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Los expedientes no se integraron bien

13 mayo 2010
Noticias de Yucatán

Ola de liberaciones: se benefician de esos errores al menos 7
13/05/2010

Cuando menos siete detenidos fueron liberados porque los expedientes no se integraron de manera adecuada.

Los inculpados, varios de los cuales tienen antecedentes penales, fueron acusados en su mayoría de robo.

La “ola” de liberaciones fue en el Juzgado 5o. Penal. En todos los casos las policías preventivas detuvieron a los acusados y los remitieron al Ministerio Público, pero en esta dependencia no se integraron en forma correcta los expedientes.

Requisitos esenciales, como ratificar un informe policíaco ante el Ministerio Público, no se cumplieron, lo que dio pie a las liberaciones.

Las quejas no fueron apoyadas con pruebas y, por tanto, la Procuraduría no aportó elementos para mantener en prisión a los detenidos.

Entre los liberados están: José Florencio Escobedo Baqueiro, José Francisco González Flores, Carlos Andrés Canul Dzul, José Enrique Caballero León, Pedro May Itzá, Jorge Cabrera Perales y Rafael Cárdenas Palma, entre otros.

En uno de esos casos, el denunciante Miguel Alonzo Valencia dijo: “Oí ruido a las puertas de mi casa, salí y vi que la policía tenía detenida a una persona”.

El caso se turnó al Ministerio Público y luego a ese juzgado por “tentativa de robo calificado”. El caso evidentemente no es un delito, como sostiene la Procuraduría del Estado.

En otros casos las detenciones fueron arbitrarias, cuando los acusados estaban en su casa y no en el sitio del supuesto delito como sostiene la acusación.

Ya sabe quiénes quieren callarlo

Noticias de Yucatán

Ismael Peraza dice que tiene nombres; ya salió del hospital
13/05/2010

El diputado Ismael Peraza Valdez, quien fue dado de alta ayer de la Clínica Mérida, dice que ya tiene los nombres de las personas que habrían pagado para que lo “silenciaran”.

Además, dice que es una pena que personas que aspiran a ser los futuros gobernantes de Yucatán resuelvan con el atentado que sufrió las diferencias en el interior de su partido.

Sobre los supuestos cabecillas del “grupo de choque” panista, indicó que la Procuraduría sólo está tratando de desviar la atención ya que los únicos enemigos que él tiene están en el PRI.

El legislador dijo que está preocupado ya que les han llegado comentarios diciéndoles que se cuide mucho, además de que personas cercanas le han informado que inclusive hubo un pago en efectivo para “motivar” al sujeto a que lo agreda.

Dijo que las personas que lo seguían no son ajenos a la policía judicial estatal o al C-4.

El diputado mencionó que hay preocupación de parte de sus familiares y amigos, que le piden que se cuide mucho porque esto no se quedará aquí. Por su parte, dijo, espera que todo salga a flote poco a poco y en la misma forma se irá dando o conocer.

Agregó que le apuesta a la prudencia de quienes son autores materiales de esta situación que derivó en la agresión. También dijo que la política no debe darse en el marco de rencores y de odios, “la política debe ser un espacio de acuerdos y negociación en beneficio de la sociedad”.

Pretendía interponer ayer la denuncia correspondiente por las agresiones hacia su persona y dijo que “la Procuraduría tiene la importante tarea de resolver este caso”.

Piden revocar un cobro y embargo

Noticias de Yucatán

Recurso de Lolbé Carrillo Jiménez en Hacienda estatal
13/05/2010

Lolbé Carrillo Jiménez interpuso ayer una solicitud ante la Secretaría de Hacienda del Estado para que se revoque la orden y ejecución del cobro y embargo de sus propiedades.

Ayer al mediodía la ex administradora del Ayuntamiento acudió acompañada de uno de sus abogados, Pedro Rivas Gutiérrez, ex secretario de Gobierno, a la Secretaría de Hacienda, donde entregó la solicitud.

De acuerdo con la defensa, el mandamiento de ejecución está dirigido a dos personas, Lolbé Carrillo y Aracelly Domínguez, pero con una sola dirección, y durante el acto de requerimiento de embargo el funcionario de la Secretaría de Hacienda en ningún momento especificó a quién se hacía la diligencia.

