, administrar, operar y explotar esta infraestructura.
En los siete informes –seis de inversiones físicas y uno de gasto y cumplimiento financiero-, la ASF señaló que durante la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, cuya primera fase está previsto que termine en 2020, se han cometido irregularidades como pagos en excesos a contratistas, gastos innecesarios en comunicación social, servicios que no se comprobaron con documentación, la formalización de convenios fuera de tiempo, o pagos por materiales de obra a precios fuera de mercado.
El informe en el que se apunta la mayor cantidad de dinero público por comprobar es el relativo a un convenio entre Grupo Aeropuertario y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la construcción de la Barda Perimetral del nuevo aeropuerto, y la instalación de alumbrado y casetas de acceso para el NAICM.
La ASF determinó que la empresa constructora debe aclarar con documentación cuál fue el destino de 389 millones de pesos que corresponden a remanentes de pagos realizados por la SEDENA para la realización de estas obras.
La constructora entregó a la ASF las carátulas de las estimaciones de los trabajos ejecutados con esos recursos públicos, pero la Auditoría refirió que la entrega de las carátulas no vino acompañada de la entrega de la documentación que compruebe que, en efecto, se realizaran las cantidades y volúmenes de obra señalados, por lo que mantuvo abierta la observación.
En la construcción de la barda perimetral, la Auditoría también detectó errores en la aplicación del 16% del IVA de algunos materiales de construcción adquiridos por la empresa para estas obras.
En el apartado de contrataciones de asesorías y consultorías, la ASF instó a Grupo Aeropuertario a que aclare aportando documentación el gasto de otros 267 millones de pesos.
Además, detectó irregularidades en el gasto por 133 millones 598 mil pesos. Una de las irregularidades señaladas por el órgano fiscalizador fue pagar por servicios sin la documentación que compruebe la realización de éstos, ni la participación del personal señalado en la integración de los precios.
Otra irregularidad: se autorizaron pagos por 39 millones de pesos por concepto de “acompañamiento” durante el proceso de obra, “sin considerar que la obra aún no comenzaba”.
En cuanto a los trabajos de carga, acarreo y descarga de material en las obras del NAICM, la Auditoría apuntó que Grupo Aeropuertario realizó pagos por 205 millones 731 mil pesos, “sin verificar que los volúmenes pagados coincidieran con las secciones de proyecto”, por lo que pidió a la empresa que aclarara ese gasto.
Grupo Aeropuertario también hizo pagos, según la ASF, por 3 millones 463 mil pesos “sin verificar que los trabajos ejecutados correspondieran a las especificaciones del proyecto ejecutivo”.
¿Y el avance del nuevo aeropuerto?
Al margen de los señalamientos de la Auditoría, el pasado 9 de febrero la organización civil México Evalúa advirtió que aunque el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha destacado “por una mayor transparencia”, aún está pendiente la publicación de datos básicos sobre su evolución.
Prueba de ello, subrayó la organización civil en un artículo publicado en Animal Político, es que “hoy no conocemos el grado de avance del nuevo aeropuerto”.
Es decir, no está disponible al público de manera regular el dato sobre el avance físico y financiero del NAICM.
“Desde México Evalúa hemos insistido en que la transparencia debe ir más allá de lo básico, lo cual no implica dejar de reportar información clave. De poco sirve ver la evolución de los contratos sin que dicha información pueda asociarse a la evolución del panorama global del proyecto”, apuntó México Evalúa en un artículo firmado por las investigadoras Mariana Campos, Diana Nava, Belem Barrera. Animal Político.

La ASF confirma desvíos de Robles en la Sedatu: mil 747 mdp en 2015 y 2016

21 febrero 2018
Noticias de Yucatán

 (apro).- Bajo la dirección de Rosario Robles Berlanga, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó operaciones que “simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores, con irregularidades por mil 747 millones 666 mil pesos”, sentenció la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría forense 1792-DE, publicada hoy.
El órgano fiscalizador detectó presuntos esquemas de desvío de dinero operados a través de 19 convenios para la prestación de diversos servicios, que la Sedatu celebró con universidades y organismos estatales en 2015 y 2016.
A menudo, los servicios no fueron realizados –o pésimamente–, la Sedatu pagó sobrecostos aberrantes –entre 23.5% y 70%– y la mayor parte del dinero se esfumó en redes de empresas fantasma.
Peor aún: para financiar estos esquemas irregulares, la ASF presumió que la Sedatu desvió mil 517 millones de pesos de los subsidios asignados al Programa de Infraestructura, que sirve para realizar obras de carácter social, mejorar las viviendas de los hogares más pobres o construir casas para las poblaciones marginadas, según el documento mencionado.
Según la ASF, estos tipos de esquemas fraudulentos costaron por lo menos 6 mil 880 millones de pesos desde 2012.
Esta auditoría es distinta a las tres auditorías forenses que destacó el periódico Reforma esta mañana, en un reportaje que determinó que durante las gestiones de Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Sedatu, estas dependencias desviaron por lo menos mil 311 millones de pesos a través de convenios con dos entes estatales, parte de los cuales fueron transferidos a distintos países a través de cuentas bancarias abiertas en Monex y CI Banco.
La auditoría forense 1792-DE, por su parte, señala que de los 2 mil 60 millones de pesos erogados para la celebración de los 19 convenios, se desviaron mil 747 millones de pesos, un 85%.
A lo largo de 92 páginas, la ASF desmenuzó los entregables de cada convenio –muchas veces estaban duplicados–, registró cada factura indebida, y exhibió las complejas estructuras de las simulaciones que detectó.
Un ejemplo aberrante, entre muchos: la Sedatu pagó al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y a la Televisora de Hermosillo SA de CV para la entrega de materiales, los cuales resultaron totalmente idénticos. Y lo peor: los pagó por montos millonarios… ¡cuatro veces!
Los organismos estatales cómplices fueron el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Universidad Politécnica de Chiapas, Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Universidad Politécnica de Quintana Roo, Televisora de Hermosillo SA de CV, Universidad Tecnológica de Campeche, Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Universidad Mexiquense del Bicentenario y la Universidad Autónoma Indígena de México.
Durante la auditoría, varios funcionarios de la Sedatu afirmaron que no podían entregar información a los auditores, aludiendo que el edificio principal de la dependencia –ubicado en el Paseo de la Reforma—sufrió daños durante el terremoto del pasado 19 de septiembre.

