En Palacio de Gobierno se urdió despojo de tierras en Dzilam Bravo

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En Palacio de Gobierno se urdió el robo de terrenos nacionales, en una franja de playa de varios kilómetros en Dzilam Bravo, que mediante maniobras al margen de la ley, como actas de cabildo falsas, pasaron a manos de inmobiliarias y luego fueron vendidos a particulares, denunció el ex presidente municipal del puerto, Pedro Castillo Reyes.

Alcalde en el periodo 2012-2015, Castillo Reyes señaló que en 2014 Carlos Sobrino Argáez, actual presidente estatal del PRI y en ese entonces subsecretario de Gobierno, le propuso vender terrenos del fundo legal de Dzilam, porque él ya tenía hasta los clientes.

Conocedor de que son terrenos nacionales y algunos de ellos con posesionarios, Pedro Castillo se negó. “Ha me linchan en el pueblo”, le dijo.

Castillo Reyes concluyó su periodo sin que volvieran a tratar del tema, y se enteró que estalló el problema cuando la Secretaría de Marina solicitó un terreno para construir una estación naval y cuando comenzaron las protestas de vecinos del puerto, porque llegaban a sus terrenos supuestos propietarios que les habían comprado a inmobiliarias como Uredi.En 2014 Carlos Sobrino Argáez, en ese entonces subsecretario de Gobierno, le propuso al alcalde de Dzilam Bravo, Pedro Castillo Reyes, la venta de tierras del puerto, porque ya tenía los clientes

Molesto porque lo involucraban en el tráfico de tierras, porque supuestamente durante su periodo el cabildo autorizó donaciones de terrenos a las empresas Alimentos Balanceados, Mayan Wood y Uredi, acudió con todos sus regidores a Palacio de Gobierno, donde se entrevistaron con Gaspar Quintal Parra, quien ya era subsecretario de Gobierno en sustitución de Sobrino Argáez, quien antes de ser presidente estatal del PRI pasó por la Japay.

Castillo Reyes denunció que se falsificó un acta de cabildo donde supuestamente se donaban dichos predios a las empresas, lo cual además no podría hacerse, porque según expuso las donaciones de tierras solo pueden hacerse a personas físicas, no a personas morales.

En el acta apócrifa -asegura que hay más-, supuestamente fechada en 2013 y con folio 75, se falsificaron hasta las firmas del alcalde y los regidores.

Acta falsa de sesión de cabildo en Dzilam Bravo, donde se asienta la supuesta donación de predios a inmobiliarias como Uredi. Está marcada con folio 75, fechada en 2013 y en formato legal.

De acuerdo con Pedro Castillo, el acta real que corresponde al folio 75 es de su segundo informe de gobierno, en abril de 2014.

Además, el acta falsa está elaborada en formato legal y el ayuntamiento de Dzilam Bravo en el periodo 2012-2015 utilizaba formato carta.

Acta verdadera de sesión de cabildo de Dzilam Bravo, que corresponde al folio 75 y da cuenta del segundo informe del alcalde Pedro Castillo Reyes, en abril de 2014. El ayuntamiento usaba formato carta.

Todo esto se lo expusieron a Quintal Parra, quien les ofreció que se iba a resolver y que las tierras se iban a devolver.

Pedro Castillo dijo que no conocía a Mario Peraza Ramírez, señalado como operador de Uredi y pieza clave en el despojo de tierras urdido desde Palacio de Gobierno por la mafia inmobiliaria costera.

Dijo que cuando iba a tratar asuntos con Sobrino Argáez veía “al gordito” en la oficina y sabía que era asistente del subsecretario de Gobierno. Luego supo que era Mario Peraza.

Y fue precisamente en una de esas visitas, cuando en abril de 2014 Sobrino Argáez le propuso la venta de los terrenos en Dzilam Bravo.

Pedro Castillo culpa de la falsificación del acta a Julio Abraham Villanueva Rivero alias “Triki” (alcalde en el periodo 2015-2018) y a Mario Peraza.

Tratando de limpiar su nombre, buscó a Peraza Ramírez, a quien grabó en audio y en video. Hoy damos a conocer uno de esos audios, donde Mario Peraza reconoce que es operador de Uredi y admite que hay un problema con los terrenos.

Castillo Reyes buscó a varios abogados para denunciar este robo de tierras, pero ninguno quiso aceptar el caso luego de averiguar de qué se trataba, pues de las maniobras de Mario Peraza tenían conocimiento altos funcionarios rolandistas y nadie quiso enfrentarse al gobernador.

Como informamos, las mencionadas tierras forman parte del millonario negocio de la mafia inmobiliaria en la costa yucateca, manejada por funcionarios rolandistas que pretendían robarle a Yucatán y al país una franja de 2.5 kilómetros de terrenos nacionales ubicados frente al mar.

Sin embargo, el gobierno federal, a través de la Sedatu, está por echar abajo las frustradas transacciones millonarias que se hicieron al margen de la ley, operadas por Mario Peraza Ramírez, ex director del Catastro del Estado, mediante la inmobiliaria Uredi, cuyo apoderado legal es Julio Ricardo Presuel Moreno, supervisor de administración y obras de la Japay, junto con su esposa Guadalupe González, ex directora administrativa de la Consejería Jurídica.

La Sedatu confirmó que son nacionales los terrenos que fueron inscritos ante el Registro Público y asentados en el Catastro mediante maniobras legaloides. Dzilam Bravo carece de fundo legal y todos los terrenos son nacionales. Yucatán Ahora

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Piden cárcel para empresarios por despojó de tierras

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Tras varios años de infructuosa lucha jurídica, ejidatarios de Cholul insisten en llevar a juicio a hombres y mujeres de negocio de Mérida porque presuntamente los despojaron de sus tierras.

Ya lograron que una de sus denuncias llegara a los juzgados, pero no que se proceda contra los denunciados, entre los que figuran María Eugenia Aranda Zapata, Miguel Farjat Vázquez y Gloria Magaña Castillo, esta última ex titular de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo.

Están acusados de los delitos de fraude y uso de documento falso, por el despojo de 30 hectáreas de tierras, pues les vendieron sus parcelas con un poder que no otorgaron.

El Ministerio Publicó decretó el no ejercicio de la acción penal en 2017, pero recientemente una autoridad federal revocó el fallo, por lo que el expediente ya se consignó.

Este viernes, un grupo de los ejidatarios afectados se presentó al juzgado que preside la juez de control Ileana Georgina Domínguez Zapata para una audiencia de control -la 299/2018-, en la que ellos aparecen como denunciantes.

