No responde aún a un exhorto federal

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(no dan la cara, silencio, ucú, ilegalidad, caso lolbé)

Solicitan que cese la compra irregular de terrenos en Ucú

27/08/2010

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados exhortó a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco a que se abstenga de continuar con la irregular adquisición de terrenos del ejido de Ucú, aseguró la diputada federal Rosa Adriana Díaz Lizama.

Según dijo, la jefa del Ejecutivo todavía no responde a esa petición, que fue enviada por el presidente de esa junta, Francisco Rojas Gutiérrez, quien también es líder de la bancada del PRI en esa Legislatura.

—La gobernadora tiene que responder a ese exhorto —insistió la diputada Díaz Lizama.

Explicó que el pasado 29 de abril ella propuso a esa junta un punto de acuerdo “en el que se exhorta al gobierno para que, por medio del Instituto de la Vivienda del Estado, se abstenga de continuar con la irregular adquisición de terrenos del ejido de Ucú”.

—El pasado 3 de agosto Francisco Rojas envió esa exhortación a la gobernadora, acompañada del documento donde yo hice la propuesta con los argumentos respectivos.

La legisladora panista dijo que también presentó otro punto de acuerdo, en la misma fecha ya citada, relacionado con el caso de Lolbé Carrillo Jiménez, ex directora de la Japay.

—Pedí que se exhortara a las autoridades a abstenerse de hacer uso político de las instituciones y revisar los casos de las ex funcionarias Lolbé Carrillo y Aracely Domínguez. —Ese exhorto también fue enviado a la gobernadora —agregó la funcionaria panista.

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Ven un enfrentamiento entre las autoridades y la sociedad

Noticias de Yucatán

(caso lolbé, FCF, conflicto)

El caso de Lolbé Carrillo, muestra de extralimitación

07/08/2010

El Frente Cívico Familiar manifestó que cuando los gobernantes rebasan el límite de su correcta relación con los gobernados y se deposita todo el poder en una sola persona se rompe la seguridad pública y toda la sociedad queda en peligro.

Y esa situación, agregó, ya se da en Yucatán, donde el caso de Lolbé Carrillo Jiménez expone claramente esa realidad. Hay un enfrentamiento entre la autoridad y la sociedad.

—Debido a lo anterior, el FCF salió en defensa de la ex funcionaria amenazada con esa injusticia, y también de la sociedad expuesta a la inseguridad —indicó Guillermo Vela Román, uno de sus coordinadores.

—El gobierno estatal ya se extralimitó en este caso, el cual ya no es un enfrentamiento entre la autoridad estatal y el Ayuntamiento sino entre el gobernante y los gobernados.

Vela Román fue entrevistado horas después de que la Secretaría de Hacienda repitió la diligencia para embargar la casa y el automóvil de Lolbé Carrillo, ex directora de la Japay.

—¡Qué rápido actuaron! —expresó Pedro Rivas Gutiérrez, asesor jurídico de Lolbé Carrillo. También dijo que analizarán este asunto para saber a qué instancia recurrirán.

El Frente Cívico Familiar expuso que para mantener la buena relación entre autoridades y gobernados son necesarios límites establecidos en la ley. Y cuando los gobernantes rebasan esa barrera surge la inseguridad.

—Lolbé Carrillo está en ese caso, es una ciudadana expuesta a la inseguridad porque el gobierno se empeña en perseguirla. La seguridad pública no es una cuestión de ausencia de decapitados, aquella se rompe cuando todo el poder reside en una sola persona.

— En esa circunstancia toda la sociedad está en peligro porque sus miembros quedan expuestos al capricho de ese único gobernante.

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Marcha atrás de Hacienda estatal

Noticias de Yucatán

(represión, injusticia, abuso, caso lolbé)

Suspende el embargo a Lolbé Carrillo y luego se retracta

06/08/2010

El gobierno estatal suspendió el embargo de $6 millones que tenía contra la ex directora de la Japay, Lolbé Carrillo Jiménez, porque reconoció que realizó mal el procedimiento respectivo. Sin embargo, en 48 horas lo corrigió y empezó de nuevo ese cobro. Tanto la funcionaria como su asesor jurídico, Pedro Rivas Gutiérrez, habían visto en la enmienda un “gesto de buena voluntad” y esperaban que esa actitud se mantuviera y “se reparara la injusticia”.

Rivas Gutiérrez dijo que la Secretaría de Hacienda, la dependencia a cargo del asunto, notificó anteayer la suspensión del proceso. Pero se sabía que mantenía el derecho de hacer de nuevo el proceso corrigiendo la falla cometida.

—Veíamos en ello un gesto de buena voluntad de parte de las autoridades, lo cual aplaudimos —expresó el informante.

Explicó que la Subsecretaría de Ingresos es la que ordenó el cobro de los $6 millones y, por tanto, el primer recurso de defensa en ese caso fue recurrir al titular de Hacienda, Juan Ricalde Ramírez, que es el superior jerárquico de quien realizó el procedimiento.

Le expusieron que en la orden de ejecución del embargo se establecía que iba dirigido a dos ex funcionarias y, sin embargo, se pretendió aplicarlo sólo a Lolbé Carrillo. Además, en la resolución de la Contraloría estatal que dio pie al embargo había confusión sobre a quién se señalaba como responsable.