Además, la autoridad hacendaria pretende cobrar una cantidad superior a la determinada en la resolución emitida por la Contraloría, que especifica como sanción económica $3,146,395 y no $6,292,791 que pide Hacienda.

La defensa señaló que durante la diligencia de requerimiento de pago y embargo no se actuó con apego a derecho, en relación con el nombramiento de testigos, ya que el ejecutor de Hacienda, Andrés Nieves Cervantes, asentó en el acta que el nombramiento de testigos se hizo con quien se entendió la diligencia, cuando en realidad esta persona ni siquiera conoce los testigos.

La defensa sostiene que hay ilegalidades relacionadas con el señalamiento de bienes para embargo, como lo fue la contradicción asentada por el ejecutor respecto de quién es la persona que señala los bienes, ya que en una parte dice que el señalamiento lo realiza la persona con quien se entiende la diligencia, y en otra afirma que realiza el señalamiento la propia autoridad, aunado a la indebida fundamentación de esto último.

Además, durante las diligencias realizadas por la Secretaría de Hacienda del Estado participaron en carácter de autoridad personas no autorizadas para ello, lo que se puede ver del llenado de las cartas correspondientes, lo que trae como consecuencia la ilegalidad de los actos realizados.

Finalmente, según la defensa, la Secretaría de Hacienda realizó los actos de requerimiento de pago y embargo sin que haya transcurrido el plazo señalado.

“Una decisión apegada a la ley”

03 mayo 2010
Noticias de Yucatán

Patricio Patrón dice que la sanción a Lolbé sería mínima
03/05/2010

Patricio Patrón Laviada, ex gobernador de Yucatán, dijo que la decisión de entregar $3 millones de pesos a la agrupación “Niños y Crías” se tomó para procurar el mantenimiento del manto acuífero y en apego a la Ley de Aguas Nacionales.

Además, el ex gobernador panista recalcó que fue una decisión unánime del Consejo de Administración de la Japay realizar ese donativo, por lo que “en todo caso la sanción a Lolbé (Carrillo Jiménez), por acatar una orden, sería mínima”.

—Fue una decisión tomada pensando en cuidar el manto acuífero, pensando en toda el agua que se distribuye a la zona metropolitana de Mérida con Kanasín y Umán. Había la petición de varios grupos ambientalistas, que incluso ofrecían duplicar el monto que donemos para implementar proyectos para la conservación del agua.

Con apego a la ley
—Así lo hicimos con “Niños y Crías”, que además tiene el dinero en un fideicomiso que no se ha utilizado. Se tomó la decisión con apego a la Ley de Aguas Nacionales, la cual marca que destinar recursos para la conservación del agua es una responsabilidad de la Japay.

—Lo hicimos pensando en que la Japay debe preocuparse por el tratamiento integral del agua.

El ex gobernador afirmó que la decisión se tomó en pleno apego a la ley.

—Por qué el gobierno del Estado no arremetió contra Lolbé cuando estaba Wild9, ya que muchos de los que vinieron son promotores de la inversión gubernamental en la conservación del manto acuífero, lo que nosotros sí cumplimos —expresó Patrón Laviada.

El ex gobernador acudió ayer al zoológico Animaya para recabar firmas de apoyo para la ex funcionaria, de lo que informamos en nota aparte.

Numerosos visitantes se acercaron a saludar al ex gobernador Patrón Laviada.

Responsabilidad mínima
—Si existiera una responsabilidad de Lolbé, es administrativa y sería mínima —precisó.

—Es muy sospechoso que los magistrados (federales) hayan decidido no aplicar una jurisprudencia en el caso de Lolbé que era completamente válida, por eso ella ha decido emprender una lucha por la justicia.

—En el transcurso de este gobierno ya nos han tocado varios casos legales en contra de ex funcionarios, de los que ya no sé cuál es el peor de todos.

—Está el de José Carlos Guzmán Alcocer, ex director de la extinta Cousey, a quien encarcelaron porque el contralor del Estado utilizó el término legal inexistente de “avalúo referenciado”, para justificar esa detención, por la que pasó tres o cuatro meses en la cárcel.

