Siete acciones para el turismo

Noticias de Yucatán ()

Yucatán marca la agenda en reunión de gobernadores

Viernes, 25 de enero de 2013 - Edición impresa En: Mérida, Turismo

Al participar en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en Tzintzuntzán, Michoacán, el gobernador, Rolando Zapata Bello, planteó siete acciones orientadas a fortalecer la agenda turística nacional y a consolidar la actividad como un motor generador de bienestar social para México.

Durante un encuentro de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conago, a la que asistió la secretaria federal del ramo, Claudia Ruiz Massieu, el mandatario yucateco mencionó, entre dichas acciones, la necesidad de establecer una agenda formal y profunda para dar un verdadero impulso a la conectividad aérea en el país.

“Estamos seguros de que el turismo doméstico podría ser el principal generador de la derrama económica interestatal y regional”, puntualizó, ante sus homólogos de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz; Tlaxcala, Mariano González Zarur; Colima, Mario Anguiano Moreno; y Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Zapata Bello expresó el total compromiso y la disposición de Yucatán de trabajar en colaboración con las autoridades federales y otras entidades federativas, para ubicar a la industria sin chimeneas como uno de los principales ejes que rijan la dinámica económica delpaís.

“También es de toral importancia que se propicie una mayor accesibilidad a los fondos que les permitan a las pequeñas y medianas empresas turísticas mejorar sus condiciones de competencia en el mercado actual”, apuntó.

En su mensaje, el gobernador yucateco subrayó la necesidad de fortalecer el sistema Datatur, que reúne los datos estadísticos de la actividad en México.El mandatario recalcó que también es prioritario replantear las políticas, estrategias y acciones de participación de los estados en el Consejo de Promoción Turística de México para que la iniciativa privada, en coordinación con los gobiernos, tenga mayor participación en los mercados turísticos.”En el caso del desarrollo de productos, es importante implantar un programa integral con metas claras e indicadores de evaluación de las regiones de México”, dijo.En el evento, celebrado en el antiguo Convento de San Francisco de este municipio michoacano, el Gobernador agregó que dichas metas deben englobar los cuatro factores que permitirán convertir a la actividad turística en un verdadero motor de desarrollo social para México: infraestructura, promoción, capacitación e impulso a la inversión empresarial.Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno de Yucatán para fortalecer y mejorar los programas de capacitación y competitividad que utilicen recursos locales y federales, con el fin de favorecer una mejor y mayor cobertura de planta laboral capacitada en estos temas.Por último, Zapata Bello agregó que los Gobiernos estatales podrían contar con mayores atribuciones en los temas de normatividad, verificación y atención al turista, para dar mejor respuesta a los visitantes nacionales y extranjeros, a la vez que se incentivaría la profesionalización de los servicios del ramo.

Turismo | Yucatán

Más propuestas que sobre turismo hizo el gobernador de Yucatán en una reunión.

Estrategias

“Es prioritario replantear políticas, estrategias y acciones de participación de los estados en el Consejo de Promoción Turística de México para que la iniciativa privada, en coordinación con los gobiernos, tenga mayor participación en los mercados turísticos. En el caso del desarrollo de productos, es importante un programa integral…”.

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Apoyo total a nuevo crédito

Noticias de Yucatán ()

Luz verde de PAN y PRI a petición del Ejecutivo local

Viernes, 25 de enero de 2013 - Edición impresa En: Gobierno, Mérida

Por unanimidad, diputados del PAN y el PRI emitieron ayer un dictamen a favor de que el Ejecutivo estatal contrate un crédito hasta de 317 millones 268 mil 611 pesos, para infraestructura en seguridad y el nuevo sistema de justicia con juicios orales.

Sofía Castro Romero, coordinadora de los diputados del PAN, precisó que apoyan esta solicitud porque el destino que se dará a los recursos es para reforzar la seguridad, por la supervisión que habrá en su aplicación y porque al final será de gran beneficio social: la seguridad.

La legisladora destacó que en su bancada se analizó debidamente esta iniciativa y consideraron que deben apoyarla sobre todo por el beneficio social que traerá.Luis Hevia Jiménez, coordinador de los legisladores del PRI, resaltó que a pesar de tener visiones partidistas distintas, se privilegió ante todo el bien común y se impuso la aplicación de los criterios de buscar el mayor y mejor impacto en beneficio de la sociedad.