En una parte del expediente de la Contraloría se menciona sólo a la ex directora y más adelante se incluye a la otra ex funcionaria.

Hacienda reconoció el error, canceló el proceso y comenzó otro nuevo. Ayer por la tarde entregó a un vecino de Lolbé Carrillo un citatorio para que ella se encuentre en su domicilio a las 10 de la mañana, a fin de entregarle la nueva notificación de embargo.

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Admiten las quejas de 2 ex funcionarias

Noticias de Yucatán

Ambas denuncian a dos magistrados del Tribunal Colegiado

01/08/2010

El Consejo de la Judicatura Federal admitió las denuncias interpuestas por Lolbé Carrillo Jiménez y Aracelly Domínguez Cabrera contra dos magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa con sede en Mérida, informó el abogado de las primeras, Pedro Rivas Gutiérrez.

El ex secretario de Gobierno señaló que por lo pronto el caso está en espera de que los funcionarios de la judicatura regresen de vacaciones para saber el estado que guarda la denuncia.

Las vacaciones de los funcionarios concluyen mañana lunes (2 de agosto).

Como hemos informado, las dos ex funcionarias de la Japay y el Ayuntamiento de Mérida fueron acusadas de desvío de recursos por la actual administración estatal.

El abogado Rivas Gutiérrez señaló que la denuncia se interpuso el 14 de junio pasado contra los magistrados Gabriel Alfonso Ayala Quiñones y Elvira Concepción Pasos Magaña.

Según explicó, antes de salir de vacaciones el Consejo de la Judicatura ya debía haberles pedido a los denunciados un informe respecto de los hechos que se les imputan.

En las próximas semanas se deberá nombrar a un funcionario del Consejo para que resuelva el caso y lo presente ante el pleno, que dictará una resolución de manera colegiada.

De acuerdo con la denuncia, ambos magistrados cometieron faltas administrativas graves en el desempeño de sus cargos.

Rivas Gutiérrez explicó que los denunciados dejaron de aplicar una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que, al igual que en el derecho penal, en un proceso administrativo se debe especificar qué ley se violó, cual es la conducta que la viola y cuál es la pena para tal violación.

Esto, dijo, no se hizo.

Los magistrados debieron realizar esos razonamientos al conocer del caso de Lolbé Carrillo y Aracelly Domínguez –apuntó Pedro Rivas.

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Reiteran: No hubo un desvío

Noticias de Yucatán

Niños y Crías pide al Ejecutivo apoyar el plan que impulsa

18/07/2010

Rodrigo Migoya von Bertrab, director de la agrupación Niños y Crías, reiteró que en la Japay no hubo desvío de recursos económicos y lamentó la situación por la que atraviesa la ex directora de esa dependencia Lolbé Carrillo Jiménez.

También insistió en invitar al gobierno del Estado a participar en el proyecto que impulsa Niños y Crías desde el sexenio anterior y así poder usar más de tres millones de pesos de la Japay que están inactivos.

Respecto del caso de Lolbé Carrillo, consideró que es inocente, que no existe el delito del que se le acusa. Sin embargo, aclaró que afirma esto con base en lo que sabe del proceso.

—No conozco el documento de la Contraloría donde se asienta la acusación —indicó.

Como hemos informado, el donativo a Niños y Crías sirvió de base al gobierno del Estado para promover una denuncia contra la ex directora de la Japay.

Los fallos judiciales fueron favorables a la autoridad estatal.

Durante una entrevista, Rodrigo Migoya expuso que la agrupación mencionada es la que promovió el plan de protección del acuífero desde el sexenio pasado, y tres meses después de que entró la nueva administración estatal se acercaron a ella para continuar el proyecto, el cual quedó establecido en un convenio general y dos específicos. Esos últimos se hicieron con la Japay y la Comisión de Vías Terrestres.

—En enero de 2008 Luis Parra Arceo, director de Planeación y Apoyo Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, envió a la Consejería Jurídica del gobierno estatal una propuesta de contrato de fideicomiso que tuvo la aprobación unánime de las partes.

—Esto da nuevos elementos para probar que había una invitación para que Niños y Crías siguiera trabajando junto con el Ejecutivo estatal en la protección del acuífero.

—En julio de 2008, al ver que no ocurría nada nos acercamos al titular de la Seduma, Eduardo Batllori Sampedro, quien dijo que el plan estaba detenido. Entonces recurrimos a la Consejería Jurídica, donde tampoco hallamos respuesta positiva.

—En mayo de 2009 decidimos crear el fideicomiso sin la participación del gobierno del Estado.

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Piden revocar un cobro y embargo

Noticias de Yucatán

Recurso de Lolbé Carrillo Jiménez en Hacienda estatal

13/05/2010

Lolbé Carrillo Jiménez interpuso ayer una solicitud ante la Secretaría de Hacienda del Estado para que se revoque la orden y ejecución del cobro y embargo de sus propiedades.

Ayer al mediodía la ex administradora del Ayuntamiento acudió acompañada de uno de sus abogados, Pedro Rivas Gutiérrez, ex secretario de Gobierno, a la Secretaría de Hacienda, donde entregó la solicitud.