Alcalde de Telchac Puerto, acusado de desvío de recursos

Noticias de Yucatán 
Más de 250 habitantes de Telchac Puerto solicitaron al Congreso del Estado que ordene una exhaustiva auditoría para revisar las cuentas del alcalde de ese municipio, José Alfredo García Córdova,a quien acusan de malversar los fondos públicos en su beneficio personal.

La denuncia ciudadana, encabezada por Luis Alberto Cano y Poot y que contiene las firmas de 257 ciudadanos más, fue presentada anteayer en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, en la que se pide la intervención del Legislativo para ordenar a la Auditoría Superior del Estado la revisión de las cuentas de la actual administración municipal de Telchac Puerto.

En la carta se menciona que el primer edil García Córdova utiliza los recursos públicos para su provecho personal y que se pone de acuerdo con los demás integrantes del Cabildo para realizar dichas operaciones.

Los firmantes piden al Congreso del Estado su intervención y, de confirmar que se dio la comisión de un delito de carácter penal, se procesaría conforme a derecho en contra del presidente municipal, que puede ser investigado e incluso detenido.

Cabe señalar que desde el 25 de marzo del año pasado, el Congreso local aprobó reformas a la Constitución de Yucatán para eliminar el fuero al gobernador, diputados locales, presidentes municipales, y titulares de la administración pública estatal y de los organismos autónomos.

Los inconformes nombraron como su asesor jurídico al abogado Javier Fernando Viana Salazar, quien dará seguimiento a esta petición al Congreso del Estado.

Incitar a la violencia 
Como publicamos, la disputa de unos terrenos en la zona de la ciénaga de Telchac Puerto, terminó en violencia y la destrucción de dos predios, uno por cada parte involucrada, así como la división de los habitantes de ese puerto yucateco.

En el ataque al predio de Filiberto Cárdenas Cardeña, ocurrido el pasado 8 de febrero, estuvo el alcalde José Alfredo García Córdova y agentes de la Policía Municipal, como se aprecia en un video que circula en las redes sociales y en el que se ve al primer edil incitar a la gente a causar destrozos en este inmueble, en lugar de evitar que el asunto pasara a mayores. Sipse

El nuevo titular de la Sedesol, favorecido con contratos federales por $137 millones

