CNDH culpa a Peña Nieto de permitir "dolor e impunidad"

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México (EFE).- El defensor del pueblo mexicano, Luis Raúl González, acusó hoy al presidente Enrique Peña Nieto de permitir que el "dolor y la impunidad" persistieran, e incluso hubiera más violaciones a los derechos humanos, durante su mandato.
El dolor y sufrimiento de desapariciones, homicidios y violencia "no se puede cuantificar o reparar; son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante su periodo", dijo González en la presentación del Informe Anual de Actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en un acto encabezado por Peña Nieto.
Como en años anteriores, encontrarse en la residencia presidencial de Los Pinos no ha impedido al ombudsman hacer una cruda radiografía del "grave" estado de los derechos humanos en el país, ante un Peña Nieto que, en un mensaje escueto, intentó subrayar las mejoras institucionales en la materia y la voluntad de cambio.
El titular de la CNDH explicó que, a meses de que Peña Nieto culmine su mandato (el 30 de noviembre de 2018), el avance "no es favorable" y no se registraron "cambios significativos" hacia un "mayor respeto y vigencia" de los derechos humanos.
La sociedad, continuó, vive con miedo de los binomios inseguridad-violencia, impunidad-corrupción y desigualdad-pobreza, generando "desesperanza, distanciamiento de las instituciones y "desconfianza" hacia las autoridades.
Prueba de esta pérdida de seguridad son el número de asesinatos cometidos en 2017 -25.339-, el año con más muertes por esta causa en dos décadas.
González se pronunció por "construir" seguridad, que "no radica" en eliminar derechos o libertades o un mayor uso de la fuerza, sino en desarrollar una estrategia.

🔴 #EnVivo Presentación del Informe Anual de Actividades de la #CNDH 2017 ante el el Presidente de la República, @EP… https://t.co/Ub7my7GTb8

— CNDH en México (@CNDH) 28 de marzo de 2018

Por ello, se mostró contrario a la Ley de Seguridad Interior, que regula el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues consideró que es un acción reactiva y no de prevención.
Enumeró una serie de casos y cifras que reflejan este agravamiento de la situación durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), como la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.
Lamentó que, pese a las decenas de recomendaciones emitidas para estos casos, muy mediáticos, muchas no se hayan atendido.
En este caso (Ayotzinapa), como en otros de primera importancia para el país, se ha hecho evidente que el modelo de operación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) está agotado, denunció.
Entre 2012 y 2017 se documentaron 274 casos de tortura, 89 desapariciones forzadas, 5.086 detenciones arbitrarias y 11 ejecuciones extrajudiciales, refirió. Además, creció la violencia contra la mujeres y los periodistas, con muchos casos en total impunidad.
"México tiene una enorme deuda con las víctimas", subrayó el ombudsman, que apostó por mejorar la institucionalidad del país, hoy "débil", y por capacitar a la burocracia.
En su turno de palabra, Peña Nieto hizo una habitual lectura de avances en derechos humanos durante su mandato, muy criticado en esta materia tanto por organismos nacionales como internacionales.
Destacó el marco legal que se ha creado al respecto, con la ley contra la tortura, la de desaparición forzada y la de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
También subrayó que hubo reformas en el Código Militar y se impulsó el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
En las últimas décadas la importancia de los derechos humanos ha cobrado fuerza en la conciencia diaria de la nación. A pesar de que falta camino por delante, estoy convencido de que avanzamos en la dirección correcta, apuntó el mandatario.
Además, valoró la existencia de una "nueva cultura ciudadana" que reconoce los derechos humanos "como una causa que nos une y nos convoca a todos".

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Datos difundidos atentan contra intimidad de la víctima: CNDH

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Jalisco.- Visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) se encuentran en el estado de Jalisco, para coadyuvar con la Comisión Estatal, para recabar indicios e información sobre el joven estudiante de la Universidad de Guadalajara, cuyo cadáver fue encontrado el domingo pasado, con el fin de conocer el avance de las investigaciones y la actuación de las autoridades estatales en ese caso.
La CNDH considera que la difusión de datos e información relacionada con la investigación de este caso, que forma parte de la correspondiente carpeta de investigación, atenta contra los derechos fundamentales al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de la víctima, además de que agravia a sus familiares, que deben sumar tales expresiones al dolor que sufren por la pérdida de la vida de su ser querido.
Este Organismo Nacional expresa sus condolencias a los familiares del joven que perdió la vida, así como su solidaridad al alumnado, cuerpo docente y autoridades de la Universidad de Guadalajara.
De igual manera, esta Comisión Nacional y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se impondrán de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades, para dar con el paradero de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales que permanecen en calidad de desaparecidos desde el pasado 19 de marzo, para deslindar responsabilidades.
El Ombudsman nacional y el Gobernador de Jalisco establecieron comunicación en donde el Ejecutivo estatal externó el compromiso de su gobierno a realizar una investigación responsable, profesional y expedita en relación con la muerte del estudiante localizado el domingo pasado, así como a intensificar las acciones de búsqueda para localizar a los tres estudiantes de cine aún desaparecidos.
Asimismo, los Presidentes de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos acordaron trabajar conjuntamente, para dar seguimiento a las indagatorias de los casos y determinar, en su caso, de posibles violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

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Contratos de publicidad oficial se hacen sin “criterios objetivos, claros, transparentes”: CNDH

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que, en materia de contratación de publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto carece de “criterios objetivos, claros y transparentes” para designar las pautas publicitarias.
Durante el foro de análisis “Hacia la Regulación de la Publicidad Oficial en México”, presentó un informe especial basado en solicitudes de información a las 32 entidades del país y el gobierno federal sobre los mecanismos, normatividad, reglamentos y criterios para contratar la publicidad oficial.
El documento fue entregado al Congreso de la Unión a fin de que sea tomado en cuenta en la elaboración de la Ley de Publicidad Oficial, en apego a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ómbudsman nacional puntualizó que la falta de regulación ha generado designaciones “discrecionales” en la contratación de publicidad oficial por parte de los estados y el gobierno federal, lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
Según el funcionario, el informe tuvo como eje de análisis las observaciones que la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo a México, así como dos recomendaciones emitidas por la CNDH, una de ellas promovida por la revista Proceso, misma que fue “incumplida” por la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia a la que fue dirigida.
González Pérez consideró que en el ámbito federal “la normatividad que rige la contratación oficial es omisa en contemplar criterios objetivos, claros y transparentes en que las dependencias puedan fundar y motivar la elección de contratación de medios publicitarios”.
La normatividad federal, agregó, “únicamente prevé que las dependencias y entidades públicas sean responsables de administrar y ejercer los recursos destinados a cubrir gastos de servicios de publicidad de conformidad con criterios de eficiencia, eficacia, honradez e imparcialidad”.
Bajo dichos términos, se genera que “sin justificación alguna se deje a la discrecionalidad de cada dependencia realizar contrataciones con los medios de comunicación sin que se señale, en un solo supuesto, que la adquisición de publicidad obedezca a parámetros objetivos como tiraje, costos de publicidad, oportunidad en la distribución o distribución geográfica en el territorio nacional, lo que provoca que las entidades de la administración federal no apliquen en la práctica criterios objetivos e imparciales con que se garantice la igualdad de oportunidades entre todos lo diversos medios que buscan esa contratación”.
En el caso de las entidades federativas, el ómbudsman advirtió que el ejercicio presupuestario se centraliza en las coordinaciones de comunicación social de las oficinas de los ejecutivos estatales que “propician el uso discrecional y excesivo de la asignación y contratación de publicidad oficial con fines ajenos a la utilidad pública que debiera tener ésta, puesto que la publicidad oficial debe tener como fin mantener informada a la población sobre planes, programas y acciones de la administración pública estatal”.
Publicidad oficial inequitativa
Durante el foro, la representante en México de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, destacó que “hoy por hoy, las líneas editoriales tienen detrás 40 mil millones de pesos ejercidos sólo por el gobierno federal, de los cuales 56% se asigna a 20 medios de comunicación y 44% a más de tres mil medios de comunicación”.
Luego, lamentó que “la publicidad oficial no sólo genera narrativas oficiales sino también impacta en la concentración y en la pluralidad informativa”, así como que “estos 40 mil millones de pesos funcionan constantemente para hacer lo contrario” a la urgencia ciudadana de “tener coberturas de interés público que nos permitan tomar decisiones”.
Artículo 19 es la organización que promovió el amparo ante la SCJN que derivó en la sentencia que ordena al Congreso de la Unión la regulación de la publicidad oficial.
La defensora llamó a considerar que la publicidad oficial es “más allá de un montón de dinero que se ejerce para coptar a los medios, para coptar las líneas editoriales, es también un mecanismo para que nosotros no conozcamos lo que está sucediendo afuera”.
Ana Cristina Ruelas sostuvo que, como una práctica constante, lo que ha ocurrido es que los casos de alto impacto social “se tratan de maquillar, cambiar o borrar de la historia”, lo que en últimos años resulta “más difícil con las redes sociales y con el boom del entorno digital”, aunque ello no aplica en las comunidades más marginadas que “al final la información que reciben es la que el Estado quiere que conozcan”.
La directiva de Artículo 19 criticó que, en la discusión sobre la iniciativa de Ley de Publicidad Oficial, el documento de trabajo que se presentó está encaminado a “recuperar las malas prácticas” de la sobreexposición de figuras públicas, de hacer “proselitismo a través de la Segob y para seguir impactando en la contienda electoral”, además de que “genera nuevas malas prácticas”.
Entre las novedades que se contemplan en la iniciativa, está la creación de “dos bolsas” de recursos, “una para campañas de comunicación y otra no regulada que sería sujeta de opacidad y otra vez de mecanismos de control indirecto”.
Ruelas y el ómbudsman nacional exhortaron al Congreso de la Unión a tomar en cuenta las observaciones de organismos internacionales sobre la regulación de la contratación de publicidad oficial, así como el diagnóstico presentado este día por la CNDH.

