Noticias de Yucatán
(Proceso).- El priista
oaxaqueño Eviel Pérez Magaña, nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) no sólo carece de experiencia en materia social y de combate a
la pobreza: su historial en el PRI está marcado por actos de corrupción,
enriquecimiento ilícito y oportunismo.
Durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto, dos empresas vinculadas con Pérez Magaña, radicadas en su bastión
de San Juan Bautista Tuxtepec –municipio oaxaqueño del que fue alcalde en
2001–, obtuvieron contratos federales por más de 137 millones de pesos, como
consta en el Registro Público del Comercio y en el Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT).
Dos de esos
contratos fueron otorgados por la delegación de la Comisión para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI) en Oaxaca, dirigida por Jorge Toledo Luis, quien era
entonces suplente de Pérez Magaña en el Senado. Toledo fue presidente estatal
del PRI en Oaxaca y coordinó la campaña de Pérez Magaña para la gubernatura del
estado, que perdió ante Gabino Cué Monteagudo en 2010.
El oaxaqueño heredó de sus antecesores
(Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña y Luis Enrique Miranda
Nava) una Sedesol que parece más bien un bastión del PRI, con un ejército de
operadores políticos desplegados en las 32 delegaciones federales de la
dependencia.
Entre ellos destacan
expresidentes estatales del PRI, exdiputados, exalcaldes y familiares de
gobernadores, algunos señalados en investigaciones por delitos electorales y
todos vinculados con intereses en los comicios federales de julio próximo.
Desvíos
Durante su gestión en la
Secretaría de Obras Públicas de Oaxaca, durante el gobierno del también priista
Ulises Ruiz Ortiz, Pérez Magaña fue señalado de participar en el saqueo del
erario estatal a través de la empresa Comercializadora Tres Hermanos, S.A. de
C.V. (Cothesa), que fundó con su padre en febrero de 1997 en Tuxtepec, según el
acta constitutiva consultada por Proceso.
En abril de
2015 la delegación de la CDI en Oaxaca otorgó un contrato por 3 millones 536
mil pesos a Cothesa para la construcción del sistema de agua potable de la
localidad de Piedra Quemada, perteneciente a Tuxtepec, como consta en el POT.
En un acta
administrativa de Cothesa fechada en noviembre pasado, aparece como
representante legal José Alberto Pérez Magaña, hermano del titular de la
Sedesol.
Rolando
Pérez Magaña, otro hermano del funcionario, es mencionado en un acta de octubre
de 2017 como representante legal de Construcciones Civiles y Asesoría Técnica,
S.A. de C.V., una empresa fundada en 2002 en Tuxtepec. Durante el gobierno de
Ulises Ruiz en Oaxaca, esta empresa obtuvo jugosos contratos de varias
dependencias, entre ellas la Secretaría de Obras Públicas que encabezaba Eviel
Pérez Magaña.
Entre 2013 y
2015 la empresa obtuvo nueve contratos de obras federales por un total de 134
millones 82 mil pesos. En mayo de 2013, Toledo Luis le otorgó un contrato por 9
millones 882 mil pesos a través de la delegación de la CDI en Oaxaca.
Los demás fueron otorgados
por la delegación de la Sedesol y de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en el estado, así como por el ISSSTE.
En 2008 Ulises Ruiz y Pérez
Magaña armaron una red de negocios inmobiliarios, en la que involucraron a
pobladores humildes de Veracruz como falsos compradores de casas por 33
millones de pesos en un fraccionamiento de Tuxtepec.
Según una investigación del
portal Aristegui Noticias publicada en julio de 2016, Gabriela López –esposa de
Eviel Pérez Magaña–, Álvaro Ortiz Alvarado –sobrino del exgobernador– y otros
oaxaqueños constituyeron el Grupo Inmobiliario del Papaloapan en enero de 2008,
en la Ciudad de México. La firma adquirió en Tuxtepec un terreno por 22
millones de pesos “en efectivo” y ahí construyó el fraccionamiento Los Álamos,
de mil 75 casas.
Un empresario oaxaqueño dijo
entonces a Aristegui Noticias que durante la gestión de Pérez Magaña en la
Secretaría de Obras Públicas tenía que pagar “cuotas extra en efectivo” para
obtener los contratos, que formalmente se adjudicaban mediante licitaciones.