17 enero 2018
Noticias de Yucatán

(Proceso).- El priista oaxaqueño Eviel Pérez Magaña, nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no sólo carece de experiencia en materia social y de combate a la pobreza: su historial en el PRI está marcado por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y oportunismo.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dos empresas vinculadas con Pérez Magaña, radicadas en su bastión de San Juan Bautista Tuxtepec –municipio oaxaqueño del que fue alcalde en 2001–, obtuvieron contratos federales por más de 137 millones de pesos, como consta en el Registro Público del Comercio y en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Dos de esos contratos fueron otorgados por la delegación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Oaxaca, dirigida por Jorge Toledo Luis, quien era entonces suplente de Pérez Magaña en el Senado. Toledo fue presidente estatal del PRI en Oaxaca y coordinó la campaña de Pérez Magaña para la gubernatura del estado, que perdió ante Gabino Cué Monteagudo en 2010.
El oaxaqueño heredó de sus antecesores (Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña y Luis Enrique Miranda Nava) una Sedesol que parece más bien un bastión del PRI, con un ejército de operadores políticos desplegados en las 32 delegaciones federales de la dependencia.
Entre ellos destacan expresidentes estatales del PRI, exdiputados, exalcaldes y familiares de gobernadores, algunos señalados en investigaciones por delitos electorales y todos vinculados con intereses en los comicios federales de julio próximo.
Desvíos
Durante su gestión en la Secretaría de Obras Públicas de Oaxaca, durante el gobierno del también priista Ulises Ruiz Ortiz, Pérez Magaña fue señalado de participar en el saqueo del erario estatal a través de la empresa Comercializadora Tres Hermanos, S.A. de C.V. (Cothesa), que fundó con su padre en febrero de 1997 en Tuxtepec, según el acta constitutiva consultada por Proceso.
En abril de 2015 la delegación de la CDI en Oaxaca otorgó un contrato por 3 millones 536 mil pesos a Cothesa para la construcción del sistema de agua potable de la localidad de Piedra Quemada, perteneciente a Tuxtepec, como consta en el POT.
En un acta administrativa de Cothesa fechada en noviembre pasado, aparece como representante legal José Alberto Pérez Magaña, hermano del titular de la Sedesol.
Rolando Pérez Magaña, otro hermano del funcionario, es mencionado en un acta de octubre de 2017 como representante legal de Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, S.A. de C.V., una empresa fundada en 2002 en Tuxtepec. Durante el gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, esta empresa obtuvo jugosos contratos de varias dependencias, entre ellas la Secretaría de Obras Públicas que encabezaba Eviel Pérez Magaña.
Entre 2013 y 2015 la empresa obtuvo nueve contratos de obras federales por un total de 134 millones 82 mil pesos. En mayo de 2013, Toledo Luis le otorgó un contrato por 9 millones 882 mil pesos a través de la delegación de la CDI en Oaxaca.
Los demás fueron otorgados por la delegación de la Sedesol y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado, así como por el ISSSTE.
En 2008 Ulises Ruiz y Pérez Magaña armaron una red de negocios inmobiliarios, en la que involucraron a pobladores humildes de Veracruz como falsos compradores de casas por 33 millones de pesos en un fraccionamiento de Tuxtepec.
Según una investigación del portal Aristegui Noticias publicada en julio de 2016, Gabriela López –esposa de Eviel Pérez Magaña–, Álvaro Ortiz Alvarado –sobrino del exgobernador– y otros oaxaqueños constituyeron el Grupo Inmobiliario del Papaloapan en enero de 2008, en la Ciudad de México. La firma adquirió en Tuxtepec un terreno por 22 millones de pesos “en efectivo” y ahí construyó el fraccionamiento Los Álamos, de mil 75 casas.
Un empresario oaxaqueño dijo entonces a Aristegui Noticias que durante la gestión de Pérez Magaña en la Secretaría de Obras Públicas tenía que pagar “cuotas extra en efectivo” para obtener los contratos, que formalmente se adjudicaban mediante licitaciones.
“El dinero en efectivo era trasladado vía terrestre de la ciudad de Oaxaca a Tuxtepec por un colaborador de Pérez Magaña llamado Sergio Moreno y en dos ocasiones se usaron incluso aeronaves”, añadió.
En su declaración de servidor público disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública, Pérez Magaña se negó a proporcionar sus datos patrimoniales y sus posibles conflictos de interés.
El “gran amigo” de Meade
En abril de 2016, al tomarle protesta a Pérez Magaña como subsecretario de Desarrollo Social y Humano, José Antonio Meade Kuribreña lo elogió como “un gran amigo, un gran legislador, un gran funcionario”. Sin embargo, el oaxaqueño tenía detrás de él 15 años de carrera política marcada por el oportunismo y los fracasos.
Su primer “éxito” lo obtuvo el 30 de diciembre de 2001, cuando el Tribunal Electoral canceló la victoria del candidato panista a la alcaldía de Tuxtepec y entregó la presidencia municipal a Pérez Magaña, a pesar de los señalamientos de que militantes del PRI y del PRD ingresaron por la fuerza en el Consejo Municipal Electoral y reventaron las urnas.
El entonces representante del PRI en el Consejo Municipal Electoral y operador del presunto fraude fue Jaime Aranda Castillo, ahora asesor de Pérez Magaña en la Sedesol.
El oaxaqueño se quedó sólo un año en el municipio: en 2003 fue electo diputado federal, puesto que ocupó brevemente, ya que en 2004 Ulises Ruiz Ortiz lo nombró director general del Instituto de la Vivienda de Oaxaca y en 2005, secretario de Obras Públicas.
En 2009, a unos meses de terminarse el sexenio, Pérez Magaña consiguió otra diputación federal, en la que permaneció tres meses, y en 2010, después de su fracasada campaña para la gubernatura de Oaxaca, fue electo senador y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas hasta su nombramiento en la Sedesol.
Como subsecretario, Pérez Magaña tuvo bajo su responsabilidad cinco direcciones generales, que manejan, entre otros, los programas 65 y Más, de Empleo Temporal y de Opciones Productivas, dotados de más de 50 mil millones de pesos para subsidios, así como la Unidad de Microrregiones.
También encabezó los consejos de administración de las paraestatales Liconsa, dirigida por su paisano Héctor Pablo Ramírez Puga, y Diconsa, a la que en marzo de 2017, tras un paréntesis de dos años, regresó el priista mexiquense Héctor Velasco Monroy, integrante del Grupo Atlacomulco, como Peña Nieto.
Al frente de la Sedesol, Miranda Nava fue prácticamente invisible y sus escasas apariciones públicas ilustraban su desconocimiento profundo de los temas de desarrollo social y de pobreza. Por si fuera poco, en septiembre pasado el periódico Reforma reveló que la hermana del mexiquense vendía gasolina abastecida por huachicoleros.
A la mayoría de los actos públicos de la dependencia acudían, “en representación del secretario”, los subsecretarios Pérez Magaña y Francisco Javier García Bejos, al que Miranda colocó en la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en octubre de 2016, pocos días después de asumir el cargo en la Sedesol.
Por el momento, Pérez Magaña no ha realizado cambios en la dependencia. García Bejos, funcionario muy cercano a Peña Nieto, sigue en el cargo, donde gestiona el multimillonario Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), a través del cual la Sedesol otorga recursos a los estados y municipios para supuestas obras de infraestructura social.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció en 2016 el uso discrecional de gran parte de estos recursos y la falta de rendición de cuentas de las entidades: los municipios reportan únicamente dos de cada 10 pesos gastados, lo que abre la puerta a los desvíos, sobre todo en periodo electoral.
Lo peor es que el FAIS no funciona en el combate a la pobreza: de 2010 a 2015, de los 2 mil 457 municipios analizados por la ASF, 44 disminuyeron su rezago social, 914 aumentaron su rezago social y mil 499 permanecieron igual.