Agregó que con esta aprobación terminó la etapa de análisis, con un significativo trabajo y acuerdos, para los cuales se tuvieron los elementos necesarios para conocer a detalle la solicitud.

La Comisión de Presupuesto del Congreso sesionó ayer y sus integrantes -del PAN y PRI- acordaron por unanimidad emitir un dictamen aprobatorio, que se pasará hoy al pleno, donde se espera que se apruebe de manera unánime por los 25 legisladores locales (15 del PRI, siete del PAN, dos del PRD y uno del PVEM).

En la comisión se expuso ayer que los principales factores por los cuales decidieron emitir el dictamen aprobatorio fueron sus ventajas, que consisten en:

Primero, que el capital no lo pagará el Estado, sino la Federación; al Ejecutivo estatal sólo le corresponderá cubrir el pago de los intereses; el plazo de amortización para el pago de la deuda es de 20 años y, sobre todo, se logrará un aumento considerable en la vigilancia.

En cuanto a los beneficios, se dijo que además de modernizar la vigilancia, con cámaras en los 106 municipios, se dotará de vehículos a corporaciones municipales y se construirán salas de juicios orales en Mérida.En resumen se expuso que el Ejecutivo busca con el empréstito, ejercer proyectos concretos a largo plazo en materia de infraestructura y seguridad pública, como implementar mecanismos preventivos de monitoreo y supervisión en todo el territorio yucateco, adquirir patrullas para los municipios y reforzar la infraestructura para la impartición de justicia.Para aprobar la contratación de este crédito fue necesario reformar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, al asentar que con esta deuda los ingresos del Estado ascienden a un total de 29 mil 177 millones, 184 mil 226 pesos, por tanto sus gastos serán también hasta por esa misma cantidad.Mauricio Vila Dosal, diputado del PAN puntualizó en la sesión de la Comisión, que en su bancada apoyarán esta solicitud del Ejecutivo, porque el tema de la seguridad es algo que preocupa a todos, además hay un consenso ciudadano a favor de este crédito, precisamente por el destino que se le dará.”Votaremos a favor, pero también nos comprometemos a darle puntual seguimiento a la aplicación de esos recursos, de cuidar que lleguen al destino para el cual se comprometió”, puntualizó.Dafne López Martínez, legislador priista al hablar a favor insistió en que serán muchos los beneficios que traerá este crédito, con el cual reiteró se reforzará la seguridad de la entidad

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Decide no apelar un fallo la Comuna

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"Sólo es una parte del proceso" contra una ex funcionaria

Viernes, 25 de enero de 2013 - Edición impresa En: Gobierno, Mérida

En la denuncia contra Doris Candila Echeverría, ex diputada y ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, el Ayuntamiento representa los intereses de los meridanos, cuyo dinero está en juego en éste y otros casos donde pudo haber desvíos del erario, afirmó ayer Lizette Mimenza Herrera, directora de Gobernación.

-Eso es lo que defendemos: el interés de los ciudadanos, quienes aportan de su bolsillo para sostener a la administración pública -subrayó la funcionaria.

Aclaró que la denuncia contra Doris Candila, que presentó la Comuna ante la Fiscalía, continúa su curso, “no ha concluido”.

-El gobierno municipal no apelará el asunto de la prueba realizada para verificar si una firma del expediente es verdadera o falsa, ya que sólo es una parte del proceso, no el punto final.

-Cualquier abogado litigante en estos asunto sabe que eso es así -indicó.

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El proceso penal contra Doris Candila Echeverría, ex diputada y ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, continúa su curso, pues faltan muchos elementos que deberá analizar la Fiscalía para determinar si hubo delito o no en el caso, afirmaron ayer funcionarios de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento.

En rueda de prensa, Lizette Mimenza Herrera y Rafael Pinzón Miguel, directora y subdirector, respectivamente, de la dependencia recordaron el origen del caso:

1) Una proveedora pide al actual Ayuntamiento que le pague $150,000 por servicios que ella dio al instituto que dirigía Doris Candila.

