Ahora un policía de la SSP gana más que un trabajador del Poder Judicial con título de abogado, denuncian

Noticias de Yucatán

Recibimos un correo de trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el que señalan su molestia e indignación porque hasta ahora no han atendido sus demandas para mejorar sus condiciones laborales.

A continuación el texto íntegro de denuncia:

Los policías de la Secretaria de Seguridad Pública y Fiscalía General ambos del Estado, no solo ellos forman parte del sistema judicial penal en Yucatán, sino que de manera fundamental también nosotros los trabajadores del Poder Judicial del Estado.

Pues básicamente en los Juzgados Penales tanto del sistema tradicional, como del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como a los de Ejecución de Sentencias en Materia Penal del Estado, en forma específica a los empleados denominados “técnicos judiciales o encargados de actas”, quienes anhelamos desde hace más de 15 años, se nos reconozca nuestra ardua labor fundamental a favor de los justiciables, y por ende a dicha labor un merecido aumento de sueldo digno y decoroso ante las múltiples labores que realizamos con esmero y profesionalismo.

A pesar de la escasez de personal que existe en dichos Juzgados, por lo que, debido a ello, tenemos que redoblar esfuerzos, es decir trabajar en forma rápida y eficaz para cumplir en tiempo y forma con los términos de ley correspondientes que exige la materia penal.

Reiteramos que, desde hace más de quince años, que no se reconoce nuestra labor fundamental, sino que solo nos consideran como unos simples trabajadores escribientes, cuando contrario a ello, nosotros somos los que realizamos los diversos trámites y resoluciones fundamentales que permiten la marcha de la impartición y administración de justicia penal en Yucatán.

En verdad, merecemos ese anhelado aumento de sueldo, por ser profesionistas titulados en derecho y con cedula profesional, incluso algunos con grado de Maestría o hasta Doctorado, pues este año apenas nos fue aumentado un risible 6% de sueldo, devengando apenas la cantidad neta de $10,600.00 en forma mensual, mientras que los policías sin ánimo de discriminarlos y que la gran mayoría no son licenciados o abogados en derecho con cedula profesional y que si bien trabajan hasta 24 por 24 pero eso se debe a la política laboral impuesta por parte del Ejecutivo del Estado, por lo que esta quincena próxima (primera quincena de agosto del 2017), devengarán un sueldo superior de $12,190.00 en forma neta mensual, es decir les fue aumentado un cincuenta por ciento neto a su sueldo, generando evidentemente una molestia en forma general por parte de nosotros los empleados judiciales.

Aun cuando si bien es cierto dichos policías merecen un aumento de sueldo, pero nosotros los trabajadores del Poder Judicial del Estado, lo merecemos también por tener un desgaste y estrés mental constante, dado que la materia penal es delicada y compleja debido a su propia naturaleza, lo cual es injusto.

A pesar de que le insistimos al Gobierno del Estado en el año pasado (2016) mediante sendos escritos, dirigidos también al H. Congreso del Estado, solo se nos aumentó apenas un 6% en este año (2017) y además que solo recibimos en el año 2016, apenas un bono equivalente a 6 días de salario, cuando en años anteriores recibíamos hasta 30 días de salario, los cuales fueron disminuyendo gradualmente año con año.

Ese bono al recibirlo en forma completa en esos periodos, por lo menos compensaba y equilibraba nuestras necesidades económicas, pero no obstante de ello, y para perjudicar aún más nuestra situación económica, es muy probable que en este año 2017 desaparezca esa prestación (bono), máxime, que se nos descuenta un impuesto desde hace varios años por la cantidad que recibimos como aguinaldo, mientras que es bien sabido que a diversos trabajadores del Gobierno del Estado no se les descuenta cantidad alguna en dicho aguinaldo.

¿Hasta cuándo se nos va a reconocer y considerar nuestra labor, con un sueldo digno y decoroso acorde a nuestra profesión?

Asimismo, es bien sabido, que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, cuenta con exceso de personal administrativo privilegiado con sueldos muy superiores a los de nosotros y mayores prestaciones, mientras que en los Juzgados Penales, los de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y de Ejecución de Sentencias en Materia Penal del Estado, existe poco personal en dichos Juzgados, donde realmente se necesita gente de trabajo, que les sirve a los justiciables, mismos que no entienden de la burocracia administrativa, por lo que se pide a los Consejeros, tomen en cuenta y valoren las verdaderas necesidades de servicio de los Juzgados, y no solo realicen cambios para beneficiar a unos y perjudicar a otros, sin que se justifique dicha necesidad.

No carguen más la burocracia administrativa y realicen cambios de personal en forma innecesaria, eso sería algo que tanto nosotros, como la sociedad Yucateca se los agradecería.

También, es de amplio conocimiento, que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el área de adolescentes a cargo del Magistrado Santiago Altamirano, existe exceso de personal, que prácticamente su trabajo es escaso o nulo, debido a que existen muy pocos recursos de apelaciones o casaciones que resolver, pues el personal se requiere en dichos Juzgados, y a pesar de ello, en dicho Tribunal de Adolescentes, pretenden aumentar más el personal, privilegiando a ciertas personas por favores personales o políticos.

Es preciso también señalar, que los actuarios judiciales trabajan más de ocho horas, pues en dichos juzgados, no están asegurados con una cantidad razonable que cubra gastos médicos mayores en caso de tener un accidente de tránsito debido a sus labores de riesgo.

Ya que conducen hasta más de ocho horas y hasta altas horas de la noche para cumplir en tiempo y forma con los términos de ley correspondientes, y además que solo existe incluso un actuario en algunos juzgados que tiene que realizar hasta 300 o más notificaciones.

Hay que mencionar que los escasos vehículos que les son asignados, están en pésimo estado, lo cual es evidente que no les permite desempeñar su labor con seguridad, arriesgando su integridad física por dichas circunstancias, pues cabe señalar, asimismo, que varios de nuestros compañeros actuarios, tienen algunos estudios de maestría o hasta doctorado, y devengan un sueldo inferior al de un policía.

Sabemos que la sociedad Yucateca exige justicia pronta y expedita, pero tengan por seguro, que nosotros por nuestra parte, estamos conscientes y cumplimos con eficacia y responsabilidad dicha exigencia hasta donde humanamente nuestras labores lo permiten a pesar de existir escases de personal, lo que ha generado trabajar horas extras sin que nos sean remuneradas y no teniendo ni siquiera un tiempo de descanso para poder comer o incluso hasta ir a los sanitarios.

Esto ha generado que varios de nosotros padezcamos obesidad y diversos padecimientos o enfermedades a consecuencia de dichas circunstancias, por tanto reiteramos que a pesar de esas adversidades, estaremos trabajando a favor de la sociedad yucateca.

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Paulino, un indígena de Guerrero, lleva 4 años preso porque no tiene dinero ni traductor

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(SinEmbargo/ElSur).- Acusado de un secuestro que no cometió el indígena na savi de Tierra Blanca, municipio de Cochoapa, Paulino de los Santos Calixto lleva cuatro años preso sin que haya sido sentenciado debido a que no tiene un traductor ni dinero para pagar un abogado particular.