De acuerdo con la defensa, el mandamiento de ejecución está dirigido a dos personas, Lolbé Carrillo y Aracelly Domínguez, pero con una sola dirección, y durante el acto de requerimiento de embargo el funcionario de la Secretaría de Hacienda en ningún momento especificó a quién se hacía la diligencia.

Además, la autoridad hacendaria pretende cobrar una cantidad superior a la determinada en la resolución emitida por la Contraloría, que especifica como sanción económica $3,146,395 y no $6,292,791 que pide Hacienda.

La defensa señaló que durante la diligencia de requerimiento de pago y embargo no se actuó con apego a derecho, en relación con el nombramiento de testigos, ya que el ejecutor de Hacienda, Andrés Nieves Cervantes, asentó en el acta que el nombramiento de testigos se hizo con quien se entendió la diligencia, cuando en realidad esta persona ni siquiera conoce los testigos.

La defensa sostiene que hay ilegalidades relacionadas con el señalamiento de bienes para embargo, como lo fue la contradicción asentada por el ejecutor respecto de quién es la persona que señala los bienes, ya que en una parte dice que el señalamiento lo realiza la persona con quien se entiende la diligencia, y en otra afirma que realiza el señalamiento la propia autoridad, aunado a la indebida fundamentación de esto último.

Además, durante las diligencias realizadas por la Secretaría de Hacienda del Estado participaron en carácter de autoridad personas no autorizadas para ello, lo que se puede ver del llenado de las cartas correspondientes, lo que trae como consecuencia la ilegalidad de los actos realizados.

Finalmente, según la defensa, la Secretaría de Hacienda realizó los actos de requerimiento de pago y embargo sin que haya transcurrido el plazo señalado.

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Sanciones con mucho en común

Noticias de Yucatán

“Coincidencias muy marcadas” en el caso de Lolbé Carrillo

12/05/2010

El ex secretario de Gobierno Pedro Rivas Gutiérrez, asesor jurídico de Lolbé Carrillo Jiménez, afirma que hay “coincidencias demasiado marcadas” entre una sanción que le aplicó la Profepa a la Japay y la sanción que el gobierno del Estado le aplicó a la ex funcionaria.

Con base en una cronología de hechos, el abogado Rivas Gutiérrez explica que el 21 de abril de 2008 la Profepa ordenó la suspensión temporal de los trabajos de construcción de la planta potabilizadora Mérida IV de la Japay, debido a que la dependencia estatal deforestó 41 hectáreas del terreno de Oxcum donde se asienta la planta y carecía de permisos de impacto ambiental.

Una semana después, el 28 de abril, indica Rivas Gutiérrez, la Contraloría del gobierno del Estado dicta el acuerdo de inicio de procedimiento disciplinario contra Lolbé Carrillo, según consta en el expediente 018/08.

El abogado abunda en la cronología, que parece vincular la sanción de la Profepa y la sanción a Lolbé Carrillo: Al día siguiente, el 29 de abril, la Japay se allana al procedimiento de la Profepa, es decir, asume la medida.

El 30 de abril, la Profepa le impone a la Japay dos multas, una de $1.138,647.74 que pagaría al Fondo Forestal Mexicano y otra de $800,419.80 que pagaría a Hacienda federal. Además le aplican siete medidas técnicas.

El 1 de mayo, la Profepa levanta los sellos de clausura de la planta Mérida IV.

El 2 de mayo, la Contraloría estatal le notifica a Lolbé Carrillo el inicio del procedimiento administrativo en su contra.

El 6 de mayo, la Contraloría le notifica a su compañera ex funcionaria de la Japay, Aracely Domínguez, el inicio del procedimiento en su contra.

El 14 de mayo, la Contraloría celebra dos audiencias para dar curso al procedimiento, que, casi dos años después, termina con la sanción de $6 millones a las dos ex funcionarias de la Japay.

Pedro Rivas dice que la aparente relación entre ambos casos se remonta a abril de 2008.

El 7 de abril, la Profepa inició la inspección en Oxcum para verificar y cuantificar el daño forestal. El 9 de abril concluye la inspección, que confirma la magnitud de afectación.

Luego ocurrió la sucesión de hechos ya señalados que, de acuerdo con Pedro Rivas, parecen evidenciar el vínculo entre la sanción de la Profepa a la Japay y las sanciones a Lolbé Carrillo y Aracely Domínguez.

“No puedo afirmar que se trata de una venganza política, pero sí de una coincidencia muy marcada entre ambos hechos”, subraya el abogado.

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“El perjuicio a la Japay no existe”

Noticias de Yucatán

Coparmex da a conocer su postura en torno al caso

09/05/2010

Coparmex Mérida expresó en días pasados su postura y sus dudas en cuanto a la sanción que la Contraloría General del Estado impuso a la ex funcionaria municipal Lolbé Carrillo Jiménez por un presunto desvío de recursos cuando fue directora general de la Japay.

De acuerdo con el Centro Empresarial de Mérida, si el dinero que la acusada presuntamente desvió está aún intacto en una subcuenta especial, el “daño o perjuicio económico” causado por Lolbé Carrillo no existe.