2) La funcionaria acusada argumenta que le dio $100,000 a la proveedora, y los $50,000 restantes los entregó, cuando ya no estaba en el cargo, al actual gobierno municipal.

3) La proveedora sostiene que no le pagaron nada, pero Doris Candila exhibe un documento firmado por aquélla donde consta que le dio personalmente el dinero.

4) La Comuna presume de irregularidades graves y pone todos los elementos ante la Fiscalía para que investigue.

En el expediente hay señalados además presuntos desvíos cometidos en la compra de alimentos por la ex funcionaria citada.

La Comuna “se dejó llevar por un solo dicho”

Opina un priista que no investigóa fondo un caso

Viernes, 25 de enero de 2013 - Edición impresa En: Gobierno, Mérida

“Si la autoridad tiene los elementos correctos, que se sigan y respeten los cauces legales, pero que investigue y no sólo se deje llevar por lo que le digan”, señaló el edil priista Rubén Segura Pérez, al opinar sobre la denuncia presentada contra Doris Candila Echeverría, ex directora del Instituto de la Mujer.

“El problema no es el revés de uno u otro lado, sino que el Ayuntamiento de Mérida se deje llevar sólo por lo que le diga un proveedor”, añadió.

La Comuna emitió anteayer un comunicado donde señaló que no existía revés para la Comuna y, si acaso, sería para la proveedora, quien hasta el día de ayer reclamaba al municipio el pago pendiente por los servicios prestados en la Administración 2010-2012.

Al respecto, Segura Pérez opinó que sólo se busca construir algo para perseguir a la funcionaria.

“Si realmente la directora de Gobernación tiene las bases claras en este asunto, que se sigan los cauces legales para resolver el problema”.

“Que se arme bien el recurso y que se le impute, yo creo que tomaron sólo como sustento el dicho de alguien, en este caso del proveedor, y no se investigó a fondo”.

“En este sentido, la directora (Lizette Mimenza) debe ser también más responsable de lo que dice, investigar a fondo y no dejarse llevar tan sólo por una versión”.

El regidor señaló que en su opinión tomaron como sustento el dicho de alguien, en este caso el proveedor y por tanto considera que no hay delito que perseguir, ya que el Ayuntamiento trabajó con lo que tuvo a la vista: “Lo declarado por alguien, y se dejó llevar”.

Opinión del PAN

Ayer en rueda de prensa y de lo que informamos en nota aparte, Lizette Mimensa, aclaró que cuando algún servidor público sustrae “un centavo” del erario, es ya un hecho delictuoso y aseguró que de parte del Ayunatmiento no hay dolo ni persecución política y tampoco se obra al vapor, “no se trata de cacería de brujas ni fue maquinado

También ayer, en un comunicado, Gerardo Bolio de Ocampo, presidente del comité municipal del PAN, señaló que “es una simpleza la forma en que se pretende exonerar a la ex funcionaria Doris Candila Echeverría de tantas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, y es un anticipo de la confirmación de que la corrupción y la impunidad seguirán más vivas que nunca en Yucatán”.

“Lo que importa es que la autoridad investigadora cumpla con su tarea”.

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Perderían sus viviendas

Noticias de Yucatán ()

Viernes, 25 de enero de 2013 - Edición impresa En: Ciudadanos, Mérida

Vecinos del municipio de Kanasín protestaron ayer en la mañana frente a las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo para denunciar que los pretenden despojar ilegalmente de los terrenos donde viven.

En Palacio de Gobierno incluso señalaron que ya son víctimas de desalojos en operaciones apoyadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los quejosos aseguran que especuladores compraron al ejido los terrenos donde tienen sus predios y ahora pretenden venderles las propiedades o desalojarlos.

Venden colonias enteras

Piden al gobierno que intervenga en un lío en Kanasín

Viernes, 25 de enero de 2013 - Edición impresa En: Ciudadanos, Mérida

Unos 200 vecinos de diferentes colonias de Kanasín realizaron ayer en la mañana una protesta ante el Palacio de Gobierno para pedir al gobernador, Rolando Zapata Bello, la expropiación de los terrenos donde habitan a fin de no perderlos.

