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Juez concede amparo contra Ley de Seguridad Interior; la considera “inconstitucional”

13 mayo 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

 (apro).- Fernando Silva García, juez octavo de distrito en Materia Administrativa, resolvió que la Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada por el Legislativo y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre pasado, es “inconstitucional”.
Silva García concluyó, al resolver una demanda de amparo presentada por la penalista Bárbara Zamora, del bufete “Tierra y Libertad”, que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior implica “introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”.
El juzgador resolvió en su sentencia que “la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa frente al sistema normativo de la Ley de Seguridad Interior que incorpora a las Fuerzas Armadas en las funciones relativas a la seguridad interior en tiempos de paz”.
La sentencia, en su parte medular, advierte:
 “La intervención de las autoridades militares en tiempos de paz implica la medida excepcional de solicitar al instituto armado que participe en tareas distintas a aquella loable labor para la cual fue creado y por ende que se introduzca un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, precisamente porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual fue creado”.
También señala que la actuación de los militares en las tareas de seguridad pública “puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad”.

Ley de Seguridad Interior y caso Ayotzinapa, temas que México expondrá ante la CIDH

02 marzo 2018
Noticias de Yucatán

(apro).- El gobierno de la República informó que participará en el 167º período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cuyo marco se realizarán dos audiencias públicas y distintas reuniones de trabajo en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 1 y 2 de marzo.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), y la Procuraduría General de la República (PGR), precisaron que la representación del gobierno de México incluirá funcionarios de alto nivel de esas dependencias, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
De acuerdo con el texto, las dos audiencias públicas abordarán aspectos relacionados con la Ley de Seguridad Interior –aprobada por el Congreso de la Unión y actualmente bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y sobre el seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en septiembre de 2014.
En el primer caso, apunta, la audiencia ofrecerá una oportunidad para compartir con la CIDH información actualizada sobre la Ley de Seguridad Interior y sobre su contenido y alcances, incluido lo que se refiere a los aspectos que contempla en materia de respeto y protección de los derechos humanos, entre otros.
En el caso de la audiencia sobre el caso Ayotzinapa –abunda–, la representación gubernamental ofrecerá información actualizada a la CIDH y a los representantes y familiares de los normalistas, sobre los desarrollos en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas.
“En específico, se compartirán los desarrollos en el seguimiento a un cronograma detallado de acciones que en su momento fue acordado por las partes, así como en lo que se refiere a la voluntad del gobierno de procurar la atención integral a las víctimas, a través de esquemas acordados de atención psicosocial”, puntualiza el comunicado.
Y recalca que la participación en las audiencias y en las reuniones de trabajo sobre otros casos de medidas cautelares y soluciones amistosas “permitirá reafirmar el compromiso del gobierno de la República con el importante mandato de la CIDH en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio”.

La Ley de Seguridad Interior, al banquillo de los acusados en la CIDH

01 marzo 2018
Noticias de Yucatán

(apro).- Este viernes 2 de marzo, la Ley de Seguridad Interior será llevada a discusión en el contexto del 167 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolla en Bogotá, Colombia.
La audiencia pública fue promovida por organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra, así como agrupaciones internacionales, como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, entre otras que decidieron monitorear la aplicación de la ley, promulgada en diciembre pasado por Enrique Peña Nieto.
El colectivo #SeguridadSinGuerra explicó que, tras la promulgación, decidió acudir a la CIDH “con el objetivo de denunciar que dicha ley perpetuará el fallido modelo de seguridad que ha abonado a que hoy exista una crisis de derechos humanos”.
En un pequeño comunicado, el colectivo advierte que durante la audiencia se pondrá énfasis en que “el revertir esta legislación depende ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, órgano jurisdiccional ante el que se han interpuesto diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Para dar respuesta a la exposición de los integrantes del colectivo y de las organizaciones internacionales participantes, durante la audiencia participará también una representación del Estado mexicano, encabezado por personal de la Cancillería.
Ese mismo viernes se llevarán a cabo una audiencia de supervisión del Mecanismo de Seguimiento del caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, hace más de tres años en Iguala, Guerrero, y que fue convocada por la CIDH.
El lunes pasado, padres y madres de los jóvenes desaparecidos insistieron en su exigencia por esclarecer los hechos y localizar a los 43 normalistas, durante una marcha por las calles de la Ciudad de México a 41 meses de ocurridos los hechos.

También el Inaip presenta acción contra Ley de Seguridad Interior

22 enero 2018
Noticias de Yucatán 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inaip) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI).

El viernes 19, se presentó ante Oficialía de Partes de la SCJN la acción de inconstitucionalidad con la cual este órgano garante objeta los artículos 9 y 31 de la LSI, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que, de un análisis conjunto entre el Instituto, su Consejo Consultivo y organizaciones de la sociedad civil, se determinó impugnar dos de los 34 artículos que contiene la Ley, por considerar que vulneran los derechos tutelados por este órgano garante.

Aseguró que el pleno se mantendrá atento a la resolución de la SCJN y expuso que, en su momento, el Inai planteó al Senado de la República la necesidad de revisar, si dicha ley garantizaba el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información.

Cabe señalar que, en la sesión del pública del 16 de enero, el pleno del Inai aprobó por unanimidad el acuerdo mediante el cual determinó impugnar dichos artículos por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la Constitución.

En dicha sesión se acordó lo siguiente sobre el artículo 9, que prevé que:

La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

El Inai argumentó lo siguiente:

"El legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.

"Impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.

"Establece una reserva automática y atemporal de la información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de ese tipo debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales”.

