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La ausencia de cualquier expectativa o incertidumbre con las elecciones presidenciales de este domingo es la confirmación más contundente de que la democracia quedó enterrada en Venezuela. Ciudadanos, dirigentes y analistas, en el país y en el exterior, saben que Nicolás Maduro obtendrá un triunfo holgado que le permitirá seguir gobernando al menos seis años más.
Probablemente sea la primera vez en la historia que gane cómodo la reelección el presidente de un país que atraviesa un proceso hiperinflacionario —el FMI proyecta para este año un incremento de precios del 13.864%—, y que según la mayoría de los sondeos de opinión tiene un nivel de aprobación inferior al 20 por ciento.
La razón de este curioso fenómeno es que, desde que perdió claramente los comicios legislativos de diciembre de 2015, el chavismo empezó a trabajar para vaciar de sentido al voto popular. La idea es que se convierta en un trámite para darle una fina capa de legalidad a su permanencia en el poder.
Es una maquinaria muy bien montada. No hay detalles sueltos
"Las elecciones del próximo 20 de mayo no son libres ni imparciales", sostiene el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) en su Informe de Irregularidades 2018. "Si gobernaran como se preparan para una campaña esto sería Corea del Sur en términos de desarrollo", dice con un humor amargo el sociólogo Ignacio Ávalos, integrante del OEV. "Es una maquinaria muy bien montada. No hay detalles sueltos", cuenta a Infobae.
El plan para manipular el resultado de estas elecciones comenzó a gestarse en agosto de 2017, tras la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que funciona como un órgano legislativo plenipotenciario. Desde ese momento se fueron tomando distintas medidas para llegar al escenario actual. Estos son los siete artilugios principales con los que Maduro logró garantizarse la reelección.
1. La manipulación de la fecha
Ocho elecciones había en la agenda latinoamericana a comienzos de año. Cinco presidenciales y tres legislativas o regionales. En enero, sólo en Venezuela era una incógnita la fecha. Es más, en ese momento ni siquiera se sabía con seguridad si el Gobierno iba a convocar los comicios.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció recién el 7 de febrero que se votaría el 22 de abril. El plazo era de apenas 74 días, cuando en 2012 el llamado se había realizado con 390 días de antelación. Es evidente que eso favorece al oficialismo, que ya tiene resuelto el candidato y vive en campaña permanente. Organizar todo con tan poca antelación es prácticamente imposible para la oposición .
Con la misma arbitrariedad que había fijado esa fecha, el CNE resolvió luego posponerla para el 20 de mayo, como una concesión tardía ante los reclamos opositores. A esa altura ya sabía que los adversarios que más lo preocupaban no iban a participar.
2. Proscripción de candidatos
A Leopoldo López lo sacaron del juego hace tiempo. El 12 de septiembre de 2015 lo condenaron a 13 años y 9 meses de prisión en un juicio totalmente armado, según confesó el fiscal Franklin Nieves meses más tarde, tras escapar del país.
Pero quedaba en carrera Henrique Capriles, que en las elecciones de 2013 había estado a sólo 140 mil votos de ganarle a Maduro, cuando Venezuela estaba lejos de la crisis en la que se encuentra ahora. Es la figura con mejor imagen en la oposición y en cualquier contienda más o menos limpia debería imponerse sin demasiadas dificultades.
El Gobierno hace literalmente lo que quiere y la prueba son estas elecciones
El Gobierno resolvió el problema en abril del año pasado. La Contraloría General, manejada por el Poder Ejecutivo, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años por "irregularidades administrativas" durante su gestión como gobernador de Miranda.
"El Gobierno hace literalmente lo que quiere y la prueba son estas elecciones —dice Ávalos—. Se inhabilitan candidatos, se inhabilitan tarjetas. Es una situación de anomia muy brava".
3. Proscripción de partidos políticos opositores
Como todavía existía la posibilidad de que quienes se oponen al gobierno elijan a otro postulante competitivo, resultaba imperioso tener mayores garantías. Para eso, la ANC les quitó la personería a los partidos que rechazaron las elecciones municipales realizadas en diciembre de 2017, por considerarlas fraudulentas.
Como requisito para volver a participar, la ANC les exigió someterse a un proceso de validación especial. Les dieron sólo unos días para conseguir las firmas del 5% del registro electoral, diez veces más de lo requerido en procesos anteriores.
"Esta sanción no está contemplada en la legislación electoral vigente y fue, por tanto, aplicada de manera ilegal y retroactiva", sostiene el informe del OEV. Los partidos ilegalizados fueron Primero Justicia, de Capriles, Voluntad Popular, de López, y la Mesa de la Unidad Democrática, la alianza que se impuso en 2015.