El indígena ha solicitado el apoyo de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (Saica) pero ni si quiera ha tenido respuesta su petición, por lo que solicitó un amparo ante el juzgado Primero de Distrito y este martes le dio entrada bajo el expediente 60/2013.

El abogado Mardonio Ramírez García, quien recientemente conoció el caso, informó que el indígena de los Santos Calixto fue detenido en 2013 ante una denuncia que presentó su ex esposa por secuestro, pero que en realidad se trata de un conflicto intrafamiliar.

Explicó que el preso se separó de su mujer y cada uno se llevó a algunos de sus hijos. Paulino se llevó a una nieta a la que pretendía llevarse también su ex pareja y en venganza ésta presentó la denuncia por secuestro, y fue la causa de la detención a pesar de que no se configura el delito.

Añadió que el problema es que el detenido no entiende bien el español y que no ha contado con el acompañamiento de un traductor en el proceso, además carece de dinero para pagar un abogado particular. De su defensa se ha hecho cargo un defensor de oficio.

Además el indígena se encuentra preso en el penal de Chilpancingo pero su caso lo lleva el juzgado Penal de Primera Instancia con sede en Tlapa, lo que dificulta la agilización del proceso.

Contó que Paulino de los Santos lleva casi cuatro años preso injustamente, sólo por la falta de un traductor y de dinero.

Agregó que para agilizar el proceso necesita de un juego de copias del expediente, pero que éstas tienen un costo de 4 mil pesos, recursos de los que carece.

Ante su precaria situación de los Santos Calixto solicitó el apoyo primero jurídico y después económica de la Saica pero nunca tuvo respuesta.

Antes cuando menos podía tener comunicación con los funcionarios de la dependencia estatal vía telefónica, sin embargo en las últimas semanas ya ni las llamadas telefónicas le reciben, informó el abogado.

Ante esa situación Paulino de los Santos solicitó el 7 de julio un amparo ante el juzgado Primero de Distrito ante la violación a su derecho de audiencia, y este martes ese juzgado dio entrada a su petición bajo el número 60/2013 y fijó el 8 de agosto para que la dependencia estatal responda a la petición.

El abogado Mardonio Ramírez lamentó que mientras tanto el indígena siga preso injustamente sólo porque no tiene los recursos económicos ni para las copias del expediente, que debe de tener su defensa para agilizar el proceso judicial y obtenga su libertad.

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Creadora del 'spinner' sufre crisis económica; no recibe nada por su idea

Noticias de Yucatán

Intentó venderle el juguete a Hasbro, pero la rechazaron

De los millones de pesos que se han obtenido de las ganancias del 'Spinner', el juguete de moda, ninguno va a parar a los bolsillos de la creadora.

Y es que Catherine Hettinger, de Florida, Estados Unidos, vendió su idea porque no tenía dinero para pagar los 400 dólares (7 mil 200 pesos) que hace 20 años le costaba la renovación de la patente.

La herramienta fue trabajada ex profeso para su hija pequeña, luego de mirar como unos jóvenes lanzaban piedras a un grupo de policías en Israel. Catherine decidió que necesitaban algo para calmar su agresividad y de paso podría entretener a la niña.

En ese entonces, cuenta, intentó venderle el juguete a Hasbro, pero la rechazaron. Ahora la compañía es una de las que más se benefician con él. En sus inicios el 'spinner' era más parecido a un pequeño platillo volador, y el dedo servía como eje para hacerlo girar.

"Soy un técnico, no soy una persona que cierra acuerdos multimillonarios. Si hubiera habido dinero o alguien que me financiara cuando inventé el spinner, mi vida habría sido diferente".

Con información de The Guardian.

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Madre de familia sigue luchando por su hija

Desde el año pasado, la señora Alma Tejeda Padrón vive en una lucha por recuperar la custodia de su hija de 13 años, la cual le fue injustamente arrebatada con mentiras y acusaciones falsas.
Es por ello que junto a las integrantes del colectivo “Mujeres sin maquillaje” y otras madres que son víctimas de la violencia institucional del poder judicial, Alma Tejeda, asistió al Tribunal Superior de Justicia de la entidad, para manifestarse por la arbitrariedad en la actuación del juez Jorge Alberto Carrillo Canché, quien le arrebató los derechos sobre su hija, pidiendo su destitución y suspensión.
En abril de 2015, la madre de Alma Tejeda, Lizbeth Padrón Aké, ex Directora de la Facultad de Enfermería y Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Yucatán, sustrajo a su nieta de la escuela, sin consentimiento de su madre.
Como justificación a este acto, Lizbeth Padrón inició un proceso penal ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) y la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de imputar a su hija de golpear y maltratar a la menor.
El proceso estuvo plagado de irregularidades, intimidaciones, burlas y amenazas por parte de los funcionarios de la institución en contra de Alma Tejeda, quien declaró en una entrevista que recibió una llamada intimidante de Prodemefa, donde le comunicaron que no le devolverían a su hija, debido a las acusaciones de su madre y abuela de la niña.
Nueve meses después, la Fiscalía determinó que Lizbeth Padrón realizó acusaciones falsas en contra de su hija. Asimismo, a través del dictamen psicológico y entrevistas realizadas por las mismas autoridades, se comprobó que Lizbeth Padrón tiene a su nieta en peligro físico y emocional, donde la niña presenta conductas depresivas y de autolesión, con cortes en los brazos, desde que fue sustraída.
Se evidenció también que Lizbeth Padrón ha manipulado a su nieta, induciéndola a que mienta en contra de su madre, delito penal conocido como alienación parental, y que la menor vive en un estado de descontrol y descuido, ya que está expuesta al contacto con extraños por las redes, donde intercambia contenido sexual con estos e inclusive acuerdan encuentros personales, a lo que la abuela menciona no poder hacer nada al respecto.
Ante esto, la Fiscalía recomendó una orden de protección para la niña en contra de Lizbeth Padrón, pero interpuso una nueva demanda ante los juzgados familiares para quitarle a Alma Tejeda, la patria potestad de la niña y de su hermano menor, bajo las mismas mentiras que expuso la primera vez.
El Juez Segundo de lo Familiar, Jorge Alberto Carrillo Canché, concedió en tiempo récord e histórico en Yucatán, una audiencia a Lizbeth Padrón donde de manera arbitraria, y sin tomar en cuenta las pruebas de la Fiscalía y de la madre de la niña, le concede a la abuela la custodia, y ordena que el hermano menor sea llevado hasta la puerta de su casa para que pase los fines de semana con ella, ignorando los deseos del niño.
“El juez sabía todo el proceso que se llevo en Fiscalía, sabía que yo no maltrataba a mis hijos…sabía que mi mamá es delincuente…que mi mamá permite que mi hija vea pornografía, que la maltrata psicológicamente…y le valió, en seis días le entregó la custodia a mi mamá de mi hija”, dijo Alma Tejeda.
A la fecha, el expediente aún no se ha movido, mencionó la afectada, quien presentó un amparo federal y una queja ante la judicatura en enero de este año, sin obtener todavía una respuesta.
“¿Quién juzga a los jueces? ¿Quién nos defiende a nosotros?…Me queda claro que las cosas se pueden hacer rápido, ellas (las madres junto a las que protesta) podrían estar con sus hijos ahorita, no estar cinco, cuatro, diez años sin sus hijos, porque a mí me quitaron a mi hija en seis días, teniendo todas las pruebas para no hacerlo y devolvérmela.”