En un documento recibido de Coparmex, que es parte del consejo directivo de la Japay, se recuerda que en 2005 se acordó la creación de la reserva para la constitución del Fondo por las Areas Naturales y el Acuífero de Yucatán.

Se señala además que en cada una de las sesiones posteriores de dicho consejo directivo, hasta el 19 de julio de 2007, la dirección general de la Japay informaba del estado que guardaba la reserva en cuestión, la cual seguía incrementándose, sin oposición alguna del consejo, lo cual consta en actas, asegura Coparmex.

Además, se asegura que en la fecha antes citada Lolbé Carrillo solicitó una ampliación de presupuesto que le fue aprobada, por concepto de aportación al Fondo por las Areas Naturales Protegidas y el Acuífero de Yucatán, y se dejó en claro que la reserva creada se había aplicado al fondo mediante la firma de un convenio con la asociación civil Niños y Crías.

El acta donde se aprobó el convenio con dicha asociación fue aprobada en la primera sesión que el consejo de la Japay tuvo dentro de la administración de Ivonne Ortega Pacheco.

Coparmex asegura que teniendo conocimiento y ante el hecho de que los recursos que se reclaman a la ex directora de la Japay se encuentran íntegros en una subcuenta especial con sus respectivos intereses, genera dudas sobre la sanción impuesta a la ex funcionaria.

Según el sindicato empresarial, las dudas surgen de la sanción económica impuesta a Lolbé Carrillo, que tiene supuestamente base en un “daño o perjuicio económico” sufrido por la Japay por el dinero entregado a Niños y Crías.

“A nuestro parecer, si la Japay estuvo o está en posibilidades de contar de nuevo con dicho monto, el daño o perjuicio patrimonial no existe y, por lo tanto, la sanción económica no tendría ningún sentido”.

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Ante un caso de “grave injusticia”

Noticias de Yucatán

07/05/2010

Recibimos el siguiente escrito del Comité de Defensa de Lolbé Carrillo, que integran Guillermo Vela Román, Sara Mena viuda de Correa y Mabel Peniche Erosa, y asesoran legalmente Armando Villarreal Guerra, Jorge Carlos Estrada Avilés y Pedro Rivas Gutiérrez:

La interpretación de la ley, es decir, desentrañar su sentido y alcances, es una labor que compete a los jueces; cuando esa labor interpretativa la realizan los integrantes del Poder Judicial Federal, en especial los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede convertirse en jurisprudencia.

La jurisprudencia, que puede formarse de varias maneras, constituye una forma de interpretación que es de observancia obligatoria, sobre todo cuando proviene de la Suprema Corte de Justicia, y obliga a toda clase de autoridades, especialmente a los tribunales, a aplicarla. Lo anterior está expresamente considerado en la Ley de Amparo (artículo 192).

El caso de grave injusticia en que están envueltas la contadora Lolbé Carrillo Jiménez y la licenciada Aracelly Domínguez Cabrera nos muestra una flagrante violación y desacato a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dos de los tres magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito que resolvieron los amparos que solicitaron Lolbé y Aracelly desacataron una jurisprudencia firme de la Suprema Corte que dice que para poder fincar responsabilidades administrativas a un servidor público es necesario hacer un análisis detallado o pormenorizado de la conducta del funcionario y que dicha actuación le hizo incurrir en una probable responsabilidad.

Los dos magistrados cometen violación y desacato a la jurisprudencia, ya que teniendo a la vista que se reclamaba en los amparos solicitados la ilegalidad de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no analizó, ni argumentó, ni demostró en su sentencia que las conductas de Lolbé y Aracelly encuadraran en aquellas que podrían ser objeto de sanción, no solamente pasaron por alto y omitieron aplicar la jurisprudencia antes mencionada sino que, sin argumentos que lo sostuvieran, aplicaron un simple criterio o tesis aislada —que no es obligatoria ni puede estar por encima de una jurisprudencia o interpretación obligatoria—, afirmando que no era necesario hacer el citado análisis detallado de las conductas para imponer la sanción.

Dicha actuación de los dos magistrados quedó al descubierto, pues el tercer magistrado discrepó del criterio de sus compañeros y les dejó ver, con argumentos que no admiten refutación alguna, su proceder de desacato a la ley y a la interpretación obligatoria de la misma, usando expresiones tales como “me aparto”, o “tomo distancia” de la de sus colegas, dada la actitud a todas luces ilegal de sus colegas.

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“Una decisión apegada a la ley”

Noticias de Yucatán

Patricio Patrón dice que la sanción a Lolbé sería mínima

03/05/2010

Patricio Patrón Laviada, ex gobernador de Yucatán, dijo que la decisión de entregar $3 millones de pesos a la agrupación “Niños y Crías” se tomó para procurar el mantenimiento del manto acuífero y en apego a la Ley de Aguas Nacionales.

Además, el ex gobernador panista recalcó que fue una decisión unánime del Consejo de Administración de la Japay realizar ese donativo, por lo que “en todo caso la sanción a Lolbé (Carrillo Jiménez), por acatar una orden, sería mínima”.

