Noticias de Yucatán
(apro).- Los abusos cometidos contra tres menores de edad y sus padres en noviembre de 2015, hechos atribuidos a Policías Federales, se mantienen en la impunidad ante la falta de diligencia de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), sostuvo Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al señalar los hechos como “condenables”, mismos que dieron lugar a la recomendación 81/2017, dirigida a los titulares de la PGR y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Alberto Elías Beltrán y Renato Sales, respectivamente, Corzo Sosa apuntó que uno de los motivos por las que el organismo nacional emitió observaciones es por la “falta de debida diligencia para investigar el caso, sobre todo tratándose de menores”.
En entrevista con Apro, el quinto visitador de la CNDH ofreció algunos detalles de la recomendación dada a conocer este martes 16 por el organismo nacional, en espera de que los titulares de las dependencias señaladas “no solo acepten la recomendación, sino que den muestras evidentes del cumplimiento puntual”.
El caso se refiere a la detención de un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado de Tabasco junto con su familia, cuando regresaban a su domicilio “y no como dijeron las autoridades, que había sido en flagrancia, pero además se acreditó que no hubo orden de aprehensión ni una urgencia justificada para la detención”, resaltó el visitador.
Recordó que, de acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la familia agraviada y sostenida por testigos, el 6 de noviembre de 2015 cuando regresaban a su domicilio en Centro, Tabasco, el exfuncionario ministerial fue sacado de su automóvil para ser ingresado a otro tripulado por agentes federales, en tanto que otros efectivos de la Policía Federal abordaron el vehículo del detenido, impidiendo a la madre y a tres menores hijas salir del mismo.
“Es un caso preocupante los hechos hablan por sí mismos: a las personas menores las amenazaron con armas de fuego, les cubrieron el rostro, no les dieron alimentación, no les permitieron que hicieran sus necesidades básicas, tuvieron que permanecer con las mismas ropas sucias hasta el día siguiente, de manera indigna, pero además, la familia fue llevada a un lugar donde escuchaban los gritos del padre cuando era lesionado, son algunos de los elementos que abundan para la acreditación de la tortura”, resaltó Corzo.
Tras advertir que en el momento de los abusos las hijas de la pareja agredida, tenían uno, seis y ocho años, Corzo sostuvo que los peritajes psicológicos aplicados a las menores, demostraron rasgos de estrés postraumático por tortura, que pueden “causar un daño posterior en el desarrollo de su personalidad”.
Insistió en que, más que daños físicos a las menores, los expertos de la CNDH advirtieron afectaciones psicológicas, explicables a la situación que vivieron las menores.
“Cuando a alguien le amenazan con un arma, le piden que no voltee a ver a alguna persona, eso causa una afectación psicológica, físicamente en sí las menores tuvieron la afectación de no poder desahogar sus necesidades, de permanecer en esa circunstancia con la misma ropa, además no las regresaron sino hasta el siguiente día. El punto importante es la afectación psicológica y el stress postraumático que se logró acreditar con base en las amenazas y en escuchar cómo su padre fue lesionado”, explicó.
Pese a estos daños y a que desde el 1 de diciembre de 2015 la madre de familia denunció ante la delegación de la PGR los hechos, hasta el momento la averiguación previa sigue en integración, sin que se hayan llevado a cabo diligencias solicitadas por la abogada que representa a la familia.
Sobre la denuncia de abusos cometidos por nueve agentes de la Policía Federal, quienes también ingresaron al domicilio de la familia y sustrajeron objetos entre ellos 30 mil pesos, Corzo destacó que la CNDH logró acreditar que “desde el inicio se había solicitado por la abogada que los representaba que se hicieran algunos análisis, entre ellos estudios psicológicos, y que se tomaran fotografías de lugar de los hechos”.
-¿El caso está en la impunidad por la falta de actuación de la dependencia?
-Efectivamente, no se hicieron las diligencias que se requerían, máxime cuando estamos hablando de tres personas menores de edad, debió existir una inmediata y rápida atención, pero no se acreditó que eso haya sido así, por eso estamos acreditando que hubo violaciones a la procuración de justicia por parte de elementos de la delegación de la PGR en Tabasco.
No sólo los quejosos han tenido dificultades para que se sigan algunos lineamientos en la investigación por tortura integrada en la PGR, sino que la misma CNDH tuvo obstáculos para analizar expedientes abiertos por la dependencia.
“Se nos dijo que había acumulado una averiguación a otra, pero no obtuvimos esa información, la consecuencia es que no se está acreditando lo que está solicitando la CNDH, lo que advertimos es una indebida diligencia en la investigación ministerial”, resaltó el visitador.
Por parte de la Policía Federal, la preocupación más grave es que “durante la investigación no se logró acreditar la existencia de un protocolo especial”, respetuoso de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de ahí que una de las recomendaciones sea precisamente “que se elabore y se implemente inmediatamente.
El quinto visitador de la CNDH resaltó que pese a que no es la primera vez que el organismo recomienda como medidas de no repetición la impartición de cursos de capacitación a las fuerzas de seguridad, en esta ocasión se reiteró la petición sobre todo para “los elementos de la Policía Federal destacamentados en Tabasco, que reciban los cursos correspondientes para que tengan la sensibilidad del respeto a los derechos humanos, sobre todo cuando se trata de detención y más aún cuando están involucrados menores de edad”.