Entre priistas
Al igual que el resto de las dependencias creadas para combatir la pobreza, el gobierno federal convirtió a la Sedesol en una vasta maquinaria priista, que alimenta las sospechas sobre los desvíos de programas sociales para la compra y coacción del voto.
Proceso ha documentado varias veces que Robles y Meade colocaron operadores políticos del PRI en las delegaciones estatales de la dependencia.
El mexiquense Miranda, quien se definió como “operador político”, no fue la excepción: algunos de los 12 delegados que colocó fueron demandados ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). De los delegados en servicio, otros 13 fueron nombrados por Meade y siete permanecen en el cargo desde que arrancó el sexenio de Peña Nieto.
Los delegados juegan un papel clave. Además de disponer de recursos propios para operar programas sociales, gestionan miles de millones de pesos de subsidios de la Sedesol y determinan, junto con las autoridades estatales y locales, el uso de los recursos del FAIS.
Y en septiembre pasado Miranda Nava designó en la delegación de la Sedesol en Oaxaca al polémico priista Alejandro Avilés Álvarez.
Durante tres meses y medio, éste fue secretario Gobierno en la administración de Alejandro Murat Hinojosa, cargo al que renunció cuando se descubrió que su hijo utilizó un helicóptero oficial para ir de vacaciones a Puerto Escondido. El mismo hijo fue criticado en enero de 2016 por presumir su opulento estilo de vida en un viaje que realizó a Las Vegas para celebrar el Año Nuevo.
“Hechura” de Ulises Ruiz Ortiz, según la prensa local, Avilés tiene un amplio historial de corrupción en el estado, donde fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y coordinador de campaña de Murat, puesto que ocupó Pérez Magaña durante dos días en el arranque del proceso electoral
En las elecciones de 2016 militantes priistas denunciaron a Avilés ante la FEPADE porque, aseguraron, vendía las candidaturas del partido hasta por 3 millones de pesos.
Su hermana, Violeta Avilés Álvarez, fue suplente de Pérez Magaña en la Cámara de Diputados durante unos meses en 2009. La priista tomó posesión del cargo a principios de 2010, cuando Pérez Magaña inició su campaña para la gubernatura.
El año pasado, la delegación de la Sedesol en Oaxaca ejerció 233 millones de pesos, según información obtenida por Proceso a través de una solicitud de información.
En Quintana Roo asumió la delegación Rosario Ortiz Yeladaqui, quien supervisó los contratos del estado durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, en la que fungía como oficial mayor. Borge está en la cárcel de Cuautla, Morelos, y enfrentará acusaciones por presuntos desvíos millonarios.
La FEPADE, por su parte, abrió una investigación sobre el probable desvío de 200 millones de pesos del estado para financiar la campaña de Mauricio Góngora, el candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo en 2016. Ortiz Yeladaqui es una de las personas investigadas.
En la delegación de la Sedesol en Chiapas, el estado más pobre del país, que además sufrió graves estragos por el terremoto del pasado 7 de septiembre, Miranda colocó al diputado federal del Partido Verde Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, empresario cercano al Grupo Comitán y presidente de ese municipio de 2013 a 2015.
A la toma de posesión del político chiapaneco en la delegación asistió Pérez Magaña, en representación de Miranda Nava. Esa representación de la Sedesol tiene el segundo mayor presupuesto, después de la mexiquense: el año pasado se le asignaron 345 millones de pesos, de los que ejerció 278.
Meade, quien utilizó su corta estancia en la Sedesol para proyectarse a la candidatura presidencial, realizó en las delegaciones algunos cambios que parecen favores a los gobernadores.
En Campeche, por ejemplo, nombró en enero de 2016 al diputado local y exdirigente estatal del Partido Verde Christian Castro Bello, tres meses después de que su tío, el priista Alejandro Moreno Cárdenas, asumiera la gubernatura de la entidad.
El ahora precandidato del PRI a la Presidencia también entregó la delegación de Tlaxcala a Mariana González Foullon, hija del gobernador Mariano González Zarur, y dio la de Veracruz a Anilú Ingram Vallines, quien de “coordinadora de radio” en la campaña del exgobernador Javier Duarte de Ochoa fue catapultada por el mandatario –ahora preso– a la presidencia de la mesa directiva del Congreso local en 2013, cuando sólo tenía 33 años.


PRI pide investigar a líder del PAN por desvío de recursos en Sonora

22 diciembre 2017
Noticias de Yucatán 
El dirigente nacional del PRI pidió investigar el supuesto desvío de recursos en el gobierno de Sonora en el que se involucra al actual presidente del PAN, para presuntamente financiar su campaña para la alcaldía de Hermosillo.

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, pidió investigar los señalamientos sobre el supuesto desvío de recursos en el gobierno de Sonora en el que se involucra al presidente del PAN, Damián Zepeda, para presuntamente financiar su campaña para la alcaldía de Hermosillo.

En conferencia de prensa, también pidió continuar las investigaciones en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por la presunta comisión de delitos en esta materia por parte del Partido de Trabajo (PT) y por la violación al uso y destino de los recursos que se da a los partidos políticos.
Ochoa Reza apuntó que el 7 de noviembre del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) levantó ante la Fepade una denuncia en contra del PT, instituto que junto a Morena impulsa como candidato presidencial a Andrés Manuel López Obrador, quien quiere convertir a México en Venezuela.

Acompañado por la senadora Ana Lilia Herrera y el coordinador de los diputados priistas, César Camacho Quiroz, insistió que la fiscalía electoral debe continuar los trabajos de investigación y rendir cuentas sobre la utilización de recursos de procedencia ilícita por parte del PT.

Además, pidió investigar lo publicado en un portal de noticias, donde se revela que Damián Zepeda, presidente del PAN, está involucrado en el desvío de recursos del gobierno de Sonora, del exgobernador Guillermo Padrés, para supuestamente financiar la campaña a la alcaldía de Hermosillo, la cual no ganó.

“Estos hechos tuvieron lugar durante la gestión de Guillermo Padrés como gobernador de Sonora”, acusó Ochoa Reza, quien detalló que el “político panista Damián Zepeda perpetró estos actos delictivos desde que se desempeñaba como diputado federal durante el periodo 2012-2015”.
Ello, agregó, precisamente cuando Ricardo Anaya era presidente del Parrido Acción Nacional (PAN). "Zepeda consiguió, con su apoyo (de Anaya), la canalización de recursos del estado a la ciudad de Hermosillo".

La operación se hizo a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, cuyo titular entonces era Francisco Arnaldo Monje Araiza, actualmente vinculado a proceso penal por el uso indebido de atribuciones y facultades.

El líder priista refirió que este último personaje se encargaba de licitar diversas obras con los recursos gestionados por Zepeda, con el apoyo de Ricardo Anaya, obras a cuya inauguración se invitaba a Damián Zepeda para su lucimiento personal.

"Pero lo grave venía más tarde, cuando se les solicitaban moches a los proveedores y constructores de las obras y ese dinero se destinaba, según lo revela la investigación periodística, a la campaña de Zepeda para la alcaldía de Hermosillo", comentó.

Estas operaciones, agregó, realizadas entre los años 2013 y 2015, representan un desvío estimado en más de 700 millones de pesos. Tan sólo en el ejercicio 2014, dicha dependencia asignó 19 obras a compañías relacionadas con Zepeda, por un monto cercano a los 340 millones de pesos.

Abundó que según la investigación del portal de noticias una de las empresas involucradas es representada por Manuel Abelais, persona muy cercana a Damián Zepeda y a Guillermo Padrés, hoy vinculado a proceso.

Por ello, indicó que el PRI exige la firme intervención de las autoridades de procuración de justicia en el estado de Sonora, para que se lleven a cabo las investigaciones relacionadas con estos hechos presuntamente delictivos, "que se cite a declarar a los involucrados y se castigue dicho hecho con todo el peso de la ley". 
Información del Economista

Procesan a ex dirigente del CEN del PRI por desviar $250 millones de erario a favor de su partido

Noticias de Yucatán

Un Juez de Chihuahua vinculó a proceso esta noche a Alejandro Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, por peculado agravado y le impuso prisión preventiva por seis meses, se informa en el periódico Reforma. 