“El dinero en efectivo era
trasladado vía terrestre de la ciudad de Oaxaca a Tuxtepec por un colaborador
de Pérez Magaña llamado Sergio Moreno y en dos ocasiones se usaron incluso
aeronaves”, añadió.
En su declaración de servidor
público disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública, Pérez
Magaña se negó a proporcionar sus datos patrimoniales y sus posibles conflictos
de interés.
El “gran
amigo” de Meade
En abril de 2016, al tomarle
protesta a Pérez Magaña como subsecretario de Desarrollo Social y Humano, José
Antonio Meade Kuribreña lo elogió como “un gran amigo, un gran legislador, un
gran funcionario”. Sin embargo, el oaxaqueño tenía detrás de él 15 años de
carrera política marcada por el oportunismo y los fracasos.
Su primer “éxito” lo obtuvo el 30
de diciembre de 2001, cuando el Tribunal Electoral canceló la victoria del
candidato panista a la alcaldía de Tuxtepec y entregó la presidencia municipal
a Pérez Magaña, a pesar de los señalamientos de que militantes del PRI y del
PRD ingresaron por la fuerza en el Consejo Municipal Electoral y reventaron las
urnas.
El entonces representante del PRI
en el Consejo Municipal Electoral y operador del presunto fraude fue Jaime
Aranda Castillo, ahora asesor de Pérez Magaña en la Sedesol.
El oaxaqueño se quedó sólo un año
en el municipio: en 2003 fue electo diputado federal, puesto que ocupó
brevemente, ya que en 2004 Ulises Ruiz Ortiz lo nombró director general del
Instituto de la Vivienda de Oaxaca y en 2005, secretario de Obras Públicas.
En 2009, a unos meses de
terminarse el sexenio, Pérez Magaña consiguió otra diputación federal, en la
que permaneció tres meses, y en 2010, después de su fracasada campaña para la
gubernatura de Oaxaca, fue electo senador y presidió la Comisión de Asuntos
Indígenas hasta su nombramiento en la Sedesol.
Como subsecretario, Pérez
Magaña tuvo bajo su responsabilidad cinco direcciones generales, que manejan,
entre otros, los programas 65 y Más, de Empleo Temporal y de Opciones
Productivas, dotados de más de 50 mil millones de pesos para subsidios, así
como la Unidad de Microrregiones.
También encabezó los consejos de
administración de las paraestatales Liconsa, dirigida por su paisano Héctor
Pablo Ramírez Puga, y Diconsa, a la que en marzo de 2017, tras un paréntesis de
dos años, regresó el priista mexiquense Héctor Velasco Monroy, integrante del
Grupo Atlacomulco, como Peña Nieto.
Al frente de la Sedesol, Miranda
Nava fue prácticamente invisible y sus escasas apariciones públicas ilustraban
su desconocimiento profundo de los temas de desarrollo social y de pobreza. Por
si fuera poco, en septiembre pasado el periódico Reforma reveló que la hermana
del mexiquense vendía gasolina abastecida por huachicoleros.
A la mayoría de los actos
públicos de la dependencia acudían, “en representación del secretario”, los
subsecretarios Pérez Magaña y Francisco Javier García Bejos, al que Miranda
colocó en la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en
octubre de 2016, pocos días después de asumir el cargo en la Sedesol.
Por el momento, Pérez Magaña no
ha realizado cambios en la dependencia. García Bejos, funcionario muy cercano a
Peña Nieto, sigue en el cargo, donde gestiona el multimillonario Fondo de
Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), a través del cual la Sedesol
otorga recursos a los estados y municipios para supuestas obras de
infraestructura social.
La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) denunció en 2016 el uso discrecional de gran parte de estos
recursos y la falta de rendición de cuentas de las entidades: los municipios
reportan únicamente dos de cada 10 pesos gastados, lo que abre la puerta a los
desvíos, sobre todo en periodo electoral.
Lo peor es que el FAIS no
funciona en el combate a la pobreza: de 2010 a 2015, de los 2 mil 457
municipios analizados por la ASF, 44 disminuyeron su rezago social, 914
aumentaron su rezago social y mil 499 permanecieron igual.
Entre
priistas
Al igual que el resto de las
dependencias creadas para combatir la pobreza, el gobierno federal convirtió a
la Sedesol en una vasta maquinaria priista, que alimenta las sospechas sobre
los desvíos de programas sociales para la compra y coacción del voto.