Hubo algunos retrasos porque no aparecían las credenciales de dos de los denunciantes, pero al final de cuentas las hallaron y se desarrolló la audiencia.

Ahí se enteraron que el Ministerio Público no ha integrado la carpeta de investigación 1699/2016, iniciada por otra denuncia contra los presuntos especuladores, gente de poder económico.

Según los denunciantes, en 2014 la ex procuradora agraria Magaña Castillo, se presentó en el ejido y solicitó las firmas de 20 ejidatarios para que una persona de nombre Cástulo Cen pudiera vender sus 28 hectáreas de una parcela colectiva.

Confiados, firmaron varios documentos en los que les prometían títulos de propiedad de las 30 hectáreas restantes, pero ahora saben que lo que firmaron fue un acta poder para que esas tierras se otorgaran a Farjat Vázquez.

Luego supieron que los otros títulos de propiedad salieron a nombre de los demás demandados, por lo que denunciaron, pero hasta ahora no les hacen justicia las autoridades.

(En la imagen aparece la ex delegada de la Procuraduría Agraria en su toma de posesión)

Formal Prisión

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Cae ‘prestanombres’ por despojo de 340 hectáreas de Ucú

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El chofer Florencio Adolfo Dzul Canché fue imputado por el delito de fraude procesal, por prestarse para el despojo de 340 hectáreas de tierras ejidales de Ucú.

Lo hizo presuntamente a través de un supuesto usufructo que preparó un grupo de especuladores, que lo usó como ‘prestanombres’ y que al parecer engañó también al notario Luis Silveira Cuevas.

Este día, el juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero le impuso a Dzul Canché la medida cautelar de prisión preventiva hasta la vinculación.

La denuncia fue presentada por Carlos Luna Osorio, Santos Miguel Can Canché y Gaudencio Noh, en su carácter de ex integrantes del comisariado ejidal de Ucú, en el que fungieron como servidores en el periodo 2013-2015.

También denunció Géner Pech León, que fungió como presidente en el periodo 2015 a 2018, y Víctor Abraham Esquivel, Fernando Alonso de la Cámara Thomas y Ricardo Canto Gutiérrez, en virtud del cambio de destino de las tierras de uso común en su favor.

De acuerdo con el expediente, en septiembre de 2017, Dzul Canché, por conducto de sus representantes legales, los también imputados Mario Alberto Bolio Delgado y Hernán Alberto Conde, realizaron trámites para inscribir ante el Registro Agrario Nacional un contrato de usufructo, utilizando para esto documentos falsos.

Dichos documentos fueron una convocatoria de fecha 2 de enero del 2015, acta de verificación de no asamblea de fecha 16 de enero de 2015, una segunda de fecha 16 de enero del 2015 y el acta de asamblea general del 2 de febrero del 2015, siendo ésta última donde se aprueba el usufructo de tierras ejidales a favor de Florencio Adolfo.

En los documentos obran las firmas de Carlos Luna, Santos Miguel Can y Gaudencio Pech, en sus calidades de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del ejido de Ucú.

Sin embargo, al ser cuestionados éstos negaron todo y dijeron que las convocatorias y asambleas nunca se llevaron a cabo, causando con esto un despojo al ejido.

El documento realizado presuntamente por el notario Luis Silveira está mal elaborado, pero se desconoce si también falsificaron su firma. Formal Prisión

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Procesan penalmente a tabasqueño que mató a su socio: ambos vendían terrenos ilegalmente

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Ambos sujetos, presuntamente se dedicaban a la venta ilegal de terrenos.
El tabasqueño L.M.A.M fue vinculado a proceso por el asesinato de R.Z.T (a) “Papo”, de 27 años, ocurrido en la madrugada del domingo 16 de septiembre, en calles de la colonia Nueva San José Tecoh III, al sur de Mérida.
La jueza primero de control, Suemy Lizama Sánchez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y estará vigente por todo el tiempo que dure el proceso en contra del acusado.
El presunto homicida, originario del estado de Tabasco, se dedica a la venta ilegal de terrenos invadidos y asesinó con arma blanca a R.Z.T (a) “Papo”, de 27 años, quien está relacionado con ese negocio ilícito.
En el pleito ocurrido a las puertas de un predio en terrenos invadidos en la mencionada colonia, donde incluso el ahora occiso disparó a su rival con un revólver calibre .22, aparentemente de fabricación casera, pero el ahora detenido repelió la agresión con una coa y terminó dando muerte a R.Z.T.
Estos dos individuos comenzaron a ingerir bebidas embriagantes desde la noche del sábado 15 y ya en la madrugada del 16, comenzaron a discutir, presuntamente por diferencias en la ilegal venta de terrenos invadidos en esa colonia, ya que el ahora occiso reclamaba un mayor porcentaje de las ganancias.
Estos dos individuos se liaron a golpes y como el “Papo”, llevaba las de perder, sacó un arma de fuego de entre sus ropas y disparó, hiriendo a su compañero de parranda, quien es ex militar y se le conoce como Miguel, (a) “El Mocho”.
Entonces “El Mocho” tomó una coa para atacar a R.Z.T, quien resultó con heridas cortantes en la entrepierna y el cuello; para caer al suelo, donde se desangró.

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Venden con papeles falsos los ejidos de cinco colonias al sur de Mérida

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Campesinos del ejido Cinco Colonias, al sur de Mérida, Yucatán, se manifestaron una vez más en los bajos del Palacio de Gobierno en contra de las autoridades de vivienda estatal por vender a una inmobiliaria un total de 18 hectáreas a través de papeles fraudulentos

Pedro Villalobos García, comisario del ejido, comentó que la “mafia inmobiliaria” del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), le dio sus tierras a una constructora llamada Rival.

“Es una transacción fraudulenta porque inventaron un título de propiedad en donde un ejidatario, Víctor González, le vende a dicha institución, su terreno en cinco mil pesos”, indicó el comisario, quien agregó que esta fue la excusa para que las autoridades de vivienda le otorguen las 18 hectáreas a la constructora Rival.

“Esto (por lo anterior) es una mentira porque el señor ya murió y sólo tenía un lote ejidal, que no se confunda esto con tierra-propiedad privada del ejido. Y esto es lo que venimos a pelear”, indicó el portavoz.

