Difundieron de manera ilegal encuestas de salida

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

La publicación de encuestas durante la veda electoral y el día de la elección, cuyo propósito es dar a conocer las preferencias electorales es ilegal
México.- Desde las 12:30 del día, a tan solo cuatros horas de hacer iniciado la jornada electoral en México, varias empresas comenzaron a difundir de manera ilegal encuestas de salida de la elección presidencial a través de mensajes de WhatsApp.
El Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas se deslindó de dichas empresas y exigió al INE (Instituto Nacional Electoral) investigar y aplicar la ley.
“Están difundiéndose muchas cosas, algunas sin firma, otras con firmas inventadas. La autoridad tiene que tomar cartas en el asunto, independientemente de que en la noche ya haya resultados. Tiene que aplicarse e investigar, porque si no en la siguiente elección va a pasar lo mismo o peor. No tenemos que dejar pasar esto”, indicó el presidente del CEDE, Marcelo Ortega.
La publicación de encuestas durante la veda electoral y de encuestas de salida el día de la elección, cuyo propósito es dar a conocer las preferencias electorales, es ilegal; esto según artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
El pasado viernes, el CEDE y la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercadomratificaron ante el INE el compromiso de respetar la ley y no difundir resultados antes de la hora permitida, las 20:00 horas en el caso de las elecciones federales y las 18:00 horas para las elecciones locales.
Massive Caller anunció por su parte que las autoridades “les habían prohibido” el uso de su aplicación, pero “que iban a pasar los datos por WhatsApp a sus amigos”.
Verificado 2018 contactó a Carlos Campos, fundador de la encuestadora Massive Caller, quien negó que se esté difundiendo el resultado de la encuesta de salida ya que tiene conocimiento de que se trata de un acto ilegal.
Indicó que la empresa realiza encuestas de salidas para clientes a nivel estatal y municipal, quienes probablemente sean los que han difundido dicha información.
Las encuestas de salida, son realizadas cuando el votante sale de la casilla. Estas no muestran resultados definitivos, sino estimaciones basados en una muestra y una metodología estadística. (Debate).

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La ilegal y millonaria industria de los "Bots" incluye cuentas de menores de edad

Noticias de Yucatán

Imagínate que tienes tu cuenta de Facebook o Twitter, la cual utilizas para comentar tus gustos, publicar tus fotos e interactuar con tus amigos y familiares. Sin embargo, en el mismo Twitter hay alguien con tu mismo nombre, foto y biografía, pero que promociona inversiones mobiliarias, pornografía, criptomonedas, y sigue y retuitea cuentas en Oriente Medio y Asia.
Se trata de un negocio de millones de dólares que consiste en vender seguidores en redes sociales a quienes desean ser más populares en internet. Es una especie de robo de identidad a gran escala, el cual es un delito.
Devumi, una empresa estadounidense, es un ejemplo de este tipo de negocio de venta de seguidores en redes, el cual genera millones de dólares.
Según una investigación del diario The New York Times, esta empresa cuenta con al menos 3.5 millones de cuentas automatizadas que le permitieron vender más de 200 millones de seguidores, de los cuales, al menos 55 mil usuarios son reales en Twitter, incluidos menores de edad.
En noviembre pasado, Facebook admitió que tenía al menos unos 60 millones de usuarios con cuentas automatizadas.
Bots
Este tipo de usuarios falsos son más conocidos como bots en el mundo virtual de las redes sociales y son utilizados para marcar tendencias, influenciar a las audiencias y operar dentro de debates políticos.
El comercio de seguidores falsos está prohibido por Twitter y otras plataformas, sin embargo, son muchas las empresas de internet que, como Devumi, los venden abiertamente.
Los seguidores falsos son un ejército que permite influir en las discusiones que se llevan a cabo en las redes sociales. El precio de un seguidor falso de Twitter, una reproducción en YouTube o en SoundCloud, o una recomendación en LinkedIn ronda apenas unos centavos de dólar.
Hay más de 200 mil clientes
El The New York Times aseguró haber accedido a los registros que prueban que más de200 mil clientes de la empresa Devumi -incluyendo periodistas, estrellas de reality shows, deportistas, comediantes, expositores de charlas TED, pastores y modelos- le compraron gran parte de sus seguidores.
Pero el fundador de Devumi, German Calas, consultado por el diario estadounidense, negó que vendiera seguidores falsos y dijo ignorar todo sobre el robo de identidades de usuarios reales.
Contrataron los servicios...
Para entender mejor el negocio de Devumi, los periodistas del The New York Times contrataron sus servicios. Crearon una cuenta de prueba en Twitter y pagaron 225 dólares por 25 mil seguidores, aproximadamente un centavo de dólar por cada uno. Los investigadores de diario señalan que los primeros 10 mil seguidores tenían apariencia de ser personas reales.
Los otros 15 mil seguidores eran más sospechosos: no tenían imágenes de perfil y en vez de nombres tenían una mezcla de letras, números y fragmentos de palabras.
Las cuentas falsas no sólo se utilizan para influir en los debates públicos: entre los "influencers", algunas marcas llegan a pagar hasta dos mil dólares por un solo tuit a alguien con 100 mil seguidores, mientras que alguien con un millón de seguidorespodría cobrar hasta 20 mil dólares.