Por lo expuesto, concluyó que el artículo 9 de la LSI contraviene los principios constitucionales de máxima publicidad, de reserva temporal y de excepcionalidad respecto del principio de máxima publicidad.

Sobre el artículo 31, que establece “en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente ley”.

El Inai advirtió lo siguiente:

"Establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares, sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
"Prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica para los titulares.

"No se advierte disposición que garantice el cumplimiento de los principios y deberes para garantizar el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior, como sujetos obligados a la Ley General de Protección de Datos Personales.

"Existe ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de las autoridades en materia de seguridad interior, que vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al Inai".

Admite Suprema Corte acción contra Ley de Seguridad

19 enero 2018
Noticias de Yucatán

Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de Oposición para invalidar la Ley de Seguridad Interior.

El Ministro Jorge Pardo Rebolledo admitió la demanda apenas un día después de que fue presentada, y dio 15 días hábiles al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal para que rindan informes y envíen a la Corte todos los antecedentes del proceso legislativo.

La admisión de la demanda no suspende la vigencia de la ley, pero el Presidente Enrique Peña Nieto dijo cuando la promulgo que, mientras la Corte resuelve, no emitirá ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que es la principal figura operativa de la norma.

Los diputados de Morena, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano alegan que el Congreso carece de facultad constitucional para legislar en la materia de seguridad interior, en particular para normar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En lo particular, también se pide la invalidez de 28 de los 34 artículos de la ley por considerarlos contrarios a la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos.

La Corte no tiene plazo para resolver, y para cualquier invalidez será necesario el voto de 8 de los 11 ministros, candado que en casos relevantes recientes ha sido muy difícil de superar para el Pleno del máximo tribunal.

Senadores de Oposición y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) promovieron hoy sus propias acciones contra esta ley, aunque la del órgano de transparencia se limita a impugnar dos artículos que regulan aspectos de su competencia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también presentara una acción, por lo que todas estas demandas se acumularan y serán tramitadas en conjunto por Pardo, quien deberá presentar al Pleno el proyecto de sentencia.

El municipio poblano de San Pedro Cholula fue el único que promovió una controversia constitucional contra esta ley, admitida por Pardo desde la semana pasada, pero este expediente es de relevancia menor, ya que una eventual sentencia de invalidez sólo tendría efectos para el ayuntamiento mencionado, no para el resto del País.

La Constitución prevé que el Ejecutivo o alguna cámara del Congreso pueden solicitar a la Corte el tramite prioritario de las acciones, lo que hasta ahora no ha sucedido. (Reforma).

Diputados presentan ante Corte impugnación a Ley de Seguridad Interior

18 enero 2018
Noticias de Yucatán 
Diputados federales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad que impugna la Ley de Seguridad Interior.

De acuerdo a los legisladores, el documento respaldado por 188 diputados, que contiene 21 conceptos de invalidez, plantea que la legislación promulgada en diciembre pasado viola alrededor de 30 artículos de nuestra Carta Magna.

El coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Marko Cortés expuso que confía en que, tras un análisis detallado de la acción de inconstitucionalidad presentada, los ministros de la Suprema Corte les den la razón e invaliden la totalidad de la Ley de Seguridad Interior.

Los diputados de oposición al PRI advierten, entre otros puntos, que la legislación viola el principio de división funcional de poderes, debido a que el Congreso de la Unión carece de facultades, tanto expresas como implícitas, para legislar en materia de seguridad interior.

A la Oficialía de Partes del máximo tribunal del país acudieron la mañana de este jueves el panista, Marko Cortés; el perredista, Jesús Zambrano así como el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez.

Se espera que en las próximas horas lleguen al máximo tribunal del país otras acciones de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (CNDH). Excelsior

La presencia de militares haciendo labor de policías , un riesgo a los derechos humanos, señala senadora yucateca

22 diciembre 2017
Noticias de Yucatán

Como todos los legisladores, tengo una agenda legislativa personal que me interesa promover, en especial sobre derechos de las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, entre otros temas, pero también estoy muy atenta de las peticiones que nos hacen los ciudadanos, señala la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

—Cuando el proyecto de Ley de Seguridad Interior fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó al Senado, en funciones de colegisladora, recibí diversas solicitudes de ciudadanos que me pedían votar en contra de este proyecto.

—Escuché a bastantes personas, académicos, activistas, a mi propio equipo de trabajo y a otros políticos, claro. Al final, nos quedó claro dos cosas: 1, la opinión mayoritaria de los yucatecos era en contra, y 2, la presencia de militares haciendo labor de policías sí genera riesgo de violaciones a los derechos humanos.

—Al final votamos en contra y lo único que hicimos es lo que debemos hacer siempre los políticos: obedecer a los electores.


EL CONTEXTO DE LA LEY
De acuerdo con la senadora por Yucatán, la Ley de Seguridad Interior tiene un contexto de necesidad "que también hay que dejar en claro".

—En algunos estados del país, las fuerzas de seguridad civiles ya fueron rebasados por la corrupción y, aunque parezca una incongruencia, ya no son precisamente de seguridad, pues no la garantizan, de modo que son los gobernadores quienes solicitan la intervención militar.

—En el debate en el Senado, que empezó la tarde del jueves y concluyó en la mañana del viernes pasado, había dos criterios: uno era que los militares regresen a sus cuarteles y que la policía ejerza su función, y el otro era que se regule el papel del Ejército en labores de seguridad pública, pues no había un marco legal que le diera forma.