—Fue una decisión tomada pensando en cuidar el manto acuífero, pensando en toda el agua que se distribuye a la zona metropolitana de Mérida con Kanasín y Umán. Había la petición de varios grupos ambientalistas, que incluso ofrecían duplicar el monto que donemos para implementar proyectos para la conservación del agua.

Con apego a la ley
—Así lo hicimos con “Niños y Crías”, que además tiene el dinero en un fideicomiso que no se ha utilizado. Se tomó la decisión con apego a la Ley de Aguas Nacionales, la cual marca que destinar recursos para la conservación del agua es una responsabilidad de la Japay.

—Lo hicimos pensando en que la Japay debe preocuparse por el tratamiento integral del agua.

El ex gobernador afirmó que la decisión se tomó en pleno apego a la ley.

—Por qué el gobierno del Estado no arremetió contra Lolbé cuando estaba Wild9, ya que muchos de los que vinieron son promotores de la inversión gubernamental en la conservación del manto acuífero, lo que nosotros sí cumplimos —expresó Patrón Laviada.

El ex gobernador acudió ayer al zoológico Animaya para recabar firmas de apoyo para la ex funcionaria, de lo que informamos en nota aparte.

Numerosos visitantes se acercaron a saludar al ex gobernador Patrón Laviada.

Responsabilidad mínima
—Si existiera una responsabilidad de Lolbé, es administrativa y sería mínima —precisó.

—Es muy sospechoso que los magistrados (federales) hayan decidido no aplicar una jurisprudencia en el caso de Lolbé que era completamente válida, por eso ella ha decido emprender una lucha por la justicia.

—En el transcurso de este gobierno ya nos han tocado varios casos legales en contra de ex funcionarios, de los que ya no sé cuál es el peor de todos.

—Está el de José Carlos Guzmán Alcocer, ex director de la extinta Cousey, a quien encarcelaron porque el contralor del Estado utilizó el término legal inexistente de “avalúo referenciado”, para justificar esa detención, por la que pasó tres o cuatro meses en la cárcel.

—Está la otra persona a la que encerraron por el supuesto robo de una USB con “información confidencial”, es increíble que hayan ocurrido este tipo de casos en nuestro Estado. El ex gobernador acudió a Animaya acompañado de su esposa, Silvia Cicero Cáceres, y sus hijos, quienes recorrieron una parte del zoológico.

Justicia y democracia, las bases de su lucha

Lolbé Carrillo pide el apoyo ciudadano para su defensa

03/05/2010

—Hola soy Lolbé Carrillo y enfrento una denuncia... no sé si sepan. Me gustaría que me regale su firma para solicitarle a la gobernadora que no se me cobre un recurso injustamente —era la frase con la que la ex administradora del Ayuntamiento, Lolbé Carrillo Jiménez abordaba ayer a los visitantes de Animaya para pedir apoyo.

La ex directora de la Japay inició desde las 10 de la mañana y terminó a las cinco de la tarde una recolección de firmas, para solicitar a la gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco “que haga lo necesario para recuperar los recursos donados a Niños y Crías”. Una mesa con un mantel blanco y una lona con la leyenda: “Yo apoyo a Lolbé”, fue el mobiliario de la colecta que realizó la ex funcionaria en su lucha por recabar 5 mil firmas.

—Esta es una lucha trascendental por la democracia y por la justicia en Yucatán, para evitar que se den este tipo de atropellos contra los derechos de la gente honesta, responsable y que ha procurado el bienestar de la comunidad.

“No es posible” —No es posible que se den ahora este tipo de atropellos por cuestiones políticas para destrozar a dos mujeres que hemos trabajado y luchado por nuestro patrimonio con esfuerzo.

En relación con el plazo de 45 días para liquidar el monto o de lo contrario ser aprehendida, la contadora dijo que “confía en que se pueda arreglar todo este asunto antes, por ello acudiré a la Judicatura Federal”. —Ese dinero está en un fideicomiso, no se ha utilizado —comentó la ex funcionaria, quien recordó que está inhabilitada por seis meses para cualquier cargo público. —No es posible que se intente regresar a los tiempos que ya son historia en Yucatán, tiempos del pasado que no deben volver. Eso se reflejará en las urnas.

En general entre la gente se vio buena disposición por firmar el documento, pero muchos, al oír que se mencionaba a la gobernadora, pedían que no se les tome foto, por el trabajo que desempeñan. La ex funcionaria dijo que su desempeño público es de muchos años, por lo que la gente reconoce su trayectoria limpia. Lolbé Carrillo estuvo acompañada por el ex gobernador Patricio Patrón; Pedro Rivas Gutiérrez y Armando VillarReal Guerra, sus abogados, y José Carlos Guzmán, ex director de la Cousey.

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Argumento legal contra un fallo (caso Lolbè)

Noticias de Yucatán

Herramienta para la defensa de Lolbé Carrillo Jiménez

29/04/2010

Una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que data de 2006, será la herramienta que usará Lolbé Carrillo Jiménez para defenderse de las acusaciones que le hace el gobierno del Estado y las sanciones que le impusieron, informó Armando Villarreal Guerra, quien fue su abogado en ese juicio.

La ex funcionaria sostiene que no se aplicó esa jurisprudencia en su caso, a pesar de que por ley deben hacerlo todas las instancias respectivas, entre ellas el Tribunal Colegiado de Circuito, que dijo la última palabra en el proceso legal que la afectó.