—Está la otra persona a la que encerraron por el supuesto robo de una USB con “información confidencial”, es increíble que hayan ocurrido este tipo de casos en nuestro Estado. El ex gobernador acudió a Animaya acompañado de su esposa, Silvia Cicero Cáceres, y sus hijos, quienes recorrieron una parte del zoológico.


Justicia y democracia, las bases de su lucha
Lolbé Carrillo pide el apoyo ciudadano para su defensa

03/05/2010

—Hola soy Lolbé Carrillo y enfrento una denuncia... no sé si sepan. Me gustaría que me regale su firma para solicitarle a la gobernadora que no se me cobre un recurso injustamente —era la frase con la que la ex administradora del Ayuntamiento, Lolbé Carrillo Jiménez abordaba ayer a los visitantes de Animaya para pedir apoyo.

La ex directora de la Japay inició desde las 10 de la mañana y terminó a las cinco de la tarde una recolección de firmas, para solicitar a la gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco “que haga lo necesario para recuperar los recursos donados a Niños y Crías”. Una mesa con un mantel blanco y una lona con la leyenda: “Yo apoyo a Lolbé”, fue el mobiliario de la colecta que realizó la ex funcionaria en su lucha por recabar 5 mil firmas.

—Esta es una lucha trascendental por la democracia y por la justicia en Yucatán, para evitar que se den este tipo de atropellos contra los derechos de la gente honesta, responsable y que ha procurado el bienestar de la comunidad.

“No es posible” —No es posible que se den ahora este tipo de atropellos por cuestiones políticas para destrozar a dos mujeres que hemos trabajado y luchado por nuestro patrimonio con esfuerzo.

En relación con el plazo de 45 días para liquidar el monto o de lo contrario ser aprehendida, la contadora dijo que “confía en que se pueda arreglar todo este asunto antes, por ello acudiré a la Judicatura Federal”. —Ese dinero está en un fideicomiso, no se ha utilizado —comentó la ex funcionaria, quien recordó que está inhabilitada por seis meses para cualquier cargo público. —No es posible que se intente regresar a los tiempos que ya son historia en Yucatán, tiempos del pasado que no deben volver. Eso se reflejará en las urnas.

En general entre la gente se vio buena disposición por firmar el documento, pero muchos, al oír que se mencionaba a la gobernadora, pedían que no se les tome foto, por el trabajo que desempeñan. La ex funcionaria dijo que su desempeño público es de muchos años, por lo que la gente reconoce su trayectoria limpia. Lolbé Carrillo estuvo acompañada por el ex gobernador Patricio Patrón; Pedro Rivas Gutiérrez y Armando VillarReal Guerra, sus abogados, y José Carlos Guzmán, ex director de la Cousey.

Poco creíble una denuncia penal

30 abril 2010
Noticias de Yucatán

Testigos “de oídas” en un juicio contra una ex funcionaria
30/04/2010

La justicia federal consideró que el relato de hechos del denunciante Adolfo Aristi Bazán, que acusa de fraude a Cecilia Flores, “es poco creíble” y, por tanto, la acusada no debe ser juzgada por ese delito.

De acuerdo con datos proporcionados por Elsy Gómez Vargas, defensora de la ex directora de Comunicación Social del Ayuntamiento, las versiones de los testigos tampoco son creíbles, pues fueron considerados “de oídas”, es decir, relataron lo que el quejoso les informó y, por tanto, no les constan de manera directa los hechos.

El amparo, concedido liso y llano, causará efectos legales si la PGR no se inconforma con este amparo, como lo hizo en un caso anterior. El Juzgado 2o. Penal fue notificado del amparo concedido por el Juzgado 1o. de Distrito, con sede en Mérida.

La litigante Gómez Vargas informó que hay varios elementos que tomó en consideración el juzgador federal, pero destaca el que el relato del quejoso Aristi Bazán y los testigos que lo apoyan “no es creíble”.

Se descarta a los testigos porque se les considera “de oídas”, es decir, relataron lo que Aristi Bazán les platicó.

Asimismo, que tampoco hay documento que demuestre algún compromiso de Cecilia Flores para hacer “contactos” con artistas para invertir en presentaciones en varias ciudades del país, como dijo el quejoso.

Sobre el cheque expedido por Cecilia Flores, se considera que bien podría intentarse cobrar por la vía civil y no penal.