De acuerdo con el cabecilla, son 345 familias de Yucatán las afectadas ante este problema. “Están en pie de lucha y es el último plantón que hacemos (en dicho lugar) porque ya acaba esta administración, pero queremos que la ciudadanía se entere de lo que está pasando con la tierra de los ejidatarios. No sólo nosotros, aparecerán más traficantes de tierras alrededor de Mérida”, sentenció Villalobos García durante la protesta.

Los quejosos manifestaron que esta protesta no tiene nada que ver con el litigio que tienen con el aeropuerto.

En los próximos días los inconformes advirtieron que realizarán unamanifestación pacífica en el Aeropuerto Internacional Crescencio Rejón.

“Sabemos que no nos van ayudar ni nos van a resolver nada, venimos a que se enteren cuál es la verdad, de cómo hacen las transacciones fraudulentas en perjuicio de los ejidatarios, en este caso, de Cinco Colonias y vamos a estar en pie de lucha”, explicó el portavoz de los campesinos.

De acuerdo a la cédula catastral de la Dirección del Catastro del Municipio de Mérida que presentaron ayer, indica que el terreno que están luchando tiene una superficie de 179 mil 809.78 metros cuadrados y su valor es de poco más de 80 millones de pesos.

Sin respuesta de las autoridades

En sus mantas se podía leer que el director de la IVEY, César Escobedo May, que mediante una nota informativa indicó que se comprometía antes de que salga de su gestión resolver el problema del terreno de 18 hectáreas que se encuentra, según los quejosos, en la calle 50 No. 798 entre 117 y 119. Igualmente, exigieron al gobierno de Yucatán entrante tomar cartas en el asunto y resolverlo.

Finalmente, el comisario mencionó que el pasado lunes 24 de octubre se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para poner una demanda que quedó asentada con el folio Unatd-33-6B/348/2018 y será el próximo viernes cuando asistan de nuevo en el lugar para ratificarla. “Esto está en proceso y dicen que van a investigar, pero nosotros sabemos que la justicia en Mérida y en México, va a pasos, gateando si se puede”, finalizó.

La Verdad Noticias

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Despojan de sus tierras a más de 400 ejidatarios en Yucatán

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“La tierra que es de los ejidatarios, es del pueblo. En 2013 Francisco propuso vender las tierras de uso común a un precio de ocho mil pesos, y no se llegó aún acuerdo de vender las tierras a los empresarios, Armando Cevallos y Rodrigo Vega, y por eso les pedimos que nos hagan constar qué está pasando, pero no han dicho nada. Solo dicen ‘yo ya pagué’ y que Francisco Uicab Chin (excomisario) nos resuelva nuestros problemas”, mencionó Manuel Aké Puc, presidente de vigilancia de la nueva directiva del Ejido de Tetiz, Yucatán, y quien representa a los 427 ejidatarios afectados.

“El comisario anterior no ha podido resolver los problemas actuales del ejido, él solo trabajo para su propio beneficio”. Los afectados 427 personas y siguen en disputa por cerca de mil 962 hectáreas”, mencionó.

Asimismo, detalló Aké Puc que los ejidatarios desconocen el documento que detalla el traspaso de tierras, legalmente. “No se cambió el uso de suelo y eso nos da ventaja; el señor hizo un contrato de usufructo de 30 años. Y solo dio un anticipo de tres mil pesos y faltan 23 mil pesos para saldar ese acuerdo, pero ese acuerdo ya se terminó. En un plazo de tres años, no hay información y el señor Francisco sale del problema y dice que va a demandar a los empresarios”, indicó.

El representante de los afectados, subrayó que “el 50 por ciento de la gente ya no quiere vender sus tierras, quieren recuperarlas; y el otro 50 por ciento quieren que les paguen con intereses porque ya han pasado tres años; y para ellos es justo, pero nosotros (el otro 50 %) queremos las tierras”.

Esta petición, señaló el dirigente de los afectados, espera que llegue a oídos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. “Es duro decir que nos despojan de una tierra que nosotros no queríamos vender” y durante esa asamblea se le solicitó que emitiera copia a cada uno de los ejidatarios y la respuesta fue: “No puedo dar una copia del acta, porque tengo que sacar 427, por persona; y nosotros le exigíamos”.

Posteriormente, se realizó una nueva asamblea para el nuevo comisario y “por 185 votos se le dio al nuevo comisario José Ucán Mendoza. Yo quedé en el consejo de vigilancia, y con esta mayoría cambiamos al comisario que estaba en función (Celso Chin Poot), quien cubría todas la anomalías que realizaba Francisco”, comentó.

En base a esto hay otros problemas en el ejido, específicamente en el polígono 247, señaló Aké Puc. “Hizo un contrato de venta y pagó a ocho mil pesos la hectárea. Pero a cada ejidatario le corresponde 20 hectáreas, y el hizo un convenio, supuestamente con gente de Kinchil, Yucatán, para dejarles tres hectáreas a la gente que esté en el polígono. Si sumamos a las personas, son 67, y son 770 hectáreas, estamos hablando de una superficie que les quitaron a los ejidatarios de 270 hectáreas”.

De igual manera el activista señaló que en el registro agrario no hay documento que avale o delimite la parcela, o aunque sea dictamine la división. “No existe ningún acta o convenio; en dónde quedaron las tres hectáreas de cada ejidatario, eso queremos saber”.

Explicó que se ha pedido la intervención de las autoridades pertinentes, pero al día de hoy no existe un apoyo gubernamental. “Es por esto que pedimos al Gobierno de Yucatán o a dependencias que puedan impulsar nuestra petición para que estas personas sean legalmente procesadas”, finalizó. La Verdad Noticias

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Emplazan a Sahuí Rivero a declarar sobre irregularidades que involucran a su coordinador de su campaña