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El INE revela trama ilegal de entrega de recursos durante campaña de Peña en 2012

Noticias de Yucatán

 (apro).- A casi seis años de distancia, el Instituto Nacional Electoral (INE) documentó otra trama de financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2012, a través del reparto de miles de tarjetas bancarias a representantes de casilla, con las que se benefició mayoritariamente a representantes del PRI cuando Enrique Peña Nieto era su candidato presidencial.

Lo anterior fue revelado a partir de una investigación de casi cinco años a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, cuyo presidente, el consejero Ciro Murayama, calificó como una de las indagaciones “más complejas” que ha enfrentado el Instituto sobre una “trama de financiamiento irregular a la política”.

El fraude, expuso Murayama este miércoles en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, habría quedado al descubierto a raíz de la investigación del caso Monex, que indagaba pagos mediante tarjetas para favorecer al representante de la coalición “Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto.

Fue entrevistando representantes de casilla, en noviembre del mismo 2012, que el órgano fiscalizador del entonces IFE dio con los testimonios de Raúl y Nabor García, ambos militantes priistas de Veracruz, quienes aceptaron haber recibido pagos de dos mil pesos cada uno por su labor el día de la elección, pero no a través de tarjetas Monex, sino a través de tarjetas prepagadas de Bancomer.

Al tiempo, el PAN denunció la existencia de otros 16 tipos de tarjetas de otras instituciones bancarias que también habrían sido distribuidas para beneficiar al PRI. Ocho, todas de Bancomer, y todas contratadas por una empresa llamada Logística, Estratégica ASISMEX SA de CV, resultaron sospechosas.

La pesquisa arrojó que ASISMEX se constituyó como comercializadora y distribuidora en 2010. Entre octubre de 2011 y julio de 2012, en pleno proceso electoral, recibió depósitos en tres cuentas de Bancomer por mil 394 millones de pesos. No se pudo dar con los aportantes y de ninguno de esos movimientos se localizaron facturas en el SAT. Más aún, la dirección con la que se registró la empresa resultó ser falsa.

“Una empresa, en suma, que se esfumaba, que no se localizaba, pero bajo cuya fachada fluyeron en 10 meses casi mil 400 millones de pesos a través del sistema bancario”, dijo Murayama, por la que no dudó en calificarla como empresa “fantasma” o empresa “fachada”.

De la investigación que formalmente nació el 18 de enero de 2013, fue hasta el 1 de diciembre pasado, casi cinco años después, según el relato, que Bancomer entregó al INE –intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante– una base de datos que durante años negó que existiera, con la relación de las personas beneficiarias de las tarjetas y la información de que el 27 de junio de 2012, cuatro días antes de la elección, ASISMEX depositó 63.5 millones de pesos en esas tarjetas pertenecientes al mismo lote de las que eran investigadas.

La Unidad de Fiscalización cruzó la base de datos entregada por Bancomer con su registro de representantes de casilla acreditados para la jornada electoral de 2012 y encontró coincidencia en 7 mil 311 casos, entre los que se repartieron 18 millones 441 mil pesos.

De esos, 5 mil 613 resultaron ser representantes de la coalición PRI-Partido Verde que abanderaba Peña Nieto, a los que se depositó un total de 15 millones 152 mil pesos. Sin embargo, y aunque en cifras lejanas, también se hicieron depósitos a mil 26 representantes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano M(C), abanderados por Andrés Manuel López Obrador, por un total de 2 millones 58 mil pesos; y 369 depósitos a representantes del PAN, cuya candidata era Josefina Vázquez Mota.

“Estamos ante una trama de financiamiento paralelo irregular opaco para pagar la operación electoral el día de la votación del primero de julio de 2012 a través de una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma que se fondea de recursos de empresas igual de irregulares y hace un contrato con una institución bancaria para dispersar recursos a miles de personas, realiza pagos a cuatro días de la jornada electoral, y documentamos 7 mil 311 representantes partidistas como beneficiarios de esos pagos, esa es la infracción”, sentenció Murayama, quien convino al Consejo General del INE a sancionar a todos los partidos involucrados, a pesar de que las operaciones tuvieron una notable carga a favor del PRI y que en todas las tarjetas fueron fondeadas el mismo día, forman parte de un mismo contrato con ASISMEX y recibieron la misma cantidad.

A propuesta del presidente del órgano de fiscalización, la resolución aprobada por diez de 11 miembros del Consejo General fue sancionar a cada partido con el 200% de la suma que pudo demostrarse que recibieron sus representantes de casilla proveniente de la empresa fantasma.

Así, de un total de 36.9 millones de pesos, 30.3 corresponde que sean pagados por los partidos de la coalición que llevó a Peña Nieto a Los Pinos, compuesta por el Partido Verde y el PRI.

Sólo la consejera Pamela San Martín votó en contra, proponiendo ahondar en la investigación de manera más exhaustiva para develar el trasfondo del caso.

Tras la revelación, los representantes de PAN y PRD ante el INE rechazaron haber recibido dinero de la empresa fantasma y advirtieron que van a impugnar la sanción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por tratarse de un “presunto caso de empresas fantasma y lavado de dinero”, el INE aprobó remitir el caso al SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda para que investiguen el caso.

No sólo eso, pues el INE también anunció que va a interponer un recurso para sancionar a Bancomer por negarse a dar la información solicitada durante casi cinco años.

De cara a las próximas elecciones de 2018, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, concluyó que con esto se pretende “desenmascarar las redes de financiamiento paralelo y las entidades fachada construidas exprofeso para burlar la ley, la rendición de cuentas e inyectar recursos por abajo del agua a las campañas”.