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La ONU escucha a Gael García y empieza investigación en México por violación en derechos humanos

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A tres añоs y mediо de la desaparición de lоs 43 estudiantes de Ayоtzinapa, el Altо Cоmisiоnadо de las Naciоnes Unidas para lоs Derechоs Humanоs presentó el infоrme “Dоble injusticia: viоlaciоnes de derechоs humanоs de los mexicanos, además de seguir también la investigación del casо de Ayоtzinapa” dоcumenta un patrón de tоrturas y encubrimientо en la investigación оficial.
En la página оficial de las Naciоnes Unidas se señala que “el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela nоrmal rural “Raúl Isidrо Burgоs”, cоnоcida cоmо Ayоtzinapa fuerоn desaparecidоs y 6 persоnas asesinadas pоr integrantes de la fuerza pública en Iguala, en el estadо mexicanо de Guerrerо”.
El infоrme establece “una larga lista de viоlaciоnes de lоs Derechоs Humanоs cоmetidas en la primera parte de la investigación оficial, entre las cuales se encuentran el usо de la tоrtura cоn el fin de оbtener cоnfesiоnes fоrzadas, detenciоnes arbitrarias, encubrimientо, nо presentación a juez, nо respetо a la presunción de inоcencia y al derechо a una defensa legal”, mismо que fue presentadо ante lоs mediоs de cоmunicación.
En el infоrme se precisa que estas viоlaciоnes fuerоn cоmetidas durante la detención de decenas de persоnas, quienes permanecen encarceladоs.
“Fuertes elementоs de cоnvicción sоbre la cоmisión de tоrtura”
“La Oficina identificó lо que cоnfiguraría un patrón cоnsistente de viоlaciоnes de derechоs humanоs y mоdus оperandi prácticamente unifоrme”, indica el infоrme.
Enfоcadо en las viоlaciоnes cоmetidas en la investigación en cоntra de lоs detenidоs, el dоcumentо examina infоrmación sоbre 63 persоnas, de un tоtal de 129 persоnas prоcesadas en relación cоn lоs eventоs оcurridоs en la nоche del 26 al 27 de septiembre en Iguala, se indicó en el pоrtal de la ONU.
“En 51 casоs, detalla el infоrme, la ONU-DH оbtuvо infоrmación que indicaba pоsibles actоs de tоrtura”. En 34 de estоs casоs “la ONU-DH tiene fuertes elementоs de cоnvicción sоbre la cоmisión de tоrtura, detenciоnes arbitrarias y оtras viоlaciоnes de derechоs humanоs” pоr parte del persоnal de la PGR, la Pоlicía Federal y la Secretaría de Marina (SEMAR)”, se precisa.
En muchоs casоs, añade, se оfrecierоn “justificaciоnes nо plausibles y cоntradictоrias” para explicar las causas de las lesiоnes que presentaban las persоnas detenidas, cоmо “autоgоlpes, lesiоnes anteriоres a la detención, estadоs de ebriedad о caídas”.
Se dоcumenta la existencia de una serie de declaraciоnes autо-inculpatоrias “libres y espоntáneas” hechas pоr persоnas detenidas que presentaban múltiples lesiоnes, cоmо queda evidenciadо en lоs partes médicоs.
La investigación debilita la versión оficial de lоs hechоs
Esta serie de pruebas cоntribuye a desvirtuar de nuevо la versión establecida pоr las autоridades, y calificada de “verdad histórica” pоr el entоnces Prоcuradоr General, Jesús Murillо Karam, para clasificar el casо, indicó ONU-Nоticias.
De acuerdо cоn esta versión, lоs estudiantes desaparecidоs habían sidо entregadоs pоr lоs pоlicías municipales a miembrоs del grupо criminal “Guerrerоs Unidоs”, quienes pоsteriоrmente lоs matarоn, incinerarоn sus cuerpоs en un basurerо cerca del pueblо de Cоcula y tirarоn sus cenizas y оtrоs restоs en el ríо San Juan, precisa
Estas cоnclusiоnes han sidо criticadas pоr variоs infоrmes y declaraciоnes, especialmente pоr elEquipо Argentinо de Antrоpоlоgía Fоrense (EAAF) y el Grupо Interdisciplinariо de Expertas y Expertоs Independientes (GIEI).
Lоs hallazgоs del infоrme también cоncuerdan cоn las denuncias del Relatоr especial de la ONU para la tоrtura, Juan Méndez, en su visita y su infоrme del 2014 dоnde expresó su preоcupación pоr el usо generalizadо de tоrtura cоmо métоdо de investigación en Méxicо, tal cоmо se señaló en la presentación del infоrme.
Se destaca en la página que “el dоcumentо describe un sistema de prоcuración de justicia en viоlación tоtal de las garantías fundamentales de las persоnas y de las cоnvenciоnes internaciоnales”.
Al términо de su visita оficial a Méxicо, el 7 de оctubre de 2015, el Altо Cоmisiоnadо de las Naciоnes Unidas para lоs Derechоs Humanоs, Zeid Raad Al Hussein, había declaradо que el casо Ayоtzinapa “pоne de relieve el predоminiо de la impunidad y la indiferencia pоr las víctimas, que afectan al país enterо”.
El infоrme cоntiene15 recоmendaciоnes hacia el Estadо mexicanо, entre ellas la оbligación de declarar nula tоda prueba оbtenida bajо tоrtura y de investigar lоs casоs de tоrtura.
Así mismо se invita a la “transfоrmación prоfunda” de la actual Prоcuraduría General de la República para que “sea una institución verdaderamente prоfesiоnal e independiente que nо va a recibir órdenes pоlíticоs”. Señaló el representante de lоs derechоs humanоs de la ONU.
“También se viоló el derechо a la verdad a tоda la sоciedad mexicana”
“Nо se puede lоgrar la justicia en un casо de una grave viоlación de derechоs humanоs cоmetiendо оtras graves viоlaciоnes de derechоs humanоs”, expresó el cоmisiоnadо de Derechоs Humanоs de la ONU.
“Evidentemente, lоs 43 estudiantes desaparecidоs sоn las víctimas, sus familias. Perо también lоs prоcesadоs tоrturadоs en la primera fase de la investigación”, aseveró.
“Es una dоble injusticia pоrque pоr un ladо lоs prоcesadоs han sufridо tоrtura y оtras viоlaciоnes de sus derechоs humanоs, perо también se viоló el derechо a la verdad nо sоlо de las familias, nо sоlо de lоs sоbrevivientes de la tragedia de Ayоtzinapa, sinо, el derechо a la verdad a tоda la sоciedad mexicana”.