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Un despojo de más de 1,800 hectáreas de terrenos nacionales para favorecer a familiares del coordinador de la campaña del candidato a gobernador del PRI.
Esto es lo que denunciaron esta mañana en rueda de prensa Tonatiuh Villanueva Caltempa, secretario estatal de Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), y  Carlos Grajales Peniche, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo.
Los acompañaron Octavio Carrillo Pérez, regidor independiente; Juan José Muñoz Montero, coordinador en Mérida del grupo Galileo, y Edgar Cano Brito, ex candidato a diputado del PRD.
Según documentos que se dieron a conocer en medios nacionales, se denuncia que en 1994, siendo secretario de la Reforma Agraria Víctor Cervera Pacheco, dos familiares de Roberto Rodríguez Asaf, coordinador de la campaña de Mauricio Sahuí Rivero, recibieron a título gratuito dos terrenos nacionales, con una extensión de más 1,800 hectáreas.
La inscripción de estos terrenos se realizó hasta 2014, es decir, diez años después de que falleciera Cervera pacheco y veinte de que supuestamente se los regalara a las beneficiarias.
En 2014 era secretario general de gobierno —y encargado del Castastro— Rodríguez Asaf.
En la rueda de prensa se fundamentó, con leyes agrarias, la irregularidad, ya que los terrenos nacionales sólo se pueden otorgar a título oneroso —es decir, con un precio— a productores de la región. En este caso, las 1,800 hectáreas se regalaron a dos personas que no son campesinas y que no viven siquiera cerca. No sólo se violó la ley, sino que hay indicios de otras irregularidades, como la falsificación de firmas. En la rueda de prensa se mostró el oficio número 3867/2018 del Registro Agrario Nacional en el que se señala que ni en sus archivos ni en su base de datos se encuentran los registros de los predios de los familiares del coordinador de la campaña de Sahuí.
Esas 1,800 hectáreas debieron entregarse a verdaderos campesinos. Estamos ante un despojo de tierras, ante un delito realizado por las personas que pretenden gobernarnos, puntualizó el secretario estatal de Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Villanueva Caltempa recapituló la obsesión de un grupo político por acaparar tierras, y recordó el caso, recientemente expuesto por él y sus compañeros, de Sahuí Rivero, que no sólo mintió en su declaración «3 de 3» sino que obtuvo precios irrisorios en detrimento de campesinos.
Familiares favorecidos
En otro caso que presentaron en la rueda de prensa, dos familiares de Sahuí Rivero se vieron involucrados en licitaciones atípicas del INCAY de la que recibieron 10 millones de pesos en sólo tres días. Se señaló a Allan Medina Ceceña, esposo de Myrka Sahuí Rivero, como el beneficiario de esas operaciones. La señora Myrka Sahuí es hermana del candidato Sahuí y también directora de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del gobierno del Estado. Ricardo Herrera es esposo de otra hermana de Sahuí, Melissa, y es jefe de operaciones del INCAY. «Diez millones en sólo tres días, en víspera de la campaña», resumieron.

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Chofer "muy rico" compró con $16 millones 300 hectáreas en Ucú; está bajo investigación

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El juez segundo de control ordenó al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria entregar informes al Ministerio Público sobre la situación financiera de Florencio A. D. C., quien es un chofer, y está involucrado en un fraude de tierras en Ucú, ya que presuntamente pagó 16 millones de pesos en efectivo al ejido de ese municipio por unas tierras. 

Los ejidatarios aseguran que nunca se realizó esa operación de compraventa y que este individuo es el “prestanombre” del abogado Hernán C. B., quien se confabuló con un notario público para falsificar unas supuestas escrituras para despojar a los ahora denunciantes de 300 hectáreas ejidales. 

Los afectados son unos 355 ejidatarios que interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de fraude, falsificación de documentos y lo que resulte en contra de estas personas y quienes resulten responsables. 

Como parte de la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado solicitó al SAT y la CNBV que le informara sobre la situación financiera de Florencio A. D. C., pero estas instituciones se negaron bajo el argumento del “secreto bancario y la privacidad de datos”, además de que la solicitud tendría que ser por parte de una autoridad judicial. Sipse

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Campesinos de Motul, Yucatán, fueron despojados de más de 1,000 has de tierrras

Noticias de Yucatán

Más de 100 campesinos de Motul en Yucatán se manifestaron ayer en el Tribunal Agrario para pedir que se nulifique una asamblea en donde les fueron robadas más de mil hectáreas.
Con pancartas en mano y a gritos de “justicia”, “devuélvanos nuestras tierras” y “corruptos”, más de un centenar de ejidatarios de Motul en Yucatán volvieron a manifestarse a las puertas del Tribunal Agrario para exigir la nulidad de la asamblea realizada el 9 de noviembre de 2014 donde el excomisario de Motul, Juan Itzá Balam, de forma fraudulenta otorgó mil 200 hectáreas a 51 personas entre ellos sus familiares directos, amigos y a un aspirante a la alcaldía de ese municipio.
Entre los nombres de las 51 personas demandadas destaca  Roger Aguilar Arroyo, actual candidato a la presidencia municipal de Motul en Yucatán por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a quien se le otorgaron tierras a la orilla de la carretera y no se ha presentado las diligencias donde el juez ha solicitado su presencia, indicó Julio Balam Escamilla, asesor legal de los ejidatarios de Yucatán.
“Los ejidatarios están molestos porque Roger Aguilar ya ocupó los terrenos a la orilla de la carretera del municipio de Yucatán y habilitó el lugar para meter camiones; sin embargo, los terrenos no son de su propiedad y vemos que no está dispuesto a conciliar porque tampoco asistió a ésta diligencia de ley, dijo el entrevistado.
El hecho de que la mayoría de las 51 personas demandadas no acudieron a la diligencia es una buena señal para la lucha campesina en el municipio de Yucatán, porque parece que los prestanombres están tirando la toalla y ya se han fastidiado de tantas vueltas, señaló.
Esperanzas campesinas
“Tenemos esperanza de que los campesinos de Motul en Yucatán ganen esta lucha porque el caso le ha sido asignado a un nuevo magistrado quien se ha comportado de una manera más estricta y está sancionado de forma económicaa las personas que no se presentan a la diligencia, indicó Balam Escamilla.
En las tres diligencias en diferentes horarios la mayoría de los demandados por el despojo no acudieron al llamado en el Tribunal Agrario Unitario, donde el magistrado en turno les aplicó sanciones económicas, por retrasar el juicio, donde los campesinos pretenden  nulificar la asamblea realizada el 9 de noviembre de 2014, donde el ex comisario Juan Itzá Balam otorgó las tierras de uso común a los particulares dando la mayor parte a sus familiares directos.
Uno de los demandados que tampoco asistió a la diligencia fue Roger Aguilar Arroyo actual candidato a la presidencia municipal de Motul en Yucatyán por el PRI a quien se le otorgaron tierras, de forma fraudulenta, a la orilla de la carretera de ese municipio de Yucatán.
“Parece que a los hermanos Juan y Honorio Itzá Balam se les está cayendo el teatro porque sus prestanombres ya no quienes seguir con su cuento”, señaló el asesor legal del ejido Julio Balam Escamilla, durante la protesta que realizaron los más de 100 ejidatarios en el Tribunal Agrario en Yucatán.