Una jurisprudencia, explicó el abogado, es una tesis que sienta un precedente y los juzgadores la aplican cada vez que atienden casos similares que dieron origen a ese criterio.

Y se crea mediante tres mecanismos: reiteración, contradicción entre dos posturas y controversias sobre la Constitución del país. El primer caso se refiere a las sentencias reiteradas en las que los juzgadores coinciden en un mismo criterio, y esto ocurre cinco veces ininterrumpidas.

El segundo es cuando la Corte emite un criterio final y definitivo ante dos posturas sobre un asunto, y el tercero es cuando ese supremo órgano de justicia resuelve controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad sobre el artículo 115 de la Carta Magna.

—La Ley de Amparo dice que las jurisprudencias son de aplicación obligatoria para diversas instancias legales, entre ellas el tribunal que emitió la sentencia definitiva contra Lolbé Carrillo.

—La jurisprudencia que no se observó en ese juicio dice que cuando se trata de aplicar sanciones administrativas a funcionarios los juzgadores deben, por tratarse de una acción punitiva, respetar el principio de tipicidad.

—La tipicidad es la adecuación exacta de la conducta al tipo previsto en la norma. Es como un silogismo: si hay una norma que describe alguna falta y establece una sanción concreta, y existe una persona que realiza exactamente esa conducta, entonces procede sancionarla.

—La Contraloría estatal acusó a Lolbé de violar, concretamente, tres fracciones (I, II y XXI) del Artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero en ninguno se cumplió la tipicidad, esa dependencia del gobierno no explicó cómo se violaron esas normas.

El abogado Villarreal dijo que la jurisprudencia ya citada surgió de una acción sobre constitucionalidad promovida por la PGR contra la ley de ingresos de un ayuntamiento de Chiapas, a raíz de sanciones administrativas que aplicó aquél.

El asunto llegó a la Corte, y la sentencia de ésta hizo que quedara fijada esa jurisprudencia. Habría que revisar archivos judiciales del país para saber en cuantos casos se ha utilizado ese precedente jurídico.

Villarreal Guerra recordó que dos de los magistrados que negaron el amparo a Lolbé Carrillo basaron su decisión en una tesis aislada, no en esa jurisprudencia que están obligados a aplicar.

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“Es un emblema el caso de Lolbé”: Nava

Noticias de Yucatán

Solidaridad del PAN e indignación por la “sanción injusta”

24/04/2010

—Lo que le está ocurriendo a Lolbé Carrillo Jiménez es un emblema de lo que no debe volver a Yucatán y está regresando luego de tres años del gobierno estatal —declaró ayer en esta ciudad César Nava Vázquez, presidente nacional del PAN.

Durante su visita a Mérida, el líder panista acudió por la tarde a casa de la ex funcionaria municipal Lolbé Carrillo Jiménez, quien se enfrenta a acusaciones por presunto desvío de recursos y ha sido inhabilitada para ocupar cargos públicos.

—Venimos a expresar nuestra solidaridad con Lolbé y Aracelly (Domínguez Cabrera, otra ex funcionaria de la Japay), así como nuestra indignación por lo que nos parece una sanción injusta —dijo.

Nava Vázquez arribó a la casa de la ex funcionaria después de las 4:30 de la tarde y permaneció en el sitio durante aproximadamente media hora.

—No es posible que después de tantos años de trabajo ya no tenga esta casa que es todo mi patrimonio —le dijo Lolbé Carrillo al dirigente panista.

—No tengo mi coche, que igual que mi casa ha sido embargado, y no tengo ni trabajo por haber sido inhabilitada —expresó la acusada en su charla con Nava Vázquez.

—Ojalá no se repita con ningún yucateco esto que estoy viviendo —apuntó.

Por su parte, César Nava manifestó que el caso de la ex funcionaria es una burla para los yucatecos.

—No es posible que ante tantos casos de corrupción que se podían investigar, se haya escogido como víctima a una ciudadana ejemplar como Lolbé —dijo.

Nava Vázquez apuntó que aunque no se tienen pruebas de que haya habido corrupción detrás de la decisión de los magistrados que sancionaron a la ex funcionaria, sí se advierten ligereza y superficialidad.

El líder nacional del PAN agregó que Lolbé Carrillo no está sola y que la acompañarán hasta las últimas consecuencias, incluso con instancias internacionales.

Dejó entreabierta la posibilidad de hacer una colecta nacional para recabar dinero para pagar la multa de $6 millones que le impusieron a la ex funcionaria.

César Nava: Lolbé no está sola

Comunicado de prensa

“No estás sola, no estás sola. Esta causa es de todos”, repitió César Nava a Lolbé Carrillo Jiménez durante una visita ayer por la tarde en su domicilio.

La exfuncionaria pública, reconocida en la sociedad yucateca como una persona honesta, trabajadora y solidaria tiene en su contra al Gobierno del Estado.

Hace unos días un Tribunal Federal dictó la resolución por supuesto fraude donde la obliga a pagar 6 millones de pesos o ir a la cárcel. Ella sostiene que es inocente y demuestra con documentos que actuó conforme a la Ley cuando donó un recurso público a una sociedad civil.