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En Mérida taxis circulan de modo ilegal sin placas ¿y la seguridad tan cacareada?

Noticias de Yucatán

Y aunque siguen con el discurso de que están muy preocupados por la seguridad en el transporte público de Mérida, principal argumento para afectar a los "Ubers", desde hace ya muchas semanas circulan por toda la ciudad taxis del FUTV, sin las placas reglamentarias.

Por donde te muevas verás a uno de estos taxis que operan de manera ilegal.

¿Qué pasaría en caso de accidente? ¿Qué placas vas a reportar? Cierto que tienen un número económico, pero eso no es legal ni oficial y se pueden quitar con absoluta facilidad y negar que hayan sido los responsables del percance.

¿Cuántos días, semanas o meses más seguirá esta irregular situación? 

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La esposa de Rolando Zapata, presidenta del DIF, también viola la Constitución

Las imágenes de ambos siguen circulando en camiones

El 1 de febrero dimos a conocer la abierta violación al 134 de la Constitución Federal y al 242 de la ley electoral reglamentaria, ya que no obstante que se había vencido el plazo para que Rolando Zapata Bello pudiera hacer publicidad con motivo de su III Informe de Gobierno, seguían circulando camiones con su propaganda.
En ese entonces recordamos que la norma constitucional establece: “Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
El III Informe de Rolando Zapata Bello fue el domingo 17, de modo que tuvo del 10 (7 días antes) al 22 (cinco días posteriores) de enero para promocionar su nombre y su imagen sin que pueda ser considerada como propaganda ilegal.
El 23 de enero pasado todo el Estado debió estar 100% limpio de la imagen y el nombre del gobernante, pero hasta el 1 de febrero, 10 días de haberse vencido el plazo fatal, la imagen y el nombre de titular del Ejecutivo sigue sin retirarse. Hoy, a 20 de febrero, no ha cambiado nada: la propaganda de Rolando sigue en los camiones.
Pero, el asunto va más allá. Recientemente fue su esposa, Sara Blancarte, quien también aprovechó el plazo de 13 días para promover su nombre e imagen con recursos públicos. Y ¿Qué creen? Pues que también esta dama está incurriendo exactamente en la misma falta.
Hoy, por la mañana, tomamos la evidencia de un camión de una ruta del Norte de la ciudad en la que aparece con su foto con varios niños con las siguientes leyendas: “3er Informe de Actividades. Sarita Blancarte de Zapata, presidenta del Patronato del Sistema DIF Yucatán. Se entregan diariamente 133,601 DESAYUNOS ESCOLARES”. Tal y como se aprecia en la imagen que acompaña a esta información.
La señora Blancarte rindió su informe el jueves 11 de febrero, de modo que tuvo hasta el martes 16 para no incurrir en violación constitucional. Pero, al igual que se esposo, el gobernador, está en situación ilegal e irregular.
Si esto hubiese ocurrido con alguna otra autoridad de color diferente, ya hubiera sido exhibida y sancionada. Lo trascendente de este asunto es que es la propia autoridad la que viola normas constitucionales y parece que no hay autoridad que pueda poner orden.

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Abierta violación a la Constitución: publicidad de RZB fuera de tiempo

Mensaje contradictorio en la página oficial del Ejecutivo local 

No sabemos si es de manera deliberada, por descuido o por total confianza de que ya casi nadie dice nada sobre sus desatinos, el caso es que hoy detectamos una abierta violación al artículo 134 de la Constitución Federal y al 242 ley electoral reglamentaria que establece lo siguiente:
“Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
Partamos de la base de que el III Informe de Rolando Zapata Bello fue el domingo 17. Esto significa que tuvo del 10 (7 días antes) al 22 (cinco días posteriores) de enero para promocionar su nombre y su imagen sin que pueda ser considerada como propaganda ilegal.
Con base en esa norma, el 23 de enero pasado la todo el Estado debió estar 100% limpio de la imagen y el nombre del gobernante, pero a 10 días de que venció ese plazo fatal, hoy nos percatamos que la imagen y el nombre de titular del Ejecutivo sigue sin retirarse. Esto no es otra cosa que una clara violación a las normas ya señaladas en el primer párrafo de este escrito.
Como se observa en la imagen que acompaña a esta nota, la figura y el nombre de Rolando Zapata sigue publicándose en los medallones de varios camiones de transporte público: “3 Informa de Gobierno. Te sigo cumpliendo. Rolando Zapata Bello. Por el futuro de Yucatán”.
Estas imágenes fueron captadas hoy entre las 10 y 11 de la mañana, en el paradero ubicado en calle 64 entre 61 y 63 del centro. Los camiones corresponden a las rutas Nora Quintana y 59K Bojórquez.
El 134 constitucional también dice: “En ningún caso esta propaganda (gubernamental) incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Por cierto, en el espacio de la página oficial que se abrió para el tercer informe de Rolando Zapata, hay un mensaje por demás contradictorio: “En cumplimiento del artículo 134 de la Constitución y 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suspende la difusión del contenido del sitio del III Informe de Gobierno, con excepción de la documentación respectiva, misma que se podrá consultar en los siguientes sitios. Y remite a ligas de páginas del Gobierno del Estado, del Siegy y del Observatorio de Compromisos.
Y es totalmente contradictoria porque este mismo aviso va acompañado de, ni más ni menos de un logo oficial: “3 Informe de Gobierno. Rolando Zapata Bello. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán”.
¿Qué dirá al respecto la autoridad electoral? ¿Qué dicen los partidos de oposición? Se puede violar la Constitución así de fácil y no pasa nada.