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Dejan libre a involucrado en mafia inmobiliaria en Yucatán y le ponen brazalete electrónico

Noticias de Yucatán

Amelia Euán Interián y Arthur Antunes Ortiz Carrillo, detenidos el 14 de febrero en flagrancia cuando intentaban vender un terreno que no era suyo, fueron consignados ante la titular del Juzgado Segundo de Control, Ileana Georgina Domínguez Zapata, acusados de uso de documento falso y fraude.
Hasta donde se sabe, éstas serían las primeras detenciones por el caso de la mafia inmobiliaria que opera en Yucatán.
Empero, hace unos días, la jueza cambió las medidas cautelares de Ortiz Carrillo y le permitió salir de la cárcel, con brazalete electrónico y sin abandonar Mérida.
Como hemos publicado, Euán Interián, usando una credencial de elector apócrifa, se hacía pasar como María Elena Gastélum Treviño, la legítima propietaria de un terreno de una hectárea en Cholul. Esa persona, en contubernio con Ortiz Carrillo, ofreció el predio a un corredor que, a su vez, se lo propuso al empresario Gabriel Guzmán Millet, quien mostró interés en comprarlo. Pero el empresario, que conocía a la verdadera dueña del terreno, la alertó y ésta, por su lado, solicitó auxilio policíaco en el 911.
Agentes de la Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvieron a los defraudadores cuando ya habían firmado una promesa de venta y tenían en su poder $50,000 en efectivo, que Guzmán Millet les había entregado como adelanto.
La Policía le decomisó a Euán Interián los siguientes documentos:
Credencial para votar a nombre de María Elena Gastélum Treviño, expedida por el INE.
Impresión de una constancia de Clave Única de Población a colores, con clave GATES670731MNESRLOO, a nombre de María Elena Gastélum Treviño.
Cédula catastral con un sello original que dice: Ventanilla Única del Catastro, 11 de enero de 2018. Entregados, módulos 4, referente a tablaje catastral 28879 de Cholul, con número de cédula 0005213560, de fecha primero de enero de 2018, el cual tiene anexo un croquis ilustrativo del predio.
Folio electrónico del predio 929833 con sello original del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de fecha 10 de enero de 2018.
Copia fotostática simple de una certificación de datos de matrimonio con número de folio 615131.
A Ortiz Carrillo la Policía le recogió una licencia de conducir del estado de California, a nombre de Ortiz Carrillo Arthur Antunes. Las autoridades, además, decomisaron $50,000 en billetes de $100, que Guzmán Millet les había entregado como adelanto de la compra del predio de Cholul. A ambos se les imputó el delito de fraude en perjuicio de Guzmán Millet y de uso de documento falso en contra de la Sra. Gastélum Treviño, pero sus abogados tramitaron un amparo a su favor.
Hace unos días, la jueza Domínguez Zapata modificó las medidas cautelares impuestas a Ortiz Carrillo.
En lugar de prisión preventiva, ordenó que se le coloque el brazalete de localización electrónica y se le prohíba salir de Mérida, esto debido a que una persona que se identificó como el mejor amigo de Ortiz se comprometió ante la jueza a darle hospedaje en su casa y hacerse responsable de su localización. (Con información de Megamedia).

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Recuperan lotes en zona hotelera de Cancún malbaratados por Roberto Borge

Noticias de Yucatán

 (apro).- El gobierno del estado recuperó tres lotes en la zona hotelera de este destino vacacional, que el exgobernador Roberto Borge vendió a un precio por debajo de su valor, a un empresario de estaciones de gasolina vinculado al exmandatario estatal y actual senador, Félix González Canto, en una operación en la que también está involucrado el exalcalde Paul Carrillo.
A través de comunicado, se informó que estos lotes fueron recuperados luego de que la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) promovió tres juicios civiles instaurados en contra de la persona moral denominada Caveri Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V, que encabeza Ricardo Vega Serrador.
Los predios forman parte de lo que fueron las Villas Juveniles del CREA y, de acuerdo al comunicado, tendían un valor actual de unos 45 millones de dólares.
Este día, granaderos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) llegaron a ocupar los predios y los mantienen bajo resguardo y vigilancia.
“Los referidos lotes tienen un valor aproximado de más de 4 mil dólares por metro cuadrado, y fueron vendidos muy por debajo de su valor en la administración de Roberto Borge”, precisa el comunicado.
Los predios son los siguientes:
El ubicado en la Supermanzana 00C, Manzana 29, Lote D-03, de la Reserva Territorial del IPAE, de la localidad de Cancún, Municipio de Benito Juárez; con una superficie de 1,990.75 metros cuadrados.
El juicio está registrado con el número de expediente 105/2018 y se encuentra radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.
El segundo lote está ubicado en la Supermanzana 00C, Manzana 29, Lote D-04, de la Reserva Territorial del IPAE, de la localidad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, con una superficie de 3,905.25 metros cuadrados y registrado con el número de Expediente 104/2018, radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.
Finalmente, el predio ubicado en la Supermanzana 00C, Manzana 29, Lote 1-02, de la Reserva Territorial del IPAE en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez; con una superficie: 5,255.97 metros cuadrados, registrado con el número de Expediente 106/2018 y radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.
Tras la ocupación de los predios, el gobernador Carlos Joaquín señaló que la recuperación del patrimonio del Estado y la apertura de playas para todos los quintanarroenses son prioridades de su gobierno y un compromiso de campaña.
“Hoy hemos avanzado en hacer justicia para los quintanarroenses al obtener la posesión de los predios”, explicó Carlos Joaquín.
El 20 de diciembre de 2016, la agencia Apro dio a conocer que un litigio por la posesión de una marina puso al descubierto la venta irregular de un albergue para jóvenes de escasos recursos –ubicado frente a la playa en la zona hotelera de esta ciudad– que hizo el exgobernador Roberto Borge a un grupo empresarial ligado al senador Félix González Canto.
Este entramado, que involucra también al exalcalde Paul Carrillo, salió a flote cuando un grupo de golpeadores pagados por la sociedad Caveri Servicios Inmobiliarios, de Ricardo Vega, pretendió apoderarse del predio de la marina Chac-Chi, colindante con las “exVillas Juveniles del CREA”, abandonadas en el sexenio de González Canto y administradas por el Consejo Estatal para la Juventud y el Deporte (Cojudeq).
El pasado 15 de noviembre, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, dio a conocer que interpuso las primeras denuncias contra el exmandatario por la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados de la reserva territorial del IPAE.
Las denuncias fueron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, contra el exgobernador –quien además presidía el Comité del Patrimonio Inmobiliario– y la exdirectora del organismo, Claudia Romanillos Villanueva.
Un año después de la operación de compra-venta, Caveri Servicios Inmobiliarios recibió al año siguiente una fracción adicional de terreno por parte de la Dirección de Catastro del ayuntamiento de Benito Juárez, en Cancún.
En julio de 2015, el entonces director municipal de Catastro, Heyden Cebada –bajo la alcaldía del priista Paul Carrillo– otorgó a Caveri la rectificación de colindancias en dos de los tres lotes que forman toda el área de las “exVillas Juveniles”.
Con este trámite, no sólo se reafirma la venta, sino que además, Caveri Servicios Inmobiliarios, obtuvo otros dos mil metros cuadrados” pues las mediciones no corresponden a las que amparan los títulos de propiedad.
Los oficios de certificación de medidas y colindancias fueron formalizadas por el notario público 8, José Arjona Iglesias, que recibió su patente como fedatario en el sexenio de Félix González.