"No hubo desvío alguno”

20 abril 2010
Noticias de Yucatán (3 notas)

Lolbé Carrillo es víctima de un caso político, aseguran
20/04/2010

El ex gobernador Patricio Patrón Laviada afirmó ayer que “es claro que el caso contra Lolbé Carrillo es una persecución política con fines electorales”, ya que la entrega de $3 millones a Niños y Crías fue legal.

Incluso, dijo que como ex presidente del Consejo de Administración de la Japay asume la responsabilidad de la autorización, que se hizo con el voto unánime de sus integrantes.

Sobre el mismo tema, Humberto Espinosa Avila, ex presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, dijo que no hubo desvío y aunque la funcionaria pudo haber cometido un error administrativo, la sanción impuesta es desproporcionada.


“Es persecución política”

Patricio Patrón dice que jueces cómplices se prestaron al juego
20/04/2010

“Como ex presidente del Consejo de Administración de la Japay asumo mi responsabilidad por haber autorizado, con el voto unánime de sus integrantes, la entrega de $3 millones a Niños y Crías para desarrollar proyectos de protección al ambiente”, afirma el ex gobernador Patricio Patrón Laviada. “Todo se hizo de manera justificada, sustentada legalmente y de manera transparente. No hay ningún desvío, ningún fraude y es claro que este caso contra Lolbé Carrillo es una persecución política armada con fines electorales”, apunta el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Es una vergüenza más para la impartición de justicia que jueces cómplices se hayan prestado al juego del gobierno del Estado, pero Lolbé no está sola, tendrá todo nuestro apoyo en esta lucha”, asegura el ex gobernador.

Entrevistado en esta ciudad, Patricio Patrón dice que espera que el Consejo de la Judicatura Federal, instancia a la que recurrirá Lolbé Carrillo, “repare esta injusticia y sancione a los magistrados que se coludieron con el gobierno del Estado”.

“Lolbé Carrillo sólo acató una orden, la responsabilidad de haber entregado el dinero a Niños y Crías es de todo el Consejo”.

El ex gobernador señala que “es un caso más de expedientes fabricados por consignas políticas para dañar al PAN”, tal como ocurrió con el caso de la Cousey, la Fábrica de Postes y el ex empleado del DIF, “acusado ridículamente por el supuesto 'robo' de información en un USB... Todos salieron libres”.

“Ahora les funcionó con Lolbé, cuando es un caso muy claro de legalidad y transparencia, una funcionaria que es ejemplo de honradez e integridad y un proyecto de mucho beneficio para cuidar el agua, el mayor recurso que tiene Yucatán”, apunta Patrón Laviada.

“Invito a todos los que conocen la trayectoria de Lolbé Carrillo a levantar la voz, porque si no ponemos un alto a esto, el día de mañana se lo pueden hacer a cualquiera”, advierte.


Caso Lolbé

- Reacciones Patricio Patrón afirma que el dinero está a salvo en manos de una institución seria y exitosa.

“Prefiere sus consignas” “Niños y Crías ofreció dar el doble de nuestra aportación y si el dinero del Fideicomiso no se ha ejercido es porque el actual gobierno no se ha interesado en aprobar los proyectos, prefiere seguir con sus consignas políticas”.

“Aberrante” “Es un fallo aberrante, es la injusticia total”, dice el ex gobernador y titular de la Profepa.


“Desproporcionada” la sanción
Opinan que se trata de un error y no de un desvío del erario

20/04/2010

Humberto Espinosa Avila, ex presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, considera que Lolbé Carrillo Jiménez no desvió recursos del erario cuando estuvo a cargo de la dirección de la Japay.

Opinó que la ex funcionaria pudo haber cometido algún tipo de error administrativo, pero “es desproporcionada” la sanción de $6 millones que le impusieron.

—El monto de las multas debe ser de cantidades lógicas —explicó—. En este caso hay un capital que ni siquiera se usó, esta multa es una locura.

Espinosa Avila dijo que no conoce el expediente legal del caso y no puede abundar en declaraciones, pero puede decir que el Consejo Directivo de la Japay autorizó el destino del donativo.

—Aquí hubo un error, pero una cosa es una falla y otra un fraude cometido con dolo. En lo personal creo que sus abogados no la defendieron bien.

