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Chis. (apro).- A más de tres meses de la desaparición de la indígena tzotzil Pascuala de la Cruz Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, su familia –originaria del municipio de Huixtán y extrema pobreza– la busca desesperadamente.
Eligio de la Cruz Gómez y Dominga Pérez Díaz, padres de la joven de 17 años, viajaron durante varias horas desde San José El Porvenir hasta esta ciudad, para denunciar la discriminación de las autoridades que, subrayaron, poco o nada han hecho para buscar a su hija, quien fue privada de la libertad desde el 12 de febrero pasado.
Acompañada de Juana de la Cruz Pérez, otra de sus hijas, la pareja señaló que los responsables de hacer justicia les han dado la espalda por su condición social y étnica.
Sin poder contener las lágrimas por el sufrimiento que les ha causado la desaparición de Pascuala, detallaron que con gran esfuerzo la enviaron a estudiar fuera de su comunidad y de su municipio.
El padre sostuvo que como leñador y productor de carbón juntó recursos para que su hija de 17 años dejara Huixtán y se fuera a radicar a San Cristóbal de Las Casas para estudiar la preparatoria, sin imaginar lo que podría ocurrirle por la inseguridad que se vive en el estado.
De acuerdo con la familia, el 12 de febrero Pascuala salió de su lugar de hospedaje, ubicado en la colonia Primero de Enero, y acudió a clases, como lo hace normalmente, pero ya no volvió al cuarto que renta con su prima Mónica de la Cruz Pérez, quien informó lo sucedido a los padres de la víctima.
De inmediato la pareja viajó hasta San Cristóbal de Las Casas para iniciar su búsqueda. Aproximadamente a la 1 de la mañana del 13 de febrero, Eligio recibió una llamada desde el celular de su hija. Le dijeron que la tenían secuestrada y le exigieron 5 millones de pesos a cambio de su liberación. La persona que habló le dio tres días para conseguir el dinero y entregarlo.
Esa misma mañana, el padre de la víctima acudió ante el Ministerio Público de San Cristóbal de Las Casas para presentar la denuncia por la desaparición de su hija, y se inició la carpeta de investigación número 0099-078-1001-2018.
El 15 de febrero, el presunto secuestrador se comunicó nuevamente con Eligio para saber si ya tenía el dinero. La llamada entró en momentos en que se encontraba en la comandancia de la Policía Especializada, por lo que los agentes escucharon la conversación.
Al día siguiente la Fiscalía asignó a la familia una persona para que fungiera como asesor en el proceso de negociación con el captor de la joven.
Durante varios días, con el acompañamiento de la policía, el padre de Pascuala habló con el secuestrador sobre la cantidad del rescate. Aquel le mencionó que no disponía de dinero, por lo que el sujeto redujo el monto hasta los 34 mil 500 pesos y le pidió que llevara esa cantidad a un lugar cercano al municipio de San Andrés Larrainzar.
El hombre recibió el dinero, pero no entregó a Pascuala, y hasta la fecha se desconoce su paradero. La comunicación se acabó y la Fiscalía no realizó las diligencias de investigación necesarias para lograr la liberación de la joven, violando con ello sus derechos humanos.
En esta ciudad, Eligio y su esposa exigieron a la Fiscalía General del estado una investigación ágil y eficaz para esclarecer los hechos y recuperar a Pascuala.
“Nuestras condiciones de pobreza no debieran ser razones para no atender el caso con la debida diligencia. Pedimos a la sociedad y las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, pronunciarse por la preservación y el respeto a los derechos humanos de la niña Pascuala de la Cruz Pérez”, concluyó Eligio de la Cruz Gómez.
Chis. (apro).- A más de tres meses de la desaparición de la indígena tzotzil Pascuala de la Cruz Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, su familia –originaria del municipio de Huixtán y extrema pobreza– la busca desesperadamente.
Eligio de la Cruz Gómez y Dominga Pérez Díaz, padres de la joven de 17 años, viajaron durante varias horas desde San José El Porvenir hasta esta ciudad, para denunciar la discriminación de las autoridades que, subrayaron, poco o nada han hecho para buscar a su hija, quien fue privada de la libertad desde el 12 de febrero pasado.
Acompañada de Juana de la Cruz Pérez, otra de sus hijas, la pareja señaló que los responsables de hacer justicia les han dado la espalda por su condición social y étnica.
Sin poder contener las lágrimas por el sufrimiento que les ha causado la desaparición de Pascuala, detallaron que con gran esfuerzo la enviaron a estudiar fuera de su comunidad y de su municipio.
El padre sostuvo que como leñador y productor de carbón juntó recursos para que su hija de 17 años dejara Huixtán y se fuera a radicar a San Cristóbal de Las Casas para estudiar la preparatoria, sin imaginar lo que podría ocurrirle por la inseguridad que se vive en el estado.
De acuerdo con la familia, el 12 de febrero Pascuala salió de su lugar de hospedaje, ubicado en la colonia Primero de Enero, y acudió a clases, como lo hace normalmente, pero ya no volvió al cuarto que renta con su prima Mónica de la Cruz Pérez, quien informó lo sucedido a los padres de la víctima.
De inmediato la pareja viajó hasta San Cristóbal de Las Casas para iniciar su búsqueda. Aproximadamente a la 1 de la mañana del 13 de febrero, Eligio recibió una llamada desde el celular de su hija. Le dijeron que la tenían secuestrada y le exigieron 5 millones de pesos a cambio de su liberación. La persona que habló le dio tres días para conseguir el dinero y entregarlo.
Esa misma mañana, el padre de la víctima acudió ante el Ministerio Público de San Cristóbal de Las Casas para presentar la denuncia por la desaparición de su hija, y se inició la carpeta de investigación número 0099-078-1001-2018.
El 15 de febrero, el presunto secuestrador se comunicó nuevamente con Eligio para saber si ya tenía el dinero. La llamada entró en momentos en que se encontraba en la comandancia de la Policía Especializada, por lo que los agentes escucharon la conversación.
Al día siguiente la Fiscalía asignó a la familia una persona para que fungiera como asesor en el proceso de negociación con el captor de la joven.
Durante varios días, con el acompañamiento de la policía, el padre de Pascuala habló con el secuestrador sobre la cantidad del rescate. Aquel le mencionó que no disponía de dinero, por lo que el sujeto redujo el monto hasta los 34 mil 500 pesos y le pidió que llevara esa cantidad a un lugar cercano al municipio de San Andrés Larrainzar.
El hombre recibió el dinero, pero no entregó a Pascuala, y hasta la fecha se desconoce su paradero. La comunicación se acabó y la Fiscalía no realizó las diligencias de investigación necesarias para lograr la liberación de la joven, violando con ello sus derechos humanos.
En esta ciudad, Eligio y su esposa exigieron a la Fiscalía General del estado una investigación ágil y eficaz para esclarecer los hechos y recuperar a Pascuala.
“Nuestras condiciones de pobreza no debieran ser razones para no atender el caso con la debida diligencia. Pedimos a la sociedad y las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, pronunciarse por la preservación y el respeto a los derechos humanos de la niña Pascuala de la Cruz Pérez”, concluyó Eligio de la Cruz Gómez.