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Ejidatarios de Motul insisten en la devolución de sus tierras

Noticias de Yucatán

Más de 100 ejidatarios de Motul, encabezados por el comisario comisario ejidal actual, Arcadio Tamayo Angulo, se manifestaron esta mañana en las puertas del Tribunal Unitario Agrario.

Los hombres exigen la nulidad de la asamblea que se realizó el 9 de noviembre del 2014, donde se repartieron más de mil 200 hectáreas tierras ejidales de uso común a particulares y funcionarios públicos, amistades, gente de otros estados e hijos del anterior comisario Juan Itzá Balam.

Los manifestantes comentaron que esta lucha de 4 años sigue vigente y continuarán hasta que se anule esta asamblea pues los ejidatarios fueron engañados para firmar un supuesto intercambio comercial con otra comunidad pero la realidad fue otra.

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Ejidatarios de Motul piden que les devuelvan sus tierras

Noticias de Yucatán

Fastidiados porque no se hace justicia, poco más de 150 ejidatarios se manifestaron ayer domingo afuera de la casa del excomisario Juan Itzá Balam, a quien acusan de robar 1,200 hectáreas de terrenos de uso común y de defraudar a poco más de 50 personas con la promesa de tramitar pensiones ante el IMSS.
De acuerdo con comunicado, durante una reunión realizada ayer en la casa ejidal los ejidatarios se quejaron ante Arcadio Tamayo Angulo, comisario ejidal, de que ya están hartos de los robos y fraudes que los hermanos Juan y Honorio Itzá Balam han cometido sin que hasta el momento reciban castigo de la ley.
Con los ánimos subidos de tono, los ejidatarios salieron de la casa ejidal en decenas de mototaxis hasta la esquina de las calles 16 y 19, donde con pancartas en mano estuvieron gritando consignas contra los hermanos Juan y Honorio Itzá Balam.
“Corruptos, devuelvan las tierras que le robaron al ejido, familia de ratas fuera de Motul” y “Juan Itzá regresa el dinero de las pensiones” fueron algunas de las frases que los ejidatarios gritaron a las puertas del domicilio.
Tamayo Angulo señaló que sus compañeros ejidatarios “están muy molestos” porque el 5 de diciembre se tuvo una diligencia en el Tribunal Agrario Unitario 34, en Mérida, para solicitar al juez que se cancele la asamblea donde Itzá Balam le robó al ejido 1,200 hectáreas de uso común y lejos de avergonzarse por el robo, “se estuvo burlando de la gente”.
—Por eso se tomó la decisión de hacerle un plantón frente a su casa para que se den cuenta sus vecinos que viven junto a un traidor del ejido —indicó.
—La gente ya no quiere que los hermanos Itzá Balam vuelvan a poner un pie en el ejido, ya que se dieron cuenta que todas las acciones que realizó como comisario ejidal solo fueron para su beneficio y el de su hermano.
—Tan sólo en Motul existen 25 grupos ejidales que fueron afectados y cientos de familias, quienes perdieron su patrimonio cuando sus tierras de uso común fueron dadas a particulares y prestanombres con un valor de 22 millones de pesos —agregó.
—En el caso de las pensiones, usando el cargo de comisario empezó a decir que tenía trato con el IMSS y pidió dinero para tramitarlas, se calcula que logró reunir más de dos millones —señaló Tamayo Angulo.

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Acusan a delegado federal de la Procuraduría Agraria de afectar a ejidatarios de Samahil

Noticias de Yucatán

Ejidatarios de Samahil protestaron en la Procuraduría Agraria acusando a su delegado federal Omar Corzo Olán de defender los intereses de empresarios que despojan ilegal mente de los terrenos a los campesinos en vez de defender el patrimonio de los hombres del campo.

El comisario ejidal de Samahil Silverio Chacón Koyoc declaro que hace 2 años acordaron con 11 empresarios yucatecos la venta de 2000 hectáreas de terrenos ejidales luego resulta que los empresarios no han pagado por las tierras y se adueñaron desde 150 hectáreas de más.

Agrego que se había acordado con los empresarios un pago de cien mil pesos por cada uno de 2

200 ejidatarios algunos han pagado una irrisoria cantidad de 15 a 20 mil pesos pero luego suspendieron las aportaciones económicas.

Menciono que recuerda el nombre de Gabriel Guzmán Millet y Jorge Charruf Navarrete no recordó el nombre de los demás empresarios.

Chacón Koyoc sostuvo que los 11 empresarios se hicieron de 150hectareas de terrenos de mas con el apoyo del procurador agrario Corzo Olan quien apoyo en una asamblea con ejidatarios que no pertenecen a Samahil para avalar el despojo de terrenos.

El comisario ejidal detallo que en la procuraduría agraria Corzo Olan se niega a atendernos personal mente les dan mal trato les cierran las puerta en sus narices cuando esa dependencia esta para atender las demandas de los hombres de campo además les niegan el acta de la asamblea espuria que es el delegado federal convoco para el despojo de las hectáreas ya mencionadas.

Los manifestantes acusaron al Gobierno del Estado de no apoyarlos en esta lucha por la devolución de 150 hectáreas de las 2000 que se habían acordado venderles y del cual no les han pagado la totalidad del dinero acordado a los 200 campesinos.