—Los detractores temen que esta ley sólo prolongue la presencia de militares en las calles y que a la larga causará violaciones a los derechos humanos y un mayor malestar social. Sus promoventes sostienen que esta Ley brinda certidumbre legal.

—Yo estoy convencida que la presencia de la milicia en las calles no es la solución a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Lo correcto es una total depuración de las fuerzas de seguridad civiles. Los policías son los servidores públicos capacitados para combatir el crimen. 
​​
Los soldados existen para combatir contra otros soldados, contra otros ejércitos, no contra el crimen.

—En su momento, esta estrategia se tomó por la urgencia de la situación, pero ya pasó bastante tiempo y el gobierno federal sigue en este mismo esquema, aunque la violencia no se ha reducido: este año ya se perfila como el año más letal de la historia de México —concluye.


Promulgaré Ley de Seguridad Interior para definir constitucionalidad: Peña

21 diciembre 2017
Noticias de Yucatán 
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que esta tarde promulgará la Ley de Seguridad Interior; sin embargo, no emitirá Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la constitucionalidad de dicha normatividad, que hoy, reconoció, es cuestionada por organismos civiles.

Esta Ley que fue aprobada el pasado 14 de diciembre y enviada al Ejecutivo avala que el Poder Ejecutivo Federal pueda intervenir a nivel local a través de esta declaratoria que precisa el tipo de amenaza que combatirán las fuerzas armadas en alguna región del país, durante cuánto tiempo y la cantidad de elementos.

Doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley, soy consciente que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país.

Así la Suprema corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, subrayó.

Al clausurar la 43 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional y frente a una veintena de gobernadores, el mandatario precisó que “ello no significa que dejara de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.

Peña Nieto señaló que el espíritu de la Ley de Seguridad Interior da certeza jurídica al actuar de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad interior y establece límites al uso discrecional de las mismas.

La ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades y las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”.

En este sentido, el presidente de la República hizo un llamado a los mandatarios locales a trabajar en el fortalecimiento de sus corporaciones policiacas y dijo que es momento de discutir la propuesta de Mando único para dejar a tras las mil 800 corporaciones policiacas y convertirlas en 32 instituciones fuertes de seguridad.
Información de Excelsior

INAI solicita modificar el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior

20 diciembre 2017
Noticias de Yucatán 
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó respetuosamente al Presidente de la República, que en términos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita observaciones al artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, a efecto de que se privilegie el principio de máxima publicidad.

Este órgano garante considera que el texto final del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, aprobado en días pasados por el Congreso de la Unión, no garantiza el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad. 

El Pleno del INAI está convencido de que en toda norma y actuar del Estado debe privilegiarse siempre la transparencia y garantizarse el derecho de acceso a la información, lo cual no se consigue con el texto final aprobado del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior.

A la letra el artículo 9 dice “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley será considerada de Seguridad Nacional en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. 

Con tal redacción, el INAI advierte que no se garantiza el derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6º de la Constitución, pues lejos de propugnar por la apertura de la información se privilegia la reserva de información.

En un comunicado, el Instituto reconoce que si bien, el Senado de la República, sensible a la postura del Pleno, modificó la redacción original del artículo, el texto final, aprobado por las dos Cámaras, es contrario a dicho principio.

Debido a que por regla general, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.

Consistente con las observaciones hechas al Senado de la República, el Pleno de este órgano garante reitera su preocupación, ahora al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que conforme a sus competencias, observe la nueva ley, de manera concreta, el artículo 9, en favor de la prevalencia del principio constitucional de máxima publicidad.

Cabe señalar que el principio de máxima publicidad es considerado el espíritu de las leyes de acceso a la información pública, pero además es la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. Excelsior

AMLO dice que no hay qué preocuparse por la Ley de Seguridad, que ganará y no ordenará “atacar al pueblo”

18 diciembre 2017
Noticias de Yucatán 
Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que no hay e qué preocuparse por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pues aseguró, será el próximo comandante de las Fuerzas Armadas y no dará la orden de atacar al pueblo.

“Sobre la Ley de Seguridad interior no hay que preocuparse tanto, porque el Presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y yo voy a ejercer esa función, vamos a poner orden y atender el asunto del problema de la inseguridad, como cunda fui Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. el comandante de las Fuerzas Armadas no va a dar la orden de atacar al pueblo”, dijo López Obrador durante un mitin realizado en la delegación Álvaro Obregón.

El político tabasqueño dijo que en caso de ganar la Presidencia en 2018 no delegará con la responsabilidad de combatir la inseguridad y sostendrá reuniones diarias con los Secretarios de Marina, de la Defensa Nacional y con el Procurador General de la República.

“Voy a asumir el mando, en la Constitución con mucha claridad se establece, por eso no hay que estar temiendo a la reforma que acaba de hacer, la llamada Ley de Seguridad Interior”, dijo.

AMLO agregó que creará una Guardia Nacional que integre todas las Fuerzas para que la Marina y la Sedena no actúen de manera separada.

“Vamos a respetar los derechos humanos, porque el próximo Comandante de las Fuerzas Armadas nunca jamás va a dar la orden de reprimir al pueblo de México”, dijo, lo que desató el aplauso de la multitud.
Información de Sin Embargo

Aministía Internacional pide a Peña Nieto vetar Ley de Seguridad Interior

Noticias de Yucatán 
El titular del Ejecutivo federal mexicano, Enrique Peña Nieto, debe vetar la ley de seguridad interior, aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión, aseveró el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.