—¿Por qué durante todo el tiempo que llevó este proceso legal ella y sus defensores no recurrieron a nosotros, los integrantes del Consejo Directivo de la Japay? Nunca nos llamaron para exponernos el problema, ella se fue solita en este juicio legal, pidió amparo, lo perdió y ahora pide ayuda.

Espinosa Avila dijo que no estuvo en la sesión en la que se acordó el donativo. En su lugar asistió el entonces director de la Canacome Miguel Martínez Vázquez.

—Este es un asunto que deja mal sabor de boca la sociedad. Conozco a Lolbé, la considero honesta y capaz, por ello me extrañé al saber del problema.

—La sociedad está pendiente de lo que pasa en este caso y quiere verlo solucionado debido a la calidad moral de la persona involucrada.

—Yo doy un paso adelante a favor de ella, pero no sé qué error pudo haber cometido.

—¿Hubo un desvío del erario? —No lo creo.

—¿Este asunto es político? —Se debió esperar a que transcurran las elecciones para tratar este caso, pues ahora se piensa que es un asunto político. Esto no quita ni da votos a nadie.

“Estamos en el siglo XXI”

09 abril 2010
Noticias de Yucatán
(abuso, represión, mordaza, campaña 2010)
Un párroco del sur del Estado niega acusaciones del Ejecutivo estatal

· Aprovecharse de ignorancia y pobreza no es honesto, dicen

09/04/2010

En otro llamado a los fieles católicos por las elecciones de mayo, el párroco de Oxkutzcab, José Iván González Aguilar, afirmó que se debe votar preferentemente por candidatos que respalden con su ejemplo las virtudes humanas y cristianas, que digan la verdad y sean honestos.
Integrante del Decanato IX, que agrupa a los párrocos del sur del Estado, el padre González Aguilar dijo que el 16 de mayo se debe votar también por los candidatos que demuestren con hechos su espíritu de servicio a los demás.
Respecto de las acusaciones del gobierno del Estado de que los párrocos del sur estarían violando la ley y marcando tendencias electorales, afirmó: “Estamos en el siglo XXI y el gobierno del Estado no nos tiene atados de manos. La opinión de ellos es respetable pero nosotros no hemos hecho nada más que hablar de las doctrinas de la Iglesia Católica”.
En Valladolid, el párroco de San Servacio, Melchor Trejo Alvarado, afirmó que no es honesto aprovecharse de la ignorancia y pobreza de la gente para obtener su voto el 16 de mayo, y exhortó a votar de forma razonada.
El llamado sacerdotal se da en medio de una polémica por la petición de sacerdotes del sur del Estado de no votar por candidatos que apoyan el aborto y que no garantizan el uso honesto de los recursos públicos. El gobierno del Estado consideró que los párrocos sureños estarían violando la ley, pero el párroco de Progreso, Lorenzo Mex Jiménez, respondió al Ejecutivo que no hay tal infracción legal ya que los sacerdotes sólo pidieron a los fieles acudir a las urnas en libertad.

Llaman al respeto electoral

“No nos tienen atados de mano”, dice el Decanato 9

09/04/2010

El presbítero Melchor Trejo Alvarado, párroco de la iglesia de San Servasio de Valladolid, exhortó a conducirse con respeto en la contienda electoral.
Durante una entrevista en la Casa Cural, el sacerdote pidió: “No descalifiquen a nadie, en beneficio de sus propias familias y de la comunidad”.
Como informamos en la primera página, condenó las prácticas que buscan “comprar la conciencia” de la gente de escasos recursos.
“Es deshonesto quien se aprovecha de la pobreza y de la ignorancia de la gente ofreciéndole apoyos para que los favorezcan con su voto”, dijo.
A las personas que reciben este tipo de coacción, les aconsejó “visualizar mejor la situación antes de aceptar cualquier tipo de ayuda condicionada, pues sólo de esa manera México puede salir adelante”.
El padre Melchor Trejo señaló que quien resulte ganador en la próxima contienda electoral debe tener la total coherencia para atender a todos por igual y gobernar sin distingos de partidos políticos, razas y credos.
Varios sacerdotes exhortan a los feligreses a votar con libertad y responsabilidad. El presbítero José Iván González Aguilar, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, en Oxkutzcab, e integrante del Decanato nueve, respondió a las declaraciones que hizo en días pasados el subsecretario de Asuntos Religiosos del gobierno del Estado, Marco González Canto, al acusar a sacerdotes de “marcar tendencias electorales”.
—Estamos en el Siglo XXI y el gobierno del Estado no nos tiene atados de manos. Su opinión es respetable pero nosotros no hemos hecho nada más que hablar de las doctrinas de la Iglesia católica, que nunca va a estar a favor de algún partido o candidato, y el mensaje del Decanato nueve es dirigido a los católicos del sur del Estado. Debemos ser congruentes con lo que decimos y eso es lo que vivimos.
—No sabemos a qué se refiere el representante del gobierno del Estado al decir que estamos marcando tendencias electorales.

