La utilización de empresas fantasma para desviar cuantiosos recursos del presupuesto público no sólo es común en la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado (CGCS), sino, según algunos indicios, también en otras dependencias.
Varias compañías que venden facturas a la CGCS aparecen en la lista de supuestos proveedores de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), en algunos ayuntamientos y en las cuentas de ciertos candidatos del PRI.
De acuerdo con nuevos reportes de Central 9, la Unidad de Investigación de Grupo Megamedia, una de estas empresas que ha emitido facturas supuestamente falsas a más de una dependencia del gobierno es Diseños, Arquitectura y Tecnología, S.A. de C.V., propiedad del ex alcalde priista de Motul Herberto Aguilar Ortega.
Esta compañía facturó $1.615,275 en 2009 a la CGCS, dirigida por Jesús Rivero Covarrubias, por supuestos "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado". También pasó facturas por supuestos servicios de impresión de lonas y por trabajos al parecer relacionados con la SOP, pero pagados por Comunicación Social.
Es el caso de dos facturas por $20,500 cada una por concepto de animación digitalizada de los proyectos para la rehabilitación del edificio del Centro de Atención a Víctimas y para la construcción de los puentes peatonales, ambos ejecutados por la SOP.
Además de las facturas que emitió para la CGCS, Aguilar Ortega entregó otras dos facturas a Obras Públicas en 2008 por los siguientes servicios: $200,000 por "la elaboración del anteproyecto arquitectónico para la construcción del edificio paraolímpico en el CRIT Yucatán"; y $150,000 por la supuesta "elaboración del levantamiento topográfico para construir la Unidad Deportiva del Sur" en Mérida.
Es decir, Diseños, Arquitectura y Tecnología hace lo mismo un estudio topográfico que imprime lonas o difunde programas oficiales, aunque la empresa, creada en marzo de 2007, se especializa en la compra y venta de todo tipo de muebles e inmuebles y de maquinaria industrial y doméstica.
Su socio principal, Aguilar Ortega, de 74 años, además de ser alcalde de Motul por el PRI en el "miniperíodo" de 1994-1995, que encabezó como gobernador Federico Granja Ricalde, abrió una funeraria en esa ciudad y fomentó luego un rancho agrícola en Seyé. No se le conoce alguna trayectoria como ingeniero, arquitecto o publicista. Tampoco tiene oficinas. Recibe recados en su domicilio particular de la calle 43 B de Francisco de Montejo. Allí, una persona que dijo ser empleada de la empresa confirmó que Aguilar Ortega es socio de Diseños, Arquitectura y Tecnología y que éste se encontraba fuera de la ciudad. "Regresará hasta la próxima semana".
El Diario publicó que otro supuesto proveedor de la CGCS, Fernando Roger Arce Montero, quien facturó $2.769,000 a esa dependencia por servicios de difusión que nunca prestó, también facturó a la SOP supuestos trabajos de remozamiento en iglesias del interior del Estado.
De acuerdo con las investigaciones de Central 9, la existencia de empresas fantasma, creadas ex profeso y en serie por parte del gobierno o de allegados a éste para apropiarse de grandes cantidades de dinero público, ya no se circunscribe únicamente a la oficina de Rivero Covarrubias, sino a muchos otros sectores de la administración pública.
De todo...
Un indicio de esta situación lo es la empresa Medmex Productos y Servicios, S.A. de C.V., propiedad de Elisa del Socorro López Puigserver y Claudio Manuel Alcocer Espinosa. Esta compañía abrió en abril de 2008 para dedicarse a la limpieza de toda clase de inmuebles, incluyendo clínicas y hospitales, y para prestar servicios de vigilancia, venta de ropa y uniformes escolares, realización de estudios de mercado y campañas publicitarias. Estos objetivos sociales de Medmex Productos y Servicios, plasmados en su acta constitutiva, son idénticos a los de otro proveedor fantasma de la CGCS, Jamil Productos y Servicios, S.A de C.V., que facturó a esa dependencia $3.859,600 en los primeros nueve meses de 2010, un promedio mensual de $428,772, y cuyos socios están desaparecidos.
Aunque la actividad principal de Medmex es, aparentemente, la limpieza de inmuebles, sus propietarios facturaron $1.619,000 a la CGSC entre enero de 2009 y septiembre de 2010, por supuestos "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado". Sus dos socios no tienen trayectoria en el medio ni oficinas o teléfono. Al parecer, su actividad principal es la venta de facturas. En febrero, el Ayuntamiento de Tizimín informó que su antecesor priista, José Luis Peniche Bates, pagó 363,603 pesos a López Puigserver con una factura alterada por la supuesta renta de volquetes para la recolección de basura y de cacharros.
Las personas del gobierno encargadas de adquirir facturas falsas, en la mayoría de los casos, no se preocupan por cumplir ni la mínima formalidad para cubrir esas operaciones.
Central 9 detectó una empresa totalmente fantasma, El Mar de Ray, S.A. de C.V., usada para simular gastos del gobierno yucateco, pero también del quintanarroense y de políticos del PRI de esa entidad.
Según un informe oficial de la Secretaría de Hacienda, esta empresa, registrada al parecer en Chetumal, pero con oficinas desconocidas, facturó $399,388 a la CGCS en 2009, a través de cuatro facturas por una "iguala" de $99,847, por supuestos servicios de cobertura y publicidad.
Ese mismo año, el candidato del PRI a diputado federal Roberto Borge Angulo, actualmente gobernador de Quintana Roo, utilizó esa compañía para justificar parte de sus gastos de campaña, pero el IFE lo impidió porque Borge sólo exhibió copia de los cheques supuestamente pagados, pero no las facturas.
Extraoficialmente Central 9 averiguó que decenas de facturas de esa compañía aparecen en la contabilidad de varios municipios de Quintana Roo y de dependencias del gobierno yucateco.
Conexión Sobrino
La aparición de facturas de proveedores fantasma en la relación de gastos de varias oficinas de la administración de Ivonne Ortega y de políticos priistas ya ha sido documentada por este periódico. Uno de los casos más relevantes hasta ahora es el de la supuesta publicista Wendy Jiménez Cervera, esposa de Mario Sobrino Sierra, hermano de Carlos Sobrino Sierra, asesor de la gobernadora, a cuyo nombre el PRI estatal y el gobierno local han emitido cuantiosos cheques por supuestos servicios.
De acuerdo con las últimas investigaciones de Central 9, el nombre de Mario Sobrino Sierra empieza a figurar en varias de las operaciones de proveedores fantasma vinculados con el gobierno del Estado y conocidos empresarios. Continuará.-Hernán Casares Cámara
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