Desde este jueves, México se ha convertido en el primer presidente del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, luego de una votación entre Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá, países que integran el mecanismo, respaldado por organizaciones internacionales en materia de refugiados.
A través de un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a través de su representante regional para América Central y Cuba, Giovanni Bassu, ratificó el nombramiento, destacando como objetivo principal de la presidencia pro tempore dar continuidad en la implementación del marco integral, potenciando el trabajo coordinado entre naciones, a fin de fortalecer la protección de las personas que solicitan asilo: «A través del mecanismo regional, América Central y México continúan demostrando la importancia de trabajar juntos para responder a las necesidades de protección y crear soluciones duraderas para aquellas personas que se ven forzadas a huir de sus hogares», comentó en el escrito, también firmado por el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez.
Ante esta nueva encomienda surgen las interrogantes sobre qué tan preparado está el Gobierno federal para enfrentar la situación de refugiados en el país; pero ante todo cómo deberán actuar los gobiernos estatales y si en Sinaloa estamos preparados.
Por otro lado, mientras aplauden la distinción al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en entrevista para EL DEBATE legisladores y activistas sinaloenses también visualizan un nuevo reto para el país.
Un rincón para refugiados
De acuerdo con la Acnur, el continente americano se enfrenta a nuevas dinámicas de movilidad humana que requieren respuestas integrales y de responsabilidades compartidas, dado que el número de personas que se han visto obligadas a salir de países del norte de Centroamérica por situaciones de violencia y persecución creció a más del triple desde mediados del 2018.
El organismo revela que tan solo el año pasado 40 mil solicitantes de asilo de Venezuela y Nicaragua han buscado protección en países de Centroamérica, siendo México uno de los principales rincones considerados como refugios.
En medio de este panorama, la política implementada por el Gobierno mexicano de otorgamiento de visas humanitarias por periodos a los migrantes que decidan radicar en el país ha sido vista con buenos ojos por parte de las organizaciones y las naciones participantes en el mecanismo.
«El Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones para refugiados constituye la respuesta de nuestra región al pacto global para refugiados. El firme compromiso del Gobierno mexicano actual con los derechos humanos de los migrantes y refugiados y su determinación por atacar las raíces que dan lugar al desplazamiento forzado de las personas le exige jugar un papel protagónico en el desarrollo de esta importante empresa», sostuvo Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en el comunicado.
El reto para México
A las voces que han aplaudido la estrategia de la federación se suman las legisladoras sinaloenses Merary Villegas Sánchez y Éricka Sánchez Martínez; sin embargo, difieren al hablar del reto que asumirá el Gobierno mexicano.
La postura de la diputada federal morenista Merary Villegas es a favor del proceso que ha llevado hasta ahora la protección de migrantes que por desplazamiento forzado deciden quedarse en el país. Si bien reconoce que supone un esfuerzo mayor para México en disposición de fuentes de empleo, agregó que el mandatario federal deberá mantenerse con la línea hasta ahora trazada, dando facilidades a los centroamericanos y tomando decisiones sin temor: «Esto es derivado de un gobierno que ha arrancado demostrando que es prioridad el tema de derechos humanos y la migración. México se ha ganado un liderazgo. Definitivamente sí estamos hablando de un reto enfrente, pero no podemos tomar decisiones con miedo. Tenemos que hacerlo apegados a los tratados internacionales», expresó.
Por su parte, para la diputada federal del PRI Érika Sánchez Martínez, la responsabilidad adquirida ahora merece un exhorto al Ejecutivo federal: «México siempre ha sido solidario. Qué bueno que México se destaque por el respeto a los derechos universales. Hasta ahorita las medidas han resultado exitosas, pero también por la voluntad de gobernantes como Quirino Ordaz Coppel», enfatizó.
Sin embargo, dijo que hasta ahora no es una política nacional estratégica: «Tenemos que trabajar en ello y hacer un exhorto a nuestro presidente de la República para que ponga ojos sobre ello». Recordó incluso la estimación de Acnur, que afirma que, de cada diez migrantes que se dirigen a Estados Unidos, seis deciden quedarse en territorio mexicano en su paso por el país.
Forzados a salir
Para Omar Lizárraga Morales, doctor en Ciencias Sociales, en los flujos migratorios debe ponerse también el contexto de violencia que deben enfrentar los grupos de personas que deciden partir de sus lugares de origen rumbo a Estados Unidos, pero que en el camino optan por quedarse en suelo mexicano.
De acuerdo con datos que el también investigador de la UAS recogió de la Acnur, existen en el mundo 250 millones de migrantes, 68 millones de ellos corresponden a desplazamientos forzados, y de estos un aproximado de 25 millones terminan en situación de refugiados. «Ha habido un cambio en la cuestión de migración. Antes era meramente económica, esa era la causa. Actualmente vemos un desplazamiento forzado de personas por la violencia en pandillas, como en Honduras y Salvador», afirmó.
Lizárraga Morales —quien ha sido acreedor al Premio Nacional de Ciencias Sociales 2018 y es presidente de la Asociación Mazatlán Fraterno— señaló que México ha registrado un crecimiento sostenido de refugiados de más del 100 por ciento, considerando datos proporcionados por la Comar, en los que marcan en el 2013 mil 296 solicitudes, incrementándose en 2014 a 2 mil 137, en 2015 a 3 mil 424, con un salto del 100 por ciento en 2016 al recibir 8 mil 796, llegando en 2017 a los 14 mil 600 registros de solicitudes, y cerrando el 2018 con 30 mil solicitudes de refugio, de los cuales la mayoría provenían de la caravana migrante.
El especialista, que además se desempeña como docente universitario, dio a conocer que con base en una encuesta aplicada en Mazatlán a migrantes centroamericanos, México es ahora también país destino, así lo asentó al menos un 10 por ciento de los encuestados, por lo que consideró de suma importancia atender la situación incluso en Sinaloa, pero como tarea conjunta de autoridades y sociedad: «Este gobierno ha facilitado el ingreso irregular.
Esta visa humanitaria que se otorga por seis meses es para transitar de forma segura, y en caso de que lo requieran, trabajar en territorio mexicano, yo lo veo de manera positiva, solamente así se va a controlar la migración», consideró, al asumir que se trata de una labor en la que la ciudadanía tampoco debe ser ajena. Fuente:debate.
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