Este lunes, Shetty envió una carta a Peña Nieto en la que le manifiesta su preocupación frente a esta normativa, que aumentará las violaciones a los derechos humanos y sólo regulariza una estrategia de seguridad que en diez años ha demostrado su fracaso.

A nombre de la organización, que representa un movimiento de más de siete millones de personas en todo el mundo, Shetty precisó: “Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías”.
Subrayó que AI está muy preocupada ante la implementación de esta ley, que "sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.

"Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México".

El secretario general de AI recordó que hace cuatro años, cuando Peña Nieto cumplía su primer año de gobierno, ambos se conocieron en la Ciudad de México y personalmente el activista le advirtió al mandatario sobre los riesgos de la estrategia militarizada de seguridad. 

En la misiva, Shetty detalló que el número de militares desplegados en tareas de seguridad pública ha aumentado de manera significativa durante el actual periodo presidencial, y esto "no ha contribuido a una disminución del delito en el país". El año 2017 terminará como el año más violento del sexenio, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década.

Por su parte, Erika Guevara, directora de AI para las Américas , subrayó: “Esto es un momento de agonía para los y las ciudadanos mexicanos, quienes han sido ignorados por un Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público alrededor de esta ley. Si el presidente Peña Nieto decide firmar esta legislación, estaría poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de personas". 

La organización internacional exhortó a los aspirantes a la presidencia para el proceso electoral de 2018 que demanden a Peña Nieto el veto a dicha ley.
La Jornada

PRI, PAN y PVEM no escucharon ni a la ONU, ni a CNDH. ¿Crees que te van a escuchar a ti?: Diego Luna

16 diciembre 2017
Noticias de Yucatán 
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó hoy de “lamentable” que el Senado de México haya aprobado la nueva y polémica Ley de Seguridad.

“Para la Oficina es lamentable que haya sido aprobada”, afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Elisabeth Throssell.

“No creemos que sea un paso positivo”, señaló, e indicó que la posición personal del alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, es que el principal valedor de la seguridad nacional sea la Policía no las Fuerzas Armadas.

“El país debería centrarse en reforzar la Policía nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, concluyó, y recordó que la Oficina ya se posicionó en contra de la Ley con anterioridad.

La Senadora del PRI Cristina Díaz Salazar terminó una aireada presentación del dictamen con las palabras:

“Queda claro: no se militarizan las calles; al contrario, se pone orden”.

Pero la Ley da facultades de policía al Ejército mexicano.

Varios grupos de Trabajo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como diversos relatores especiales han criticado la ley por el peligro que existe de que incremente las violaciones a los derechos humanos en el país.

Estas instancias que velan por las libertades fundamentales han recordado que en el pasado integrantes de las Fuerzas Armadas han perpetrado “numerosos” y graves abusos a los derechos humanos y que en “muchos” de los casos estos crímenes han quedado impunes.
Miguel Barbosa (Morena) y Emilio Gamboa (PRI) discuten durante la sesión, esta madrugada, en el Senado. Foto: Cuartoscuro

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada la madrugada de este viernes en el Senado de la República, con 71 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados de Acción Nacional (PAN) y de Verde Ecologista (PVEM), y con 34 en contra de la oposición, además de tres abstenciones. La votación se dio luego de más de 12 horas de discusión.

A casi finalizar el periodo ordinario de sesiones, los senadores avalaron en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior, pese a que fueron reservados todos los artículos. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, en donde el PRI planea aprobarlo este mismo día.

La ley está enmarcada en la guerra contra al narcotráfico que ha sacudido al país durante los últimos 10 años y cobrado al menos 2010 mil vidas, de acuerdo con el número homicidios entre el 2007 y el 2016.

La legislación también faculta al Presidente de la República para convocar un estado de Seguridad Interior en un lugar determinado del país por un plazo de hasta un año, en el que la oposición ve una subordinación del poder civil al militar.
Los nombres de los 20 senadores que decidieron por 119 millones 530 mil 753 mexicanos –que es la población que se calcula hasta 2015, tomando en cuenta el Censo de 2010.

ACADÉMICOS, ARTISTAS Y ONGs CONTRA LA LEY

Para el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra, la Ley de Seguridad Interior es un intento de la Presidencia y el PRI para activar el fraude en las elecciones de 2018 y perpetuarse en el poder utilizando al Ejército.


“Estas Fuerzas Armadas ya se politizaron. Lo que sucedió fue que, a través de los altos mandos, ya están al servicio del PRI-Gobierno, al servicio del régimen y al servicio de la oligarquía”, dijo en entrevista para el diario Noroeste.

“Y cuidado, porque además de todos los defectos que tiene esta ley que se hizo en lo oscurito, está mal hecha, está incompleta, es insuficiente. Además va a ser un instrumento indispensable que necesita el Ejecutivo para el fraude electoral del 2018, que ya piensa perpetrar”, agregó.

El investigador Edgardo Buscaglia consideró que la Ley de Seguridad Interior “salió de un Estado fallido y de una mente fallida”. Dijo que todo mexicano lúcido debería unirse, no sólo para protestar, sino para presentar una contrapropuesta o alternativa a ella.

“Hace años y años les advertí que México iba a caer en un mafio-autoritarismo que intentaría legalizar la censura y la represión extrajudicial. VEAN como se va cerrando el círculo de la #mafiocracia con la #LeyDeRepresionInterior y con esto otro”, escribió en su cuenta de Twitter.

En una protesta contra la Ley de Seguridad Interior, el actor Diego Luna pidió a través de su cuenta de Twitter a los ciudadanos recordar las acciones de los políticos cuando emitan su voto en los próximos comicios.