(apro).- Los abusos cometidos contra tres menores de edad y sus padres en noviembre de 2015, hechos atribuidos a Policías Federales, se mantienen en la impunidad ante la falta de diligencia de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), sostuvo Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al señalar los hechos como “condenables”, mismos que dieron lugar a la recomendación 81/2017, dirigida a los titulares de la PGR y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Alberto Elías Beltrán y Renato Sales, respectivamente, Corzo Sosa apuntó que uno de los motivos por las que el organismo nacional emitió observaciones es por la “falta de debida diligencia para investigar el caso, sobre todo tratándose de menores”.
En entrevista con Apro, el quinto visitador de la CNDH ofreció algunos detalles de la recomendación dada a conocer este martes 16 por el organismo nacional, en espera de que los titulares de las dependencias señaladas “no solo acepten la recomendación, sino que den muestras evidentes del cumplimiento puntual”.
El caso se refiere a la detención de un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado de Tabasco junto con su familia, cuando regresaban a su domicilio “y no como dijeron las autoridades, que había sido en flagrancia, pero además se acreditó que no hubo orden de aprehensión ni una urgencia justificada para la detención”, resaltó el visitador.
Recordó que, de acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la familia agraviada y sostenida por testigos, el 6 de noviembre de 2015 cuando regresaban a su domicilio en Centro, Tabasco, el exfuncionario ministerial fue sacado de su automóvil para ser ingresado a otro tripulado por agentes federales, en tanto que otros efectivos de la Policía Federal abordaron el vehículo del detenido, impidiendo a la madre y a tres menores hijas salir del mismo.
“Es un caso preocupante los hechos hablan por sí mismos: a las personas menores las amenazaron con armas de fuego, les cubrieron el rostro, no les dieron alimentación, no les permitieron que hicieran sus necesidades básicas, tuvieron que permanecer con las mismas ropas sucias hasta el día siguiente, de manera indigna, pero además, la familia fue llevada a un lugar donde escuchaban los gritos del padre cuando era lesionado, son algunos de los elementos que abundan para la acreditación de la tortura”, resaltó Corzo.
Tras advertir que en el momento de los abusos las hijas de la pareja agredida, tenían uno, seis y ocho años, Corzo sostuvo que los peritajes psicológicos aplicados a las menores, demostraron rasgos de estrés postraumático por tortura, que pueden “causar un daño posterior en el desarrollo de su personalidad”.
Insistió en que, más que daños físicos a las menores, los expertos de la CNDH advirtieron afectaciones psicológicas, explicables a la situación que vivieron las menores.
“Cuando a alguien le amenazan con un arma, le piden que no voltee a ver a alguna persona, eso causa una afectación psicológica, físicamente en sí las menores tuvieron la afectación de no poder desahogar sus necesidades, de permanecer en esa circunstancia con la misma ropa, además no las regresaron sino hasta el siguiente día. El punto importante es la afectación psicológica y el stress postraumático que se logró acreditar con base en las amenazas y en escuchar cómo su padre fue lesionado”, explicó.
Pese a estos daños y a que desde el 1 de diciembre de 2015 la madre de familia denunció ante la delegación de la PGR los hechos, hasta el momento la averiguación previa sigue en integración, sin que se hayan llevado a cabo diligencias solicitadas por la abogada que representa a la familia.
Sobre la denuncia de abusos cometidos por nueve agentes de la Policía Federal, quienes también ingresaron al domicilio de la familia y sustrajeron objetos entre ellos 30 mil pesos, Corzo destacó que la CNDH logró acreditar que “desde el inicio se había solicitado por la abogada que los representaba que se hicieran algunos análisis, entre ellos estudios psicológicos, y que se tomaran fotografías de lugar de los hechos”.
-¿El caso está en la impunidad por la falta de actuación de la dependencia?
-Efectivamente, no se hicieron las diligencias que se requerían, máxime cuando estamos hablando de tres personas menores de edad, debió existir una inmediata y rápida atención, pero no se acreditó que eso haya sido así, por eso estamos acreditando que hubo violaciones a la procuración de justicia por parte de elementos de la delegación de la PGR en Tabasco.
No sólo los quejosos han tenido dificultades para que se sigan algunos lineamientos en la investigación por tortura integrada en la PGR, sino que la misma CNDH tuvo obstáculos para analizar expedientes abiertos por la dependencia.
“Se nos dijo que había acumulado una averiguación a otra, pero no obtuvimos esa información, la consecuencia es que no se está acreditando lo que está solicitando la CNDH, lo que advertimos es una indebida diligencia en la investigación ministerial”, resaltó el visitador.
Por parte de la Policía Federal, la preocupación más grave es que “durante la investigación no se logró acreditar la existencia de un protocolo especial”, respetuoso de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de ahí que una de las recomendaciones sea precisamente “que se elabore y se implemente inmediatamente.
El quinto visitador de la CNDH resaltó que pese a que no es la primera vez que el organismo recomienda como medidas de no repetición la impartición de cursos de capacitación a las fuerzas de seguridad, en esta ocasión se reiteró la petición sobre todo para “los elementos de la Policía Federal destacamentados en Tabasco, que reciban los cursos correspondientes para que tengan la sensibilidad del respeto a los derechos humanos, sobre todo cuando se trata de detención y más aún cuando están involucrados menores de edad”.