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Graves acusaciones contra policías de Yucatán

Noticias de Yucatán

Dos habitantes del Centro se quejaron ante la Fiscalía y la Codhey porque agentes de la SSP los detuvieron en su casa, los “pasearon” varias horas en automóviles particulares por diversos rumbos de la ciudad, hasta que los liberaron con un “disculpas”.

Pero siguieron las sorpresas: al llegar a su domicilio hallaron sus pertenencias revueltas y faltaban dinero, alhajas y otros objetos.

La denuncia contra los policías reveló que hubo cuantioso robo en la noche del domingo o las primeras horas de lunes, en una joyería de la calle 59 entre 54 y 56.

En la Fiscalía, donde en la práctica no ha procedido ninguna denuncia contra agentes, el caso se registró con el número M1/2790, por hechos “posiblemente delictuosos” contra los policías, como relataron los denunciantes Daniel Aguilar Torres y Milton Zayas Pérez, veterinario y profesor de Arte, ambos del Distrito Federal y radicados en esta ciudad en un predio de la calle 57 entre 52 y 54.

De acuerdo con las quejas, tanto en esa dependencia como en la Comisión, los hechos ocurrieron en la mañana del lunes. Los denunciantes llegaron a su casa y vieron varias patrullas por ese sector, aunque no le dieron mucha importancia y entraron a su predio.

A las nueve de la mañana agentes de la SSP acudieron con varias patrullas y “el comandante Ruiz al frente” que les pidieron revisar la casa porque había “reportes de robo en ese momento, en los techos”.

Los profesionales accedieron, pero cuando los agentes entraron los inmovilizaron, les quitaron sus celulares, les dieron de golpes al mismo tiempo que los insultaban.

Luego, los subieron a automóviles particulares y los llevaron a distintos sitios, hasta que en horas de la tarde los liberaron cerca de Mejorada.

Al llegar a su casa ambos vieron que sus pertenencias estaban revueltas, revisaron y encontraron faltantes, tanto de dinero en efectivo como de alhajas y otros objetos de valor.

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Detención arbitraria de dos alumnos y una madre de familia

Noticias de Yucatán

Decenas de alumnos expresaron su inconformidad contra agentes de la SSP que detuvieron a dos alumnos y a una madre de familia que defendía a su hijo agredido por un supuesto policía.

Los hechos fueron cerca de la una de la tarde en el Circuito Colonias con calle 44, cerca del Cobay Santa Rosa, cuyos alumnos estaban inconformes con la detención de sus compañeros y la madre de uno de ellos.

Al salir de clases un alumno fue agredido a golpes, luego le mostraron una navaja y una pistola por un desconocido que fue identificado como “policía” y padre de un estudiante. El agresor trataba de “vengar” una agresión hacia su hijo.

La SSP intervino, pero la inconformidad fue porque detuvo quienes no tenían relación con la agresión.

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Ocho mujeres yucatecas siguen esperando justicia

Noticias de Yucatán

Sólo se han resuelto dos de los 10 casos de mujeres afectadas por injusticias que ellas denunciaron ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en visita que éste hizo a Mérida, informó Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.

Agregó que esos casos llevan tiempo sin ser resueltos a pesar de visibles hechos que dan razón a las víctimas y exhiben el mal trabajo de la Fiscalía estatal, el Centro de Justicia para la Mujer y el Instituto para la Equidad de Género, así como de la Procuraduría de Defensa del Mejor y la Familia.

Como ejemplo expuso el caso de la menor S.A.C.D., quien es discapacitada y en octubre de 2014 fue hallada en montes de Cholul desnuda, atada, golpeada y violada.

La menor, cuya madre también tiene discapacidad, estuvo en albergues y después enviada con una tía suya a la cual le niegan el expediente de la denuncia respectiva. Una vecina reconoció a uno de los dos agresores, el cual fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública pero días después quedó libre.

El liberado declaró que la menor se prostituía y ésta “reconoció” que sus agresores “estaban jugando” cuando la violaron, golpearon, ataron y tiraron en el monte, donde fue hallada con la cabeza rota y moretones en el rostro y el cuerpo.

Otro caso, indicó la funcionaria, es el de Karine Hernández Borge, mayahablante de 22 años de edad y vecina de Chacsinkín, quien laboraba como empleada doméstica en Mérida. Ella se unió a un joven con el que tuvo un hijo y al cual abandonó porque la agredía verbal, psicológica y físicamente.

El muchacho se desligó de la mujer y el niño, pero el abuelo paterno acudió al pueblo para pedir tener al nieto consigo los fines de semana. La joven accedió, los viernes le entregaba al niño y regresaba por él los lunes.

Un día el hombre rehusó devolver al menor argumentando que la muchacha tenía novio. Ésta recurrió a su antigua pareja para que interviniera y aceptó la condición de éste de tener relaciones sexuales a cambio de la ayuda.

Pero el día de la entrega el abuelo y el padre llamaron a una carropatrulla y denunciaron que la joven les estaba quitando al menor.

Ella fue obligada a entregar al infante, y desde entonces peregrina en dependencias y un juzgado para recuperar a su pequeño.

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Ante la injusticia yucateco, acude al D.F. a hacer huelga de hambre

Noticias de Yucatán

El yucateco Marco Antonio Castillo comenzó ayer una huelga de hambre a las puertas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la ciudad de México, a fin de que su voz sea escuchada por el presidente de la comisión,, el presidente de México, el gobernador de Yucatán y los ciudadanos.

Antes culpó a funcionarios públicos de Yucatán y de otras ordenes del gobierno en todo lo que suceda a su persona, porque postura ha sido pedir justicia, se informa en un comunicado.

Desde 2011, dijo, ha insistido a las autoridades yucatecas que se esclarezca la muerte de su hijo, pero hasta la fecha todo sigue igual. 

Oficialmente se informó que el joven murió por ahorcamiento pero, por huellas de mal trato y tortura en el cuerpo, sospecha que se trató de un homicidio, incluso lo evidencia con fotos.

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Aldecua no da una: sale libre por tercera ocasión homicida meridano

Noticias de Yucatán

Por tercera ocasión, la Fiscalía General del Estado fracasó en su intento de conseguir que el Juez Primero de Control dejara en la cárcel a Jonathan Rey Torre Alvarado, quien el pasado 15 agosto atropelló a una mujer en un paso peatonal.