Proceso ha
documentado varias veces que Robles y Meade colocaron operadores políticos del
PRI en las delegaciones estatales de la dependencia.
El mexiquense Miranda, quien se
definió como “operador político”, no fue la excepción: algunos de los 12
delegados que colocó fueron demandados ante la Fiscalía Especializada Para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE). De los delegados en servicio, otros
13 fueron nombrados por Meade y siete permanecen en el cargo desde que arrancó
el sexenio de Peña Nieto.
Los delegados juegan un papel
clave. Además de disponer de recursos propios para operar programas sociales,
gestionan miles de millones de pesos de subsidios de la Sedesol y determinan,
junto con las autoridades estatales y locales, el uso de los recursos del FAIS.
Y en septiembre pasado Miranda
Nava designó en la delegación de la Sedesol en Oaxaca al polémico priista
Alejandro Avilés Álvarez.
Durante tres meses y medio, éste
fue secretario Gobierno en la administración de Alejandro Murat Hinojosa, cargo
al que renunció cuando se descubrió que su hijo utilizó un helicóptero oficial
para ir de vacaciones a Puerto Escondido. El mismo hijo fue criticado en enero
de 2016 por presumir su opulento estilo de vida en un viaje que realizó a Las
Vegas para celebrar el Año Nuevo.
“Hechura” de Ulises Ruiz Ortiz,
según la prensa local, Avilés tiene un amplio historial de corrupción en el
estado, donde fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y coordinador
de campaña de Murat, puesto que ocupó Pérez Magaña durante dos días en el
arranque del proceso electoral
En las elecciones de 2016
militantes priistas denunciaron a Avilés ante la FEPADE porque, aseguraron,
vendía las candidaturas del partido hasta por 3 millones de pesos.
Su hermana, Violeta Avilés
Álvarez, fue suplente de Pérez Magaña en la Cámara de Diputados durante unos
meses en 2009. La priista tomó posesión del cargo a principios de 2010, cuando
Pérez Magaña inició su campaña para la gubernatura.
El año pasado, la delegación de
la Sedesol en Oaxaca ejerció 233 millones de pesos, según información obtenida
por Proceso a través
de una solicitud de información.
En Quintana Roo asumió la
delegación Rosario Ortiz Yeladaqui, quien supervisó los contratos del estado
durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, en la que
fungía como oficial mayor. Borge está en la cárcel de Cuautla, Morelos, y
enfrentará acusaciones por presuntos desvíos millonarios.
La FEPADE, por su parte, abrió
una investigación sobre el probable desvío de 200 millones de pesos del estado
para financiar la campaña de Mauricio Góngora, el candidato del PRI a la
gubernatura de Quintana Roo en 2016. Ortiz Yeladaqui es una de las personas
investigadas.
En la delegación de la Sedesol en
Chiapas, el estado más pobre del país, que además sufrió graves estragos por el
terremoto del pasado 7 de septiembre, Miranda colocó al diputado federal del
Partido Verde Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, empresario cercano al Grupo
Comitán y presidente de ese municipio de 2013 a 2015.
A la toma de posesión del
político chiapaneco en la delegación asistió Pérez Magaña, en representación de
Miranda Nava. Esa representación de la Sedesol tiene el segundo mayor
presupuesto, después de la mexiquense: el año pasado se le asignaron 345
millones de pesos, de los que ejerció 278.
Meade, quien utilizó su corta
estancia en la Sedesol para proyectarse a la candidatura presidencial, realizó
en las delegaciones algunos cambios que parecen favores a los gobernadores.
En Campeche, por ejemplo, nombró
en enero de 2016 al diputado local y exdirigente estatal del Partido Verde
Christian Castro Bello, tres meses después de que su tío, el priista Alejandro
Moreno Cárdenas, asumiera la gubernatura de la entidad.
El ahora precandidato del PRI a
la Presidencia también entregó la delegación de Tlaxcala a Mariana González
Foullon, hija del gobernador Mariano González Zarur, y dio la de Veracruz a
Anilú Ingram Vallines, quien de “coordinadora de radio” en la campaña del
exgobernador Javier Duarte de Ochoa fue catapultada por el mandatario –ahora
preso– a la presidencia de la mesa directiva del Congreso local en 2013, cuando
sólo tenía 33 años.