Visos de persecución contra los sacerdotes

Observadores en las misas y grabación de los mensajes

09/04/2010

El presidente nacional de la Fundación Movimiento por la Certidumbre, Enrique Vega Castillo, pidió a las autoridades electorales hacer las declaraciones preventivas necesarias para evitar la intromisión de los sacerdotes en el proceso electoral.
También manifestó que aun cuando la ley no lo prohíbe, no sería ético que agrupaciones como el Frente Cívico Familiar (FCF) pretendan asumir funciones de la autoridad electoral para fiscalizar las campañas electorales. En su opinión, eso es reprobatorio.
En conferencia de prensa que ofreció en el hotel Los Aluxes, para presentar a sus observadores electorales —su fundación fue la que más registró, con 632—, Vega Castillo señaló que desde hace más de 16 años participa en procesos electorales de todo el país.
Se trata, dijo, de una organización con orígenes en el Distrito Federal, pero con presencia en todo el país, y añadió que en Yucatán los observadores que registró la fundación son de esta entidad, porque “lo que es de Yucatán, para los yucatecos”.
También indicó que manifiesta el más enérgico rechazo a las pretensiones de agrupaciones civiles, como el FCF, que intentan suplantar el papel de los órganos electorales, al proponerse como fiscalizadores o coadyuvantes en este proceso electoral.
La semana pasada informamos que Patricia McCarthy Caballero, integrante del FCF, declaró que ante la falta incapacidad de la Unidad de Fiscalización del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) para fiscalizar las campañas, por falta de personal, las organizaciones civiles, como el Frente Cívico, podrían apoyarlos como coadyuvantes.
Vega Castillo afirmó que la agrupación que representa reprueba esa postura del FCF, y aunque admitió que no lo prohíben las leyes, porque son ambiguas, consideró que no sería ético.
“Esa es una tarea que sólo le corresponde hacer a los órganos electorales (aunque éstos ya admitieron públicamente su incapacidad para hacerlo a cabalidad, según declaraciones del jefe de la Unidad de Fiscalización, Jorge Mimenza Orosa).
“El ordenamiento legal señala que la actuación de los cultos religiosos y sus representantes en los procesos electorales debe ceñirse a lo dispuesto en la Constitución, por lo que pido a los sacerdotes no interferir marcando tendencias del voto entre sus feligreses”.
En alusión a las exhortaciones que han sacerdotes en Progreso y el sur del Estado, anticipó que enviará a sus observadores a las misas para estar pendientes de lo que dicen en las homilías.
Incluso, agregó, grabarán los mensajes de los sacerdotes y, en caso de seguir interfiriendo en el proceso electoral, procederán a denunciar. “Estaremos atentos al desarrollo del proceso electoral yucateco, en el cual participaremos en el marco de la ley, como monitores y observadores de las elecciones”.