En lo que fue la tercera audiencia, denominada de vinculación de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal, el juzgado liberó a Torre Alvarado, conocido popularmente como “López Conejo II”, y sólo ordenó que se le fijen las siguientes medidas cautelares: una garantía económica, no debe abandonar el estado y acudir a firmar a la administración del Juzgado hasta el próximo 9 de octubre.

La audiencia de imputación se tuvo que realizar dos veces, por inconsistencias en la integración de la carpeta. En ambas ocasiones el joven homicida fue liberado sin tener que pagar ninguna garantía económica para reparar el daño ocasionó.

Al reponerse la diligencia, las inconsistencias que se le señalaron a la FGE persistieron y otra vez a la calle el acusado.

Se esperaba que en este tercer intento por fin pisara la cárcel, pero de nuevo fracasó la Fiscalía y otras está en la calle, aunque ahora sí tuvo que depositar una fianza, de la cual no se informó el monto.

La dependencia tendrá hasta el 9 de octubre para cerrar las investigaciones.

El pasado 15 de agosto, Torres Alvarado atropelló y mató a una mujer que se disponía a cruzar el paso peatonal frente a la Delegación Oriente de la Cruz Roja.

El sujeto, que iba acompañado de otro joven igual ebrio, reaccionó cuando empleados de una gasolinera y un supermercado le gritaron que había arrollado a la mujer, identificada como Olivia Ruz Castillo, de 52 años de edad, quien sufrió graves heridas que ameritaron su traslado a un hospital, donde murió poco después.

Jonathan Rey se detuvo, pero no para auxiliar a la víctima, sino para echar reversa y posteriormente pisar fuertemente el acelerador para darse a la fuga. Sin embargo, fue detenido en la misma avenida Quetzalcóatl, unos metros antes de llegar al Periférico.

Aldecua not give a: walks free for the third time meridano murderer 

News Yucatan

For the third time, the Attorney General's Office failed in his attempt to get the first court of jurisdiction in jail let Jonathan King Tower Alvarado, who last August 15 ran over a woman in a crosswalk.

In what was the third hearing, called linkage according to the new criminal justice system, the court freed Alvarado Tower, popularly known as "Lopez Conejo II" and only ordered that he set the following precautionary measures: A financial guarantee should not leave the state and go to sign the administration of the court until next October 9.

The imputation hearing had to be held twice, inconsistencies in the integration of the folder. On both occasions the young murderer was released without paying any financial guarantee to repair the damage caused.

To recover diligence, inconsistencies to be brought to the EGF persisted and again accused the street.

It was expected that this third attempt finally stepped jail, but again failed the Office and other is on the street, but now I had to post a bond, the amount of which was not reported.

Reliance will have until October 9 to close the investigations.

On August 15, Torres Alvarado ran over and killed a woman who was crossing the crosswalk in front of the Delegation of the Red Cross East.

The man, who was accompanied by another young drunk just reacted when employees of a gas station and a supermarket shouted that he had run over the woman, identified as Olivia Castillo Ruz, 52 years old, who suffered serious injuries merited transfer to a hospital, where he died shortly after.

Jonathan King stopped, but not to help the victim, but to take strong step reversed and then the accelerator to take flight. However, he was arrested on the same avenue Quetzalcoatl, a few meters before reaching the Loop.

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Ordenan pagar a la Comuna de Mérida más de $203 millones

Noticias de Yucatán

El mismo día del 3er. informe del alcalde

El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán (Tjfay) determinó ayer que “fue un acto ilegal” la cancelación anticipada por el actual Ayuntamiento de Mérida del contrato de arrendamiento de más de 80,000 luminarias con la empresa AB&C Leasing, y ordenó a la Comuna pagar por los menos $203 millones, por concepto de rentas vencidas y no pagadas.

El Tjfay emitió ese sentencia, quince días antes de que termine la gestión de Renán Barrera Concha, el principal impulsor la cancelación de ese contrato.

Firmaron la sentencia el presidente del Tribunal, Miguel Diego Barbosa Lara, y los otros dos magistrados, María Guadalupe González Góngora y José Jesús Mateo Salazar Azcorra, quienes argumentaron, según un boletín, que la decisión de la Comuna fue ilegal “porque varios de los funcionarios que cancelaron el contratos no tenían competencia expresa para ello”.

También, porque, dicen, se violaron derechos constitucionales al no concederse a la empresa audiencia previa y porque, además, se “demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización”.

Como hemos informado, la administración de Barrera Concha canceló anticipadamente el contrato de arrendamiento de miles de lámparas de inducción magnética con AB&C Leasing, en abril de 2013, porque esa empresa adoptó una estrategia de cobro ilegal y lesiva para el patrimonio de la ciudad, aparte de que los equipos arrendados eran ilegales y de mala calidad.

El contrato con AB&C Leasing lo firmó la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara en marzo de 2011 por un monto de $468.8 millones, pagaderos a 60 meses, a razón de $7.8 millones mensuales.

El boletín precisa que la sentencia del Tribunal “no obliga al Ayuntamiento a volver a instalar las lámparas de AB&C Leasing; el asunto trata del indebido acuerdo de terminación anticipada del contrato, que generó el consecuente adeudo de rentas vencidas y no pagadas, que a la fecha ascienden a 203 millones de pesos”.

Francisco Moya Gómez, apoderado legal de esa compañía, explicó, en rueda de prensa, que esa suma, actualizada hasta julio, llega a más de $220 millones y se irá incrementado hasta el fin de la vigencia del contrato, en marzo de 2016.

El dinero, dijo, lo recibiría banco Santander, su socio financiero, con quien firmó un contrato de factoraje.

La sentencia del Tjfay se dio a conocer ayer, poco antes del fin del gobierno de Barrera Concha y el mismo día de su último informe de labores, “por una coincidencia”, afirma Moya Gómez.

AB&C Leasing, explica, interpuso una demanda de amparo en el Juzgado V de Distrito, contra el atraso en la emisión de la sentencia de ese Tribunal. El juzgado le fijó a éste el 13 de agosto como fecha límite para publicar la sentencia del caso.

Según el directivo, esa sentencia reconoce también el derecho de AB&C Leasing a ejercer la “acción de indeminización por los daños patrimoniales” que le ocasionó la decisión del Ayuntamiento de cancelar el contrato de arrendamiento y que obligó a la empresa, indica, a “incurrir en múltiples gastos para poder llevar a cabo su legítima defensa, tanto en términos jurídicos como mediáticos”.

Por otro lado, ha llamado la atención el tono usado en el boletín de prensa del Tribunal, pocas veces visto en las instancias judiciales, ya que incluye juicios de valor respecto a la estrategia jurídica del la comuna meridana y califica a sus funcionarios de soberbios.

Sentencia Lecciones, críticas y recomendaciones

Extractos del inusual boletín del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Escándalo

En una parte del documento dice que los magistrados del Tribunal “confiamos en que las autoridades electas de Mérida denoten un mayor conocimiento de la Ley y de los caminos institucionales procedentes, que les permita un actuar por la vía jurisdiccional; apostamos que hagan uso de herramientas legales, que son civilizadas, racionales y correctas, no bajo el escudo del escándalo”.