Ante el riesgo de que se sustraiga de la justicia debido a que cuenta con recursos económicos, el juzgador del Distrito Judicial Morelos, con sede en la capital, decretó medio año de prisión en el Cereso Estatal 1 del Municipio de Aquiles Serdán.

El Juez de Control Octavio Armando Rodríguez Gaytán lo procesó luego que el Ministerio Público presentó cargos por el presunto desvío de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la Administración del ex Gobernador César Duarte, para luego ser trasladado al PRI nacional.

El juzgador también dio un plazo de cuatro meses para una investigación complementaria con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Además, la agente del MP, Priscila Licón, lo acusó de haberse favorecido con el contrato SH/AD/067/2016 por un monto de 4 millones de pesos que recibió su empresa "Jet Combustibles S.A. de C.V.", por servicios que no fueron prestados al Gobierno de Chihuahua.

Ese monto es adicional a la cantidad de 246 millones de pesos que fueron presuntamente destinados al PRI para campañas políticas en Chihuahua y otros estados.

Según la acusación de la Fiscalía General del Estado, entre diciembre de 2015 y octubre de 2016 se desviaron los 246 millones a través de cuatro contratos con las empresas Servicios y Asesorías SAMEX S.A. de C.V., por 55 millones de pesos"; Servicios y Asesorías SINAX, por 55 millones, Servicios y Asesorías SISSA, por 46 millones, y a Despachos y Profesionista Futura S.A. de C.V., por 90 millones de pesos.

Debido a que Gutiérrez rechazó solicitar la duplicidad del término constitucional, se realizó este mismo día la audiencia de vinculación a proceso, la cual concluyó aproximadamente a las 20:00 horas, tiempo local. Reforma.

Acusan a alcalde priista de Kanasín de desvío por $14 millones: Mayaleaks

21 noviembre 2017
Noticias de Yucatán
Gasta sin comprobar recursos federales por esa cantidad y, además, cobra el ISR a sus empleados pero no lo entrega al SAT.
El alcalde priista de Kanasín, Carlos Moreno Magaña, hizo gastos sin comprobar por 14.3 millones de pesos de un fondo federal, en 2016, lo que podría constituir el delito de peculado, según una investigación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).
Carlos Moreno Magaña: desvío $14 millones y aún piensa en reelegirse.
Esa misma averiguación detectó que Moreno Magaña -quien ha dicho que buscará reelegirse en 2018- descontó el Impuesto sobre la Renta a los empleados de la Dirección de Seguridad Pública, pero no lo entregó a la Secretaría de Hacienda. El desvío asciende, según la ASEY, a 211,600 pesos, solo el año pasado.
Ese organismo descubrió también otras irregularidades como la transferencia ilegal de recursos de ese fondo a otras cuentas bancarias, por un monto de 725,000 pesos.
Estas anomalías de Moreno Magaña son consecuencia, indica la ASEY, en un documento conocido porMayaleaks, del incumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de la mala calidad de la información financiera que publica, que son requisitos indispensables en el manejo de recursos federales.
Hasta mediados de este año, el alcalde de Kanasín no había justificado esos pagos millonarios, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
REGIDORES CONFIRMAN LAS ANOMALÍAS. Regidores del Ayuntamiento de Kanasín han confirmado las investigaciones de la ASEY.
Edgardo Andrei Nuñez Chan, síndico municipal, dice que Moreno Magaña ha incurrido en malos manejos y en opacidad, como lo muestra el hecho de que hasta hoy no ha hecho pública la Cuenta Pública de 2016, no obstante las múltiples solicitudes para que lo haga, tanto en el Cabildo, como ante la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública.
La regidora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rocío Vela Martín, del PRI, afirma que además de la falta de transparencia se han detectado obras de muy mala calidad, encargadas a una empresa que presuntamente infla los precios.
Otra irregularidad del alcalde, añade, es la decisión de rentar a un amigo suyo un edificio de oficinas por 60,000 pesos al mes y triplicar el precio de algunos equipos que adquiere la Comuna.
El secretario general del PAN en Kanasín, Edson Mohamed Herrera Nuñez, critica al alcalde por haber intentado tramitar un millonario préstamo para obras no prioritarias, pese a los cuantiosos recursos federales que el Ayuntamiento recibe cada año.
CUENTO DE NUNCA ACABAR. La corrupción de las autoridades de Kanasín, la segunda ciudad más grande de Yucatán, ha sido una historia de nunca acabar.  El antecesor de Moreno Magaña, Carlos Andrade Muñoz, también del PRI, ha sido acusado penalmente por la ASEY, ante la Fiscalía General del Estado, del desvío de 49 millones, 508 mil 549 pesos, cuando fue alcalde en el periodo 2012-2015.

En esa administración, Moreno Magaña fungió como oficial mayor. (ML).

“Kbzas creativas” estrategia oficial para inundar las redes con elogios al Ejecutivo estatal