“Cuando veas en la boleta PRI, PAN o PVEM recuerda que son los que ni a la ONU ni a la CNDH quisieron escuchar. ¿Crees que te escuchen a ti?”, escribió.
Anoche, el Ángel que se pintó de rojo en protesta por la Ley de Seguridad. Foto: Twitter @diegoluna_

Jaime Cárdenas, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escribió en su cuenta de Twitter que la Ley de Seguridad interior es un golpe de Estado y un fraude a la Constitución.

“Nos coloca en circunstancias dictatoriales. El titular del Ejecutivo Federal no tiene contrapesos. Se violenta el principio de división de poderes, el federalismo y múltiples DDHH. Tragedia nacional”, explicó.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lamentó la aprobación de la Ley en la Cámara de Senadores.

“El @senadomexicano ha fallado como contrapeso democrático. La respuesta a las amplias preocupaciones de organismos internacionales, expertos y expertas así como la ciudadanía en general, fue votar el Proyecto de #LeydeSeguridadInterior apresuradamente”, escribió en Twitter.

En un hecho sin precedentes, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos rechazó la Ley de Seguridad Interior y exhortó a las fuerzas políticas a iniciar un diálogo incluyente con la sociedad civil y la academia.

La politólogo Denisse Dresser escribió: “Yo sí he leído la minuta de la #LeydeSeguridadInterior al igual que la ONU, Alto Comisionado para Derechos Humanos, CNDH, cientos de académicos/expertos en seguridad nacionales e internacionales. Quienes no la han leído son los Diputados y Senadores que están votando por ella”.

La Senadora Layda Sansores, del PT, escribió en su cuenta de Twitter luego de la aprobación de la Ley: “Se cerró esta puerta, pues hagamos otra. Habrá que acudir a la Suprema Corte, a los organismos internacionales. Estamos indignados.Traemos el llanto degollado, pero las arterias vivas. A ustedes senadores sátrapas, les sobrevivirá la vergüenza”.
Información de Sin Embargo

10 de los 19 que aprobaron la Ley de Seguridad no ganaron en una elección su lugar en el Senado

14 diciembre 2017
Noticias de Yucatán 
Diez de los 19 senadores que ayer dieron luz verde a la Ley de Seguridad Interior llegaron al cargo sin haber ganado en elecciones, pues llegaron por el principio de representación proporcional o de primera minoría.

Hay tres condiciones para llegar a ser unos de los 128 senadores de la República: por mayoría relativa, que son 64 y que llegan ahí tras haber ganado en la elección por mayoría de votos, se asignan dos por cada uno de los 31 estados y otros dos por la Ciudad de México; por primera minoría, que son 32 y que son asignados por haber obtenido el segundo lugar en la elección y se nombra a uno por cada estado y otro por la capital del país, y por representación proporcional, que son otros 32 y se asignan con base al porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica.
La Ley de Seguridad Interior ayer fue avalada en las Comisiones Unidas de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación con modificaciones a 34 artículos del proyecto que el pasado mes de noviembre entregó la Cámara de Diputados.
Pese a la oposición de algunos senadores que acusaron cambios cosméticos en la legislación y de organizaciones, expertos y grupos internacionales que acusan que el proyecto tal y como está abre la puerta a la violación de los derechos humanos.
Pese a la oposición en pronunciamientos y ayer con una marcha del Angel de la Independencia a la sede senatorial ubicada en Pasea de la Reforma, 19 legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) dieron los votos suficientes para que avanzara al Pleno, donde hoy se discute.
Por acuerdo de las fuerzas del PAN y PRI, las reservas a los artículos del dictamen son discutidas en el Pleno. Éstas recaen sobre los artículos uno, siete, ocho, nueve, 10 , 16, 21, 22 y 26, y un transitorio propuesto por el Senador Jorge Luis Preciado.
La Ley de Seguridad Interior se discute este día en el pleno del Senado, luego de que ayer fuera aprobada en comisiones. Foto: Especial

Los senadores que votaron a favor del dictamen fueron:

-Roberto Gil Zuarth (PAN): Senador por Representación Proporcional e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos
-Carlos Romero Deschamps (PRI): Senador por Representación Proporcional e integrante de la Comisión de Defensa Nacional
-María Cristina Díaz Salazar (PRI): Senador por Representación Proporcional e integrante de la Comisión de Gobernación
– Joel Ayala Almeida (PRI): Senador por Representación Proporcional e integrante de la Comisión de Defensa Nacional
-Gerardo Sánchez Garcia (PRI): Senador por Representación Proporcional e integrante de la Comisión de Gobernación
-Jorge Luis Preciado (PAN): Senador por Primera Minoría e integrante de la Comisión de Marina
-José María Tapia Franco (PRI): Senador por Primera Minoría e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos
-Miguel Ángel Chico Herrera (PRI): Senador por Primera Minoría e integrante de la Comisión de Gobernación
-Esteban Albarrán Mendoza (PRI): Senador por Primera Minoría e integrante de la Comisión de Gobernación
-Manuel Cavazos Lerma (PRI): Senador por Primera Minoría e integrante de la Comisión de Defensa Nacional
-Fernando Torres Graciano (PAN): Senador por Mayoría Relativa Guanajuato e integrante de la Comisión de Defensa Nacional
-Ricardo Barroso Agramont (PRI): Senador por Mayoría Relativa y presidente de la Comisión de Marina.

-Marcela Guerra Castillo (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Defensa Nacional

-José Marco Antonio Olvera Acevedo (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos

-Patricio Martínez Garcia (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Defensa Nacional

-Jose Francisco Yunes Zorrilla (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Marina.