Soberbia

El boletín añade que ”la figura pública de las próximas autoridades del municipio de Mérida hasta hoy han estado lejos del arrebato y la soberbia”.

Presiones

También advierte a los ciudadanos que diferencien la información que es objetiva “de aquella diseñada para presionar a las instituciones”.

Impugnará el Ayuntamiento

Recurso ante un tribunal federal por las luminarias

Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento de Mérida, informó ayer que impugnarán la resolución emitida contra el gobierno municipal respecto al caso de las lámparas chinas que la empresa ABC&Leasing instaló en la ciudad.

El funcionario municipal agregó que tienen 15 días para recurrir al Tribunal Colegiado de Circuito, de modo que en ese lapso analizarán ese documento para presentar la apelación respectiva.

También puntualizó que a pesar de que sólo quedan dos semanas a la actual administración municipal, no dejarán la Comuna sin antes interponer ese recurso.

Respecto al sentido de esa resolución, el entrevistado manifestó que ya lo esperaban debido al largo tiempo que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial de Yucatán tomó para emitir ese fallo. Ruz dijo que llama la atención que esa decisión se diera a conocer ayer, precisamente en el día en que el presidente municipal Renán Barrera Concha presentó su tercer y último informe de gobierno. En ese mensaje el concejal hizo referencia del caso de ABC&Leasing y del Consejo Ciudadano que apoyó la decisión del Ayuntamiento de proceder como lo hizo.

“El tribunal volvió a mostrar que en este caso se guía por intereses particulares y no por aquello que conviene a los meridanos”, expresó.

Apuntó también que en esa resolución se da el hecho inédito de que ese tribunal justifica su sentencia. “Nunca se había visto tal cosa. Esto nos recuerda el refrán que dice: Justificación no pedida, acusación manifiesta”.

El secretario de la Comuna consideró que, de entrada, esa resolución es incongruente y, por tanto, impugnable. “Hay elementos para revertirla, no es firme ese fallo”. Finalmente el funcionario envió un mensaje a los ciudadanos: “Las lámparas chinas no regresarán a las calles de Mérida”.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Mérida ratificó que acudirá ante las instancias correspondientes, en este caso tribunales federales, “para continuar defendiendo la seguridad de los habitantes del municipio, quienes están por encima de cualquier interés particular y/o político”.

“Para el municipio es inconcebible que el Tribunal continúe demostrando ir en contra de los intereses colectivos para favorecer a unos cuantos particulares.

Una vez más, se confirma que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, antepone intereses particulares y razones políticas a los intereses de los habitantes de Mérida a quienes condenaría a vivir nuevamente en penumbras y en riesgo de contraer enfermedades como el cáncer que podría generar la exposición de luminosidad de este tipo de lámparas arrendadas por ABC&Leasing”, termina el boletín.

Cancelación del contrato con ABC Leasing, ilegal: Tribunal

Texto del comunicado emitido por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán en relación con la sentencia emita en el caso de las cancelación anticipada del contrato del servicio de luminarias entre el Ayuntamiento de Mérida y la empresa ABC Leasing:

TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 

COMUNICADO

ABC LEASING versus AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, atendemos cientos de demandas al año contra actos de más de 170 instituciones públicas estatales y municipales de diverso perfil.

Es del conocimiento público que autoridades del Ayuntamiento de Mérida rescindieron anticipadamente (antes de que terminara el tiempo acordado) el contrato de arrendamiento de luminarias con ABC Leasing, por lo cual, dicha empresa acudió ante este órgano jurisdiccional a que se revisara si dicho acto fue apegado a Derecho, en esta ocasión se concluyó que la cancelación del contrato fue un acto ilegal, principalmente por las siguientes razones:

• FALTA DE COMPETENCIA.- Porque varios de los funcionarios que cancelaron no tenían competencia expresa para ello (sin que una norma se los permitiese o indicase);
• VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.- Se violaron derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 14 y 16, al no concederse a la empresa audiencia previa (derecho a ser escuchado, a alegar y aportar pruebas antes de ser privado de un derecho), y
• PERITAJE DEFICIENTE DEL AYUNTAMIENTO.- Se demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización.

Todo acto o negativa de una autoridad debe de estar apegado a Derecho para evitar la arbitrariedad, atropellos y abusos de poder, ya se trate de una licencia de funcionamiento, una clausura o una multa.

En muestra de la transparencia de este Tribunal, y por considerarse de alta trascendencia, una vez que se cumpla el término para combatirla, se pondrá a disposición de la ciudadanía la versión pública de la resolución del caso entre ABC Leasing y el Ayuntamiento de Mérida, no obstante que las partes ya cuentan con un ejemplar de la misma.

De conformidad con lo dispuesto por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, nuestra Sentencia ha sido emitida en tiempo y forma, estudiándose para ello alrededor de 90 mil fojas que conforman más de 30 cajas de archivo.

Cabe mencionar, que este caso ha sido revisado en sus diversas etapas por otros órganos jurisdiccionales de naturaleza federal, lo que brinda aún más certeza.

Nuestra Sentencia no obliga al Ayuntamiento de Mérida a volver a instalar las lámparas de ABC Leasing; el asunto trata del indebido acuerdo de terminación anticipada del contrato, que generó el consecuente adeudo de rentas vencidas y no pagadas, que a la fecha ascienden a 203 millones de pesos.

La cantidad de recursos de la sentencia es relevante, ya que el Ayuntamiento opera altas sumas de dinero, siendo su presupuesto del ejercicio 2015 de más de 2 mil millones de pesos, incluso tuvo un remanente o sobrantes no utilizados por subejercicio del presupuesto del año 2014 de alrededor de 280 millones de pesos; la normatividad permite a cualquier autoridad realizar previsiones presupuestales en el capítulo relacionado al cumplimiento de sentencias y resoluciones, como la que hoy nos ocupa.

Este es un tema más de los muchos que son competencia de este Tribunal, y es claro precedente de que toda autoridad debe actuar siempre con apego a Derecho, sin conflicto de intereses y con certeza jurídica para el gobernado.

El objetivo de este Tribunal es que las autoridades cumplan con la Ley, si el acto de una autoridad es ilegal, nuestra obligación es anularlo.

Confiamos en que las autoridades electas de Mérida denoten un mayor conocimiento de la Ley y de los caminos institucionales procedentes, que les permita un actuar por la vía jurisdiccional; apostamos que hagan uso de herramientas legales, que son civilizadas, racionales y correctas, no bajo el escudo del escándalo. La figura pública de las próximas autoridades del municipio de Mérida hasta hoy, han estado lejos del arrebato y la soberbia.