No hay una observación internacional confiable. Sólo vienen los que tienen una opinión favorable del gobierno
Lo curioso es que Esperanza Por El Cambio, el partido del excéntrico pastor evangélico Javier Bertucci, sin experiencia política ni una estructura comparable a la MUD, recibió la habilitación. El CNE no presentó ninguna evidencia de que haya juntado las firmas necesarias.
"Bertucci no cumplió ninguno de los requisitos que se exigen para la inscripción de un candidato. Aquí hay una comunidad evangélica importante, y él puede obtener una votación que lo convierta en una figura política de cierta relevancia. Está la especulación de que se lo habilitó para incentivar la participación y para dividir más a la oposición. Pero literalmente no cumplió con las normas, y eso quedó en el silencio", afirma Ávalos.
4. Subregistro de votantes
Otra estrategia oficial para disminuir los riesgos a su mínima expresión es que no puedan votar los electores que más rechazan al gobierno. Para conseguirlo, dieron apenas 20 días para que las personas que no figuraban en el Registro Electoral pudieran anotarse.
"Este lapso —dice el OEV— resultó insuficiente para que se inscribieran los casi dos millones de jóvenes con edad para sufragar, y para que actualizaran sus datos alrededor de un millón y medio de electores residenciados en el exterior, emigrados recientemente". La decisión no es azarosa, porque en ambos grupos prima el antichavismo.
5. Una campaña totalmente desequilibrada
Para maximizar las ventajas del oficialismo, el CNE redujo el período de campaña a 26 días antes de las elecciones. Son 70 días menos que en 2012. Pero la restricción corre sólo para la oposición, porque Maduro viene haciendo proselitismo explícito desde hace tiempo.
El 26 de enero, dos meses antes de que entre en vigencia la campaña, el Presidente empezó a promulgar el logo y la consigna para las elecciones, "Juntos podemos más". Con ese leit motiv inundó las radios y la televisión, que, por otro lado, están tan presionados por las autoridades que apenas cubren las actividades opositoras.
6. Un sistema de votación sin auditorías ni controles
Desde 2004, cuando Venezuela adoptó el sistema de voto electrónico, la firma Smartmatic, contratada para desarrollar el software, ejerció una auditoría de cada proceso electoral. En los comicios del 30 de julio de 2017, convocados para elegir a los miembros de la ANC, la compañía aseguró que el CNE realizó un fraude para sumar al menos un millón de votos a los candidatos oficialistas.
Ni la Justicia ni la Contraloría investigaron la denuncia. Los comicios de este domingo se realizarán con el mismo sistema, pero sin la auditoría de Smartmatic, que se fue del país. Al mismo tiempo, se le prohíbe la observación a distintos organismos nacionales e internacionales que hasta 2015 podían monitorear el proceso, como la OEA, el Centro Carter y el propio OEV.
"No hay una observación internacional confiable. Sólo vienen los que tienen una opinión favorable del gobierno. Miran de lejos las cosas y dicen que todo está bien", sostiene Ávalos.
7. Compra de votos y extorsión
Todos los artilugios anteriores son más que suficientes para garantizar que Maduro no sea derrotado. Pero no alcanzan para hacer que concurra a las urnas un número más o menos aceptable de personas, algo necesario para que las elecciones no parezcan tan ilegítimas.
El objetivo es movilizar a quienes constituía un núcleo de votantes fiel y convencido, pero que dejó de creer hace tiempo por las penurias que pasan cada día. Por eso, el chavismo llevó hasta las últimos consecuencias la compra de votos y la extorsión hacia los beneficiarios de los distintos programas sociales.
Con su habitual verborragia, el propio presidente lo reconoció luego de sufragar en las elecciones regionales del año pasado. "Aquí el que haya votado con su carnet de la patria tendrá un premio de la República. Mala idea no es. Deben ser premiados aquellos que participen", dijo.
Crean la sensación de que pueden controlar el voto. Es un sistema de vigilancia ciudadana
El carnet de la patria es una de las herramientas fundamentales. Es un documento que tienen que tramitar todos los que reciben algún beneficio del Estado. La otra son son puntos rojos, carpas que instala el partido chavista en las inmediaciones de los centros de votación. Algo que, obviamente, está prohibido.
"Los electores tienen que ir y presentarse ahí. Así saben quién fue a votar y quién no. Incluso les pueden ofrecer bolsas de comida, bonos con dinero y cosas así. Funciona como un mecanismo de control", cuenta el investigador del OEV.
En teoría, si alguien no va registrarse a algún punto rojo el día de la votación, el Gobierno podría asumir que no fue a votar y tomar alguna represalia. De todos modos, no es necesario que eso efectivamente ocurra. Con infundir el miedo es suficiente para producir el efecto buscado.
"Hay una extorsión evidente al electorado. Crean la sensación de que pueden controlar el voto. Es un sistema de vigilancia ciudadana", afirma Ávalos. (REUTERS).