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Irregularidad consentida: una bodega opera sin permisos

Noticias de Yucatán

Antonio y Jorge Walker Olvera dan en renta un complejo de bodegas en el Periférico Sur, sin licencia de funcionamiento y, al parecer, sin pagar impuestos.

Si no se tiene la licencia, como está confirmado oficialmente, tampoco es posible inscribir esas bodegas, de reciente creación, en el Registro Municipal de Contribuyentes; si esto es así, los empresarios habrían obtenido ingresos por dar en renta sus bodegas al PRI y a Tres Guerras sin declarar el impuesto correspondiente al Ayuntamiento de Mérida.

Asimismo, si no hay licencia, tampoco hay permiso para operar, por lo que procedería la clausura.

Entrevistada poco antes de que termine el gobierno de Renán Barrera Concha, la entonces directora de Comunicación Social de la Comuna, Valerie Amador Hurtado, confirmó a Central 9 que las bodegas de los Walker Olvera carecían de licencia de funcionamiento debido, dijo, a que sus propietarios no habían tramitado el acta de terminación de obra, requisito indispensable para obtener la licencia.

Al parecer, añadió la funcionaria, los empresarios no habían gestionado este documento porque todavía no concluían los trabajos de construcción en el lugar.

Sin embargo, no explicó por qué la Comuna permitía el funcionamiento de ese edificio como bodega, sin la licencia correspondiente.

Esta situación irregular continúa hasta la fecha, de acuerdo con fuentes extraoficiales del nuevo Ayuntamiento.

Los empresarios, por su parte, ya iniciaron la ampliación de su actual zona de bodegas, ubicada en el tablaje catastral 19014, hacia el Poniente, sobre el tablaje 19015, que adquirió recientemente del IVEY y que, según ha trascendido, esas obras las hacen también sin tener varios permisos, como el que otorga el INAH y la evaluación en materia de impacto ambiental de la Seduma.

Renta Fuera de la ley

La licencia de funcionamiento municipal es necesaria para dar en arrendamiento un local.

Anomalía

Las bodegas de los empresarios Walker, una parte de las cuales dieron en renta al PRI, carecen de este documento y, por lo tanto, no pueden pagar impuestos, pero las autoridades municipales, extrañamente, han permitido que continué su operación.

Funcionan en el Periférico Sur sin licencia municipal

El empresario Antonio Walker Olvera, ex presidente de la Coparmex Mérida, y su hermano Jorge, dieron en renta al PRI parte de un complejo de bodegas de su propiedad, en el Periférico Sur, en la pasada campaña electoral, y otra parte a una empresa de transportes, sin contar con la licencia de funcionamiento que otorga el Ayuntamiento de Mérida.

De acuerdo con la ley, la falta del documento es causa suficiente para clausurar el lugar, entre otros motivos, porque implica la presunción de evasión fiscal. Empero, hasta donde se sabe, las autoridades municipales no han intervenido para regularizar la situación.

Como hemos informado, los Walker Olvera dieron en renta al PRI más de 1,860 metros cuadrados de ese edificio, entre marzo y mayo, y otros 3,000 metros a la compañía de carga Tres Guerras, a partir de julio, sin tener en ambos casos la licencia de funcionamiento.

Expansión

No sólo eso, de acuerdo con datos recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, los hermanos Walker se preparan para extender su complejo de bodegas —ubicado en el tablaje catastral 19014, en el kilómetro 46.5 del Periférico, entre la Fiscalía y la salida a Umán— hacia el Poniente, sobre el tablaje 19015, también sin tener varios permisos.

Este tablaje, como ya informamos, se lo vendió el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) a los Walker en julio, un mes después de las elecciones, a precios bajos y mediante una operación privada.

Diario de Yucatán publicó el 5 de mayo y en semanas posteriores que en las bodegas de los Walker, en plena campaña electoral, el PRI operaba un centro de acopio de regalos y otros artículos que luego eran entregados a los candidatos de ese partido en el interior del Estado.

“Asunto privado”

Cuando se le preguntó a Jorge Walker Olvera el nombre del arrendatario de esas bodegas, donde presuntamente se cometían actos contra la ley electoral, éste respondió: “Es un asunto privado y no tengo por qué estar diciendo qué hago o no hago con mis bodegas”. Sin embargo, reconoció explícitamente que rentaba ese local al decir, en entrevista publicada el 12 de mayo, que “mi empresa tiene un contrato de renta con un cliente y estamos dispuestos a respetar su privacidad”.

Walker Olvera no dijo que ese predio carecía de licencia de funcionamiento.

Dos días después de las primeras publicaciones periodísticas, el PRI desocupó el lugar, pero pocas semanas después, y sin tener aún la licencia de funcionamiento, los Walker dieron en renta 3,000 metros cuadrados de esas bodegas, aledañas a las que ocupaba el PRI, a la empresa Tres Guerras, en $117,000 mensuales, según copia del contrato en poder de Central 9.

Suscribieron ese contrato, el 9 de enero de 2015, la señora Irma Olvera Rabiela, madre de los empresarios, y en esa fecha dueña del predio —dos meses después, el 3 de marzo, se lo donó a sus hijos— y el representante legal de la empresa Tres Guerras.