Libertad civil sin distingo

Crítica panista a la mordaza contra los ministros religiosos

09/04/2010

El candidato panista a diputado Felipe Duarte Ramírez deploró que en estos tiempos se insista en impedir la igualdad de derechos para los ministros de agrupaciones religiosas.
Ya es tiempo, consideró, de revisar la legislación en la materia para eliminar un jacobinismo en una sociedad plural que debe garantizar libertades y derechos para todos.
—No es aceptable poner una mordaza a sacerdotes y otros ministros de asociaciones religiosas —agregó el aspirante por el III Distrito, quien, como parte de su campaña, ya se reunió con grupos de diversas confesiones.
—Las libertades civiles son para todos —subrayó—. La ley que regula las actividades de las agrupaciones religiosas no impide que sus integrantes vivan sus valores morales y de fe, y tampoco que participen en la vida pública.
El profesor Duarte Ramírez defendió el derecho de los ministros de todas las agrupaciones religiosas a orientar a sus fieles y animarlos a convertirse en actores en las cuestiones de interés general.
Otro panista, Renán Barrera Concha, aspirante por el IV Distrito, dijo que el gobierno estatal se parece a una dictadura que persigue a quien no piensa o se expresa como quiere el régimen.
“Cualquier comentario hasta cierto punto molesto para ellos es calificado de guerra sucia, inducción al voto, etcétera, y se amenaza a quien lo externó a fin de callarlo”.
“El Ejecutivo perdió el sentido de su función, y ahora quiere controlar todas las opiniones que representen una amenaza para él”.

Acusación a sacerdotes ·

07 abril 2010
Noticias de Yucatán
(represión, mordaza, persecución, iglesia, campaña 2010)
Empiezan a marcar tendencias electorales, alega el Ejecutivo

· Gobernación debe intervenir contra la Iglesia, consideran

07/04/2010

La Iglesia católica podría estar violando la ley, ya que sus sacerdotes empiezan a marcar tendencias electorales con sus comentarios en los templos, afirmó ayer el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos del gobierno del Estado, Marco Antonio González Canto.
“Una cosa es pedir a los feligreses que salgan a votar, que ejerzan ese derecho y obligación, lo cual es correcto, y otra empezar a señalar contra quiénes no deben votar”, manifestó el funcionario estatal.
Ayer informamos que en un nuevo llamado de la Iglesia católica, párrocos del sur del Estado, del Decanato nueve, exhortaron a la sociedad a no votar por aquellos candidatos que están a favor del aborto y por quienes no garanticen que usarán honestamente los bienes públicos.
González Canto recordó que el gobierno federal prohíbe a los sacerdotes interferir en los procesos electorales y eso es lo que, según dijo, estarían haciendo los párrocos del Sur con sus comentarios y mensajes.
Señaló que por ser la Federación la que regula y sanciona estas situaciones, en este caso le correspondería a la Secretaría de Gobernación intervenir contra la Iglesia católica.

Podría haber demandas

Serían los partidos o los candidatos los que decidirían

07/04/2010

Los partidos políticos podrían demandar a los sacerdotes que hagan comentarios para orientar el sentido del voto, como podría ser el caso de los párrocos del sur del Estado, afirmó ayer el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos del gobierno del Estado, Marco Antonio González Canto.
Señaló que el decir que no voten por determinados candidatos es marcar una tendencia electoral y eso podría derivar en una posible violación a la ley, con sus consecuencias.
El lunes informamos que el sábado anterior, Lorenzo Mex Jiménez, párroco de Progreso, pidió a unos 5,000 feligreses ejercer su derecho al voto, y a los candidatos les recordó que no se debe coaccionar al electorado.
Ayer informamos que en un nuevo llamado de la Iglesia católica, párrocos del sur del Estado exhortaron a la sociedad a no votar por los candidatos que apoyan el aborto y no garanticen que usarán honestamente los bienes públicos.
Entrevistado al respecto, González Canto declaró que las iglesias y sus sacerdotes pueden invitar a sus feligreses a votar: “Eso es correcto, está dentro de las normas morales, como lo hizo el párroco de Progreso”.
“Pero en el caso de los párrocos del Sur, con sus comentarios al señalar que no se debe votar contra determinados candidatos, estarían marcando tendencias electorales, y eso significaría una violación a la ley”.
El funcionario manifestó que si algún candidato o partido se sintiera aludido o agraviado por esos comentarios de los párrocos podría presentar una demanda contra ellos.
No obstante, dijo que en este caso no le corresponde al gobierno estatal atender estos asuntos, sino a la Secretaría de Gobernación, del gobierno federal.
“Sería ante esa instancia federal a la que los afectados deben acudir a presentar sus quejas o demandas contra esos sacerdotes de la Iglesia”, apuntó.

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