25 julio 2017
Noticias de Yucatán

Al dar a conocer el concurso de “Kbzas creativas” se dijo que el Ejecutivo del Estado buscaba incentivar la creatividad de los yucatecos, a fin de generar conciencia sobre el impacto de las “acciones gubernamentales”, según informaron el titular de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), Fernando Castro Novelo; la directora general de trecevisión Yucatán, Danae Domínguez  Nolasco, y el presidente del Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (Cirt), Gerardo Vargas de Santiago.
La convocatoria cuenta con varias categorías; video viral, spot de televisión, spot de radio, diseño de prensa y campaña.
En lo que respecta a video viral, se premiará a los tres primeros lugares con $50 mil y una Macbook pro; $30 mil y una cámara semiprofesional y $15 mil y una go pro Hero 5 black, respectivamente.  En las demás categorías, el mejor trabajo recibirá $20 mil pesos.  El jurado estará integrado por miembros del CIRT Yucatán.
La realidad de este concurso
Hemos visto ya varios de los vídeos y tal parece que el ganador será aquél que logre producir en cualquiera de las modalidades ya señaladas el halago más empalagoso sobre el gobierno del Estado.
Vaya incluso ya hay vídeos que halaban a dependencias como la SSP, Vías terrestres, y un sinfín de temas que fueron controlados y repartidos por los propios organizadores.
Una forma de inundar las redes con tanto halago al Rolando Zapata Bello, y los premios no saldrán de la bolsa de funcionario alguno, sino de los impuestos que pagamos todos los yucatecos.
Es decir, la promoción de “todo lo bueno” que ha hecho el Ejecutivo del Estado se hace usando la creatividad de la gente y se paga con recursos públicos.
¿Habrá algún vídeo que señale cómo el gobierno del Estado pateó el boom económico que se generó con la llegada de Uber a Yucatán y que diga que esta medida fue sólo para beneficiar a sus amigos del FUTV? ¿Lo aceptarán? ¿Ganaría un primer lugar un vídeo creativo con este contenido? ¿O tiene que ser solo de alabanza y halago a Rolando Zapata y su gabinete?
¿Habrá algún vídeo que señale como Rolando Zapata jamás cumplió con su promesa de campaña de combatir ferozmente la corrupción y prueba de ello es que su antecesora no sólo no está en la cárcel por el desfalco a Yucatán, sino que incluso está de campaña anticipada buscando ser la candidata de su partido, el PRI?
¿Habrá algún vídeo que muestre cómo se descubrió el daño a las calles de Mérida?
Hasta ahora, solo vídeos de halago… si quieres aspirar a ganar alguno de los premios.
La creatividad puede potenciarse y reconocerse aún más con una crítica seria y bien documentada, no necesariamente tiene que estar enfocada al halago de la autoridad en turno.
Qué bueno que la gente participe, haga uso de su creatividad y se gane un premio. Qué mal que el gobierno haga una campaña disfrazada para posicionar la administración del gobernador en turno.

Detectan cuantioso desvío en la delegación de la Sedesol en Yucatán: Mayaleaks

17 abril 2017

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), detectó un desvío de $23,556,900 en la delegación local de esa dependencia, en 2015, cuando la dirigía Luis Borjas Romero, actual secretario de la Juventud del gobierno del estado.
El desvío fue en perjuicio del presupuesto asignado al Programa de Techos Fijos, que beneficia a personas de escasos recursos, dice un informe de ese Órgano, conocido por  Mayaleaks.
Según ese informe, la delegación de la Sedesol en Yucatán no acreditó el destino y aplicación de 1,110 paquetes de láminas de fibrocemento entregadas a cinco ayuntamientos, dentro del programa de Techos Fijos. Tampoco entregó la documentación comprobatoria para sustentar la ejecución de los trabajos en otras viviendas, ni pruebas de una volumetría por 6,909.8 metros cuadrados de instalación de los techos.
La Sedesol falló también en la integración del Padrón de Beneficiarios, ya que no se encontró al 24.7 por ciento de las personas que supuestamente recibió el apoyo.
Este consistía en la entrega de paquetes de láminas de fibrocemento y recursos para su instalación. Las láminas medían, de acuerdo con las especificaciones del Programa, 1.52 metros de largo por 0.975 de ancho y debían ser repartidas en zonas marginadas.
INFORME. La delegación de la Sedesol en Yucatán informó a las autoridades centrales de esa dependencia que repartió los recursos federales del Programa de Techos Fijos en distintos municipios.
El responsable de la delegación en ese tiempo era Borjas Romero, quien llegó a esa dependencia el 10 de febrero de 2013 y renunció el 8 de octubre de 2015, para ocupar la Secretaría de la Juventud.
Cuando el Órgano Interno de Control revisó ese gasto descubrió que la dependencia había informado de la entrega de varios millones de pesos a cinco ayuntamientos -cuyos nombres no se especifican en el informe- para la  compra de la láminas y su colocación, así como otra cantidad solo para la colocación de esas láminas, que en conjunto sumaban $23.556,900.
SAQUEO. El OIC, sin embargo, no encontró pruebas de la  compra e instalación de las láminas en esos cinco ayuntamientos, ni de los gastos de instalación en otros, de modo que denunció los hechos ante la Auditoría Superior de la Federación, que, a su vez, solicitó la reintegración  de esos recursos a la Tesorería de la Federación e inició de un proceso de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de los funcionarios responsables de ese desvío.
Además de Yucatán, otros estados incurrieron en serias irregularidades en la aplicación del programa de Techos Fijos, como son Chiapas, donde se comprobaron desvíos por $33,264,500; Guerrero, por $34,583.000; Oaxaca, por $16,095.700 y Michoacán por $6,588,900.
Fuente: Mayaleaks

Denuncian posible desvío de recursos municipales en predio que es propiedad de un panista

04 junio 2016
Noticias de Yucatán Compartir


Empleados municipales enviaron fotos de camionetas y volquetes del Ayuntamiento de Mérida trabajando el pasado 25 de mayo en predios que son propiedad de Enrique Manero Moreno. Al parecer estaban sacando basura y escombros, y reparando banquetas. Estos predios están en venta, enfrente del Hotel Fiesta Americana, a unos metros de San Fernando y Cupules.

Denuncia de una senadora yucateca panista contra el director del HRAE

13 septiembre 2015
Noticias de Yucatán




La senadora panista Rosa Adriana Díaz Lizama denunció presuntos ilicítos y desvío de recursos públicos en que habría incurrido el director general del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), Rafael Barrera Zoreda, al contratar a su propio yerno como proveedor de vales de gasolina para el uso de vehículos asignados a funcionarios y personal operativo de ese importante centro de salud, entre otras irregularidades.
—La compra fue sin licitación pública, por asignación directa —dijo la senadora en un boletín—. Esto es muy grave porque existe un conflicto de intereses. Ningún recurso público puede ser destinado a un familiar y menos sin licitación de por medio. Tenemos las pruebas de que así fue…
En rueda de prensa, reveló además que en lugar de canalizar los recursos a la atención de los pacientes, el director del hospital contrató el arrendamiento de una Suburban para su uso personal, por la que gasta al año más de 220,000 pesos, a pesar de contar con un vehículo oficial, sin logotipos, asignado por la Secretaría de Salud a su persona.
En tanto, añadió, cada vez se atiende a menos pacientes. Por ejemplo, el número de camas ocupadas cayó de 110 a apenas 45, es decir, la atención hospitalaria decreció de 65% del total de camas disponibles al 24%.
El Hospital meridano tiene 184 camas en sus cinco pisos, nueve quirófanos y cuenta con 1,200 trabajadores.