Vista gorda

La operación de esa compañía en las bodegas del Anillo Periférico, sin que ese edificio tenga la licencia de funcionamiento, es decir, en contra de la ley, no pudo pasar inadvertida para los inspectores municipales, toda vez que además del escándalo generado por el centro de acopio del PRI, esa empresa es muy conocida en Mérida, donde moviliza cientos de toneladas de carga al mes.

Por si fuera poco, el 23 de junio esas bodegas aparecieron en todos los medios de comunicación, cuando la Procuraduría General de la República las intervino y decomisó 2.9 toneladas de Levorfanol, una droga prohibida, derivada de la morfina, pero ni así la Comuna inspeccionó el lugar.

De acuerdo con la ley, al dar en renta las bodegas sus propietarios deben pagar el Impuesto Predial sobre la base de la Contraprestación (o Rentas) al Ayuntamiento, para lo cual es necesario inscribir el predio en el Registro Municipal de Contribuyentes y exhibir la licencia de funcionamiento.

Resguardo Elecciones

El ex presidente de Coparmex Antonio Walker Olvera y su hermano Jorge dieron en renta al PRI bodegas que sirvieron para la coacción del voto

Vigilancia

Alertado por denuncias ciudadanas, un periodista del Diario acudió a ese sitio el 2 de mayo pasado y tomó fotografías con su celular de decenas de vehículos cargando artículos en grandes bolsas negras, bajo la vigilancia de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública.

Agresión

Trabajadores de las bodegas descubrieron al periodista, le arrebataron las llaves de su vehículo, le decomisaron su teléfono celular y borraron sus archivos, y lo insultaron y amenazaron.

Evidencias

Días después, el Diario publicó fotos de varios vehículos oficiales y del mismo PRI cargando esas bolsas negras y también imágenes con personas portando camisetas con logotipos del Partido Revolucionario Institucional y de la campaña de Nerio Torres Arcila.

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El ex alcalde "Cheché" Ceballos es funcionario aunque está inhabilitado

Noticias de Yucatán

Fuente Mayaleaks 

El polémico ex alcalde de Mérida, encarcelado por fraude y peculado hace 24 años, es hoy director de Gobierno de Rolando Zapata, pese a una prohibición de la Contraloría para que lo haga.

MÉRIDA, YUCATAN.  A  El alcalde de Mérida en el periodo 1987-1989, Carlos Ceballos Traconis, del PRI, encarcelado por fraude y peculado, ocupa ahora un puesto en la administración pública estatal, director de la Secretaría de Gobierno, no obstante un dictamen de la de la Contraloría del propio gobierno estatal que lo inhabilita para desempeñar ese tipo de cargos durante 15 años.

En el expediente, obtenido por Mayaleaks a través de una solicitud de acceso a la información pública, la Secretaría de la Contraloría acusa de “negligencia administrativa” a Ceballos Traconis, derivada de “una investigación interna”, y lo inhabilita 15 años, del primero de agosto de 2001 al 31 de julio de 2016, para desempeñar un cargo en el Gobierno del Estado.El expediente del caso, sin número, tiene fecha de resolución del primero de agosto de 2001, inicio de la gestión del panista Patricio Patrón Laviada, pero se estima que las investigaciones empezaron en el gobierno anterior, de Víctor Cervera Pacheco, enemigo político de Ceballos y de su padrino, el ex gobernador Víctor Manzanilla Schaffer. 

No obstante, Ceballos Traconis es actualmente director en la subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, de la Secretaría General de Gobierno. Ese cargo lo ocupa desde 2008, gracias a la intervención de la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, responsable de su “rehabilitación” política.

Ceballos Traconis, apodado “El Cheché”, asumió la alcaldía de Mérida el 1 de agosto de 1987 y la abandonó en septiembre de 1988, luego de que los regidores del PAN lo acusaron de fraude y peculado.

NEGOCIOS EN FAMILIA. El cargo más grave tenía que ver con la adjudicación de un contrato para la compra de cinco grúas marca Hiab a la empresa Distribuidora de Material Eléctrico, propiedad de Roberto Arjona Ruiz, novio de la hija de Orlando Enríquez Cardeña, jefe del Departamento de Proveeduría de la Comuna, quien las vendía con sobreprecio.

Al abundar en las investigaciones, los regidores panistas descubrieron un sistema municipal de adquisiciones basado en una lista de proveedores —personas físicas y morales— relacionadas familiar o sentimentalmente con funcionarios de la Comuna. Estos efectuaban operaciones de compra-venta de todo tipo de productos y facturaban al Ayuntamiento con una cantidad mayor a la que realmente tenían esos productos en el mercado, dividiendo luego la diferencia con los funcionarios.

Los regidores de oposición descubrieron que además de la compañía de Arjona Ruiz, involucrada también en la venta fraudulenta de material eléctrico, habían otras dos empresas incluidas en la operación de corrupción: Editodo Construcasa y Esferética.

La primera pertenecía a Carlos Ceballos Farfán, hijo del ex alcalde, y a Mario Alberto Enríquez López, hijo del Sr. Enríquez Cardeña, compadre a su vez de Ceballos Traconis.

INHABILITADO. Esferética era propiedad de Trinidad Franco de Fernández, esposa de Orlando Fernández Ortega, quien como director de Obras Públicas asignaba trabajos a esa compañía, en cuya lista de accionistas aparecía también Minerva Denis Osorio, esposa del tesorero municipal Omar Zapata Maldonado.