Los quejosos señalaron que un especulador compró al ejido más de 170 hectáreas y ahora les quieren vender entre 55 y 100 pesos el metro cuadrado.

Explicaron que el problema es más grave debido a que el comisario vendió las colonias enteras, con iglesias, escuelas y parques incluidos, y que ya comenzaron los desalojos.-

Vecinos de Kanasín que realizaron ayer una protesta ante el Palacio de Gobierno informaron que ya se realizan desalojos en sus colonias, en diligencias que son apoyadas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Afirmaron que esa medida es para intimidarlos y así obligarlos a pagar por los terrenos en donde viven, “que especuladores le compraron al ejido”.

Juan Cervera, representante del grupo, indicó que el comisario ejidal, Marcelino Uicab Uicab, vendió de manera ilegal en 6.000,000 de pesos las tierras a empresarios que utilizan como prestanombres a Antonio Rojas y Jesús Argaéz.

“No midió el daño que estaba ocasionando debido a que en ese extenso terreno hay unos 4,000 predios, además de negocios, iglesias, campos de fútbol, centros comunitarios, casetas de la policía y escuelas”, añadió.

Los quejosos pidieron al gobierno del Estado su ayuda, con gritos de “expropiación y justicia”.

Durante la protesta, que obligó al cierre de la calle 61 entre 60 y 62, los manifestantes calificaron de injusto que pretendan despojarlos del patrimonio que “por años adquirimos con sangre, sudor y lágrimas”.

“Si vemos al comisario en la colonia, lo vamos a linchar”, advirtieron.

Indicaron que han acudido a diferentes instancias, como la Procuraduría de la Reforma Agraria, el Tribunal Agrario, a la Comuna de Kanasín y ante el anterior gobierno del Estado, pero sin buenos resultados.- David Chan Caamal

Kanasín | Protesta

Vecinos de Kanasín, que temen perder sus tierras, protestan ante el Palacio.

Caos vial

La manifestación inició a las 10 de la mañana y media hora después se cerró el tránsito de la calle 61 entre 60 y 62, lo que ocasionó caos vial. Los quejosos también acudieron a protestar ante el Congreso del Estado.

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Aumentan las tarifas de Cultur

Noticias de Yucatán ()

Los extranjeros pagarán $182 por entrar a Chichén

Jueves, 24 de enero de 2013 - Edición impresa En: Mérida, Turismo

Los precios de entrada a los paradores turísticos y a las zonas arqueológicas administradas por Cultur y el INAH aumentaron desde hace varios días.

De acuerdo con un comunicado de Cultur a los prestadores de servicios turísticos, ahora el acceso a Chichén Itzá para los extranjeros cuesta $182, de los cuales, $125 son para Cultur y el resto para el INAH. Hasta el año pasado la tarifa era de $177.

Para visitantes nacionales, la tarifa es de $128 (antes era de $125). De esta cifra, $71 es para Cultur. Los espectáculos de luz y sonido en Chichén cuestan ahora $75 y $48, para extranjeros y nacionales, respectivamente. Los niños menores de 13 años y los socios del Inapam pagan tarifas especiales.

Según cifras oficiales, la afluencia promedio anual a Chichén Itzá es de 1.478,646 visitantes, entre nacionales y extranjeros.

Las tarifas de acceso a la zona aqueológica de Uxmal y al espectáculo de luz y sonido de ese lugar son las mismas que las de Chichén, de acuerdo con el comunicado.

Los domingos los visitantes nacionales no pagan la tarifa de Cultur y del INAH, pero sólo en Chichén, Uxmal, Dzibichaltún y Ek Balam. En los días festivos pagan el 50% de la tarifa de Cultur.-

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“Delincuentes” sin castigo: FCF

Noticias de Yucatán ()

Piden que no se pasen por alto los casos de desfalco

Jueves, 24 de enero de 2013 - Edición impresa En: Mérida, Política

“No se puede tapar el sol con un dedo: en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco se cometieron excesos que estuvimos señalando. No podemos aceptar que la Contraloría y demás órganos de control y vigilancia se queden con los brazos cruzados”, advierte Guillermo Vela Román, integrante del equipo coordinador del Frente Cívico Familiar.