Finalmente anunciaron que continuaran con sus manifestaciones de protestas y que los empresarios les paguen la totalidad de los que les deben por que a final de cuentas la tierras siguen siendo de los ejidatarios hasta que no se liquide el último centavo de los terrenos y pedirán la destitución de Corzo Olan quien utiliza la Procuraduría Agraria para apoyar el despojo de tierras a favor de la gente de poder económico.

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Invasores de la Amalia Solórzano piden sus "títulos de propiedad"

Noticias de Yucatán

Más de 56 familias vecinos de la colonia “Amalia Solórzano” se manifestaron pacíficamente en las puertas del Palacio de Gobierno para solicitar al Gobierno del Estado la regularización que ellos mismos invadieron hace más de un año y quieren contar con títulos de propiedad.

Un pequeño grupo de vecinos de la colonia Amalia Solórzano denunciaron que los visito Rudy Mendoza quien les dijo ser dueño del terreno donde 56 familias invadieron y han construido sus humildes viviendas.

En representación de los manifestantes hiso uso de la palabra Luis Rodríguez Díaz quien declaro que han solicitado al Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY) que les regularicen el terreno que invadieron y están dispuestos a pagar al Gobierno del Estado lo que determine por metro cuadrado con tal de contar con sus títulos de propiedad.

Enfatizo que Rudy Mendoza se presentó y dijo ser dueño de los terrenos los ha amenazado verbal mente y ha allanado las viviendas de los manifestantes ante ellos presentaron denuncias por daño en propiedad ajena ante la Fiscalía General del Estado.

Rodríguez Díaz advirtió que no se van a salir del terreno que han construido su patrimonio y además carecen de servicios de agua potable, electricidad no tiene calles pavimentadas hay maleza y es un riesgo para sus hijos.

Finalmente los manifestantes exigen al director del IVEY Cesar Escobedo May que los atienda y los escuche y les den una respuesta a sus demandas del regularizar el terreno que ocupan como “invasores desde el año pasado”.

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Motuleños protestan contra empresas españoles que pretenden despojarlos de sus tierras

Noticias de Yucatán 

Ejidatarios del municipio de Motul protestaron frente a Palacio de Gobierno para anunciar que defenderán sus 5 mil hectáreas de las empresas españolas Aldesa y Aldener, las cuales bajo la asesoría del abogado Rafael Acosta Solís buscan despojarlos de su patrimonio para la construcción de dos plantas de generación de energía eólica. 

El asesor de los ejidatarios de Motul, Julio César Balam Escamilla, declaró que el problema surge debido a que las empresas españolas empezaron la construcción de dos parques eólicos en más de 600 hectáreas en el ejido, sin contar con el permiso de los 1,472 campesinos, dueños de dichas tierras.

Resaltó que ambas empresas ofrecieron a los ejidatarios un pago mensual de 50 pesos por la renta de 600 hectáreas, cantidad irrisoria y ofensiva, pues aquéllas tienen utilidades en euros, “así que ni les rentamos las tierras, ni aceptamos sus ofrecimientos económicos”, manifestaron.

Detalló que las compañías extranjeras contrataron los servicios de Rafael Acosta Solís “mafioso acaparador de tierras”, quien ha amenazado al comisario ejidal y a los ejidatarios, creando grupos de choque para despojarlos de su patrimonio.

“No vamos a permitir que Acosta Solís robe nuestro territorio, donde tenemos cultivos de chile habanero, ganadería, apicultura, henequén, entre otros; trabajos desempeñados para el sustento de nuestras familias”.

Asimismo señaló que pese a las amenazas, hasta de muerte, en propiedades privadas de los ejidatarios por parte de Acosta Solís, las autoridades no han dado solución a la situación, ni lo han detenido por el daño ocasionado a miles de campesinos.

Especificó que ejidatarios de Motul, Cansahcab, Conkal, Suma, Valladolid, entre otros municipios, van a crear un frente común en contra de dichas empresas.

Los campesinos con pancartas se pararon en las puertas de Palacio de Gobierno, bloqueando la calle 61 con 60 y 62 para exigir justicia.

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Aplican medida cautelar en torno al caso de terrenos

La disputa por terrenos de la reserva de crecimiento del ejido ubicados a espaldas de la ex bodega de Almacenes Nacionales de Depósito (Andsa) llega de nuevo ante el Tribunal Agrario, tras lo cual el comisario ejidal, Manuel Balam Arceo, acudió ayer para aplicar una medida precautoria.
La autoridad ejidal llegó con otros ejidatarios para informar de la medida en la que se indica que a los terrenos no se les podrá mover nada por el proceso legal.

“Hoy vamos a quitar los alambres que los invasores colocaron, ya que con eso se viola lo que el Tribunal (Agrario) determinó: los terrenos deben quedar como cuando comenzó el proceso”, explicó Balam Arceo.
“Ellos (por los paracaidistas) colocaron alambres y quieren cerrarnos las calles para que mis compañeros ejidatarios no puedan llegar a sus lotes”, añadió.
Al llegar a los terrenos, los ejidatarios dialogaron con las personas que habitan los lotes, Alfredo Canul Batún, Rufino Tec Guillermo, Antonio Quetzal Pech y los hermanos, Fernando, Enrique y Matías Reyes Canto.
El comisario ejidal explicó que retirarían los alambres como medida cautelar, tal como lo determinó el Tribunal Agrario.
Sin embargo, algunos paracaidistas acusaron al presidente de Vigilancia del ejido, Apolinar Puc Dzib, de “corrupto y defraudador”. Aseguraron que él les vendió lotes años atrás y ahora quieren despojarlos.
También dijeron que “el comisario municipal reparte tierras a sus allegados”.
“Nosotros sólo pedimos justicia, vivimos y trabajamos estos lotes desde hace 20 años para que ahora el comisario quiera quitárnoslos. Nos quieren sacar a como dé lugar, incluso el comisario ya trajo sus maquinarias y derrumbaron todo lo que habíamos hecho”, añadieron.
Tras dialogar ejidatarios e invasores se acordó que se daría un plazo de dos días (hasta mañana domingo) para que los invasores retiren los alambres.
En el lugar había policías estatales a petición de los ejidatarios, pero no intervinieron, sólo observaron.
Para defender lo que consideran sus tierras los siete afectados promovieron una demanda ante el Tribunal Agrario, motivo por el cual el pasado 3 de marzo Balam Arceo y Puc Dzul fueron llamados a comparecer.
Esta es la séptima demanda contra el comisario ejidal, quien ha sido acusado por diferentes personas de despojo de tierras.
El Tribunal Agrario también ordenó la medida cautelar para que invasores no construyan más, ni ejidatarios destruyan las casas.

