(2)La utilización de empresas fantasma para desviar cuantiosos recursos del presupuesto público no sólo es común en la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado (CGCS), sino, según algunos indicios, también en otras dependencias.
Varias compañías que venden facturas a la CGCS aparecen en la lista de supuestos proveedores de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), en algunos ayuntamientos y en las cuentas de ciertos candidatos del PRI.
De acuerdo con nuevos reportes de Central 9, la Unidad de Investigación de Grupo Megamedia, una de estas empresas que ha emitido facturas supuestamente falsas a más de una dependencia del gobierno es Diseños, Arquitectura y Tecnología, S.A. de C.V., propiedad del ex alcalde priista de Motul Herberto Aguilar Ortega.
Esta compañía facturó $1.615,275 en 2009 a la CGCS, dirigida por Jesús Rivero Covarrubias, por supuestos "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado". También pasó facturas por supuestos servicios de impresión de lonas y por trabajos al parecer relacionados con la SOP, pero pagados por Comunicación Social.
Es el caso de dos facturas por $20,500 cada una por concepto de animación digitalizada de los proyectos para la rehabilitación del edificio del Centro de Atención a Víctimas y para la construcción de los puentes peatonales, ambos ejecutados por la SOP.
Además de las facturas que emitió para la CGCS, Aguilar Ortega entregó otras dos facturas a Obras Públicas en 2008 por los siguientes servicios: $200,000 por "la elaboración del anteproyecto arquitectónico para la construcción del edificio paraolímpico en el CRIT Yucatán"; y $150,000 por la supuesta "elaboración del levantamiento topográfico para construir la Unidad Deportiva del Sur" en Mérida.
Es decir, Diseños, Arquitectura y Tecnología hace lo mismo un estudio topográfico que imprime lonas o difunde programas oficiales, aunque la empresa, creada en marzo de 2007, se especializa en la compra y venta de todo tipo de muebles e inmuebles y de maquinaria industrial y doméstica.
Su socio principal, Aguilar Ortega, de 74 años, además de ser alcalde de Motul por el PRI en el "miniperíodo" de 1994-1995, que encabezó como gobernador Federico Granja Ricalde, abrió una funeraria en esa ciudad y fomentó luego un rancho agrícola en Seyé. No se le conoce alguna trayectoria como ingeniero, arquitecto o publicista. Tampoco tiene oficinas. Recibe recados en su domicilio particular de la calle 43 B de Francisco de Montejo. Allí, una persona que dijo ser empleada de la empresa confirmó que Aguilar Ortega es socio de Diseños, Arquitectura y Tecnología y que éste se encontraba fuera de la ciudad. "Regresará hasta la próxima semana".
El Diario publicó que otro supuesto proveedor de la CGCS, Fernando Roger Arce Montero, quien facturó $2.769,000 a esa dependencia por servicios de difusión que nunca prestó, también facturó a la SOP supuestos trabajos de remozamiento en iglesias del interior del Estado.
De acuerdo con las investigaciones de Central 9, la existencia de empresas fantasma, creadas ex profeso y en serie por parte del gobierno o de allegados a éste para apropiarse de grandes cantidades de dinero público, ya no se circunscribe únicamente a la oficina de Rivero Covarrubias, sino a muchos otros sectores de la administración pública.
De todo...
Un indicio de esta situación lo es la empresa Medmex Productos y Servicios, S.A. de C.V., propiedad de Elisa del Socorro López Puigserver y Claudio Manuel Alcocer Espinosa. Esta compañía abrió en abril de 2008 para dedicarse a la limpieza de toda clase de inmuebles, incluyendo clínicas y hospitales, y para prestar servicios de vigilancia, venta de ropa y uniformes escolares, realización de estudios de mercado y campañas publicitarias. Estos objetivos sociales de Medmex Productos y Servicios, plasmados en su acta constitutiva, son idénticos a los de otro proveedor fantasma de la CGCS, Jamil Productos y Servicios, S.A de C.V., que facturó a esa dependencia $3.859,600 en los primeros nueve meses de 2010, un promedio mensual de $428,772, y cuyos socios están desaparecidos.
Aunque la actividad principal de Medmex es, aparentemente, la limpieza de inmuebles, sus propietarios facturaron $1.619,000 a la CGSC entre enero de 2009 y septiembre de 2010, por supuestos "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado". Sus dos socios no tienen trayectoria en el medio ni oficinas o teléfono. Al parecer, su actividad principal es la venta de facturas. En febrero, el Ayuntamiento de Tizimín informó que su antecesor priista, José Luis Peniche Bates, pagó 363,603 pesos a López Puigserver con una factura alterada por la supuesta renta de volquetes para la recolección de basura y de cacharros.
Las personas del gobierno encargadas de adquirir facturas falsas, en la mayoría de los casos, no se preocupan por cumplir ni la mínima formalidad para cubrir esas operaciones.
Central 9 detectó una empresa totalmente fantasma, El Mar de Ray, S.A. de C.V., usada para simular gastos del gobierno yucateco, pero también del quintanarroense y de políticos del PRI de esa entidad.