Directorio de la Secretaría de Gobierno, donde aparece el nombre de Ceballos Traconis.

Editodo Construcasa, de Ceballos Farfán, fue acusada de inflar precios y de recibir $45 millones de anticipo por la compra de productos que nunca entregó al Ayuntamiento.

Ante el cúmulo de denuncias en su contra, Ceballos Traconis renunció a la alcaldía el 5 de septiembre de 1989. Poco después, el 15 de junio de 1990, el Congreso del Estado, con el voto unánime de los diputados, aprobó quitarle el fuero al ex funcionario e inhabilitarlo por 15 años para ocupar otro cargo de elección popular.

 Luego de esto, Ceballos Traconis se dio a la fuga y se escondió en la ciudad de México, hasta que fue detenido a mediados de marzo de 1991 y enviado al reclusorio, durante el gobierno interino de Dulce María Sauri Riancho.

El 21 de septiembre de 1992, sin embargo, el Juzgado Primero de Defensa Social lo exoneró de los cargos en su contra y luego el Tribunal Superior de Justicia respaldo esa decisión.

Poco después, en ese mismo año, Ivonne Ortega nombró al ex alcalde director de Gobierno, de la  Secretaría General de Gobierno y, en ese carácter, comenzó a participar en varios actos oficiales.IVONNE AL RESCATE. La rehabilitación política de Ceballos Traconis se debe a Ivonne Ortega Pacheco, quien ignorando la prohibición de la Contraloría, en 2008 lo designa miembro de su consejo de asesores. A ese grupo, coordinado por el ex gobernador Federico Granja Ricalde, pertenecían Carlos Sobrino Sierra, Eric Rubio Barthell, Carlos Capetillo Campos, Milton Rubio Madera, Leticia Mendoza Alcocer, Lucely Alpizar Carrillo, Raúl Vela Sosa y Alberto Escamilla Góngora. Según confesó el propio Ceballos a la prensa, todos recibían $25,000 mensuales de honorarios.

El 22 de noviembre de 2009, también a instancias de Ortega Pacheco, el entonces presidente estatal del PRI, Mauricio Sahuí Rivero, designa a Ceballos Traconis miembro de la Comisión de Procesos Internos, encabezaba por Juan José Abraham Achach.

Ceballos ya se había acercado al PRI en 2003, cuando lo nombraron en un puesto poco importante: secretario general adjunto de la presidencia de ese partido en Mérida.

PREMIO. A su llegada al Gobierno del Estado, Rolando Zapata Bello ratificó a Ceballos Traconis como director en la Secretaría de Gobierno y hasta lo incluyó en el equipo del Plan Estatal de Desarrollo, como coordinador de la Región VII Sur del Consejo Estatal de Planeación.

El PRI, al parecer, olvidó el pasado de Ceballos Traconis y hasta de su hijo, Carlos Ceballos Farfán. Casi 22 años después de las denuncias en contra de la empresa de éste, Editodo Construcasa, la misma Ivonne Ortega propició su nombramiento como director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el 24 de abril de 2011, puesto que aún desempeña.

The former mayor "Cheche" Ceballos is official but is disabled 

News Yucatan

Source Mayaleaks 

The controversial former mayor of Merida, jailed for fraud and embezzlement 24 years ago, is now director of Government Rolando Zapata, despite a ban by the Comptroller to do it.

Merida, Yucatan.   A Mayor of Merida in the period 1987-1989, Carlos Ceballos Traconis, PRI, jailed for fraud and embezzlement, now occupies a position in state government, director of the Secretariat of Government, despite an opinion Comptroller of the state government itself that disables to perform such office for 15 years.

In the file, obtained by  Mayaleaks  through a request for access to public information, the Secretariat of the Comptroller accused of "administrative negligence" Ceballos Traconis derived from "an internal investigation" and disables 15 years, the first August 2001 to July 31, 2016, to play a  position in the State Government. The case file unnumbered resolution dated the first of August 2001, start of the PAN management Patricio Patrón Laviada, but it is estimated that the investigations started by the previous government, Victor Cervera Pacheco, a political enemy of Ceballos and his godfather, former Governor Victor Manzanilla Schaffer. 

However, Ceballos Traconis is currently director of the Secretariat of Government and Political Development, General Secretariat of Government. It occupies that position since 2008, thanks to the intervention of the then Governor Ivonne Ortega Pacheco, head of the "rehabilitation" policy.

Traconis Ceballos, nicknamed "Cheche", he took the mayor of Merida August 1, 1987 and left in September 1988, after the council PAN accused of fraud and embezzlement.

FAMILY BUSINESS . The most serious charge was related to the award of a contract for the purchase of five cranes Hiab to the Electrical distribution company, owned by Roberto Arjona Ruiz, boyfriend of the daughter of Orlando Enriquez Cardenas, head of the Department of Proveeduría the Commune, who sold them overpriced.

To elaborate on the investigation, they discovered a municipal council PAN procurement system based on a list of physical and moral, family or romantically linked with officials of the Commune -people suppliers. They performed these operations buying and selling all types of products and billed the City Council with a larger amount than that actually had these products in the market, then dividing the difference with officials.

The opposition councilors discovered that in addition to the company Arjona Ruiz, also involved in the fraudulent sale of electrical equipment, were two other companies in the operation of corruption and Esferética Editodo Construcasa.