-Ernesto Gándara Camou (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Gobernación

-María Verónica Martínez Espinoza (PRI): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Gobernación

-Carlos Alberto Puente Salas (PVEM): Senador por Mayoría Relativa e integrante de la Comisión de Gobernación

Hoy en un hecho inédito, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, al que acusaron de ser “un riesgo para los derechos humanos” al carecer de “mecanismos sólidos de control” en las Fuerzas Armadas.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señalaron.
El pronunciamiento fue emitido por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
La protesta de los especialistas del organismo internacional se sumó a los que han hecho decenas de grupos civiles -a través del colectivo #SeguridadSinGuerra-, la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), comisiones estatales de defensa a las garantías, expertos nacionales y extranjeros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, grupos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Wola, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ibero, entre otros.
Información de Sin Embargo

El Consejo de DDHH de la ONU en Ginebra advierte retroceso del país por Ley de Seguridad Interior

Noticias de Yucatán 
Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Unidas (ONU) expresaron este día su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que supone “un riesgo para los derechos humanos” al carecer de “mecanismos sólidos de control” en las Fuerzas Armadas.

El dictamen de la Ley de Seguridad Interior fue aprobado ayer en el Senado en las Comisiones Unidas de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación pese a que ciudadanos, activistas y políticos opositores pidieron extender el diálogo y realizar audiencias públicas.
Los 20 senadores que decidieron por 119 millones 530 mil 753 mexicanos –que es la población que se calcula hasta 2015, tomando en cuenta el Censo de 2010– son los siguientes:
1. Roberto Gil Zuarth (PAN)
2. Jorge Luis Preciado (PAN)
3. Fernando Torres Graciano (PAN)
4. Sandra Luz García Guajardo (PAN)
5. Ricardo Barroso Agramont (PRI)
6. Marcela Guerra Castillo (PRI)
7. José María Tapia Franco (PRI)
8. José Marco Antonio Olvera Acevedo (PRI)
9. Miguel Ángel Chico Herrera (PRI)
10. Esteban Albarrán Mendoza (PRI)
11. Carlos Romero Deschamps (PRI)
12. María Cristina Díaz Salazar (PRI)
13. Patricio Martínez (PRI)
14. Joel Ayala Almeida (PRI)
15. Manuel Cavazos (PRI)
16. Francisco Yunes (PRI)
17. Ernesto Gándara (PRI)
18. Gerardo Sánchez García (PRI)
19. María Verónica Martínez Esponiza (PRI)
20 Carlos Alberto Puente Salas (PVEM)
A las 11:00 horas de este jueves, se prevé que el Senado apruebe el proyecto de ley– enviado por el Presidente Enrique Peña Nieto–, ignorando a las peticiones de la sociedad civil y a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.
En un pronunciamiento emitido este día, expertos internacionales de la ONU instaron, una vez más, al Estado mexicano a rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señalaron.
El pronunciamiento es emitido por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
El grupo de expertos enfatizó que “el proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”. Además, indicó, no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.
Los expertos coincidieron en que es muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura– con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos–se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales.
Cualquier nueva ley de seguridad debería, insistieron, hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles.
“[Los legisladores] también deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos”.
El grupo recordó que, durante años, la ONU ha emitido recomendaciones al Estado mexicano para que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.
Como ejemplo, mencionaron la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.
Esta recomendación se dio tras el alarmante número de víctimas por la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior en todo el continente, y la cual ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
La guerra contra las drogas en México, lanzada por el entonces Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, sacó al Ejército a las calles en diciembre de 2006 y ha provocado más de 200 mil muertos hasta hoy, así como otras miles de víctimas de tortura y desaparición forzada.
Información de Sin Embargo

Les valió: Senadores aprueban en comisiones Ley de Seguridad que repudian ONU, CNDH, ciudadanos…

Noticias de Yucatán 
El dictamen de la ley de Seguridad Interior fue aprobado en las Comisiones Unidas de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación pese a la petición de la oposición de no dictaminar de forma exprés hasta no realizar audiencias públicas que analicen la ley que se pretende aprobar el día de mañana a las 11:00 horas.

