Noticias de Yucatán
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que, en materia de contratación de publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto carece de “criterios objetivos, claros y transparentes” para designar las pautas publicitarias.
Durante el foro de análisis “Hacia la Regulación de la Publicidad Oficial en México”, presentó un informe especial basado en solicitudes de información a las 32 entidades del país y el gobierno federal sobre los mecanismos, normatividad, reglamentos y criterios para contratar la publicidad oficial.
El documento fue entregado al Congreso de la Unión a fin de que sea tomado en cuenta en la elaboración de la Ley de Publicidad Oficial, en apego a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ómbudsman nacional puntualizó que la falta de regulación ha generado designaciones “discrecionales” en la contratación de publicidad oficial por parte de los estados y el gobierno federal, lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
Según el funcionario, el informe tuvo como eje de análisis las observaciones que la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo a México, así como dos recomendaciones emitidas por la CNDH, una de ellas promovida por la revista Proceso, misma que fue “incumplida” por la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia a la que fue dirigida.
González Pérez consideró que en el ámbito federal “la normatividad que rige la contratación oficial es omisa en contemplar criterios objetivos, claros y transparentes en que las dependencias puedan fundar y motivar la elección de contratación de medios publicitarios”.
La normatividad federal, agregó, “únicamente prevé que las dependencias y entidades públicas sean responsables de administrar y ejercer los recursos destinados a cubrir gastos de servicios de publicidad de conformidad con criterios de eficiencia, eficacia, honradez e imparcialidad”.
Bajo dichos términos, se genera que “sin justificación alguna se deje a la discrecionalidad de cada dependencia realizar contrataciones con los medios de comunicación sin que se señale, en un solo supuesto, que la adquisición de publicidad obedezca a parámetros objetivos como tiraje, costos de publicidad, oportunidad en la distribución o distribución geográfica en el territorio nacional, lo que provoca que las entidades de la administración federal no apliquen en la práctica criterios objetivos e imparciales con que se garantice la igualdad de oportunidades entre todos lo diversos medios que buscan esa contratación”.
En el caso de las entidades federativas, el ómbudsman advirtió que el ejercicio presupuestario se centraliza en las coordinaciones de comunicación social de las oficinas de los ejecutivos estatales que “propician el uso discrecional y excesivo de la asignación y contratación de publicidad oficial con fines ajenos a la utilidad pública que debiera tener ésta, puesto que la publicidad oficial debe tener como fin mantener informada a la población sobre planes, programas y acciones de la administración pública estatal”.
Publicidad oficial inequitativa
Durante el foro, la representante en México de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, destacó que “hoy por hoy, las líneas editoriales tienen detrás 40 mil millones de pesos ejercidos sólo por el gobierno federal, de los cuales 56% se asigna a 20 medios de comunicación y 44% a más de tres mil medios de comunicación”.
Luego, lamentó que “la publicidad oficial no sólo genera narrativas oficiales sino también impacta en la concentración y en la pluralidad informativa”, así como que “estos 40 mil millones de pesos funcionan constantemente para hacer lo contrario” a la urgencia ciudadana de “tener coberturas de interés público que nos permitan tomar decisiones”.
Artículo 19 es la organización que promovió el amparo ante la SCJN que derivó en la sentencia que ordena al Congreso de la Unión la regulación de la publicidad oficial.
La defensora llamó a considerar que la publicidad oficial es “más allá de un montón de dinero que se ejerce para coptar a los medios, para coptar las líneas editoriales, es también un mecanismo para que nosotros no conozcamos lo que está sucediendo afuera”.
Ana Cristina Ruelas sostuvo que, como una práctica constante, lo que ha ocurrido es que los casos de alto impacto social “se tratan de maquillar, cambiar o borrar de la historia”, lo que en últimos años resulta “más difícil con las redes sociales y con el boom del entorno digital”, aunque ello no aplica en las comunidades más marginadas que “al final la información que reciben es la que el Estado quiere que conozcan”.
La directiva de Artículo 19 criticó que, en la discusión sobre la iniciativa de Ley de Publicidad Oficial, el documento de trabajo que se presentó está encaminado a “recuperar las malas prácticas” de la sobreexposición de figuras públicas, de hacer “proselitismo a través de la Segob y para seguir impactando en la contienda electoral”, además de que “genera nuevas malas prácticas”.
Entre las novedades que se contemplan en la iniciativa, está la creación de “dos bolsas” de recursos, “una para campañas de comunicación y otra no regulada que sería sujeta de opacidad y otra vez de mecanismos de control indirecto”.
Ruelas y el ómbudsman nacional exhortaron al Congreso de la Unión a tomar en cuenta las observaciones de organismos internacionales sobre la regulación de la contratación de publicidad oficial, así como el diagnóstico presentado este día por la CNDH.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que, en materia de contratación de publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto carece de “criterios objetivos, claros y transparentes” para designar las pautas publicitarias.