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Ley de Seguridad Interior y caso Ayotzinapa, temas que México expondrá ante la CIDH

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(apro).- El gobierno de la República informó que participará en el 167º período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cuyo marco se realizarán dos audiencias públicas y distintas reuniones de trabajo en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 1 y 2 de marzo.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), y la Procuraduría General de la República (PGR), precisaron que la representación del gobierno de México incluirá funcionarios de alto nivel de esas dependencias, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
De acuerdo con el texto, las dos audiencias públicas abordarán aspectos relacionados con la Ley de Seguridad Interior –aprobada por el Congreso de la Unión y actualmente bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y sobre el seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en septiembre de 2014.
En el primer caso, apunta, la audiencia ofrecerá una oportunidad para compartir con la CIDH información actualizada sobre la Ley de Seguridad Interior y sobre su contenido y alcances, incluido lo que se refiere a los aspectos que contempla en materia de respeto y protección de los derechos humanos, entre otros.
En el caso de la audiencia sobre el caso Ayotzinapa –abunda–, la representación gubernamental ofrecerá información actualizada a la CIDH y a los representantes y familiares de los normalistas, sobre los desarrollos en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas.
“En específico, se compartirán los desarrollos en el seguimiento a un cronograma detallado de acciones que en su momento fue acordado por las partes, así como en lo que se refiere a la voluntad del gobierno de procurar la atención integral a las víctimas, a través de esquemas acordados de atención psicosocial”, puntualiza el comunicado.
Y recalca que la participación en las audiencias y en las reuniones de trabajo sobre otros casos de medidas cautelares y soluciones amistosas “permitirá reafirmar el compromiso del gobierno de la República con el importante mandato de la CIDH en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio”.

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Más que “cuidar la imagen”, Peña debería atender la crisis de derechos humanos

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 (apro).- James Cavallaro, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criticó que el gobierno de Enrique Peña Nieto se dedique más a “cuidar la imagen” que a atender la crisis de derechos humanos que vive el país.
El exrelator de la CIDH para México, quien mantuvo una relación áspera con el gobierno de Peña por su respaldo irrestricto a la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso Ayotzinapa, y también por la creación del Mecanismo de Seguimiento, participó este jueves en la presentación del informe anual de Amnistía Internacional (AI).
Durante el evento, Cavallaro se manifestó alarmado de que la administración federal destine dos mil millones de dólares para publicidad, cuando prevalece una realidad en la que sólo el año pasado, dijo, se registraron 46 mil homicidios, cerca de 34 mil desaparecidos, “miles de casos de tortura y otras violaciones”.
El gobierno federal no reconoce la crisis en materia de derechos humanos, pero en el diagnóstico coinciden instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la CIDH, así como asociaciones civiles nacionales e internacionales de derechos humanos, como AI.
“Es una evaluación compartida por muchos, por todas y todos, menos por el Estado mexicano, que no ha aceptado la gravedad de la crisis. Contrario a ello, ha gastado dos mil millones de dólares en publicidad, en lugar de responder a esta grave crisis. Ha buscado maquillar, promover su imagen, y no demostrar compromiso con los derechos humanos”, puntualizó Cavallaro.
Peña Nieto “ha gastado más que ningún otro en publicidad”, subrayó, y consideró que si un gobierno “se dedica a cuidar la imagen y no la realidad, no pueden tomarse decisiones difíciles, no se pueden diseñar políticas públicas coherentes, ni se puede superar una crisis grave, en este caso de los derechos humanos”.
Crítico del gobierno, recalcó que en los últimos cinco años se ha aparentado una preocupación por los derechos fundamentales, pero no se han emprendido “los cambios difíciles que el pueblo mexicano exige para poder vivir en paz, con seguridad y derechos humanos respetados”.
Profesor de Derecho en la Universidad de Stanford y fundador de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de Conflictos, así como del Centro de Derechos Humanos de esa universidad, Cavallaro puntualizó que el Estado “ha negado la existencia de la grave crisis que vive México”, pese a que más allá de los organismos y organizaciones internacionales, “el pueblo mexicano sabe muy bien que no se siente seguro en este país y no tiene confianza de poner una denuncia porque no se sabe si va a sufrir una represalia”.
Destacó que “el subregistro (de delitos) es la norma y el registro ya es aberrante”, y el primer paso para superar la crisis, apuntó, “es el diagnóstico y el reconocimiento de la gravedad del problema, y eso todavía falta en México”.
Para la directora de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, la situación de derechos humanos en el país ha empeorado de manera sustancial desde que la organización con sede en Londres empezó a registrar abusos.
En 1978, en su primer informe sobre México, AI manifestó que la preocupación radicaba en la falta de libertad de expresión, las detenciones arbitrarias y la falta de justicia, pero ahora “la situación es peor”.
El reporte de AI, apuntó, “exhibe la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para garantizar la seguridad de la población y revertir la grave crisis de derechos humanos”.
Reneaum coincidió con Cavallaro al señalar que “graves violaciones a derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria y existen muy pocos avances para combatir la tortura, ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones forzadas, y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevadas a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos actos son tolerados”.
A todo ello se suma que “la violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana que ha afectado a dos tercios de las mujeres al menos una vez en su vida”, y que la desigualdad económica “arraigada” se convierta en una “causa fundamental de injusticias estructurales”, sostuvo.
Para la defensora, no queda duda de que en el último año de gobierno de Peña Nieto “la promesa de un México de paz se desmorona” al confrontarla con las cifras de violencia, en tanto que “la voz de activistas alrededor del país –dijo– se ha levantado con más fuerza para demandar justicia, verdad y reparación”, y “movimientos de víctimas han exigido sus derechos” consiguiendo la aprobación de leyes generales en materia de tortura y desaparición.

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La CIDH emitirá recomendaciones por el caso Marco Antonio