Es injusto, dijo a César Nava, porque lo único que hicimos fue actuar conforme a la Ley, todo fue legal y están los documentos que nos amparan.“Ahora estoy a punto de perder mi casa, mi automóvil y ya no tengo trabajo pues me inhabilitaron”, refirió sentada en la sala de su casa.

Nava Vázquez fue claro, "este caso es emblemático para los yucatecos y los mexicanos. No vamos a permitir un atropello de esta naturaleza y llegado el caso, esperemos que no sea necesario, haremos una colecta para alcanzar a cubrir esta multa que resulta absurda y una bofetada para ustedes los yucatecos y para todo el país”, advirtió.

Con el solo hecho, dijo, de que hubo un voto minoritario que se opuso a la sentencia, existen razones suficientes para desestimar la resolución del Tribunal. “Queda a la vista la arbitrariedad que se cometió en perjuicio de Lolbé. Si bien no tengo elementos para decir que se actuó como un Tribunal de consigna, si deja ver que se actuó con insensibilidad”, recalcó.

El líder nacional de Acción Nacional considero que es lamentable que no se haya tomado en cuenta elementos de valor y de juicio sobre la trayectoria y honorabilidad de Lolbé.

“El Gobierno del Estado persigue sin ton ni son, buscando quien la pague y no quien la hace. Eso es lo lamentable y reprobable, subrayo, este clima generalizado de linchamiento y sometimiento generado entre la población”.

Nava Vázquez aseguro que están volviendo los tiempos oscuros de Yucatán. Lolbé Carrillo agrego que “es algo penoso, es una situación que ya habíamos dejado atrás. Vamos a ir al Consejo de la Judicatura, a instancias internacionales porque esto no se puede quedar así", dijo a Nava.

En la conversación el dirigente nacional del PAN reiteró que es un caso que cimbra a los mexicanos y es necesario que no se repita. “Es absurdo, si no me falla la memoria no recuerdo otro caso de represión a ningún funcionario publico en Yucatán. Tal pareciera una estrategia meramente política y electoral”, refirió.

Carrillo Jiménez entregó el expediente al líder nacional del PAN y explicó detalladamente el caso.

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“El asunto aún tiene solución”

Noticias de Yucatán

Podría reconsiderar la Contraloría en el caso de la Japay

22/04/2010

Pedro Rivas Gutiérrez, uno de los integrantes del Consejo Directivo de la Japay que avaló el donativo de la Junta al grupo Niños y Crías, A. C., manifestó que ese asunto aún tiene solución, pues la Contraloría estatal puede reconsiderar su postura.

En ese caso, agregó, esa dependencia ordenaría a la Secretaría de Hacienda interrumpir el proceso de cobro de los $6 millones de sanción a la C. P. Lolbé Carrillo Jiménez: “De esa forma no se pondrían a remate los bienes embargados hasta ahora a la ex funcionaria municipal y ella los recuperaría”.

Rivas Gutiérrez, quien es asesor de la ex funcionaria, dijo que considera un deber ético apoyar a la ex directora de la Japay porque ella hizo lo que le ordenaron él y otros integrantes del Consejo Directivo de esa paraestatal.

—Es extraño que sólo se acusara a Lolbé y no a quienes tomamos la decisión —señaló.

El abogado, quien fue secretario de Gobierno en el sexenio pasado, explicó que no es anulable ni revocable la sentencia condenatoria a Lolbé Carrillo emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito. Eso no cambia, incluso si el Consejo de la Judicatura sanciona, como ella pide, a los dos magistrados de ese tribunal que le negaron el amparo.

—Pero la Contraloría estatal puede reconsiderar su postura si toma en cuenta que no hubo daño patrimonial, que los $3 millones de esa dependencia están a salvo y generaron intereses bancarios, ni hubo desvío del erario y, además, la junta de agua potable siempre supo del convenio, dónde estaba el dinero, etcétera.

En la entrevista también participó Armando Villarreal Guerra, el defensor de Lolbé Carrillo durante el juicio.

Este último indicó que la Contraloría acusa a la ex funcionaria de que violó el artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que significa que no fue diligente, ni leal, ni imparcial ni eficiente en su tarea, tampoco formuló planes y programas en el manejo de recursos económicos ni se abstuvo de cualquier acto u omisión que implique incumplir disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público.— Continuará.

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"No hubo desvío alguno”

Noticias de Yucatán (3 notas)

Lolbé Carrillo es víctima de un caso político, aseguran

20/04/2010

El ex gobernador Patricio Patrón Laviada afirmó ayer que “es claro que el caso contra Lolbé Carrillo es una persecución política con fines electorales”, ya que la entrega de $3 millones a Niños y Crías fue legal.

Incluso, dijo que como ex presidente del Consejo de Administración de la Japay asume la responsabilidad de la autorización, que se hizo con el voto unánime de sus integrantes.

Sobre el mismo tema, Humberto Espinosa Avila, ex presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, dijo que no hubo desvío y aunque la funcionaria pudo haber cometido un error administrativo, la sanción impuesta es desproporcionada.