Durante el foro de análisis “Hacia la Regulación de la Publicidad Oficial en México”, presentó un informe especial basado en solicitudes de información a las 32 entidades del país y el gobierno federal sobre los mecanismos, normatividad, reglamentos y criterios para contratar la publicidad oficial.
El documento fue entregado al Congreso de la Unión a fin de que sea tomado en cuenta en la elaboración de la Ley de Publicidad Oficial, en apego a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ómbudsman nacional puntualizó que la falta de regulación ha generado designaciones “discrecionales” en la contratación de publicidad oficial por parte de los estados y el gobierno federal, lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
Según el funcionario, el informe tuvo como eje de análisis las observaciones que la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo a México, así como dos recomendaciones emitidas por la CNDH, una de ellas promovida por la revista Proceso, misma que fue “incumplida” por la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia a la que fue dirigida.
González Pérez consideró que en el ámbito federal “la normatividad que rige la contratación oficial es omisa en contemplar criterios objetivos, claros y transparentes en que las dependencias puedan fundar y motivar la elección de contratación de medios publicitarios”.
La normatividad federal, agregó, “únicamente prevé que las dependencias y entidades públicas sean responsables de administrar y ejercer los recursos destinados a cubrir gastos de servicios de publicidad de conformidad con criterios de eficiencia, eficacia, honradez e imparcialidad”.
Bajo dichos términos, se genera que “sin justificación alguna se deje a la discrecionalidad de cada dependencia realizar contrataciones con los medios de comunicación sin que se señale, en un solo supuesto, que la adquisición de publicidad obedezca a parámetros objetivos como tiraje, costos de publicidad, oportunidad en la distribución o distribución geográfica en el territorio nacional, lo que provoca que las entidades de la administración federal no apliquen en la práctica criterios objetivos e imparciales con que se garantice la igualdad de oportunidades entre todos lo diversos medios que buscan esa contratación”.
En el caso de las entidades federativas, el ómbudsman advirtió que el ejercicio presupuestario se centraliza en las coordinaciones de comunicación social de las oficinas de los ejecutivos estatales que “propician el uso discrecional y excesivo de la asignación y contratación de publicidad oficial con fines ajenos a la utilidad pública que debiera tener ésta, puesto que la publicidad oficial debe tener como fin mantener informada a la población sobre planes, programas y acciones de la administración pública estatal”.
Publicidad oficial inequitativa
Durante el foro, la representante en México de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, destacó que “hoy por hoy, las líneas editoriales tienen detrás 40 mil millones de pesos ejercidos sólo por el gobierno federal, de los cuales 56% se asigna a 20 medios de comunicación y 44% a más de tres mil medios de comunicación”.
Luego, lamentó que “la publicidad oficial no sólo genera narrativas oficiales sino también impacta en la concentración y en la pluralidad informativa”, así como que “estos 40 mil millones de pesos funcionan constantemente para hacer lo contrario” a la urgencia ciudadana de “tener coberturas de interés público que nos permitan tomar decisiones”.
Artículo 19 es la organización que promovió el amparo ante la SCJN que derivó en la sentencia que ordena al Congreso de la Unión la regulación de la publicidad oficial.
La defensora llamó a considerar que la publicidad oficial es “más allá de un montón de dinero que se ejerce para coptar a los medios, para coptar las líneas editoriales, es también un mecanismo para que nosotros no conozcamos lo que está sucediendo afuera”.
Ana Cristina Ruelas sostuvo que, como una práctica constante, lo que ha ocurrido es que los casos de alto impacto social “se tratan de maquillar, cambiar o borrar de la historia”, lo que en últimos años resulta “más difícil con las redes sociales y con el boom del entorno digital”, aunque ello no aplica en las comunidades más marginadas que “al final la información que reciben es la que el Estado quiere que conozcan”.
La directiva de Artículo 19 criticó que, en la discusión sobre la iniciativa de Ley de Publicidad Oficial, el documento de trabajo que se presentó está encaminado a “recuperar las malas prácticas” de la sobreexposición de figuras públicas, de hacer “proselitismo a través de la Segob y para seguir impactando en la contienda electoral”, además de que “genera nuevas malas prácticas”.
Entre las novedades que se contemplan en la iniciativa, está la creación de “dos bolsas” de recursos, “una para campañas de comunicación y otra no regulada que sería sujeta de opacidad y otra vez de mecanismos de control indirecto”.
Ruelas y el ómbudsman nacional exhortaron al Congreso de la Unión a tomar en cuenta las observaciones de organismos internacionales sobre la regulación de la contratación de publicidad oficial, así como el diagnóstico presentado este día por la CNDH.