El dictamen de la Seguridad Interior hecho llegar por la presidenta de la Comisión de Gobernación Cristina Díaz Salazar del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los senadores de las cuatro comisiones fue cuestionado por la oposición. Y en particular por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Benjamín Robles, del Partido del Trabajo (PT).
Robles acusó que las modificaciones a nueve de los 34 artículos se centraron en cambios superficiales y no de fondo. E inició su interpelación alegando que el cambio al artículo uno de la Ley, en el que se hace expresa su vinculación con la constitución es un intento de encubrir la “inconstitucionalidad” que guarda la minuta.
Destacó que en el artículo siete se les pidió que se aclare que el Ejército respetará los derechos humanos: “Estos cambios son insuficientes, porque no generan ningún control adicional, ni extraordinario de supervisión de una materia de derechos humanos que fue lo que propusieron los organismos internacionales, las organizaciones civiles e instituciones académicas”.
Otra de las modificaciones discutidas hoy fue la hecha al artículo 8 la cual eliminó el calificativo “pacífico” a las manifestaciones que no serían consideradas una amenaza de seguridad interior.
De esta manera se evita que se pudiera malinterpretar que las protestas no pacíficas pacificas sí serían una amenaza, consideró el presidente de la Comisión de la Defensa, el Senador del Partido Acción Nacional (PAN) Fernando Torres Graciano.
“Se avanza sí, pero el problema subsiste. La Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea serán las que determinen a su arbitrio cuando una protesta se ajusta o no a la constitución”, dijo Robles.
Asimismo, el artículo nueve de la minuta de Seguridad Interior que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) había calificado de trasgredir los principios de máxima publicidad, a consideración del Senador del Partido del Trabajo.
“Me parece un cambio superficial y que no atiende el verdadero planteamiento central del INAI en el sentido de que este artículo fomenta la opacidad al establecer implícitamente, que toda información de seguridad interior será en los hechos confidencial y de reserva”, indicó.
Por su parte, la Presidente de la Comisión de Gobernación Cristina Díaz reconoció que el país se había sumido en la violencia, lo que haría necesario fortalecer un marco jurídico para las Fuerzas Armadas.
“Sus actividades, como ustedes lo han visto se ha visto limitadas por la falta de un marco normativo, que regulen las acciones que pueden realizar en tiempos de paz. La última década en nuestro país ha atravesado por una crisis de seguridad que rebasa el umbral de la seguridad pública, y que pone en riesgo la seguridad interior, diversos problemas tales como el narcotráfico y delitos que de él se desprenden, el tráfico de armas y homicidios han acabado con la tranquilidad con muchas de las regiones de México”, indicó la priista.
Los votos a favor del dictamen en lo general le dieron luz verde en todas las comisiones para ser discutido en el pleno del Senado.
La Comisión de Gobernación lo aprobó con siete votos a favor y cinco en contra; la de Estudios Legislativos lo hizo con cuatro a favor y dos en contra; la de Marina con tres a favor y uno en contra; y la de Defensa con seis a favor y uno en contra.
Por acuerdo de las fuerzas del PAN y PRI, las reservas a los artículos del dictamen serán discutidas
en el pleno. Éstas recaen sobre los artículos uno, siete, ocho, nueve, 10 , 16, 21, 22 y 26, y un transitorio propuesto por el Senador Preciado.
En tanto que la Senadora panista Pilar Ortega adelantó que presentará en el pleno reservas a los artículos cuatro, ocho, nueve, 27, 33 y 34. De aprobarse los cambios en el Pleno, la minuta regresaría a la Cámara de Diputados para ser aprobada en su totalidad antes de que acabe el periodo de sesiones el 15 de diciembre.
PRI FUERZA DICTAMEN
La sesión de las Comisiones Unidas inició con objeciones del Senador del PAN Ernesto Ruffo y una moción de suspensión del Senador Benjamín Robles Montoya; a la que se sumaron Angélica de la Peña, Luis Sánchez Jiménez y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD y el independiente Alejandro Encinas.
Ninguno de los alegatos fue atendido por la presidenta Cristina Díaz, quien puso a votación la moción la cual fue desechada por mayoría 15 a 8 votos.
El Senador Encinas pidió que tras la suspensión se llamara a comparecer a los secretarios involucrados con esta iniciativa y saber sus consideraciones. “No tiene por qué haber un régimen de excepción cuando ambos secretarios lo son como cualquier otro”, dijo.
La Senadora Angélica de la Peña hizo hincapié en la misiva enviada por el Parlamento Europeo en el que se expresa la preocupación por el apruebo a la minuta de Seguridad Interior.
“Permítame decirles que este decreto está desatendiendo lo dicho por los organismos internacionales y el propio Parlamento Europeo […]. Todas estas comunicaciones deben ser atendidas y además hemos recibido de organizaciones civiles y distintas personalidades”, dijo de la Peña, lo que terminaría en acciones de institucionalidad.
A lo dicho se sumó Sanchez, quien abogó por acatar lo dicho por la ONU en cuanto a considerar que nos hay condiciones propicias para discutir el dictamen previo al término de sesiones.
“Las modificaciones que se plantearon que por cierto no sabemos quién las redactó. Por supuesto que no son producto de la deliberación de todos los que tienen que ver con esto”, dijo el Senador del PRD.
José María Tapia, senador del PRI, descalificó que se sepa que consideraciones se tomaron en cuenta para hacer esos llamados a México.
“Los organismos internacionales siempre hablan de forma multilateral”, dijo la Senadora Laura Rojas del Partido Acción Nacional (PAN).
Un joven interrumpió el inició de la sesión con gritos de “golpistas”, la presidente pidió orden y el personal del Senado lo retiró del salón.
La segunda moción no atendida por el PRI fue la del Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN de realizar audiencias públicas sobre la ley de Seguridad Interior. Secundada por la Senadora Laura Rojas: “Audiencias públicas lo hemos hecho para muchos otros de asuntos de menor relevancia y es increíble que para este asunto no”, dijo Rojas.
“Me sobran los dedos de la mano para saber cuántas organizaciones de la sociedad civil han sido escuchados”, dijo Hicks. Sin embargo, bajo votación las comisiones unidas desecharon la idea con 15 votos en contra y nueve a favor.
“La aprobación de la ley de seguridad interior será un error histórico del Gobierno Presidente Enrique Peña Nieto, de los grupos parlamentarios del PRI y sus aliados en ambas cámaras, porque lejos de ofrecer una solución al problema de la violencia, profundizará la descomposición social, qué terrible que este Gobierno termine de esta manera”, dijo el Senador Miguel Barbosa Huerta, del PT-Morena.
De acuerdo con el Senador panista Roberto Gil Zuarth la ley cuenta con un doble estándar para garantizar que no propiciará que Fuerzas Armadas caigan en exabruptos.
“Tiene que acreditar el Presidente, para poder llamar a las Fuerzas Armadas, que no hay fuerzas civiles suficientes para enfrentar esta situación”, dijo Gil.
“Por supuesto, esta ley no va cambiar el problema de Seguridad Pública porque no es su propósito. Su fin es regular la facultad del Presidente que hoy es abierta, discrecional y sin límites”, agregó Gil.
Esta postura fue criticada por el Senador Barbosa. “Ahora nos dicen que el propósito nos abatir la inseguridad pública, sino regular en su vertiente de seguridad interior. Representamos visiones diferentes de país. Lo que esta ley propone es desarrollar el concepto de seguridad interior sustituyendo a la seguridad pública”, dijo Barbosa.
Información de Sin Embargo