Araujo Lara justifica ventas del IVEY

01 agosto 2015
Noticias de Yucatán


 


La senadora yucateca, Angélica Araujo Lara, ex titular del IVEY y ex alcaldesa de Mérida, nos envió ayer un escrito que dice lo siguiente:
En relación con la nota publicada este viernes en la página 5 de la sección Local del Diario, bajo el título “Nuevas Acusaciones” y en la que se reproduce información que hace referencia a mi gestión como directora del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, me permito hacer las siguientes aclaraciones:
El IVEY es un órgano público descentralizado y se justifica su facultad para adquirir y vender terrenos porque los recursos que se obtienen de las superficies vendidas se destinan a programas sociales de vivienda.
Solo en la administración de gobierno aludida y que comprendió del 2007 a 2012 ello permitió la construcción de 170,000 acciones de vivienda para gente de escasos recursos que hoy tienen un patrimonio o viviendas con mejores espacios.
En el tablaje 30290 —aludido por el reportero Hernán Casares en la nota— está instalada la empresa alemana “Hess Group”, especialista en el diseño y fabricación de maquinaria para elaboración de insumos para la construcción.
La fábrica fue inaugurada en octubre de 2010 y se invirtieron 32 millones de pesos y generó 60 empleos. Nuestra economía necesitaba de una empresa de la talla y nivel de Hess Group para potenciar toda su actividad industrial y se le ofrecieron las facilidades de ley para instalarse en la ciudad.
En ese sentido, reitero que durante la citada gestión a mi cargo en el IVEY durante el periodo señalado, siempre se actuó con apego a la ley y con base en los programas trazados a favor del desarrollo de viviendas dignas para quien más lo requería.
Sin más por el momento, reitero mi disposición para aclarar cualquier duda al respecto, agradeciendo su atención para proporcionar a sus lectores información de su interés.

Nueva acusación: Ivonne Ortega desvió $12 millones

31 julio 2015
Noticias de Yucatán




Ivonne Ortega Pacheco, a quien el miércoles un grupo de feligreses abucheó en la toma de posesión del nuevo arzobispo, acaba de ser acusada de usar $12 millones de un préstamo bancario para “comprar” dos terrenos en Xcanatún, cuando fue gobernadora, para supuestamente establecer una zona industrial, aunque en realidad, ahora se sabe, todo fue una simulación para permitir a su gobierno quedarse con ese dinero, según una nueva investigación de Mayaleaks.
Operación blanqueo
La operación consistió en propiciar la adjudicación de dos parcelas del ejido de Xcanatún, por parte del Registro Agrario Nacional (RAN), a campesinos del lugar, quienes de inmediato las vendieron al IVEY en cantidades millonarias.
Posteriormente, el Instituto vendió los mismos predios al gobierno del Estado, al doble, quien para pagarlos, utilizó los recursos de un crédito obtenido de la banca privada.
La operación no tenía ninguna justificación más que, al parecer, “blanquear el dinero de esos préstamos” porque los terrenos permanecen baldíos hasta la fecha, denuncia Mayaleaks.
El portal recuerda que en diciembre de 2009, Ortega Pacheco formalizó dos contratos de crédito simple por $1,370 millones con Bancomer y Banco del Bajío. De esa cantidad, su administración destinó $12 millones para comprar los tablajes 30290 y 30291 de Xcanatún, donde se instalarían “industrias estratégicas para el desarrollo del Estado”.
La huella de Angélica
Sin embargo, explica Mayaleaks, esa compra se hizo sin justificación económica y a precios inflados, con el propósito de convertir ese dinero prestado en recursos de libre disposición.
Información recogida en el Registro Público de la Propiedad demuestra que el RAN “adjudicó a título gratuito” el tablaje 30290, de 1.5 hectáreas de extensión, perteneciente al ejido de Xcanatún, a José Santos Dzib Ku, en enero de 2008.
Éste, en diciembre de ese año, vendió el terreno al IVEY, dirigido entonces por la hoy senadora Angélica Araujo Lara, por la cantidad de $2.110,000, en una operación en la que Dzib Ku estuvo representado por el abogado Raúl Waldemar Lizama Pereira y en la que el supuesto campesino ganó más de dos millones de pesos en pocos meses.
Sin embargo, ganó más IVEY, que el 26 de abril de 2010 vendió ese mismo terreno al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco en $6.000,000. Ese dinero provino del préstamo a Bancomer.
Venta exprés
La misma operación se hizo con el tablaje 30291. El Registro Agrario autorizó la adjudicación del predio, cuyas medidas no fueron estimadas, a Juan Alberto Poot Alcocer, el 10 de diciembre de 2008, pero apenas dos semanas después, el 22 de diciembre de 2008, Poot Alcocer vendió el mismo terreno al Instituto de la Vivienda, ahora dirigido por Humberto Gómez Mendoza, en $3.139,000 y éste, a su vez, lo revendió al gobierno del Estado en $6.000,000, el 21 de abril de 2010.
Gobierno Corrupción
A casi tres años de haber dejado el gobierno, siguen conociéndose irregularidades de Ivonne Ortega
Xcanatún
Mayaleaks la acaba de acusar de desviar 12 millones de pesos de un préstamo bancario para “comprar” terrenos en Xcanatún, cuando fue gobernadora, sin algún propósito.
Autocompra
Lo turbio de la operación, dice el portal, es que el gobierno de Ortega usó préstamos bancarios pagaderos a 20 años para comprar terrenos propiedad del mismo gobierno —aunque incluidos en el patrimonio del IVEY — sin un propósito, más que apropiarse del dinero obtenido del préstamo, convirtiéndolo en recursos de libre disposición”

Pistas de los desvíos de Ortega Pacheco

07 octubre 2014
Noticias de Yucatán ()