The first belonged to Carlos Ceballos Farfan, son of the former mayor, and Mario Alberto Enriquez Lopez, son of Mr. Enriquez Cardena, compadre turn Traconis Ceballos.

DISABLED.  Esferética Trinidad was owned by Franc Fernandez, wife of Orlando Fernández Ortega, who as director of public works jobs assigned to that company, whose list of shareholders also appeared Minerva Denis Osorio, wife of Zapata Omar Maldonado municipal treasurer.

Directory of the Government Secretariat, where the name appears Traconis Ceballos.

Editodo Construcasa, Ceballos Farfan, was accused of inflating prices and receive $ 45 million advance payment for the purchase of products that never delivered to City Hall.

Before the accumulation of complaints against him, Traconis Ceballos resigned as mayor on 5 September 1989. Shortly after, June 15, 1990, the State Congress, with the unanimous vote of the deputies approved the charter to take former official and disable it for 15 years from holding another public office.

 After this, Ceballos Traconis is fled and hid in Mexico City until he was arrested in mid March 1991 and sent to prison during the interim government of Dulce Maria Sauri Riancho.

The September 21, 1992, however, the First Court of Social Defense cleared him of the charges against him and then the Superior Court supported that decision.

Soon after, in the same year, Ivonne Ortega appointed former mayor director of Government, the General Secretariat of Government and, in that capacity, became involved in several official events. IVONNE to the rescue.  The rehabilitation policy should Ceballos Traconis Ivonne Ortega Pacheco, who ignore the prohibition of the Comptroller, designated in 2008 as a member of its advisory board. In this group, coordinated by former governor Federico Farm Ricalde belonged Carlos Sobrino Sierra, Eric Rubio Barthell, Carlos Capetillo Campos, Milton Rubio Madera, Leticia Mendoza Alcocer, Lucely Alpizar Carrillo, Raul Vela Sosa and Alberto Escamilla Gongora. Ceballos he confessed to the press himself, all received $ 25,000 monthly fee.

The November 22, 2009, also at the request of Ortega Pacheco, former state PRI president Mauricio Rivero Sahuí designates Ceballos Traconis member of the Committee of Internal Processes, led by Juan José Abraham Achach.

Ceballos had already approached the PRI in 2003, when he was named in a minor position: deputy secretary general of the presidency of the party in Merida.

PRIZE.  On arrival to the State Government, Rolando Zapata Bello ratified Ceballos Traconis as director at the Ministry of Government and to the equipment included in the National Development Plan, as coordinator of the VII South Region of the State Planning Council.

The PRI apparently forgot Traconis Ceballos past and even his son, Carlos Ceballos Farfan. Almost 22 years after the complaints against this company, Editodo Construcasa the same Ivonne Ortega led to his appointment as Director of Administration and Finance of the Judicial Council of the Judicial Power of the State, April 24, 2011, as still he plays.

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Millonario negocio ilícito

Noticias de Yucatán

Miércoles, 5 de agosto de 2015 

Comunidades

Las máquinas tragamonedas se multiplican sin freno y dejan grandes ganancias

Las máquinas tragamonedas representan un millonario negocio que, cual pulpo voraz, ha extendido sus brazos a todo el Estado y opera contra la ley a vista y paciencia de las autoridades.

Personas vinculadas con esa actividad ilegal calculan que en todo el Estado hay unos 30,000 de esos aparatos, de los cuales más de la mitad están en Mérida.

Las utilidades dependen de la zona en que se ubiquen los “minicasinos”. Los sectores llamados “plus”, como los alrededores de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, generan ganancias de hasta $2,500 al día por cada equipo. En otros puntos de la ciudad varían las utilidades, de $100 ó $200 —es el caso de tendejones o expendios pequeños— a $1,000.

Si se toma en cuenta un promedio de $1,000 por máquina, considerando los altibajos ya señalados, se obtiene una estratosférica ganancia de 30 millones de pesos diarios y de $900 millones cada mes.

Para muchos, esta suma es una explicación de la tolerancia oficial a la operación de este negocio, que se ha apoderado de varios locales e incluso de aceras del primer cuadro de Mérida.

Los máquinas tragamonedas son ensambladas en Mérida, pero la materia prima —monitores, “software”, etcétera— proviene de China. Nuestras fuentes identifican a tres grandes distribuidores, que tienen su base de operaciones en esta capital.

Esta industria ilícita va de la mano con otras actividades, como la “piratería”.

El Centro, con más máquinas tragamonedas

Frente al mercado San Benito, sobre la calle 56, bajo letras que los identifican como una comercializadora de material eléctrico y un estanquillo, operan dos negocios que siempre están repletos de gente en diferentes horarios.

Son en realidad “minicasinos” ilegales. Sólo esos dos locales tienen cerca de 50 máquinas tragamonedas que a diario atraen a cientos de incautos.

Las máquinas tragamonedas son un lucrativo negocio que ha florecido en la última década en Yucatán con tolerancia de las autoridades, que ocasionalmente realizan operativos de decomiso que no tienen eficacia porque, de acuerdo con personas vinculadas a esa industria ilícita, previamente se da el “pitazo” a los dueños de los aparatos y a final de cuentas lo confiscado son sólo máquinas viejas, en desuso o averiadas.