“Durante años estuvimos señalando los desfalcos en Comunicación Social, en Fomento Agropecuario y Pesquero… las omisiones en los hospitales de Valladolid y Tekax. Se exhibieron facturas falsas, hubo testigos, declarantes que dieron fe de los desvíos”, añade.

En una entrevista, el profesor Vela Román dice que recientes declaraciones del gobernador Rolando Zapata Bello dejan entrever que la lucha contra la corrupción es válida sólo para su administración, sin mirar al pasado.

“Da la impresión de que sólo piensa en buenas cuentas de su gobierno, pero allí están los culpables del desfalco en la administración anterior”, apunta. “Esas personas son delincuentes, gozan de una riqueza malhabida e hicieron mucho daño a la sociedad”.

“No sancionar a esos delincuentes será permitir una injusticia contra quienes resultaron afectados con el saqueo… Si el gobernador lo permite será un solapador”.

El dirigente también formula los siguientes conceptos:

-Desde su discurso de toma de posesión Rolando Zapata alentó las expectativas de un buen gobierno. Como Frente Cívico, somos partidarios de que se deben conceder segundas oportunidades, de que a la gente se le juzgue por sus actos y no por las expectativas.

-El gobernador ha mostrado apertura a la sociedad, pero con una sociedad selecta, no con quienes somos críticos, y esto deja una limitante muy grande. Ser crítico no significa ser enemigo.

-En recientes declaraciones da a entender que los ciudadanos debemos demostrar quiénes cometen corrupción. Le decimos que no tenemos tiempo para investigar ni es nuestra obligación hacerlo. Para eso están los órganos de control del propio gobierno, es su deber.

-No castigar actos ilegales tiene un efecto demoledor en la sociedad, una consecuencia profunda. Se inhibe la participación ciudadana, lleva a la gente a preguntarse: “¿Para qué denuncio? ¿Para qué sirve?”

-Con esa complacencia de la autoridad se invita a otros actores sociales a hacer lo mismo que se denuncia: surgen, por ejemplo, jóvenes cuya mayor ambición no es prepararse para triunfar sino buscar un buen padrino en la política para que obtengan dinero fácil.

-El gobierno no da validez a la denuncia pública. Es una salida fácil decir que sin denuncia penal no se puede proceder. Los que denuncian se enfrentan después a obstáculos en los juzgados, sin tomar en cuenta que requieren tiempo y recursos para sostener un proceso jurídico.

-Si quiere, le podemos proporcionar al gobernador toda la información que requiera sobre los excesos que hemos estado denunciando. Son datos basados en números del propio gobierno.

-Las agrupaciones civiles no queremos ser organizaciones sustentadas únicamente en la denuncia pública. Queremos construir con la gente de Rolando Zapata, pero debe haber en ella la firme intención de corregir las cosas. Queremos diálogo con el gobierno del Estado, pero con un mensaje claro de nuestra parte: no es a cambio de quedar callados.

-Queda claro que el gobernador tiene una deuda pendiente con la sociedad: no debe dejar sin investigar y castigar a quienes cometieron desvíos.- Ángel Noh Estrada

El Ayuntamiento de Mérida | Opiniones

Guillermo Vela habla también sobre la Comuna de Mérida y el alcalde Renán Barrera:

Falta apertura

“En definitiva, al Ayuntamiento le hace falta mayor apertura a la sociedad. Está formando consejos consultivos y otras figuras, pero eso no es suficiente”

Apoyo social

“Si el alcalde busca apoyo de la sociedad podrá avanzar en algunos temas. Si el ambulantaje es un problema, él puede convocar y pedir que nadie compre a los ambulantes. Puede buscar también ese apoyo para respaldar sus acciones contra quienes cometieron desfalco en el Ayuntamiento anterior. Hay descontento por el caso de las luminarias, muchos meridanos están descontentos porque el patrimonio de la ciudad se vino abajo en poco tiempo… El presidente municipal puede buscar ese apoyo social”.

