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(Proceso).- A lo largo de la semana pasada, la élite del sector empresarial se movilizó contra la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y defendió con toda su fuerza el megaproyecto, cuyo costo se disparó en 69% durante su primera fase, para alcanzar 285 mil millones de pesos.
A través de sus órganos cupulares –el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)–, el sector denunció la “simulación” del proceso de consulta ciudadana, deploró el desperdicio de 120 mil millones de pesos, auguró un desplome de la confianza de los “mercados” internacionales y lamentó la suerte de los trabajadores.
Sin embargo, el mismo sector empresarial no adoptó la misma actitud cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto canceló megaproyectos ya pactados, y tampoco se indignó de manera tan marcada ante el constante derroche de recursos públicos que sirvió para pagar a las empresas contratistas los sobrecostos que cobraron en las obras de infraestructura.
Mantuvo silencio, por ejemplo, cuando Peña Nieto canceló el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro por motivos políticos, a pesar de que generó tensiones diplomáticas con el gobierno de China –que amagó con demandar a México por 600 millones de dólares– y puso en riesgo las inversiones del gigante asiático en el país.
El 3 de noviembre de 2014, el gobierno de Peña Nieto adjudicó la obra del megaproyecto –por un monto de 50 mil 820 millones de pesos– a un consorcio encabezado por la China Railway Construction Corporation (CRCC), en el que participaban las empresas de algunos de los contratistas más favorecidos por contratos de obra pública durante este sexenio: GIA+A, de Hipólito Gerard Rivero –cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari–, Prodemex –de Olegario Vázquez Raña– y Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Apenas cuatro días después de anunciar al consorcio ganador, el gobierno federal informó de manera abrupta la revocación del fallo. Dos días más tarde, el 9 de noviembre, se difundió el reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, elaborado por el equipo de investigación de Aristegui Noticias y publicado de manera conjunta por ese portal electrónico y este semanario (Proceso 1984).
El trabajo reveló que Hinojosa Cantú construyó y financió la casa de la pareja presidencial en el exclusivo barrio de Las Lomas, y marcó el sexenio con el sello de la corrupción.
El gobierno chino reaccionó de inmediato a la cancelación: la empresa paraestatal se declaró “extremadamente sorprendida” ante el anuncio, y el 11 de noviembre, momentos después de reunirse con Peña Nieto en Pekín, el primer ministro Li Keqiang lamentó la cancelación del proyecto y pidió al gobierno mexicano un trato “justo” a las empresas chinas que inviertan en el país.
En octubre de 2015, el gobierno chino avisó al de México sobre su intención de iniciar un arbitraje internacional y pidió 600 millones de dólares de reparaciones porque, en su opinión, las autoridades mexicanas “no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal” y su actuación constituyó “una expropiación a sus inversiones”, como lo señala un documento revelado por el periodista Sebastián Barragán en Aristegui Noticias.
El escándalo de la Casa Blanca provocó, de rebote, la cancelación de otro proyecto, en septiembre de 2016: la construcción del Acueducto Monterrey IV, adjudicada en septiembre de 2014 por el sistema de aguas municipal a filiales de ICA y Grupo Higa –de Hinojosa Cantú– con un costo estimado en 18 mil 300 millones de pesos.
Y no solo esto: en marzo de 2014, el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, anunció que la paraestatal no terminaría la refinería Bicentenario de Tula, un megaproyecto lanzado por el gobierno de Felipe Calderón en marzo de 2008 para producir 250 mil barriles de gasolina al día y generar 32 mil empleos directos.
El gobierno de Hidalgo, entonces encabezado por el priista Miguel Ángel Osorio Chong, se endeudó por mil 500 millones de pesos para comprar el terreno de 700 hectáreas, que regaló a Pemex Refinación, y durante los seis años siguientes el gobierno federal invirtió más de 3 mil 435 millones de pesos en contratos de licitación.
Con el abandono del proyecto, que no era “rentable”, según Lozoya, quedó sólo una barda, por la que los mexicanos pagaron mil 338 millones de pesos.
Derroches sistemáticos
El sector empresarial tampoco se indignó de manera tan marcada ante los constantes sobrecostos –cobrados del erario–, los retrasos, la mala calidad y, a menudo, las prácticas de corrupción que mancharon los megaproyectos en el sexenio de Peña Nieto.
El primer megaproyecto registrado en la base de datos del gobierno federal trata de la construcción y operación del tramo Jantetelco–El Higuerón de la Autopista del Sol, adjudicada a Pinfra y la española Aldesa por mil 900 millones de pesos; fue la “primera nueva concesión otorgada durante la actual administración”, dijo Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al inaugurar el arranque de la obra el 4 de marzo de 2014.