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(apro).- A un mes de la recuperación con vida del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, la Procuraduría capitalina “sigue sin investigar e informar qué sucedió” al jovencito durante los cinco días posteriores a su desaparición, “en los que no se tiene registro de evidencia ni una explicación sobre lo que le hicieron para presentar un severo cuadro de daño psicológico y posiblemente neurológico”, denunciaron organizaciones sociales.
En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP), que representan a Marco Antonio y a su familia, expresaron su preocupación debido a que al adolescente se le continúan vulnerando sus derechos.
“Se continúa dificultando el acceso a la justicia y la investigación sigue enfocada en defender a los policías agresores y criminalizar al adolescente”, consideraron las organizaciones, tras advertir que “sin un cambio de voluntad política desde el jefe de gobierno, el procurador y el secretario de Seguridad Pública, será imposible garantizar la justicia e integridad de este adolescente, víctima de la policía de la Ciudad de México”.
Las organizaciones recordaron que la relatora de México y sobre los derechos de la niñez de la CIDH, Esmeralda Arosamena de Troitiño, ha estado en contacto con la familia de Marco Antonio, y ya solicitó al Estado mexicano información sobre el caso, plazo que venció el martes 20, en que la Cancillería debió haber enviado un reporte a la Comisión, organismo que “en breve” anunciará “las medidas que determine para proteger al adolescente víctima de una posible desaparición forzada”.
Las organizaciones valoraron positivamente que la PGR anunciara la apertura de una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, “lo cual permitirá que se amplíen las pesquisas hacia la policía y autoridades del Estado de México”, por lo que exigieron que se realizara una investigación independiente de la llevada a cabo por la PGJCDMX, en la que la defensa identificó que “se encuentra llena de inconsistencias”.
Al exigir que la indagatoria en la PGR se lleve a cabo “con la coadyuvancia y participación activa de la familia de Marco, su equipo de defensa y la supervisión de organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la CIDH”, las organizaciones que representan al joven y a su familia anunciaron que con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) “se ha integrado un equipo de diagnóstico interdisciplinario que pueda ofrecer a la familia una opinión independiente y recomendaciones para su tratamiento, mismos que reduzcan los posibles daños en este adolescente”, de manera que “bajo criterio de trabajo colegiado, confidencialidad y enfoque de derechos humanos”, se tenga certeza sobre su situación de salud y la alternativas de atención.
Las ONG también hicieron un recuento de la forma en que fue detenido de manera arbitraria el adolescente, por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México del Sector Hormiga en la delegación Azcapotzalco, el martes 23 de enero, y cómo fue entregado a su padre cinco días después en el Estado de México.
Igual lamentaron que “las acciones de las autoridades de la Ciudad de México se han mantenido en la negativa de reconocer e investigar con el estándar más alto posible este hecho delictivo, reduciéndolo a ‘un error de protocolo’ y ‘abuso de autoridad’.
Además, acusaron, se han filtrado de forma permanente informaciones de la carpeta de investigación con el objetivo de criminalizar al adolescente y, peor aún, se litigó el caso en los medios de comunicación poniendo a disposición de los policías denunciados recursos institucionales para intimidar a la víctima y su familia; y también se negó el acceso a la carpeta de investigación y al expediente médico por instrucciones del Ministerio Público”.
Las organizaciones destacaron que, durante estos días, la defensa ha promovido dos amparos, uno para proteger a la familia y al principal testigo de la detención, del hostigamiento del que fueron víctimas, y otro para obligar “a la autoridad médica a tener un trato respetuoso de sus derechos humanos, con un enfoque diferencial y especializado por ser una víctima adolescente”.
Las organizaciones reconocieron la labor de reporteros y medios de comunicación que, “aun frente a nuevos intentos de filtración de presuntos estudios toxicológicos para criminalizar a Marco, ejercieron la ética periodística al no replicarlo y no sumarse a la violación del amparo de la justicia federal que protege su derecho a la privacidad y a no ser victimizado”, por lo que llamaron a los comunicadores a “actuar bajo esta lógica y respetar la decisión de la familia de no hacer pública su condición médica”.

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Jóvenes meridanos denuncian la suplantación de su agrupación "Jornada de Derecho Humanos A.C."

Noticias de Yucatán

Exigimos el cese de estas acciones que van en detrimento de las juventudes en Mérida. 

Ante la confianza y credibilidad con la que cuenta la “Jornada de Derecho Humanos”, Asociación Civil, nos dirigimos a ustedes para hacerles expresa nuestra preocupación ante la suplantación del nombre de la Jornada de Derechos Humanos fundada en febrero del 2014 en la ciudad de Mérida, Yucatán.

La Jornada de Derechos Humanos, surge como una iniciativa de jóvenes para jóvenes, con el objetivo de la democratización de los derechos humanos a diversos sectores de la población; por medio de la participación ciudadana con una perspectiva de derechos humanos.  En noviembre del año 2013 contando con una petición expresa de diferentes líderes en el tema como lo es el presbítero Alejandro Solalinde Guerra - miembro fundador - da inicio la “Primera Jornada de Promoción y Protección a los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en México”, realizada los días 5 al 7 de febrero del 2014^[1]. Como resultado del apoyo de diversas organizaciones estatales y nacionales, se realizaron foros, mesas de discusión y análisis, actividades artísticas y eventos de recaudación de fondos; en favor de comedores y albergues para migrantes en los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Gracias a la aceptación y el nivel de compromiso, con las causas más nobles, de la sociedad meridana, así como al apoyo de diversas casas de estudios se llevaron a cabo la 2° y 3°Jornada llevando por nombre: “Crisis humanitaria, seguridad y violencia”, realizada 24 al 28 de febrero del 2015^[2]; “Desigualdad, Crisis e Impunidad”^[3], realizada del 7 al 11 de noviembre de 2016; respectivamente.

Durante el año 2017 se implementó un formato diferente, en el cuál, se realizaron diversos eventos con la finalidad de difundir a más personas la información necesaria para la construcción de ciudadanía.  En el mes de marzo se realizó la presentación del “Corrupcionario”, en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), por Diego Luna^[4]. Asimismo, en el mes de agosto se contó con la presencia “Las Patronas”, quienes impartieron la ponencia “Liderazgo y juventud con derechos humanos”^[5]. Del 13 al 18 de noviembre del 2017, se realizó la 4° Jornada de Derechos Humanos, llevando por nombre “Educación: contra la impunidad”^[6].

La participación de la sociedad civil ha sido un elemento imprescindible con el que desde hace más de 4 años se ha contado. Este proyecto ha demostrado ser espacio multidisciplinario e incluyente, en donde las realidades de México se ven reflejadas.

En octubre de 2017 y en aras de fomentar la democratización al interior de este movimiento de jóvenes se nombró Secretario General el señor Javier Castellanos Ruz, teniendo como obligaciones mantener el buen nombre de la Jornada de Derechos Humanos, así como apoyar de manera TEMPORAL en la logística para la realización de la 4° Jornada. Siendo mandatado, en todo momento, por la Mesa Directiva con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos y valores de la organización.

Debido a diferencias irreconciliables entre el mencionado y la mesa directiva, derivadas de la INDISCIPLINA y el MAL  manejo de la 4° Jornada de Derechos Humanos y por NO representar más la misión y valores de la organización, el señor Javier Castellanos Ruz fue destituido de su cargo de manera personal el día 25 de Noviembre, acción que fue ratificada en acta de asamblea de nuestra organización con fecha del 17 de diciembre del 2017.

A partir de su destitución, se han realizado acciones de desprestigio en contra de miembros de la Mesa Directiva, así como suplantación del nombre de la Jornada de Derechos Humanos SIN AUTORIZACIÓN y la SUSTRACCIÓN de las redes sociales de la organización. Sin duda, estos hechos resultan preocupantes para el ejercicio de los derechos digitales y colectivos no solo de los miembros que conforman la organización, sino de todas y cada una de las personas que han sumado en este proyecto de manera voluntaria.

Al ser un proyecto para la democratización de los derechos de las juventudes de la Península, es nuestra obligación reportar cualquier situación que atente con la integridad de la organización, así como exigir honestidad y transparencia en la realización de las actividades que se realizan o pretenden realizar en nombre de la Jornada de Derechos Humanos.

Siendo una Asociación Civil es nuestro deber hacer de su conocimiento que “Jornada de Derechos Humanos” Asociación Civil, se encuentra legalmente constituida en escritura pública número mil trescientos veintiunos de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete misma que obra en el protocolo de la Notaría Pública número sesenta y nueve del Estado de Yucatán. Asimismo, contamos con el registro de marca nominativa en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual lo que consta en los expedientes números 1977962 y 1977964.

Por lo cualquier uso indebido del nombre, imagen y marca de la Jornada de Derechos Humanos, será sujeto a sanciones administrativas y/o procedimientos legales en contra de las personas o instituciones que resulten responsables y participen en dichas acciones.

Sabemos la importancia de la generación de más movimientos u organismos que sea garantes de los derechos inalienables de las personas. Celebramos iniciativas personales o colectivas que se encaminen a la promoción o defensa de los derechos humanos, sin embargo, no permitiremos que el trabajo realizado por más de 4 años de jóvenes sea cooptado, yendo con esto en contra de los principios con los que surgió este movimiento.

Es por ello, que exigimos el cese de la suplantación de identidad en pro de la transparencia y la rendición de cuentas adecuada que la sociedad se merece.

ATENTAMENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SOCIOS FUNDADORES DE LA JORNADA DE DERECHOS HUMANOS A.C

JOSE PABLO QUIÑONES GUZMAN

PRESIDENTE

FABIOLA LIZETTE MANCILLA CASTILLO

VICEPRESIDENTE

JORGE LUIS LOPEZ NAJERA

 SECRETARIO

YAMIL AYALA BAEZA

TESORERO

ANA MARIA VALDEZ SOBERANIS

VOCAL

“JORNADA DE DERECHOS HUMANOS”, ASOCIACIÓN CIVIL.

“CONOCE, PROMUEVE Y PROTEGE TUS DERECHOS”

comunicaciónjornadadederechos@gmail.com

9992989281

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El IMSS, el "rey de las quejas" en Derechos Humanos México

Noticias de Yucatán

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) fueron las dependencias que más quejas recibieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El Presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez expuso que en el 2017 la dependencia que dirige recibió 38 mil 722 quejas, que derivaron después de un análisis en 25 mil 959 expedientes. Estos son 700 más que en el 2016.

Las autoridades más señaladas como responsables de una presunta violación a los derechos humanos fueron el IMSS con 2 mil 634; ISSSTE, mil 78; y a la SEP, 656.

Le siguieron el Instituto Nacional de Migración con 521; la Policía Federal con 425; la Procuraduría General de la República con 422; y la Secretaría de la Defensa Nacional con 415, entre otras.

Entre las entidades con mayor número de reportes por la presunta comisión de violaciones a derechos humanos fueron la Ciudad de México, con 2 mil 922 casos; el Estado de México con 789; Veracruz con 380; Chiapas con 353; Jalisco con 360; Aguascalientes con 312; Tamaulipas con 288; Michoacán 271, y Oaxaca 268.

“Durante este año [2017] se pudieron concluir las investigaciones de casos tan graves como la venta de niños en el estado de Sonora, las fosas clandestinas localizadas en Cadereyta; el uso excesivo de la Fuerzas y la indebida planeación y ejecución de un operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca; las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ocurridas en Papantla, Veracruz, así como las torturas y desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca , Veracruz”, expuso el titular de la CNDH.

La corrupción no quedó excluida del informe de la CNDH. González Pérez expuso que ha existido una “imposibilidad práctica de los mecanismos anticorrupción y las fiscalías autónomas entre plenamente en operación”.

El Presidente de la CNDH apuntaló que los niveles de violencia denotan el fracaso de las autoridades para brindar seguridad a los mexicanos.

“Los índices históricos de violencia e ilícitos registrados en el periodo, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población, son evidencia clara y objetivad de que las autoridades los distintos y órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica”, dijo González.

Estas situaciones, recalcó, se agravan aunados a la “falta de estrategias objetivas y eficaces en el combate a las organizaciones criminales”, así como las condiciones de pobreza y marginalidad en la que persisten en México.

El Presidente de la CNDH detalló que las Fuerzas Armadas han continuado la incurrencia en casos de tortura, ejecución arbitraria y desapariciones.

“Si bien, como lo he indicado, las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas contra la Secretaría de la Defensa Nacional, o la Secretaría de Marina bajaron en comparación con el 2016, ambas instancias continuaron siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones de derechos humanos”, sostuvo el funcionario.

La CNDH reiteró que es urgente que las fuerzas civiles retomen la seguridad pública, en lo que sería una alusión a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior aprobada a mediados de diciembre pasado en el Congreso de la Unión.

De 81 recomendaciones ordinarias emitidas por la CNDH el año pasado, nueve acreditaron tortura; nueve tratos crueles, inhumanos o degradantes; nueve privación de la vida y seis de desaparición forzada. Al finalizar el año sólo una recomendación había sido cumplida en su totalidad por la autoridad.

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Tortura contra mujer y sus tres hijas en Tabasco, sigue impune por inacción de la PGR: CNDH

Noticias de Yucatán

(apro).- Los abusos cometidos contra tres menores de edad y sus padres en noviembre de 2015, hechos atribuidos a Policías Federales, se mantienen en la impunidad ante la falta de diligencia de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), sostuvo Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al señalar los hechos como “condenables”, mismos que dieron lugar a la recomendación 81/2017, dirigida a los titulares de la PGR y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Alberto Elías Beltrán y Renato Sales, respectivamente, Corzo Sosa apuntó que uno de los motivos por las que el organismo nacional emitió observaciones es por la “falta de debida diligencia para investigar el caso, sobre todo tratándose de menores”.
En entrevista con Apro, el quinto visitador de la CNDH ofreció algunos detalles de la recomendación dada a conocer este martes 16 por el organismo nacional, en espera de que los titulares de las dependencias señaladas “no solo acepten la recomendación, sino que den muestras evidentes del cumplimiento puntual”.
El caso se refiere a la detención de un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado de Tabasco junto con su familia, cuando regresaban a su domicilio “y no como dijeron las autoridades, que había sido en flagrancia, pero además se acreditó que no hubo orden de aprehensión ni una urgencia justificada para la detención”, resaltó el visitador.
Recordó que, de acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la familia agraviada y sostenida por testigos, el 6 de noviembre de 2015 cuando regresaban a su domicilio en Centro, Tabasco, el exfuncionario ministerial fue sacado de su automóvil para ser ingresado a otro tripulado por agentes federales, en tanto que otros efectivos de la Policía Federal abordaron el vehículo del detenido, impidiendo a la madre y a tres menores hijas salir del mismo.
“Es un caso preocupante los hechos hablan por sí mismos: a las personas menores las amenazaron con armas de fuego, les cubrieron el rostro, no les dieron alimentación, no les permitieron que hicieran sus necesidades básicas, tuvieron que permanecer con las mismas ropas sucias hasta el día siguiente, de manera indigna, pero además, la familia fue llevada a un lugar donde escuchaban los gritos del padre cuando era lesionado, son algunos de los elementos que abundan para la acreditación de la tortura”, resaltó Corzo.
Tras advertir que en el momento de los abusos las hijas de la pareja agredida, tenían uno, seis y ocho años, Corzo sostuvo que los peritajes psicológicos aplicados a las menores, demostraron rasgos de estrés postraumático por tortura, que pueden “causar un daño posterior en el desarrollo de su personalidad”.
Insistió en que, más que daños físicos a las menores, los expertos de la CNDH advirtieron afectaciones psicológicas, explicables a la situación que vivieron las menores.
“Cuando a alguien le amenazan con un arma, le piden que no voltee a ver a alguna persona, eso causa una afectación psicológica, físicamente en sí las menores tuvieron la afectación de no poder desahogar sus necesidades, de permanecer en esa circunstancia con la misma ropa, además no las regresaron sino hasta el siguiente día. El punto importante es la afectación psicológica y el stress postraumático que se logró acreditar con base en las amenazas y en escuchar cómo su padre fue lesionado”, explicó.
Pese a estos daños y a que desde el 1 de diciembre de 2015 la madre de familia denunció ante la delegación de la PGR los hechos, hasta el momento la averiguación previa sigue en integración, sin que se hayan llevado a cabo diligencias solicitadas por la abogada que representa a la familia.
Sobre la denuncia de abusos cometidos por nueve agentes de la Policía Federal, quienes también ingresaron al domicilio de la familia y sustrajeron objetos entre ellos 30 mil pesos, Corzo destacó que la CNDH logró acreditar que “desde el inicio se había solicitado por la abogada que los representaba que se hicieran algunos análisis, entre ellos estudios psicológicos, y que se tomaran fotografías de lugar de los hechos”.
-¿El caso está en la impunidad por la falta de actuación de la dependencia?
-Efectivamente, no se hicieron las diligencias que se requerían, máxime cuando estamos hablando de tres personas menores de edad, debió existir una inmediata y rápida atención, pero no se acreditó que eso haya sido así, por eso estamos acreditando que hubo violaciones a la procuración de justicia por parte de elementos de la delegación de la PGR en Tabasco.
No sólo los quejosos han tenido dificultades para que se sigan algunos lineamientos en la investigación por tortura integrada en la PGR, sino que la misma CNDH tuvo obstáculos para analizar expedientes abiertos por la dependencia.
“Se nos dijo que había acumulado una averiguación a otra, pero no obtuvimos esa información, la consecuencia es que no se está acreditando lo que está solicitando la CNDH, lo que advertimos es una indebida diligencia en la investigación ministerial”, resaltó el visitador.
Por parte de la Policía Federal, la preocupación más grave es que “durante la investigación no se logró acreditar la existencia de un protocolo especial”, respetuoso de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de ahí que una de las recomendaciones sea precisamente “que se elabore y se implemente inmediatamente.
El quinto visitador de la CNDH resaltó que pese a que no es la primera vez que el organismo recomienda como medidas de no repetición la impartición de cursos de capacitación a las fuerzas de seguridad, en esta ocasión se reiteró la petición sobre todo para “los elementos de la Policía Federal destacamentados en Tabasco, que reciban los cursos correspondientes para que tengan la sensibilidad del respeto a los derechos humanos, sobre todo cuando se trata de detención y más aún cuando están involucrados menores de edad”.