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, seremos siempre respetuosos de la opinión pública. Salvaguardaremos hasta la última instancia la independencia judicial. Nos mantendremos en una posición de respeto y tolerancia, pero hacemos un respetuoso llamado a la ciudadanía a que reciban las noticias, comentarios y opiniones con una postura de cautela y reflexión abierta a la crítica, que les permita detectar y diferenciar la información que es objetiva y veraz, de aquella diseñada para presionar a las instituciones a la consecución de fines específicos.

Invitamos a la ciudadanía a que si están inconformes con un acto de autoridad de la administración pública estatal o de los ayuntamientos del Estado de Yucatán, nos permitan revisar su caso. Será un honor poder atenderlos y cuidar que los derechos de los particulares sean respetados.

Atentamente:

Lic. Miguel Diego Barbosa Lara, Magistrado Presidente.

Lic. Ma. Guadalupe González Góngora, Magistrada.

Lic. José Jesús Mateo Salazar Azcorra, Magistrado.

TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
—-FICHA TÉCNICA—-
ABC LEASING versus AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
ACTOR: ABC LEASING DE MÉXICO, S.A. DE C.V

AUTORIDAD DEMANDADA: AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA Y DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL MISMO

EXP. 119/2013, constante de casi 90 mil hojas que conforman más de 30 cajas de archivo (En promedio se revisaron 280 hojas por día hábil con independencia de la demás carga procesal del Tribunal)
La parte actora ABC LEASING ofreció 28 pruebas. La parte demandada Ayuntamiento de Mérida ofreció 17 pruebas. La sentencia consta de 132 páginas útiles.
ACTO RECLAMADO: Terminación anticipada por funcionarios del Ayuntamiento de Mérida del contrato de arrendamiento de luminarias con ABC Leasing.
SE RESOLVIÓ: Que la cancelación del contrato fue un acto ilegal, principalmente por las siguientes razones:
• FALTA DE COMPETENCIA.- Porque varios de los funcionarios que cancelaron no tenían competencia expresa para ello (sin que una norma se los permitiese o indicase);
• VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.- Se violaron derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 14 y 16, al no concederse a la empresa audiencia previa (derecho a ser escuchado, a alegar y aportar pruebas antes de ser privado de un derecho), y
• PERITAJE DEFICIENTE DEL AYUNTAMIENTO.- Se demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización.

La Sentencia se ha emitido dentro de los tiempos dispuestos por el Juez Quinto de Distrito en el Estado. Este caso ha sido revisado en sus diversas etapas por otros órganos jurisdiccionales, lo que brinda aún más certeza. La Sentencia no obliga al Ayuntamiento de Mérida a recolocar las lámparas de ABC Leasing.

El fondo del asunto trata del adeudo de rentas vencidas y no pagadas, y de la cancelación contractual.

(Boletín de prensa)

Commune ordered to pay Merida more than $ 203 million 

News Yucatan

The 3rd day. Mayor report

The Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan (Tjfay) determined yesterday that "it was an illegal act" anticipated by the current City Hall cancellation of Mérida of the lease of more than 80,000 luminaires with the company AB & C Leasing, and the Commune ordered to pay at least $ 203 million, in respect of overdue and unpaid rents.

The Tjfay issued this statement a fortnight before the end of the management of Renan Barrera Concha, the main driver cancellation of that contract.

Signed the judgment, the presiding judge, Miguel Barbosa Diego Lara, and the two other judges, Maria Guadalupe Gonzalez and Jose Gongora Azcorra Jesus Mateo Salazar, who argued, according to a bulletin that the decision of the Commune was illegal "because several of the officials canceled the contracts had no jurisdiction to express it. "

Also, because, they say, constitutional rights were violated by not giving the company prior hearing and also because it "showed that the expert's Hall was performed with an outdated and no effect upon its realization methodology."

As we have reported, the administration of Barrera Concha advance canceled the lease of thousands of lamps magnetic induction with AB & C Leasing in April 2013 because the company adopted a strategy of illegal and harmful collection for the heritage of the city, apart that the leased equipment were illegal and shoddy.

The contract with AB & C Leasing signed former Mayor Angelica Araujo Lara in March 2011 for an amount of $ 468.8 million, payable 60 months, at $ 7.8 million monthly.

The bulletin requires the Court "does not require the council to reinstall lamps AB & C Leasing; the issue is the misuse agreement early termination of the contract, which led to the consequent debt overdue and unpaid rents, which to date amounted to 203 million pesos. "

Francisco Moya Gomez, legal representative of the company explained in a press conference that this amount, updated until July, reaching more than $ 220 million and will increase until the end of the contract in March 2016.

The money, he said, would receive bank Santander, its financial partner, with whom he signed a factoring.

The judgment of Tjfay was unveiled yesterday, shortly before the end of Barrera Concha government and on the day of its latest work, "by coincidence" says Moya Gomez.

AB & C Leasing, explains, filed a petition for relief in the V District Court against the delay in the issuance of the judgment of the Court. The court will set this the August 13 deadline to publish the judgment of the case.

According to the director, the statement also recognizes the right of AB & C Leasing to exercise the "action for indemnification for patrimonial damages" that caused the City Council decision to cancel the lease and forced the company, he says, to "engage in many expenses to carry out their legitimate defense, both in legal terms as media ".

On the other hand, it has drawn attention to the tone used in the press release of the Court, rarely seen in the courts, as it includes value judgments concerning the legal strategy of the commune meridana and qualifies its staff proud. - CAMERA HERNAN CASARES

Lessons judgment, reviews and recommendations

Excerpts from the Bulletin unusual Court of Fiscal and Administrative Justice.

Scandal

In one part of the document it says that the judges of the Court "are confident that the elected officials of Merida denote a greater knowledge of the law and the institutional ways from, allowing them to act through the courts; we are committed to make use of legal tools that are civilized, rational and correct and not under the aegis of the scandal. "

Pride

The bulletin added that "public figure of the upcoming municipal authorities of Merida so far have been away from the rush and pride".

Pressures

Also warns people to differentiate information that is objective "designed to pressure those institutions."

It will challenge the City

Recourse to a federal court for luminaires

Alejandro Castro Ruz, secretary of the City of Merida, said yesterday that they would challenge the decision issued against the municipal government regarding the case of Chinese lamps & Leasing Company ABC settled in the city.

The municipal official said that they have 15 days to appeal to Circuit Court, so that at that time analyze the document to file the respective appeal.

He also pointed out that although there are only two weeks to the current municipal administration will not let the Commune without such a procedure.

To the direction of that resolution, the respondent stated that they expected and because of the long time that the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of Yucatan took to make that decision. Ruz said striking that that decision was unveiled yesterday at precisely the day the mayor Renan Barrera Concha submitted its third and final report of government. In that message the council referred the case of ABC & Leasing and Citizen Council endorsed the decision of the City to proceed as it did.

"The court again will show that in this case is guided by vested interests and not what suits the meridians" he said.

He also noted that given the unprecedented fact that the court justified its decision in that resolution. "I never had seen anything. This reminds us of the saying: Justification not requested, indictment states ".