Según un informe oficial de la Secretaría de Hacienda, esta empresa, registrada al parecer en Chetumal, pero con oficinas desconocidas, facturó $399,388 a la CGCS en 2009, a través de cuatro facturas por una "iguala" de $99,847, por supuestos servicios de cobertura y publicidad.
Ese mismo año, el candidato del PRI a diputado federal Roberto Borge Angulo, actualmente gobernador de Quintana Roo, utilizó esa compañía para justificar parte de sus gastos de campaña, pero el IFE lo impidió porque Borge sólo exhibió copia de los cheques supuestamente pagados, pero no las facturas.
Extraoficialmente Central 9 averiguó que decenas de facturas de esa compañía aparecen en la contabilidad de varios municipios de Quintana Roo y de dependencias del gobierno yucateco.
Conexión Sobrino
La aparición de facturas de proveedores fantasma en la relación de gastos de varias oficinas de la administración de Ivonne Ortega y de políticos priistas ya ha sido documentada por este periódico. Uno de los casos más relevantes hasta ahora es el de la supuesta publicista Wendy Jiménez Cervera, esposa de Mario Sobrino Sierra, hermano de Carlos Sobrino Sierra, asesor de la gobernadora, a cuyo nombre el PRI estatal y el gobierno local han emitido cuantiosos cheques por supuestos servicios.
De acuerdo con las últimas investigaciones de Central 9, el nombre de Mario Sobrino Sierra empieza a figurar en varias de las operaciones de proveedores fantasma vinculados con el gobierno del Estado y conocidos empresarios. Continuará.-Hernán Casares Cámara
Empiezan a surgir pistas sobre empresas fantasma en muchas otras áreas del gobierno.
Expansión
Varios de los presuntos falsos proveedores de la CGCS, como Comdimat, también han emitido facturas falsas en la Secretaría de Fomento Agropecuario.
Escándalo
Esa oficina, donde estalló por primera vez el escándalo de los fantasmas, está ahora involucrada en otro grave caso, como publicamos en esta misma edición.
La Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (Sfayp) del gobierno del Estado es de nuevo escenario de indicios de desvío de recursos millonarios, ahora con base en los resultados de una auditoría federal.
Una revisión que comenzó a principios del año revela que sólo en documentos de 2009 se hallaron cincuenta facturas apócrifas. Sus emisores son "fantasmas", pues las personas que aparecen como tales no las reconocen como suyas.
Esos documentos sirvieron para que la Secretaría pagara más de ocho millones de pesos, dentro de un programa de apoyo a los productores agropecuarios.
Este capítulo se suma al de las empresas fantasmas que facturan a la Coordinación General de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado, cuyo titular es Jesús Rivero Covarrubias, y también al de la Secretaría de Obras Públicas del Estado.
En el caso de Fomento Agropecuario, los auditores ya formularon una serie de solicitudes al delegado de la Sagarpa, Gerardo Escaroz Soler, por ser ésta la dependencia normativa del Programa para la Adquisición de Activos Productivos, donde se detectaron las irregularidades.
Entre otras cosas, le dicen que debe instruir "lo necesario" para que los funcionarios que hayan incurrido en las anomalías sean sancionados. También deberá procurar que se conozcan los nombres de quienes recibieron las 50 facturas.
Los beneficiarios de los recursos, si acaso existen, deberán hacer las aclaraciones pertinentes o, de lo contrario, devolver el dinero a la Tesorería de la Federación.
Como publicamos en su oportunidad, durante año y medio no se dio a conocer públicamente la lista de los beneficiarios del citado programa. En ese período se destinaron $15 millones al último trimestre de 2009 y $300 millones a todo 2010.- Angel Noh Estrada
de las solicitudes de apoyo al campo proviene del interior del Estado.
proyectos se relacionan con facturas "fantasmas" en Fomento Agropecuario.
pesos es una cantidad que se repite en varias de las facturas apócrifas descubiertas.
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millones en pagos cuestionados se hicieron con recursos de origen federal.
(1)Reciente auditoría federal revela que la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del gobierno del Estado, a cargo de Alejandro Menéndez Bojórquez, pagó en 2009 más de ocho millones de pesos con la presentación de facturas apócrifas, dentro del Programa para la Adquisición de Activos Productivos.
Es el primer resultado que se conoce de la revisión que, como informamos, se inició hace unos meses a esa dependencia y a la delegación local de la Sagarpa.
De acuerdo con un oficio que envió en enero el Órgano Interno de Control de la segunda Secretaría, el objetivo es comprobar que la operación del programa "se haya sujetado a las disposiciones que lo regulan", así como verificar que los recursos asignados "se aplicaron en forma transparente".
La mayor parte del dinero es enviada por la Federación. La dependencia ejecutora, que maneja los recursos, es Fomento Agropecuario; la Sagarpa es autoridad normativa.
El Programa para la Adquisición de Activos Productivos -mejor conocido en el medio agropecuario como Alianza para el Campo- ha sido motivo de polémica en los últimos meses. Fomento Agropecuario no cumplió en 2010 y parte de 2009 las normas de la Sagarpa sobre la publicación de proyectos aprobados. En más de año y medio no se supo públicamente quiénes fueron los beneficiados.