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Denunciarían ante Derechos Humanos a Ayuntamiento de Progreso por la falta de agua

Noticias de Yucatán

Empresarios progreseños podrían denunciar al Ayuntamiento de Progreso ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) de no ofrecer una solución al problema del agua, afirmó el empresario José Manuel Sánchez González.

Como se sabe, Progreso, Chelem y Chuburná se quedaron sin agua desde 22 de diciembre hasta el 1 de enero de este año, porque la CFE cortó el suministro de energía a pozos y cárcamos de rembombeo.

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Atención médica inadecuada mató al bebé de una mujer indígena en Baja California

Noticias de Yucatán

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el caso de la muerte de un recién nacido en Baja California, y la inacción de las autoridades para aclarar lo ocurrido.

El fallecimiento derivó de la atención médica inadecuada a una mujer de origen mixteco, aseguró la CNDH en un comunicado este domingo.

Al presentar dolores de parto, ella acudió a la Unidad de Medicina Familiar Número 3 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en San Quintín, Baja California.

En ese hospital fue valorada y los médicos ordenaron su traslado a otro hospital en el municipio de Ensenada; sin embargo, durante su traslado en ambulancia, presentó sangrado y expulsión de heces fecales, que provocaron en el recién nacido una infección.

La CNDH acreditó que el personal de enfermería que acompañó a la agraviada en la ambulancia incurrió en violencia obstétrica, ya que no le realizó aseo adecuado, lo que provocó que el bebé desarrollara “Sepsis Neonatal Temprana”, que derivó en su fallecimiento.

“El personal médico no atendió adecuadamente al recién nacido, a pesar de haberlo reportado como producto de parto fortuito y potencialmente infectado, se limitó a solicitar exámenes de laboratorio y darlo de alta sin tener los resultados de dichos estudios, omitiendo prescribir los medicamentos adecuados para combatir la infección, por lo que incurrió en negligencia médica y violación al interés superior de la niñez”, indicó la CNDH.

“A la paciente tampoco se le brindó información oportuna sobre su estado de salud en la Clínica Médica de San Quintín ni al darla de alta en la Clínica de Ensenada, además de que hubo inadecuada integración del expediente clínico y extravío de notas médicas relativas a la atención que se le brindó posterior al parto”, agregó.

En cuanto a la PGR, acusó la CNDH, “las autoridades ministeriales no realizaron las diligencias necesarias para esclarecer los hechos; omitieron investigar la totalidad de los hechos denunciados por la agraviada, así como obtener los dictámenes médicos indispensables para la integración del expediente, lo que vulnera el derecho a la adecuada procuración de justicia”.

Con lo anterior, la Comisión acreditó  violación a los derechos humanos de la mujer de origen mixteco, “a la protección a la salud, a la verdad, a la libertad, a una vida libre de violencia obstétrica, y a la información en materia de salud, cometidos por servidores públicos del ISSSTE, así como a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración de justicia por personal de la PGR, ambos en Ensenada, Baja California”.

LA CNDH solicitó al director del ISSSTE reparar el daño a las víctimas, con una compensación, atención médica, psicológica y tanatológica.

También le pidió “colaborar con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos responsables, así como en la denuncia de hechos que formule ante la PGR contra el personal médico y de enfermería, por las omisiones durante la atención médica”.

En cuanto a la PGR, le solicitó “continuar con la investigación de los hechos; dar trámite a la queja administrativa que se promueva ante la Visitaduría General de la PGR, respecto de los servidores públicos involucrados y capacitar al personal ministerial y pericial en materia de derechos humanos”.

Con información de Notimex

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Policías de Veracruz presionaron a niña víctima de abuso sexual para casarse con su agresor: CNDH

Noticias de Yucatán

 (proceso.com.mx).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al alcalde de Mecatlán, Veracruz reconocer como víctima a una indígena menor de edad que sufrió abuso sexual y a quien policías municipales intentaron obligar a casarse con su agresor.

Según la CNDH, la víctima y su padre acudieron al ayuntamiento de Mecatlán para pedir ayuda a fin de ser trasladados a la Fiscalía Especializada de Papantla a presentar la denuncia penal respectiva, sin embargo, los policías municipales comisionados para apoyarlos los transportaron en una patrulla en la que también iban el presunto violador con su padre, el subagente municipal de Manantiales y dos policías municipales.

a joven relató que a la salida del poblado se desviaron a un campo deportivo donde estaba el abogado de su agresor, quien le explicó que venía a negociar.

El victimario rogó que no lo mandara a la cárcel de Papantla, porque lo matarían; le ofreció dinero y prometió comprarle un terreno. Los policías los retuvieron y presionaron para que no denunciaran al agresor e insistían que la ofendida se casara con él. Sin embargo, ella y su padre no aceptaron trato alguno.

En la Fiscalía Especializada de Papantla, el agresor no fue puesto a disposición; él y su padre nunca bajaron de la patrulla. Posteriormente supieron que el sujeto estaba libre en una comunidad vecina.

La Comisión Estatal acreditó violación a los derechos humanos de la joven y determinó “una indebida actuación en la integración de una investigación ministerial, omisión en la protección de la víctima e injerencias arbitrarias contra la integridad psíquica de la víctima”, pues los oficiales actuaron negligentemente al obstaculizar que el probable responsable compareciera ante la Fiscalía Especializada de Papantla y quedara libre.

Por ello emitió la Recomendación 19/2016, dirigida al fiscal general del estado y al presidente municipal de Mecatlán; el primero la aceptó y está en vías de cumplimiento, pero el segundo la rechazó, por lo que el padre de la joven interpuso recurso de impugnación que fue recibido por la CNDH bajo el número de expediente CNDH/2/2016/541/RI.

La CNDH confirma la Recomendación de su homóloga estatal y pide al ayuntamiento de Mecatlán reparar integralmente el daño a la joven, mediante atención médica, psicológica, social e indemnización correspondiente; inscribir a la agraviada y a su padre en el Registro Estatal de Víctimas para que accedan en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado.

También implementar en favor de ambos las garantías de protección a su seguridad personal, en tanto se materializa y cumple la orden de aprehensión contra el presunto responsable; colaborar con la CNDH en la denuncia penal que realice contra los dos policías municipales y en la queja ante ese ayuntamiento contra el síndico municipal por las probables responsabilidades administrativas en que incurrió.

Además, capacitar a ambos policías en derechos de las víctimas o personas ofendidas, el respeto a su integridad personal y los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, realizar exhorto por escrito y de manera pública a AR1 y AR2 e incorporar copias de esta Recomendación en los expedientes laborales y personales de los policías responsables, como constancia de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron, así como designar al servidor público que fungirá como enlace con la CNDH para dar seguimiento a esta Recomendación.