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Se apodera de terreno ajeno y fomenta su invasión

Como presunto responsable del delito de despojo de cosa inmueble, fue imputado Adán Gómez Luis, porque supuestamente se apoderó de un terreno ajeno e incitó a un grupo de personas a que no desalojaran la propiedad de una empresa constructora.
La juez de control Blanca Beatriz Bonilla González le impuso como medidas cautelares el pago de una garantía económica de 15 mil pesos, no salir del Estado y acudir a firmara al Centro Estatal de Medidas Cautelares.
Fue denunciado por Víctor Hugo May Llánez, representante de Integradora y Desarrolladora de Vivienda. SA de CV.
El 15 de agosto de 2014, personal de la empresa que representa Carlos Ademar Méndez Vega comenzó a realizar trabajos en el tablaje catastral 14,239 preparando las tierras adquiridas para comenzar a construir viviendas.
Al llegar al día siguiente un grupo de aproximadamente 8 personas armadas con tubos de metal, liderados por Adán Gómez, se encontraban dentro y comenzaron a amenazar con golpear a quien se acercara o siguiera con los trabajos que se estaban realizando, obstaculizando las obras e impidiendo el acceso a dichos terrenos.
De manera extrajudicial se supo que el ahora indiciado es el representante en Yucatán de “Fletera Hergol”.

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Protesta contra presunto tráfico de tierras de Chablekal

Noticias de Yucatán

Pobladores mayas de la comisaría meridana de Chablekal continúan su lucha por el reconocimiento de sus derechos a la tierra y el territorio.

Ayer estuvieron de nuevo en el Tribunal Unitario Agrario para participar en una audiencia relacionada con ese caso, y previo a ello hicieron un plantón con carteles donde expusieron sus demandas.

En forma general, esos vecinos plantean que casi todo el suelo de ese poblado del norte de la ciudad pasó a unas cuantas manos privadas debido a decisiones unilaterales de los ejidatarios, quienes ya vendieron la mayoría de las tierras de la zona.

Consideran indebido que unos 300 integrantes del ejido tomen decisiones que afectan a los más de 4,000 pobladores mayas de esa comunidad.

Si bien los inconformes no son ejidatarios, sostienen que en su carácter de vecinos e integrantes de la etnia maya son sujetos de derechos agrarios, al igual que los integrantes del ejido y los comuneros. Apelan a normas estatales, la Constitución mexicana y leyes internacionales para que se les reconozcan sus garantías, entre las que están la tierra y el territorio.

Su objetivo, indicaron, es que Chablekal conserve la poca tierra que todavía no es privada. Con ello mantendrán también las reservas vegetales y animales de esa región del municipio, y protegerán los vestigios arqueológicos que hay en esas extensiones. Todo ello, señalan, es parte de su cultura.

Esos vecinos comenzaron su lucha legal hace poco más de un año. Para ello formaron la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal, y por medio de esta entablaron una controversia agraria.

Ayer fueron citados a las 13 horas para una audiencia pública en el Tribunal Unitario Agrario, ubicado en el fraccionamiento Señorial, en el cruce de la entrada principal de ese lugar con la calle 60, cerca del consulado de Estado Unidos.

Mientras aguardaban la llegada de la hora, se apostaron en esa calle con sus carteles. Después, en forma ordenada entraron al edificio, y se pusieron en fila para dejar en una libreta sus nombres y otros datos más, requisito que les pidió para que se les permitiera estar en la audiencia. Al reportero del Diario que acudió a cubrir esa “audiencia pública” se le advirtió que no podría ingresar a tomar fotos ni a filmar. La audiencia fue suspendida.— Megamedia

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Impugnarán una asamblea ejidal en Hunucmá

Noticias de Yucatán

HUNUCMÁ.— Numerosos ejidatarios anunciaron ayer que impugnarán una asamblea que consideran ilegal y que se realizó el 17 de abril de 2014 encabezada por el comisario ejidal, Víctor Manuel Canul Gómez; el secretario, Luis Alfonso Ek Uicab y el tesorero, José Vidal Chuc.

Afirmaron que la asamblea se hizo en “lo oscurito” y no fue aprobada por la mayoría del padrón ejidal.

El anuncio se hizo en una reunión informativa que convocaron Juan May, José Laureano Novelo Montalvo, Alfredo Chuc Euán y Modesto Uicab y que comenzó a las 12:30 horas en un local social de esta ciudad.

Novelo Montalvo, con papeles en la mano, dijo que en esa asamblea de manera ilegal se añadió como ejidatarios a Miguel Ángel Ricalde Jure, Antonio Casio González, Carlos Enrique Abraham Goff, Gerardo Abraham Goff, Jorge Eduardo Kuri Chapur, Ómar Kuri Chapur, Amelia Castillo Alarcón y Gloria María Magaña.

Afirmó que eso se hizo por indicaciones de Rafael Acosta Solís, asesor del comisario, y sin que Canul Gómez muestre las constancias de esas personas y sólo presentó un oficio entregado al Registro Agrario Nacional (RAN).

—La documentación que presentan como evidencia está firmada por el RAN, a pesar de que la convocatoria de la asamblea que presentaron al registro no la hicieron pública y por eso no conocemos a las personas añadidas al padrón ejidal.

Juan May dijo a la gente: “No se dejen engañar con las anomalías que cometen el comisario ejidal y su dizque asesor Acosta Solís, pues por $500 que les regalan venden su patrimonio”.

Más detalles de la asambleaManejo

Alfredo Chuc Euán, uno de los que convocaron a la asamblea de ayer, expuso que la directiva ejidal maneja dos convocatorias. “Una la presentan al RAN y otra que les conviene y pegan en la casa ejidal, ya que muchas cosas hacen a nuestras espaldas y no debemos permitirlas. Vemos que quieren apoderarse de las tierras de manera ilegal como hicieron con las reservas de Sampool”, agregó el ejidatario.

Previenen un despojo

Máximo Gómez Chan llamó a defender sus tierras y dijo “Vamos a unirnos todos los grupos y tenemos que entrar a la casa ejidal, que es de todos los campesinos, no de un pequeño grupo”.

Reunión objetada

La impugnación sería para una asamblea realizada en abril del año pasado en la que ingresaron más ejidatarios.

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