Secretary of the Commune considered that, first, this resolution is inconsistent and therefore challengeable. "There are elements to reverse it, that ruling is not final." Finally the officer sent a message to the citizens: "Chinese lamps not return to the streets of Merida".

In a statement, the City of Merida confirmed that attend to the appropriate authorities, in this case federal courts, "to continue to defend the security of the local inhabitants, who are above any particular interest and / or political".

"For the municipality it is inconceivable that the Court continues to demonstrate go against the collective interests to favor a few individuals.

Again, it is confirmed that the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State, puts special interests and political reasons to the interests of the inhabitants of Mérida to condemn to live again in darkness and at risk for diseases like cancer that could generate exposure light of such leased by ABC & Leasing "lamps, end the newsletter.

Cancellation of the contract with ABC Leasing, illegal: Court

Text of statement issued by the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan in relation to the judgment delivered in the case of early termination of the service contract between the city lights of Merida and ABC Leasing Company :

COURT OF FISCAL AND ADMINISTRATIVE JUDICIARY STATE OF YUCATAN 

RELEASE

ABC LEASING versus City of Merida

Judges of the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan, we serve hundreds of lawsuits per year against acts of more than 170 state and municipal institutions of different profile.

It is public knowledge that authorities of the City of Merida terminated early (before the end of the time allowed) lease of luminaires with ABC Leasing, therefore, the company went before that court to be reviewed if the act was attached to law, this time it was concluded that the cancellation of the contract was an illegal act, mainly for the following reasons:

• LACK OF Competence.- Because several of the officials had canceled no express power to do so (without a rule or indicate the allowed);
• VIOLATION OF RIGHTS CONSTITUCIONALES.- constitutional rights were violated under Articles 1, 14 and 16, to be granted to the company prior hearing (right to be heard, to argue and present evidence before being deprived of a right), and
• POOR'S EXPERTISE AYUNTAMIENTO.- was shown that the expert's report was conducted Hall an obsolete and no effect upon its completion methodology.

Any act or refusal of an authority must be attached to law to prevent arbitrariness and abuses of power, whether of an operating license, a closure or a fine.

In sign of transparency of this Tribunal, and considered high importance, once the term for compliance combat, will be made available to the public the public version of the resolution of the case between ABC Leasing and the city of Merida, however the parties already have a copy of it.

In accordance with the provisions of the Fifth District Judge in the State, our judgment has been issued in a timely manner, studying for it around 90 000 folios that make up more than 30 file boxes.

It is worth mentioning that this case has been reviewed at various stages by other federal courts of nature, providing more certainty.

Our judgment does not oblige the City of Merida reinstalling ABC Leasing lamps; the issue is the misuse agreement early termination of the contract, which led to the consequent debt overdue and unpaid rents, which to date amounted to 203 million pesos.

The amount of resources of the judgment is relevant, and that the City operates large sums of money, and its budget for the year 2015 of more than 2 billion pesos, even had a surplus or surplus not used by underspending of the 2014 budget around 280 million pesos; The regulation allows any authority make budgetary provisions in the chapter related to compliance with judgments and decisions, as before us.

This is an issue over many within the jurisdiction of this Tribunal, and it is clear precedent that all authority should always acting according to law, no conflict of interests and legal certainty to the governed.

The objective of this Court is that the authorities comply with the Act if the act of an authority is illegal, our obligation is to annul it.

We hope that the elected officials of Merida denote a greater knowledge of the law and the institutional ways from, allowing them to act through the courts; we are committed to make use of legal tools that are civilized, rational and correct and not under the aegis of the scandal. The public figure upcoming municipal authorities of Merida until now, have been far from the rush and pride.

Judges of the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan, will always be respectful of the public. Until ultimately will safeguard judicial independence. We will remain in a position of respect and tolerance, but we respectfully call on citizens to receive news, reviews and comments with a cautious stance and reflection open to criticism, enabling them to identify and differentiate the information that is objective and true, from that designed to pressure institutions to achieve specific purposes.

We invite the public to if they are dissatisfied with an act of state authority or public administration of the municipalities of the State of Yucatan, allow us to review your case. It will be an honor to serve them and take care that the rights of individuals are respected.

Sincerely:

Lic. Miguel Diego Lara Barbosa, Presiding Judge.

Lic. Ma. Guadalupe Gonzalez Gongora, Judge.

Lic. José Jesús Mateo Salazar Azcorra, Judge.

FISCAL COURT AND ADMINISTRATIVE
JUDICIARY STATE OF YUCATAN
--FICHA TÉCNICA--
ABC LEASING versus City of Merida
ACTOR: ABC LEASING DE MEXICO, SA DE CV

Defendant authority: CITY OF MERIDA AND VARIOUS OFFICERS OF THE SAME

EXP. 119/2013, constant almost 90 thousand pages that make up more than 30 file boxes (280 sheets on average were reviewed by working day irrespective of the other caseload of the Court)
The plaintiff ABC LEASING offered 28 tests. The defendant City of Merida offered 17 tests. The sentence consists of 132 pages useful.
act in question. Early termination by officials of the City of Merida lease of luminaires with ABC Leasing
RESOLVED: That the cancellation of the contract was an illegal act, mainly for the following reasons:
• FAILURE OF Competence.- Because several of the officials who had expressed canceled no jurisdiction to do so (without a rule or indicate the allowed);
• VIOLATION OF RIGHTS CONSTITUCIONALES.- constitutional rights were violated under Articles 1, 14 and 16, to be granted to the company prior hearing (right to be heard, to argue and present evidence before being deprived of a right), and
• POOR'S EXPERTISE AYUNTAMIENTO.- was shown that the expert's City Council held a methodology obsolete and no effect upon its completion.

The judgment has been issued within the time set forth by the Fifth District Judge in the State. This case has been reviewed at various stages in other jurisdictions, providing even more certainty. The judgment does not oblige the City of Merida to relocate lamps ABC Leasing.

The merits of the debt is overdue and unpaid rents, and contractual cancellation.

(Press release)

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Se niega acceso a la justicia a la periodista Carmen Aristegui

Noticias de Yucatán

Tribunal Colegiado echa por tierra posibilidad de defender judicialmente la libertad de expresión en México

*Comunicado íntegro:

• En sesión pública de esta mañana el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa, a petición de MVS Radio, resolvió revocar la admisión de la demanda de amparo planteada por Carmen Aristegui. Con esta resolución se pone fin a la batalla judicial que en defensa de la libertad de expresión inició la periodista en marzo pasado.

• Con ello se ha eludido el análisis de los Lineamientos Editoriales que como censura previa se impusieron a todo un equipo de periodistas, analistas, colaboradores y comentaristas como condición indispensable para su permanencia en la Primera Emisión de Noticias MVS. Más de veinticinco profesionales de la comunicación perdieron un espacio para el ejercicio de sus derechos fundamentales de expresión y de información, por la decisión unilateral de quien explota un bien del dominio público de la Nación.