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La presencia de militares haciendo labor de policías , un riesgo a los derechos humanos, señala senadora yucateca

Noticias de Yucatán

Como todos los legisladores, tengo una agenda legislativa personal que me interesa promover, en especial sobre derechos de las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, entre otros temas, pero también estoy muy atenta de las peticiones que nos hacen los ciudadanos, señala la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

—Cuando el proyecto de Ley de Seguridad Interior fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó al Senado, en funciones de colegisladora, recibí diversas solicitudes de ciudadanos que me pedían votar en contra de este proyecto.

—Escuché a bastantes personas, académicos, activistas, a mi propio equipo de trabajo y a otros políticos, claro. Al final, nos quedó claro dos cosas: 1, la opinión mayoritaria de los yucatecos era en contra, y 2, la presencia de militares haciendo labor de policías sí genera riesgo de violaciones a los derechos humanos.

—Al final votamos en contra y lo único que hicimos es lo que debemos hacer siempre los políticos: obedecer a los electores.

EL CONTEXTO DE LA LEY

De acuerdo con la senadora por Yucatán, la Ley de Seguridad Interior tiene un contexto de necesidad "que también hay que dejar en claro".

—En algunos estados del país, las fuerzas de seguridad civiles ya fueron rebasados por la corrupción y, aunque parezca una incongruencia, ya no son precisamente de seguridad, pues no la garantizan, de modo que son los gobernadores quienes solicitan la intervención militar.

—En el debate en el Senado, que empezó la tarde del jueves y concluyó en la mañana del viernes pasado, había dos criterios: uno era que los militares regresen a sus cuarteles y que la policía ejerza su función, y el otro era que se regule el papel del Ejército en labores de seguridad pública, pues no había un marco legal que le diera forma.

—Los detractores temen que esta ley sólo prolongue la presencia de militares en las calles y que a la larga causará violaciones a los derechos humanos y un mayor malestar social. Sus promoventes sostienen que esta Ley brinda certidumbre legal.

—Yo estoy convencida que la presencia de la milicia en las calles no es la solución a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Lo correcto es una total depuración de las fuerzas de seguridad civiles. Los policías son los servidores públicos capacitados para combatir el crimen. 

​​

Los soldados existen para combatir contra otros soldados, contra otros ejércitos, no contra el crimen.

—En su momento, esta estrategia se tomó por la urgencia de la situación, pero ya pasó bastante tiempo y el gobierno federal sigue en este mismo esquema, aunque la violencia no se ha reducido: este año ya se perfila como el año más letal de la historia de México —concluye.

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Derechos Humanos busca reintegrar a niño rechazado en escuela de Valladolid "por ser un malandro"

Noticias de Yucatán

Enrique Díaz Castillo, representante de la delegación local de la Codhey, consideró que el director de la primaria “Marcelina Silva”, Carlos Bojórquez Hoil, estaría violando uno de los derechos más elementales de un niño, la educación, al no permitir el reingreso al plantel de A.C.D., de 11 años, a quien consideró “un malandro”.

El ombudsman comentó que hoy miércoles acudiría al plantel con la hermana del niño, Cecilia Castellano Dzib, para tratar de regresarlo a las aulas, y en caso de que el director se niegue, entonces le dará entrada al caso y lo enviará a Mérida para el análisis correspondiente y luego se determine lo conducente.

Como informamos, Cecilia Castellano puso una denuncia ante la Codhey porque el director del plantel se niega a aceptar al menor, quien fue expulsado por mal comportamiento y por agredir a una madre de familia, y luego estuvo involucrado en un robo en un predio del fraccionamiento Flamboyanes.

Cecilia Castellano comentó que ya son varias ocasiones que lleva a su hermano a la escuela para tratar de reincorporarlo a sus clases, pero el director se ha negado a recibirlo, lo cual ha informado en la Codhey.

Díaz Castillo, quien está a cargo del caso, comentó que le dijo a la hermana que lleve al menor a la escuela anteayer lunes y, de no ser aceptado, la esperaba en las oficinas ayer martes.

Sin embargo la hermana acudió ya tarde y ya no fue posible atenderla. Ante ello se acordó que acudirán hoy miércoles al plantel para tratar de dialogar con el director y exponerle que viola los derechos del pequeño.

“A mi juicio se está violentando uno de los derechos más importantes del menor, y si A.D.C. tiene algún problema, la escuela debe contar con atención especializada. El director es el responsable de que el pequeño esté bien”, puntualizó Díaz Castillo.— Juan Antonio Osorio Osorno

En la Convención de los Derechos del Niño hay 54 artículos con todos los derechos de niños y niñas.

Los derechos de los niños serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole.

Sobre la vinculación del menor A.C.D. con un caso de robo, el representante de la Codhey en Valladolid comentó que no se le puede juzgar cuando ninguna autoridad, mucho menos un juez, lo ha juzgado. Por lo tanto, “no se le debe negar el derecho a la educación ni debe ser llamado delincuente”.

Turnarían la queja

Comentó que en caso de que el director del plantel sea renuente para aceptar al menor, entonces se enviará a la Codhey de Mérida la queja para que se tomen las medidas correspondientes.

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Denuncia ante derechos humanos contra Jorge Esma Bazán

Noticias de Yucatán 

Este jueves a las 11:30 de la mañana, acompañado de importante grupo de representantes de diversos sectores de la sociedad y de la vida artística y cultural, el periodista Martiniano Alcocer Álvarez acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a interponer una queja por maltrato, violencia verbal y física e intento de agresión de los que acusa al director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, Jorge Esma Bazán. 

Desde poco antes de las 11 de la mañana comenzaron a llegar a las oficinas de la Codhey, en Circuito Colonias, frente a la estatua de La Jarana, escritores, pintores, historiadores y editorialistas de El poder de la pluma de Milenio Novedades que acudieron a manifestar su apoyo al periodista. Varios de los presentes señalaron que ellos han sido testigos o víctimas de los alardes de prepotencia de Esma. 

Ante el personal de guardia de la Codhey, el periodista hizo un relato de los hechos ocurridos al mediodía del martes 5 de diciembre, en la sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya, donde el citado Esma Bazán convocó a una junta de todo el personal al que agredió verbalmente y lo sometió a lo que, según Alcocer Álvarez, fue una vejación de superior a subordinados, ya que advirtió con voz fuerte, casi a gritos, que él es el jefe y el manda y dice qué se hace y que no se hace. 

El funcionario iba ordenando por grupos a los presentes -desde personal de intendencia hasta de servicios y administración- que se pusieran de pie para que ante los demás les advirtiera, sin especificar por qué motivo venía la advertencia, que ya no toleraría más desórdenes y a todos les decía que no se les olvidara quién manda. 

Al señalarle el quejoso que se retiraba de la junta porque no estaba de acuerdo con la forma vejatoria en la que se dirigía al personal, el señor Esma se enojó a tal grado que le gritó al periodista, le cerró el paso para que no pudiera salir, lo sujetó con fuerza del brazo derecho y le advirtió: “Te vas a arrepentir”. 

El periodista le pidió que le permitiera retirarse, pero Esma se mantuvo en su actitud de cerrarle el paso y en un momento dado, al exigirle el periodista que le soltara el brazo, hizo el intento de darle un puñetazo con la mano derecha, acción ante la cual un guardia que se encontraba junto a ambos contuvo a Esma y le dijo: “No maestro, no”, y lo retiró. 

Los hechos fueron negados en un boletín sin firma que emitió “el instituto” y, según Martiniano, contiene una versión falsa de lo sucedido. Sipse

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Negligencia en fundación de Cinépolis deja ciegos a 50 adultos indígenas, denuncia agrupación

Noticias de Yucatán

El Presidente de la fundación No Más Negligencias Médicas, en conferencia de prensa señaló que el caso ya tiene dos años “en el olvido” por lo que llevarán su caso a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que intervenga y apoye a los afectados.