Los Servicios de Salud de Yucatán en la administración de Ivonne Ortega son una de las dependencias que más dinero federal desvió en ese tiempo, casi $380 millones, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En ese periodo, Álvaro Quijano Vivas, médico personal de la ex gobernadora, dirigía los Servicios, mientras Álvar Rubio Rodríguez, primo de la política de Dzemul, lideraba la sección sindical y utilizaba, dice la ASF, dinero federal destinado a la atención hospitalaria, enbeneficio de su organización.
Discrepancias
La Auditoría Superior detectó este desvío precisamente en el mismo lapso en que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), a cargo de René Márquez Arcila, revisó las cuentas públicas del gobierno de Ortega Pacheco y las remitió, para su aprobación, al Congreso del Estado, con dictamen de “limpias”. Los diputados yucatecos, miembros de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, aprobaron los informes, incluidos los dos últimos, de 2011 y 2012, el mes pasado.
Cuentas “limpias”
Esta Comisión la integran cinco diputados del PRI -entre ellos el propio primo de Ivonne y beneficiario de los desvíos, Álvar Rubio- y uno del PRD y otro del PVEM, que aprobaron esas cuentas. Los dos del PAN se opusieron.
Como hemos informado, el gobierno federal transfirió cerca de $90,800 millones a Yucatán en el período de Ivonne Ortega, de los cuales, $49,300 millones correspondieron al gasto “etiquetado” y el resto, $41,500 millones, a participaciones federales de libre disposición.
La ASF sólo auditó el gasto “etiquetado” -sobre una muestra de $16,000 millones- y encontró desvíos por $1,123 millones, por lo menos.
La ASEY debió de revisar los otros $41,500 millones de participaciones federales, pero, a diferencia de su contraparte federal, este organismo no encontró anomalías.
Devolución
En el caso de los fondos federales enviados al Sector Salud en la gestión de Ivonne Ortega, las principales irregularidades ocurrieron en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) y en el Seguro Popular.
De acuerdo con la ASF, en el Fassa se detectaron anomalías por $129.9 millones, principalmente en 2007, 2010 y 2011 y los desvíos fueron de tal gravedad, que el gobierno del Estado devolvió todo ese dinero a la Federación, es decir, el cien por ciento de las observaciones. En el resto del país, señala la ASF, el porcentaje de devolución por anomalías en el Fassa fue de 28.4%, en esos años.
Anomalías
Entre las fallas detectadas en el Fondo, que maneja recursos “etiquetados” en el Presupuesto de Egresos de la Federación – destinados a la ampliación de la infraestructura hospitalaria y a la operación de los servicios médicos-, figuran las siguientes: pago de nómina y de programas no pactados para hacerlo con recursos del Fassa, irregularidades en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, falta de transparencia en la gestión del fondo y anomalías en el manejo de medicamentos y en el surtido de recetas.
También, un manejo anormal en el pago del subsidio del Impuesto Sobre la Renta pagado a los trabajadores de los Servicios de Salud (SSY), con recursos del Fondo.
Apoyo al primo
Asimismo, la ASF detectó gastos por $4.868,640 en las licencias con goce de sueldo de 27 miembros de la sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en 2008, al mando de Rubio Rodríguez, primo de la Sra. Ortega, quien presidió ese sindicato de 2007 a 2014.
Rubio Rodríguez recibió también $2.659,500 “en apoyos”, en la cuenta bancaria 17008219737, dice la ASF, y otros $381,800 en material y equipo. Aquí, otra vez, el gobierno del Estado devolvió todo ese dinero a la Federación. En total, la ASF detectó anomalías en el manejo del Fassa por $129.9 millones.
Sin embargo, la mayor cantidad de desvíos en los SSY en el gobierno de Ivonne Ortega ocurrió en el Seguro Popular, a cargo de la dirección del Régimen de Protección Social en Salud de Yucatán. En esta dependencia, que administra las transferencias de recursos federales al Estado para ese servicio -casi $500 millones al año- la ASF detectó $248.8 millones en anomalías, en el periodo 2007-2012.
Inmune
De esta cantidad, el gobierno del Estado devolvió $150.1 millones y dejó pendiente de pagar o aclarar $98.7 millones, del ejercicio de 2011 del Seguro Popular.
Entre las anomalías detectadas figuran licitaciones y contratos de adquisiciones irregulares, deficiencias en el manejo de medicamentos, falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, insuficiencias en la contabilidad, falta de transparencia, fallas en la ministración y operación de los recursos y subejercicios de éstos, dice la Auditoría.
El Seguro Popular, en el gobierno de Ivonne Ortega, estuvo a cargo de la Dra. Heidy de Lourdes Río Hoyos, quien, pese a las graves denuncias en su contra, aún permanece en el cargo.
También en el DIF
Aunque no pertenece formalmente a los SSY, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en el estado, DIF, presta servicios de salud y de asistencia social y, por lo tanto, recibe fondos federales a través del Fondo de Asistencia Social (FAS), auditados por la Auditoría Federal.
La Auditoría Superior revisó el manejo de ese Fondo en el DIF, en la gestión de Ivonne Ortega -cuando su hermana Guadalupe fungió como presidenta- y encontró graves irregularidades.
Esta persona ocupó el cargo sin acreditar experiencia administrativa ni nivel de estudios. Hasta ahora Guadalupe Ortega, actual diputada federal plurinominal por el PRI, no ha demostrado oficialmente si concluyó la educación básica.
Viáticos y despensas
La Auditoría Superior detectó anomalías en el DIF Yucatán en 2007 y 2009 por un monto de $41.7 millones. De éstos, $35.9 millones correspondieron a inconsistencias en los contratos del DIF para la adquisición de insumos alimentarios; y $5.8 millones a gastos no autorizados por el Fondo de Asistencia Social, como pago de combustible, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable.
El gobierno del Estado tuvo que devolver los $41.7 millones íntegros a la federación. Continuará.-HERNAN CASARES CAMARA.
Mal uso
Ivonne Ortega ejerció indebidamente casi $380 millones de recursos federales en el sector salud del estado.
$378.7
millones de pesos es la cantidad exacta de los desvíos encontrados en los Servicios de Salud de Yucatán.
$129.9
parte de la cantidad anterior que se usó mal en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
$248.8
millones de pesos de recursos federales desviados en el Seguro Popular en Yucatán entre 2007 y 2012.
$41.5
es la cantidad correspondiente a las anomalías registradas en los recursos del DIF estatal.

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