• Ha sorprendido la noticia. Con semejante proceder el Tribunal Colegiado contradice la jurisprudencia definida de la Suprema Corte, que establece que el análisis sobre la naturaleza jurídica de la autoridad responsable debe hacerse, no en el auto admisorio, sino en la sentencia de fondo que resuelva el juicio de amparo.

• Se esperaba que en la resolución de este día se actuara a la altura del nuevo paradigma de los derechos humanos y de la necesidad de establecer un status judicial a la defensa de la libertad de expresión.

• Quedan sin resolver cuestiones fundamentales que ya no podrán ser estudiadas por ninguna autoridad, tales como la independencia periodística, la libertad de información y el respeto a la diversidad de opiniones.

• Las consideraciones esgrimidas por los tres magistrados nulifican el contenido del artículo quinto de la Ley de Amparo, recién expedida en 2013, precisamente para permitir que por esta vía puedan reclamarse actos de particulares. Se sienta un precedente nefasto.

• El Juez Octavo de Distrito, Fernando Silva García, que en su momento admitió la demanda a trámite, sostuvo que “en el presente asunto se advierten datos objetivos que generan convicción preliminar sobre la procedencia de la demanda de amparo, toda vez que, si bien los actos reclamados son actos de particulares, lo cierto es que se dan en un contexto de derecho público”, y que el fondo del asunto supone “un acto unilateral de terminación del contrato de la quejosa respecto a un tema de relevancia pública por tratarse de actos de periodismo crítico y difusión de información”, temas que, según el propio juez de Distrito, “deben ser abordados en la sentencia respectiva cuando se cuente con todos los elementos para resolver”.

• Queda por saber en qué sentido habrán de resolverse los juicios de amparo promovidos por diferentes personas de la audiencia, por colaboradores del programa y por distintas organizaciones promotoras de derechos humanos y libertad de expresión.

ENGLISH VERSION

Access to justice is denied to journalist Carmen Aristegui (English and Spanish) 

News Yucatan

Appellate Court overturns possibility of legal defense of freedom of expression in Mexico

* Full Release:

• In public session this morning the Fifth Appellate Court on Administrative matters at the request of MVS Radio, decided to revoke the admission of the request for defense raised by Carmen Aristegui.  With this resolution puts an end to the legal battle in defense of freedom expression journalist began last March .

• This has eluded analysis Editorial Guidelines that were imposed prior censorship as a whole team of journalists, analysts, employees and commentators as essential to remain in the First Issue of News MVS condition.  Over twenty communication professionals they lost a space for the exercise of their fundamental rights of expression and information by the unilateral decision of who operates a well in the public domain of the Nation .

• He was surprised by the news. With such behavior contradicts the Appellate Court defined the jurisprudence of the Supreme Court, which provides for the analysis of the legal nature of the responsible authority must be done, not the admisorio car, but in the judgment on the merits to resolve the injunction.

• It was hoped that the resolution of this day is to act up to the new paradigm of human rights and the need to establish a legal status to the defense of freedom of expression .

• Unresolved key issues that can no longer be considered by any authority, such as journalistic independence, freedom of information and respect for the diversity of opinions.

• The considerations put forward by the three judges nullify the content of the fifth article of the Law of Amparo, newly issued in 2013, precisely to allow this way may be claimed acts of individuals. He sits an ominous precedent.

• The Eighth District Judge Fernando Silva Garcia, who once declared the application admissible, said that " in this case objective data to generate preliminary conviction on the merits of the claim for protection are noted, since,  although claimed acts are acts of individuals, the truth is given in the context of public law " , and that the substance is " a unilateral act of termination of the complainant regarding a  topic of public relevance because it acts of critical journalism and information dissemination "issues, according to District Judge himself," must be addressed in the respective judgment when it has all the elements to solve ".

• It remains to determine which way will be resolved amparo promoted by different people in the audience, program partners and other organizations promoting human rights and freedom of expression.

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Llegó muy tarde la "justicia"

Noticias de Yucatán

Miércoles, 5 de agosto de 2015 - Edición impresa 

La orden de aprehensión contra Miguel Ángel Ricalde García se concretó fuera del tiempo que fija la ley y, por eso, el acusado fue liberado.

El Juzgado 7o. Penal ordenó la detención por robo calificado que denunció Eduardo Martínez Vera, quien dijo que descubrió cómo le hurtaban material que compraba para recliclar.

El centro de acopio lo tiene en la confluencia de las calles 6 y 41 de San Marcos Nocó. En ese lugar laboran varios empleados, entre los que está el acusado, quien supervisaba el trabajo de otros obreros.

Pero no revisaba a uno que fue descubierto sacando varios kilos de cobre. Luego, el quejoso sea percató de que otros materiales habían desaparecido. Se promovió la denuncia, se expidió la orden de detención, pero se concretó más de un año después de lo que fija la ley.

La Fiscalía General hizo la detención de manera fortuita, al revisar sus archivos encontró la orden de detención y avisó al juzgado.

En ese tribunal se ordenó la liberación, por lo que el delito quedó impune.

Contra otro acusado la orden no se expidió por falta de pruebas. Los hechos fueron en marzo de 2012.

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Agresiones aún impunes

Noticias de Yucatán

Recuerdan casos de un senador y de un fedatario

Martes, 4 de agosto de 2015 

Las agresiones y abusos policiacos con motivos políticos que sufrieron el notario público Anastasio Manzanilla Torres y el senador panista Daniel Ávila Ruiz siguen hasta el momento en la impunidad, pues ninguno de los responsables ha recibido el castigo correspondiente.

El abogado Manzanilla Torres, quien fue detenido con lujo de violencia y encarcelado semidesnudo por policías municipales de Kaua el 2 de mayo de 2014 cuando cumplía su labor, informó que el Ayuntamiento priista de ese municipio sólo recibió una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y desconoce si la cumplió.

Entrevistado en las oficinas del PAN estatal, donde dio fe de los compromisos del candidato al comité directivo de ese partido, Alfredo Rodríguez y Pacheco, de lo que informamos en nota aparte, el abogado Manzanilla Torres dijo que la Codhey sólo le giró la recomendación al presidente municipal, pero desafortunadamente esa dependencia no tiene mecanismos punitivos.

“Quedaron demostrados los abusos de autoridad y no pasó nada”, señaló. “No estoy satisfecho con el final del caso. Si el alcalde no tuviese nada que ver con estos abusos hubiese castigado o consignado a los policías agresores, pero quedó demostrado que el presidente municipal sí tuvo responsabilidad porque permitió la impunidad entre sus agentes”.

Sobre su agresión y detención el 7 de junio en Tekom con motivo de las elecciones, el senador Daniel Ávila informó que hasta el momento nadie ha sido castigado. Sin embargo, su denuncia ante la Fepade y PGR continúa su curso y ambas dependencias federales ya realizaron las diligencias, recabaron testimonios y peritajes y espera que pronto castiguen a los responsables materiales y al intelectual.

Dijo que la procuradora general de la República Arely Gómez “está pendiente” del caso.

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