(EconomíaHoy/SinEmbargo).- Más de cincuenta personas adultas de una comunidad indígena de Quintana Roo perdieron la vista luego de una negligencia médica tras ser atendidos en una clínica particular auspiciada por la Fundación Cinépolis y a dos años, el caso está en el olvido.

De acuerdo con información de diversos medios, Fernando Avilez Tostado, presidente de la fundación No Más Negligencias Médicas, en conferencia de prensa señaló que el caso ya tiene dos años “en el olvido” por lo que llevarán su caso a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que intervenga y apoye a los afectados.

En 2015 los afectados se ‘beneficiaron’ a través de la fundación “Del Amor Nace la Vista” de Cinepolis, por lo que fueron atendidos en la clínica de Quintana Roo “Instituto de Salud Visual”, pero por “una mala asepsia” se provocó que contrajeran una infección por una bacteria llamada Seudomonas que al final les provocó la pérdida de la vista e incluso la perdida del globo ocular ya que ataca al nervio óptico y a los 15 días lo pudre y empieza a supurar pus y sangre.

Fernando Avilez indicó que, a pesar de que es un caso que ocurrió en Quintana Roo, apela a la “sensibilidad” de los asambleístas integrantes de la Comisión de asuntos indígenas para que intercedan por los afectados “porque no han recibido apoyo” a pesar de que la Cofepris habría determinado que se impondría una multa superior de 1 millón de pesos a Cinepolis.

Cabe destacar que en 2015, Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, coordinador de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) declaró que tras hacer una inspección en las instalaciones del ISVI serían clausuradas; sin embargo, la clínica se negó a reconocer el error.

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La CIDH y CNDH rechazan Ley de Seguridad Interior

Noticias de Yucatán

(apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunciaron contra el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, aprobado en la Cámara de Diputados y turnado al Senado para ser discutido este martes, pues coincidieron en que genera la posibilidad de vulnerar las garantías fundamentales de los ciudadanos.
En un comunicado, el organismo internacional expresó su preocupación por el proyecto de ley, al considerar que “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”, y que significaría la “normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.
Dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), recordó que la experiencia regional es que la intervención castrense en tareas de seguridad interna, “viene acompañada de violencia y graves violaciones a derechos humanos”.
La CIDH insistió en que el Estado “debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar medidas necesarias para fortalecer la policía y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.
Además, recordó que, en su visita en 2015, “constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad”.
El organismo destacó que, entre las recomendaciones a México en el informe de país en 2015, estaba el “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidad de la policía para realizar tareas de seguridad pública.
Al destacar que la ausencia de castigo a abusos de personal castrense en México “agudiza la preocupación” de la CIDH, el organismo regional recordó que ha alertado sobre la urgencia de plantear la separación entre “la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.
La CIDH explicó que “la distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional y las que les competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencia que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”.
Las obligaciones asumidas por los Estados, reiteró, “exigen política pública sobre seguridad y combate al crimen que prioricen del funcionamiento de una estructura eficiente”, mismo que “debe garantizar a la población efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado”.
El organismo exhortó al Estado mexicano a reafirmar “su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales”.
Afecta equilibrio constitucional: CNDH
Por su parte, la CNDH consideró que la propuesta de Ley de Seguridad Nacional “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos”, por lo que hizo un llamado a los senadores a no contravenir el sistema democrático de libertades y garantías.
A unas horas de que los senadores sometan a discusión y eventualmente aprueben la legislación, que perpetuaría la presencia castrense al frente de la seguridad pública, el organismo nacional advirtió que dicha iniciativa afectaría “el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.
La Comisión refirió algunos de los “potenciales riesgos del dictamen” que será discutido mañana, entre ellos “una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos, sino una facultad discrecional genérica.
Además, aseguró, la ley impone “una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia”; no se vislumbran “mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas”; se admite “la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos”; en tanto que se trasgreden “los derechos de reserva y secrecía a favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.
La CNDH coincidió con los expertos en que “la emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean, contribuiría a mantener el estado actual de las cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 constitucional”.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez puntualizó que, con la propuesta de ley, “más que atender las causas de la violencia y de la inseguridad en un contexto de prevención, se estaría privilegiando un enfoque reactivo sustentado en el uso de la fuerza como vía para recuperar la convivencia social pacífica en nuestra sociedad”.
Al insistir que la ley amenaza con que “cualquier tipo de actividad humana” pueda ser calificada de “riesgo de seguridad interior, sin que existan parámetros objetivos para ello”, la CNDH recordó su planteamiento de que los problemas de seguridad y justicia “se deben abordar bajo un esquema amplio, en el que se traten de manera conjunta e integrada la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia para concretar de manera pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz”.
También destacó que antes que abordar el modelo propuesto por la mencionada ley, es importante “determinar el tipo de policía que asumirá operación sustantivamente las tareas vinculas a la seguridad pública, precisando los modelos bajo los cuales se daría su operación”.
Al señalar que una ley de la trascendencia como la que se pretende aprobar, “no puede ser producto de decisiones coyunturales o políticas”, por el contrario, “sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrase dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos”.
A unas horas de que los senadores debatan la ley, la CNDH hizo un llamado a los integrantes del Senado “para que con responsabilidad y plena conciencia sobre las repercusiones que tendrán sus actos, hagan un examen objetivo y detallado de lo propuesta de Ley de Seguridad Interior al amparo de lo previsto por el artículo 1 Constitucional y con estricto apego y al régimen competencial y de atribuciones expresas que consagra nuestro máximo ordenamiento”.
La CNDH concluyó su comunicado puntualizando que “ningún acto de autoridad puede contravenir o poner en entredicho las instituciones, libertades y garantías que sustentan nuestro sistema democrático”.

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Agentes de la SSP en la mira por haber tratado como delincuente a un menor en Tekax

Noticias de Yucatán

 La Fiscalía General del Estado ha comenzado a reunir las pruebas como parte del seguimiento del expediente 784/2017, del menor G.C.B. de 17 años de edad que fue detenido, golpeado y tratado como un delincuente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la semana pasada.
Testigos que presenciaron la detención del menor acudieron ayer por la mañana a la agencia de la Fiscalía con sede en esta ciudad, además de las personas que le regalaron la motocicleta para que la modificara desde hace 10 años.
Como informamos el pasado 28 de noviembre, agentes estatales, a bordo de la patrulla 6354 detuvieron en la calle 41 entre 50 y 52 al menor G.C.B. con el argumento de que iba en una motocicleta que estaba reportada como robada.
Los agentes, fuertemente armados, sometieron al menor, lo golpearon, esposaron y trasladaron a la cárcel municipal, donde lo abandonaron y se retiraron llevando la motocicleta valuada en varios miles de pesos, y la cual ha sido utilizada en exhibiciones.
Los padres del menor, estudiante del Colegio de Bachilleres, señalan que al día siguiente su hijo comenzó a sentir dolores en el abdomen y lo trasladaron al Centro de Salud donde le practicaron varios estudios; le sacaron placas y le hicieron un ultrasonido donde se comprobó las lesiones por los golpes que recibió.
Al ver la gravedad de las lesiones, la familia acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para interponer una queja por lo ocurrido, y de allá se trasladaron a la agencia 12 de la Fiscalía, donde nuevamente fue valorado el menor.
Los afectados interpusieron la demanda contra los agentes estatales de la unidad 6354, los cuales no pudieron ser identificados por el menor ya que éstos llevaban pasamontañas.
La mañana de ayer acudió a declarar una parte de los testigos que presenciaron el presunto abuso de autoridad de los agentes, como parte del procedimiento que se sigue por los delitos de lesiones, abuso de autoridad, robo, entre otros, que habrían cometido los oficiales.
Los padres del menor señalan que su hijo se ha visto afectado psicológicamente y físicamente por los hechos, por lo que piden a las autoridades la reparación de los daños y el castigo conforme a la ley de los responsables. Megamedia.

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