Peña Nieto pide a Senado ampliar debate sobre Ley de Seguridad

08 diciembre 2017
Noticias de Yucatán 
El presidente Enrique Peña Nieto pidió al Senado ampliar los espacios de diálogo y acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil en torno a la Ley de Seguridad Interior que está pro ser analizada en la Cámara Alta.

Al hacer entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, a Miguel Álvarez Gándara, el mandatario reconoció que existen distintos puntos de vista respecto a esta ley.

Indicó que el reto que tenemos todos, sociedad y gobierno, es hacer compatible la actuación de las Fuerzas Armadas.

Dijo que es necesario escuchar todas las voces para eventualmente enriquecer lo que el Senado esté enriqueciendo.
Información de El Universal

La CIDH y CNDH rechazan Ley de Seguridad Interior

05 diciembre 2017
Noticias de Yucatán

(apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunciaron contra el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, aprobado en la Cámara de Diputados y turnado al Senado para ser discutido este martes, pues coincidieron en que genera la posibilidad de vulnerar las garantías fundamentales de los ciudadanos.
En un comunicado, el organismo internacional expresó su preocupación por el proyecto de ley, al considerar que “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”, y que significaría la “normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.
Dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), recordó que la experiencia regional es que la intervención castrense en tareas de seguridad interna, “viene acompañada de violencia y graves violaciones a derechos humanos”.
La CIDH insistió en que el Estado “debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar medidas necesarias para fortalecer la policía y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.
Además, recordó que, en su visita en 2015, “constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad”.
El organismo destacó que, entre las recomendaciones a México en el informe de país en 2015, estaba el “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidad de la policía para realizar tareas de seguridad pública.
Al destacar que la ausencia de castigo a abusos de personal castrense en México “agudiza la preocupación” de la CIDH, el organismo regional recordó que ha alertado sobre la urgencia de plantear la separación entre “la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.
La CIDH explicó que “la distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional y las que les competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencia que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”.
Las obligaciones asumidas por los Estados, reiteró, “exigen política pública sobre seguridad y combate al crimen que prioricen del funcionamiento de una estructura eficiente”, mismo que “debe garantizar a la población efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado”.
El organismo exhortó al Estado mexicano a reafirmar “su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales”.
Afecta equilibrio constitucional: CNDH
Por su parte, la CNDH consideró que la propuesta de Ley de Seguridad Nacional “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos”, por lo que hizo un llamado a los senadores a no contravenir el sistema democrático de libertades y garantías.
A unas horas de que los senadores sometan a discusión y eventualmente aprueben la legislación, que perpetuaría la presencia castrense al frente de la seguridad pública, el organismo nacional advirtió que dicha iniciativa afectaría “el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.
La Comisión refirió algunos de los “potenciales riesgos del dictamen” que será discutido mañana, entre ellos “una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos, sino una facultad discrecional genérica.
Además, aseguró, la ley impone “una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia”; no se vislumbran “mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas”; se admite “la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos”; en tanto que se trasgreden “los derechos de reserva y secrecía a favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.
La CNDH coincidió con los expertos en que “la emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean, contribuiría a mantener el estado actual de las cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 constitucional”.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez puntualizó que, con la propuesta de ley, “más que atender las causas de la violencia y de la inseguridad en un contexto de prevención, se estaría privilegiando un enfoque reactivo sustentado en el uso de la fuerza como vía para recuperar la convivencia social pacífica en nuestra sociedad”.
Al insistir que la ley amenaza con que “cualquier tipo de actividad humana” pueda ser calificada de “riesgo de seguridad interior, sin que existan parámetros objetivos para ello”, la CNDH recordó su planteamiento de que los problemas de seguridad y justicia “se deben abordar bajo un esquema amplio, en el que se traten de manera conjunta e integrada la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia para concretar de manera pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz”.
También destacó que antes que abordar el modelo propuesto por la mencionada ley, es importante “determinar el tipo de policía que asumirá operación sustantivamente las tareas vinculas a la seguridad pública, precisando los modelos bajo los cuales se daría su operación”.
Al señalar que una ley de la trascendencia como la que se pretende aprobar, “no puede ser producto de decisiones coyunturales o políticas”, por el contrario, “sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrase dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos”.
A unas horas de que los senadores debatan la ley, la CNDH hizo un llamado a los integrantes del Senado “para que con responsabilidad y plena conciencia sobre las repercusiones que tendrán sus actos, hagan un examen objetivo y detallado de lo propuesta de Ley de Seguridad Interior al amparo de lo previsto por el artículo 1 Constitucional y con estricto apego y al régimen competencial y de atribuciones expresas que consagra nuestro máximo ordenamiento”.
La CNDH concluyó su comunicado puntualizando que “ningún acto de autoridad puede contravenir o poner en entredicho las instituciones, libertades y garantías que sustentan nuestro sistema democrático”.

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