Como informamos ayer, en la primera entrega de un reportaje sobre los problemas y vicios que agobian al primer cuadro de la ciudad, fuentes relacionadas con los “minicasinos” calculan que en todo Yucatán hay distribuidos unos 30,000 equipos de ese tipo, de los cuales poco más de la mitad está en la capital del Estado. Sólo en el centro de la ciudad hay de 8,000 a 10,000, la mayoría en la zona de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito.

La instalación de las máquinas en el primer cuadro es estratégica, porque se trata de un sector donde cada día transitan hasta 100,000 personas, que representan importante mercado para cualquier giro comercial,

En un recorrido se constató que los locales donde funcionan las máquinas tragamonedas tienen diferentes giros, que en muchos casos son sólo el disfraz. Con excepción de pequeñas tiendas, donde hay de tres a cinco aparatos, los “minicasinos” operan con un mínimo de diez máquinas que tienen incluso clientela cautiva.

Pasa sobre la ley

El funcionamiento de estas máquinas representa una violación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Su combate corresponde a la Secretaría de Gobernación, que se apoya en las policías federal, estatal y municipal en los decomisos ocasionales.

Aunque los insumos y el “software” son de origen chino, con puerta de entrada en Progreso, los equipos son ensamblados en Mérida y desde esta ciudad se les distribuye a todo el Estado,

Nuestras fuentes identifican a tres grandes distribuidores: Enrique José Cardín Canto, quien tiene su ensambladora en el rumbo de San Sebastián, sobre la calle 73, y dos hermanos de apellido Alcántara, que tienen su taller cerca de los grandes mercados.

El primero fue el iniciador del negocio en Yucatán, hace diez o doce años, recuerdan nuestras fuentes.

En otro lugar de esta misma página ofrecemos más detalles de esta ilegal actividad. En próxima entrega abordaremos otros aspectos de los problemas que afectan al primer cuadro de la ciudad.

Tragamonedas Más detalles

A la fecha hay unos 30,000 de estos aparatos distribuidos en todo el Estado.

Videojuegos, no tanto

Los distribuidores dan preferencia a los tragamonedas sobre los videojuegos, porque éstos les dejan pocas ganancias, según gente ligada a la actividad.

También paleros

La habilidad de algunos jugadores les ha permitido desarrollar trucos para gastar menos. Uno de ellos es de alambres con los que sujetan las monedas para que no caigan y les permitan continuar con “crédito”. Para estos casos, los dueños de algunos locales grandes contratan paleros que al percatarse de algo sospechoso se acercan al jugador para interrumpirle las triquiñuelas. Cada palero puede ganar hasta 500 pesos al día.

Hay puntos “plus” para operación de los “minicasinos”

Severiana es una vendedora de verduras que se desplaza a diario entre los mercados Lucas de Gálvez y San Benito. Su hipil y el inseparable rebozo son prácticamente todo lo que le queda al final de una jornada de trabajo.

Rara vez le queda dinero. ¿La razón? Se ha convertido en adicta a las máquinas tragamonedas y en ellas deja la ganancia diaria, a cambio de ocasionales golpes de suerte en los que recibe algo de dinero de los aparatos.

El problema de Severiana es mayor de lo que se puede pensar, porque además de la ludopatía carga sobre sus espaldas una deuda que crece poco a poco a causa de su adicción. Para poder jugar todos los días recibe préstamos del dueño del local donde están los “minicasinos”, que no pone reparos a las solicitudes a sabiendas de que finalmente recibirá mayores ganancias.

El caso de la modesta vendedora, quien platicó con uno de nuestros reporteros cuando se acercó a ofrecerle en venta “unos cortauñas nuevecitos”, ilustra la situación por la que atraviesan numerosos clientes del ilegal negocio de las “maquinitas”, que opera a todas horas sin que se interponga autoridad alguna.

“Aquí hay ganancias que se comparten todos. Podrán decir que es competencia de las autoridades federales, pero el primer contacto es con las de abajo”, indicó un comerciante relacionado con esa actividad.

Las utilidades son de verdad elevadas. Los tragamonedas instalados en zonas “plus”, como en los alrededores de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, generan ganancias diarias de hasta $2,500 cada uno.

En el otro lado están equipos de menor ganancia, como los que se ubican en pequeños tendejones de las colonias, que en ocasiones sólo reditúan de $100 a $200.

Con base en esos extremos, un promedio de mil pesos diarios por cada equipo arroja que los 30,000 repartidos en todo Yucatán generan 30 millones de pesos al día. Más de la mitad es de Mérida.

Nuestros informantes explicaron que hay dos formas de posesión de los “minicasinos”. Una de ellas es la compra, en unos $4,000, con la utilidad total para el comprador. La otra es el comodato, mediante el cual el dueño del local sólo facilita el espacio para que el propietario instale los equipos.

Con el comodato, los dueños del local y del equipo se reparten la ganancia en partes iguales.

El que decida comprar los aparatos tiene algo en contra: debe pagar $2,000 al mes al vendedor por “protección”, es decir, la garantía de que ninguna autoridad le decomisará esos bienes.

“Los decomisos son pura faramalla”, dijo una de nuestras fuentes. “Los dueños o encargados de los locales reciben el ‘pitazo’. Les piden que no cierren y que coloquen equipos viejos o averiados. Esos se confiscan”.

La distribución recae en tres personas: Enrique Cardín Canto y dos hermanos de apellido Alcántara, uno de ellos conocido como “el amigo”.

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