Nada de cuentos…

“Lo malo es que Renán Barrera parecer estar atrapado en algunos intereses, incluso de su propio partido. Está siendo sometido. Fue lo que pasó con Sana (empresa concesionaria de la basura), que no nos vengan con cuentos…”

Una deuda pendiente

Opiniones por los primeros cien días del nuevo gobierno

Jueves, 24 de enero de 2013 - Edición impresa En: Mérida, Política

Los culpables del desfalco no deben quedar impunes, dice el Frente Cívico

En el gobierno de Rolando Zapata Bello se notan vacíos del discurso a los hechos. Hay la impresión de que el mandatario va a cuidar el gasto público, pero el de su administración, sin voltear a ver al pasado, afirma Guillermo Vela Román, uno de los coordinadores del Frente Cívico Familiar.

“En recientes declaraciones, el gobernador da a entender que aplicar la ley en casos de corrupción es sancionar a quienes se demuestre que cometieron ilícitos”, añade. “Y deja esa comprobación en manos ciudadanas, cuando el gobierno tiene órganos de vigilancia y control que no operaron en la administración anterior y tampoco lo hacen ahora”.

Al hablar sobre los primeros cien días de Rolando Zapata al frente del Poder Ejecutivo, Vela Román dice que no es aceptable que el “combate feroz a la corrupción” que anunció el jefe del Ejecutivo al rendir protesta sea válido sólo para los funcionarios de este gobierno, cuando están bien identificados “los culpables del desfalco que vivió Yucatán” en los cinco años previos.

“Es la deuda que Rolando Zapata debe saldar”, añade. “Es alarmante que el contralor del Estado diga que nada irregular se ha encontrado en las revisiones. Sólo puede haber dos explicaciones: o es un funcionario de dudosa capacidad o es cómplice”.

“Durante muchos años señalamos excesos y se exhibieron documentos que prueban desvíos, pero nada pasó y nada pasa”.-

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Exige cese a la impunidad

Noticias de Yucatán ()

Solicita el PANa la Fiscalía que cumpla su deber

Jueves, 24 de enero de 2013 - Edición impresa En: Mérida, Policía

El Partido Acción Nacional hace un llamado a la Fiscalía General del Estado para que cumpla su deber, continúe y amplíe la investigación en el caso de Doris Candila Echeverría, ex funcionaria municipal, quien ha reconocido que incurrió en hechos delictuosos en perjuicio del erario y, por lo tanto, de los meridanos.

Hugo Sánchez Camargo, presidente del PAN en Yucatán, consideró que la ex titular del Instituto de la Mujer y del Refugio para Mujeres (Carem) incumplió los requisitos fiscales para el pago a proveedores, como confirma el resultado del estudio grafoscópico dado a conocer ayer por la Fiscalía, que evidencia el inadecuado e ilegal manejo de los recursos de la Comuna.

“Esa instancia de justicia debe investigar y llegar hasta el fondo para fincar responsabilidades”, subrayó.

“Lo reconoció”

El líder panista recordó que la propia señora Candila Echeverría ha reconocido públicamente y ante las autoridades ministeriales haberse quedado con 50 mil pesos de la Comuna, aunque su gestión ya había finalizado, y solamente devolvió esa cantidad porque se le requirió; además dispuso de otros 100 mil pesos que ahora deberá comprobar si los entregó a la proveedora como la ley municipal ordena.

De acuerdo con un comunicado del Partido Acción Nacional, “el PAN respalda al actual Ayuntamiento en su exigencia de justicia para que éstos y todos los atropellos cometidos por la anterior administración municipal contra los habitantes de Mérida no queden impunes y se hagaefectivo el combate a la corrupción que ofrece el gobierno estatal”.

PAN | Opinión

Habla Hugo Sánchez Camargo, presidente estatal del PAN, sobre este caso.

“Hasta el fondo”

“Doris Candila incumplió los requisitos fiscales para el pago a proveedores, como confirma el resultado del estudio grafoscópico dado a conocer hoy (ayer) por la Fiscalía… Esa instancia debe investigar y llegar hasta el fondo para fincar responsabilidades”.

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Denuncian contra la SSP

Noticias de Yucatán ()

Jueves, 24 de enero de 2013 - Edición impresa En: Mérida, Policía

Una familia del sur de Mérida denunció ante el Ministerio Público a la Secretaría de SeguridadPública por detención ilegal, robo y daños en propiedad ajena. La denuncia fue interpuesta ayer por la tarde en la agencia sexta del Ministerio Público.