Cuatro años y medio después, la carretera no está terminada –debió entrar en operación a mediados del año pasado– y su precio final rondará, según las estimaciones, los 3 mil millones de pesos.
La segunda obra de la base de datos trata de la construcción y concesión por 30 años de la carretera de 74 kilómetros que unirá los municipios mexiquenses de Atizapán y Atlacomulco, trabajos adjudicados a la española OHL en marzo de 2014 y que llevan más de dos años y medio de retraso.
Debió terminar en mayo de 2016, pero la SCT anunció a finales del año pasado que no entrará en operación hasta 2019, con un sobrecosto de por lo menos 62%: OHL ganó el contrato por 5 mil 860 millones, pero la SCT anticipó que al final costará 9 mil 500 millones de pesos.
Lo mismo ocurrió con los contratos para la construcción de las autopistas Cardel-Poza Rica, en Veracruz y Tuxpan-Tampico, concesionadas a la portuguesa Mota-Engil y Grupo Prodi en la segunda mitad de 2014 por un monto total de 13 mil 824 millones de pesos, y que no se concluyeron por completo.
Otro caso fue el de la carretera Toluca-Naucalpan, que el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México concesionó a Hinojosa Cantú en 2007. La obra, que debía concluirse en 2009, sigue inconclusa; por si fuera poco, la empresa obtuvo de Banobras un crédito de 2 mil 775 millones de pesos para construir la carretera y recibió del gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo Maza una extensión de la concesión por 60 años.
Y así: en materia de carreteras, los retrasos y precios inflados fueron una constante a lo largo del sexenio: por lo menos 11 megaproyectos carreteros sufrieron estos fenómenos, según reportó la revista especializada Expansión en abril de 2017.
El Tren México-Toluca, una de las megaobras más destacadas a lo largo del sexenio de Peña Nieto, debía entrar en operaciones a finales de 2017 pero todavía no se concluye, por la falta de planeación y la corrupción. A medida que pasó el tiempo el precio del proyecto se disparó: de 38 mil millones de pesos subió a 59 mil 217 millones, 77% más.
Las empresas que obtuvieron los contratos más importantes del megaproyecto fueron OHL, La Peninsular –de Carlos Hank Rhon–, Omega Construcciones Industriales –de Jorge Miguel Melgarejo Haddad– e ICA, presidida por Bernardo Quintana Isaac; todas consentidas durante el sexenio que termina.
Otro caso es el tramo de la Autopista del Sol conocido como Paso Exprés, en el que se abrió un socavón en julio de 2017 y donde fallecieron un padre y su hijo tres meses después que lo inaugurara Peña Nieto.
La obra fue entregada con un sobrecosto de mil 160 millones –un incremento de 73%– y la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró 22 irregularidades que implican actos de corrupción en la realización de la obra, pero hasta la fecha ningún funcionario ha sido sancionado.
El Canal Centenario, la “obra del siglo” de Nayarit, que por más de 7 mil 574 millones de pesos promete regar 43 mil hectáreas de tierras agrícolas, debió terminarse a finales del año pasado, pero hasta el 31 de diciembre tenía un avance de apenas 14.6%.
En un informe publicado el miércoles pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, en esta obra, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) generó probables daños al erario federal por 90 millones 613 mil pesos. El documento se sumó a una serie de observaciones que el órgano fiscalizador emitió en años anteriores, las cuales señalaban deficiencias en los procesos de licitación, entre otras (Proceso 2117).
En el sector energético, el gobierno federal perdió cerca de 2 mil millones de pesos y dejó sin etano a sus plantas procesadoras de etileno por vender con pérdidas el gas al complejo Etileno XXI, operado por el consorcio Braskem-Idesa, y ello tan sólo durante sus primeros 10 meses de operación.
Braskem es una filial de la compañía brasileña Odebrecht –que admitió haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya Austin–, mientras que Idesa está vinculada a Javier Jiménez Espriú, futuro titular de la SCT, quien formó parte de su consejo de administración.
En julio pasado, la consultora S&P Global Patts señaló que hay retrasos de hasta mil días en la construcción de nueve gasoductos en México, y la ASF señaló, en un informe publicado la semana pasada, que el gobierno mexicano pagó 6 mil 900 millones 575 mil pesos en 2017 a empresas operadoras de gasoductos para nada, pues las 14 centrales eléctricas a las que están conectados dichos ductos no estaban terminadas o ni siquiera se han licitado.
