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Trabajadores de la Cámara de Diputados contratados por honorarios protestaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro porque serán despedidos tres meses antes de que concluya su contrato de trabajo.
La Cámara de Diputados entregó este martes cartas de renuncia voluntaria a alrededor de mil 500 trabajadores, misma que sería válida a partir del 31 de mayo, a pesar de que los contratos de servicio fueron firmados para terminar el 31 de agosto próximo.
En estas cartas ya redactadas por la Dirección General de la Cámara de Diputados, las personas contratadas por honorarios son obligadas a firmar su renuncia, cuando en realidad se trata de un despido anticipado.
“Me permito informarle que en forma voluntaria y por así convenir a mis intereses, con efectos a partir del 31 de mayo del 2018, doy por terminada anticipadamente el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebré con la Cámara de Diputados (…).
“Asimismo hago constar que durante el tiempo que presté mis servicios para la Cámara de Diputados me fueron cubiertos oportunamente los honorarios ordinarios y extraordinarios, así como cualquier otro tipo de prestación a que tuve derecho, por lo que otorgo finiquito más amplio que en derecho proceda, no reservándome ninguna acción o derecho que ejercitar en contra de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión o de quien sus intereses represente, en lo presente o en lo futuro, en la vía laboral, civil o en cualquier otra”, señala el machote de las misivas que deben firmar los trabajadores.
A principios de abril, la Junta de Coordinación Política aprobó que el despido de estos empleados se realizaría de forma escalonada durante el mes de mayo.
En la protesta que se realizó en el patio central del recinto legislativo, los trabajadores reclamaron que con su despido la Cámara de Diputados ahorrará millones de pesos, de los que no se conoce su destino.
Al ver la concentración de los empleados, quienes pedían a las puertas del Salón de Plenos ser recibidos por los coordinadores parlamentarios, los elementos de Resguardo cerraron con cadenas y candados todos los accesos al Pleno.
Esto provocó el rechazo de los legisladores, quienes reclamaron que no tendrían cómo salir en caso de emergencia.
“Quiero salir al patio central y todas la llaves, todas las puertas tienen candado, no se puede salir, y en caso de que hoy ahorita suceda un temblor, ¿qué vamos a hacer? ¿Todo porque no quieren que suban los asesores al patio central? Que quiten los candados de esas puertas, porque si llega a pasar un temblor ahorita, ¿cómo vamos a salir?”, cuestionó Gabriela Ramírez (PAN).
Hubo otros legisladores que se solidarizaron con los trabajadores y que, incluso, dijeron desconocer la medida aprobada por los coordinadores parlamentarios.
“No es posible que quien nos ha acompañado durante tres años al frente de esta Cámara, realizando trabajos, acompañándonos en los presupuestos, desvelándose hasta más que los propios diputados, tengan candados y accesos cerrados por querer manifestar su inconformidad”, afirmó Cristina Ismene Gaytán (PRD).
“Si hay problemas financieros en la Cámara, se debe de empezar de arriba hacia abajo y no al revés (…) Es una injusticia tremenda lo que se les está haciendo a los trabajadores que trabajan como asesores, como ha sido una injusticia que hemos pasado por alto, el trato que se les da, las condiciones en las que están, las trabajadoras en su mayoría, también algunos trabajadores de limpieza de la Cámara.
“Es una total injusticia la que hemos avalado con nuestro silencio o con nuestra acción hacia los trabajadores, y por supuesto que tienen nuestra solidaridad, que se merecen expresarse y que deben de atenderlos, porque a esta Cámara de Diputados, al Poder Legislativo no le falta dinero, le falta vergüenza”, sentenció Javier Álvarez Maynez (Movimiento Ciudadano).
Al final de cada Legislatura, la Cámara de Diputados entrega una gratificación a los trabajadores por honorarios cuando terminan su contrato, el 31 de agosto.
Sin embargo, en esta ocasión la Junta de Coordinación Política ordenó que se pida la renuncia antes a los trabajadores, a quienes les ofrece la cantidad equivalente a los tres meses de sueldo que faltan de su contrato a manera de liquidación; con ello, se ahorrarían las gratificaciones de fin de Legislatura.