Señala que el martes, alrededor de las 11 de la noche, sujetos encapuchados entraron a su predio en la calle 8 con 37, de la colonia Salvador Alvarado Sur y con violencia se llevaron detenidos a ocho integrantes de la familia, entre ellos a un menor de edad.Asentaron que desapareció dinero, un televisor de plasma, entre otros artículos, además que ocasionaron destrozos en la vivienda. Aseguraron que la detención, fue de manera ilegal debido a que no tenían orden de aprehensión.

Ayer mismo, presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la detención y los destrozos por parte de agentes de la SSP.Indicaron que los amenazaron con arma de fuego, incluso a uno de los detenidos lo encañonaron.Por la tarde, la oficina de prensa de la SSP, informó que en la colonia Salvador Alvarado Sur, detuvieron a ocho personas, entre ellos a un menor de edad, seis de ellos estaban intoxicados con mariguana.De acuerdo con información de la SSP, la detención se realizó en la calle 10 entre 37 y 39 de dicha colonia.

Alrededor de las 11 de la noche, patrullas de la corporación, realizaban labores de vigilancia en esa zona, al pasar se percataron que un grupo de personas, estaba consumiendo bebidasalcohólicas y mariguana en la vía pública, además estaban escandalizando.Los agentes, se bajaron y les realizaron una revisión, se les aseguró carteras, pulsos, aretes, soguillas, brazaletes, prendedores, collares, medallas, relojes, un televisor y diversas boletas de casas de empeño y envoltorios de mariguana.

No pudieron acreditar la propiedad por ello fueron detenidos.Se indicó que los sujetos, intentaron a sobornar a los agentes para que los dejaran en libertad.Los detenidos son Miguel Alejandro, Isarael Sansores Herrera, el menor J.N.S.H, Miguel Angel Sansores Canul, Javier Antonio Aguilar Puc, José Tomás Maldonado Alcalá, Delmar Efraín Chávez Palomo y Erick Josiel Cimé Osorio.Los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Justo cuando eran trasladados a la Fiscalía, sus familiares denunciaban a la SSP.

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Arremete contra la Fiscalía

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En desacuerdo con la sentencia a Keysi González

Jueves, 24 de enero de 2013 - Edición impresa En: Mérida, Policía

“No estamos de acuerdo con la sentencia, hay suficiente prueba para absolver”, expresó José Antonio Peniche Sansores, defensor de la costarricense Keysi González Corrales, condenada a 10 años de prisión por el secuestro con fines de prostitución que denunciaron dos coterráneas de la detenida.

La sentencia, de la que informamos ayer, originó que el juez Jorge Vázquez Juan explicara a la prensa que encontró suficientes pruebas para imponer la sanción.

El defensor acudió a los juzgados penales para enterarse de los detalles de la sentencia. Al salir, explicó que no está de acuerdo con la condena y que la sentencia debió ser absolutoria.

Además de Keysi González, fueron condenados Eduardo Aguilar López y Rosa María Casanova. Los hechos fueron a mediados de 2009, cuando dos ticas fueron “rescatadas” de una casa de la colonia México.”El Poder Judicial del Estado no actúa con autonomía, es un sistema obsoleto y obsequiado a intereses distintos a una verdadera y correcta administración de Justicia”, expresó.Hizo comentarios personales sobre el juez Vázquez Juan.Mencionó varios aspectos del juicio, por ejemplo, que las quejosas tenían libertad para trasladarse a distintos puntos de la ciudad.La casa tampoco estaba a cargo de alguno de los acusados, sino de otras personas que la rentaron.El propietario de un ciber café cercano a la casa expresó que las denunciantes acudían libremente a ese negocio y chateaban con sus parientes de Costa Rica y no denotaban signos de estar “secuestradas”.Se agregaron testimonios de costarricenses que señalan a las denunciantes como “sexoservidoras” en su país.Además, un expediente del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José de Costa Rica en donde la quejosa Yoheny Chaves Fonseca se desdice de su queja y que nadie la presionó ni retuvo y que “todo fue invento de (la otra quejosa) Raquel Ivannia Canales Acevedo por un adeudo que tiene con Keysi Gonozález.Felícitas Fonseca Fuentes, madre de Yoheny Chaves, afirmó tabién que recibía llamadas de su hija, desde Mérida y la joven expresaba estar bien en esta ciudad. También se agregaron recibos de envío de dinero por parte de las denunciantes a sus parientes, en Costa Rica.