A fines de abril pasado se dio a conocer la lista correspondiente a los apoyos de 2010, pero, como ya se había hecho en ocasión anterior, se pasó por alto la obligación de difundirla en el periódico de mayor circulación y se recurrió a una publicación afín al PRI y al gobierno del Estado.
Además, la lista sólo circuló en Mérida, cuando más del 80 por ciento de los solicitantes son del interior del Estado.
En el caso de 2009, los recursos cuya aplicación se desconocía corresponden a reasignaciones, finiquitos y productos financieros (intereses bancarios). La suma ascendía a unos $15 millones.
La auditoría comenzó a fines de enero, a cargo del Órgano Interno de Control de la Sagarpa. Aún no termina, pero ya se formularon las primeras observaciones y recomendaciones ante una serie de inconsistencias y evidencias de irregularidades.
De acuerdo con documentos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, sólo en los trabajos correspondientes a 2009 se detectaron cincuenta facturas de emisores fantasmas. Los que aparecen en ellas no las reconocen como suyas.
Esas facturas fueron presentadas "como documentación soporte" en los expedientes de 49 proyectos. En total amparan un importe de $8.034,035.94, que pagó Fomento Agropecuario.
Los auditores se entrevistaron con las dos personas que presuntamente expidieron esa documentación: Juan Pablo Chan Pech y Cristian Fabiola Sánchez Salas. Al primero se le atribuían 49 facturas, por un monto total de $7.487,535.90, y a la segunda una sola, de $546,500.04. Ambos coincidieron en que no emitieron esos comprobantes.
Entre las 49 facturas que se atribuyen a Chan Pech hay varias arriba de los cien mil pesos. La de monto más elevado es la marcada con el folio 31-09-003956. Sirvió para que la Secretaría pagara $1.024,890.
Todos los documentos están identificados con folio y el pago individual. No hay más datos de las personas que aparecen como emisoras y los reporteros de Central 9 tampoco encontraron referencias de ellos en los directorios empresariales.
En este bloque no se incluyen los nombres de las personas que supuestamente recibieron el dinero.
De la cantidad cuyo pago se cuestiona, $5.290,915.99 corresponden a aportaciones del gobierno federal, $2.482,396.26 al gobierno del Estado y $1.471,844.79 a productos financieros.
Aunque está adscrito a la Sagarpa, el Órgano Interno de Control depende de la Secretaría de la Función Pública. Los responsables de la revisión elaboraron una cédula con observaciones y recomendaciones que, aunque las dirigen al delegado de la Sagarpa, Gerardo Escaroz Soler, tienen aplicación también en personal de Fomento Agropecuario.
En nota aparte detallamos las peticiones formuladas.
(1)Ante la presunción de que se cobró dinero con facturas apócrifas, el Órgano Interno de Control de la Sagarpa, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, formuló recomendaciones "correctivas" y "preventivas" al delegado de la primera Secretaría, Gerardo Escaroz Soler.
Aunque la dependencia ejecutora de los recursos es la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del gobierno del Estado, se dirigen los señalamientos al funcionario federal en su carácter de secretario técnico del Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (Fofay).
En síntesis, se le solicita al delegado federal que realice las gestiones necesarias para que se cumplan los siguientes puntos:
1) Que los funcionarios designados como ejecutores de los componentes del Programa para la Adquisición de Activos Productivos (PAAP) 2009 rindan un informe pormenorizado al Comité Técnico del Fofay, señalando los nombres y cargos de quienes recibieron las 50 facturas "presuntamente apócrifas", así como el número de expediente en cada caso.
2) Que el mismo Comité Técnico dé vista por oficio a la Secretaría de la Contraloría del Estado de las 49 actas de entrega-recepción de los expedientes, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, emprenda las acciones que considere convenientes contra los funcionarios que firmaron en cada caso como representantes "del Comité Técnico Estatal del Estado de Yucatán" sin acreditar la personalidad del proveedor que participó en cada acto.
3) Que el Comité Técnico del Fofay requiera a cada uno de los beneficiados y/o representantes de los 49 expedientes cuestionados para que aclaren y/o justifiquen los importes asignados. De no ser así deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación la totalidad del apoyo federal recibido en cada proyecto.
La recomendación "preventiva" es:
-El delegado de la Sagarpa solicitará al Comité Técnico del Fofay que se instruya por escrito al personal que participa en actos de entrega-recepción y en la revisión de documentos que verifiquen la autenticidad de los comprobantes de gastos con cargo a los programas de la Sagarpa.
El mismo personal debe acreditar plenamente la personalidad de los beneficiarios y proveedores que participen en los actos de entrega-recepción.- A.N.E.
@angelovaliant
Una de las recomendaciones que dirige la Función Pública al delegado de la Sagarpa:
Sanciones y evidencia
Deberá instruir "lo necesario" para que la delegación a su cargo, en el ámbito de su competencia, "realice las acciones necesarias" para que reciban sanciones los particulares que hayan incurrido en anomalías dentro del Programa para la Adquisición de Activos Productivos. Además, deberá presentar la evidencia a la Auditoría Ejecutiva Regional.