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División por La Pepita

Noticias de Yucatán ()

Algunos aceptarían vender en el nuevo mercado, otros no

Jueves, 24 de enero de 2013 - Edición impresa En: Gobierno, Mérida

Teodoro Ríos Vadillo tiene 72 años de edad y más de 40 como vendedor de artesanías, tarea que desempeñaba en el segundo piso del mercado Lucas de Gálvez, donde había una sección especial para esos productos que demandaban los turistas.

Afirma que esa época de bonanza desapareció a raíz del proyecto de construir en ese sitio el mercado de La Pepita. Hoy día él es un vendedor callejero, está en el pasillo que divide a Los Portales del Museo de la Ciudad.

-Aquí no puedo exhibir toda mi mercancía, ya me robaron siete veces, los turistas no se detienen a comprar y mis ventas son mínimas -lamenta Ríos Vadillo, quien recuerda que tenía cinco espacios en el antiguo Bazar de Artesanías.

-Cuando me sacaron de ahí me prometieron que regresaría en tres meses, al terminarse la construcción de La Pepita, que sería un edificio amplio, cómodo y bonito. No me cumplieron, los locales del nuevo mercado son una porquería, es un cuartito con una mesetita, no sirve para nada, ahí no cabe ni una de mis vidrieras.

El veterano comerciante se queja además de que el puesto provisional que le dieron en la calle no tenía ninguna protección, él puso la estructura metálica que hace las veces de paredes y techo para proteger la mercancía.

Afirma que terminó en el hospital por los disgustos generados por esa situación así como por los robos y sus bajas ventas.

Como solución al problema de los 20 artesanos que dejaron sus antiguos espacios en el segundo piso del edificio que fue demolido para construir La Pepita, sugiere remozar dos secciones del Lucas de Gálvez que están vacías, donde puede habilitarse puestos más grandes para todos ellos.

En contraste, Jorge Francisco Braga, joyero que ocupaba la parte inferior de lo que ahora es La Pepita, dice que él sí acepta ocupar los puestos del nuevo mercado.

Afirma que lo mismo harían otros comerciantes que fueron sacados de ahí y desean regresar al sitio.

En la sección que fue demolida para hacer el nuevo edificio habían 41 comerciantes: 21 abajo y 20 arriba, en el Bazar de Artesanías, continúa el entrevistado.

Agrega que once de los que estaban abajo y cinco de los vendedores de arriba se ampararon cuando el entonces alcalde Manuel Fuentes intentó demoler el inmueble para levantar La Pepita. El concejal logró que los de abajo desistieran del proceso legal, pero no consiguió lo mismo con los de arriba.

En el gobierno de Angélica Araujo se resolvió el problema. En representación de aquella, Diana Castañeda Medina ofreció dar a los desalojados los mismos espacios que ocupaban si aceptaban que se hiciera el nuevo predio.

Pero la obra se atrasó, tan sólo la demolición del viejo predio duró cinco meses.- Hansel Vargas Aguilar

La Pepita | Difieren comerciantes

Parte de los desalojados acepta regresar a ese sitio, pero otros rechazan la idea.

Los artesanos

Algunos comerciantes del Bazar de Artesanías dicen que los nuevos espacios de La Pepita son reducidos en comparación con los que tenían.

Otros comerciantes

Vendedores de la planta baja sí aceptan los nuevos espacios. Jorge Francisco Braga afirma que desde el 16 de octubre pidieron al subdirector de Mercados, José Collado, la reubicación.

Presunta preferencia

José Braga acusa al funcionario de aliarse y favorecer a dos de los 15 líderes que hay en los mercados. Dice que los beneficiados son Felipe Estrella Baas, de la Unión de Pequeños Comerciantes, y Enrique Sánchez Dzul, de la Unión de Baratilleros. “Para Collado no existe el resto de los dirigentes de los locatarios”.

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