“Es persecución política”

Patricio Patrón dice que jueces cómplices se prestaron al juego

20/04/2010

“Como ex presidente del Consejo de Administración de la Japay asumo mi responsabilidad por haber autorizado, con el voto unánime de sus integrantes, la entrega de $3 millones a Niños y Crías para desarrollar proyectos de protección al ambiente”, afirma el ex gobernador Patricio Patrón Laviada. “Todo se hizo de manera justificada, sustentada legalmente y de manera transparente. No hay ningún desvío, ningún fraude y es claro que este caso contra Lolbé Carrillo es una persecución política armada con fines electorales”, apunta el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Es una vergüenza más para la impartición de justicia que jueces cómplices se hayan prestado al juego del gobierno del Estado, pero Lolbé no está sola, tendrá todo nuestro apoyo en esta lucha”, asegura el ex gobernador.

Entrevistado en esta ciudad, Patricio Patrón dice que espera que el Consejo de la Judicatura Federal, instancia a la que recurrirá Lolbé Carrillo, “repare esta injusticia y sancione a los magistrados que se coludieron con el gobierno del Estado”.

“Lolbé Carrillo sólo acató una orden, la responsabilidad de haber entregado el dinero a Niños y Crías es de todo el Consejo”.

El ex gobernador señala que “es un caso más de expedientes fabricados por consignas políticas para dañar al PAN”, tal como ocurrió con el caso de la Cousey, la Fábrica de Postes y el ex empleado del DIF, “acusado ridículamente por el supuesto 'robo' de información en un USB... Todos salieron libres”.

“Ahora les funcionó con Lolbé, cuando es un caso muy claro de legalidad y transparencia, una funcionaria que es ejemplo de honradez e integridad y un proyecto de mucho beneficio para cuidar el agua, el mayor recurso que tiene Yucatán”, apunta Patrón Laviada.

“Invito a todos los que conocen la trayectoria de Lolbé Carrillo a levantar la voz, porque si no ponemos un alto a esto, el día de mañana se lo pueden hacer a cualquiera”, advierte.

Caso Lolbé

- Reacciones Patricio Patrón afirma que el dinero está a salvo en manos de una institución seria y exitosa.

“Prefiere sus consignas” “Niños y Crías ofreció dar el doble de nuestra aportación y si el dinero del Fideicomiso no se ha ejercido es porque el actual gobierno no se ha interesado en aprobar los proyectos, prefiere seguir con sus consignas políticas”.

“Aberrante” “Es un fallo aberrante, es la injusticia total”, dice el ex gobernador y titular de la Profepa.

“Desproporcionada” la sanción

Opinan que se trata de un error y no de un desvío del erario

20/04/2010

Humberto Espinosa Avila, ex presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, considera que Lolbé Carrillo Jiménez no desvió recursos del erario cuando estuvo a cargo de la dirección de la Japay.

Opinó que la ex funcionaria pudo haber cometido algún tipo de error administrativo, pero “es desproporcionada” la sanción de $6 millones que le impusieron.

—El monto de las multas debe ser de cantidades lógicas —explicó—. En este caso hay un capital que ni siquiera se usó, esta multa es una locura.

Espinosa Avila dijo que no conoce el expediente legal del caso y no puede abundar en declaraciones, pero puede decir que el Consejo Directivo de la Japay autorizó el destino del donativo.

—Aquí hubo un error, pero una cosa es una falla y otra un fraude cometido con dolo. En lo personal creo que sus abogados no la defendieron bien.

—¿Por qué durante todo el tiempo que llevó este proceso legal ella y sus defensores no recurrieron a nosotros, los integrantes del Consejo Directivo de la Japay? Nunca nos llamaron para exponernos el problema, ella se fue solita en este juicio legal, pidió amparo, lo perdió y ahora pide ayuda.

Espinosa Avila dijo que no estuvo en la sesión en la que se acordó el donativo. En su lugar asistió el entonces director de la Canacome Miguel Martínez Vázquez.

—Este es un asunto que deja mal sabor de boca la sociedad. Conozco a Lolbé, la considero honesta y capaz, por ello me extrañé al saber del problema.

—La sociedad está pendiente de lo que pasa en este caso y quiere verlo solucionado debido a la calidad moral de la persona involucrada.

—Yo doy un paso adelante a favor de ella, pero no sé qué error pudo haber cometido.

—¿Hubo un desvío del erario? —No lo creo.

—¿Este asunto es político? —Se debió esperar a que transcurran las elecciones para tratar este caso, pues ahora se piensa que es un asunto político. Esto no quita ni da votos a nadie.

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Caso Lolbé

Noticias de Yucatán

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Trabajo social y condena

Noticias de Yucatán

“¡Con el caso Lolbé Carrillo se atropella a todas!”, advierten

18/04/2010

En el marco de un desayuno de campaña de la candidata del PAN a la alcaldía de Mérida, Beatriz Zavala Peniche, la contadora Lolbé Carrillo Jiménez recibió ayer el apoyo unánime de 850 comensales, en su mayoría mujeres, que llenaron el salón Beirut del Club Libanés.

La senadora y su invitada Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, condenaron enérgicamente “la injusticia que se comete” contra la ex directora de la Japay, a quien el gobierno del Estado demanda el pago mancomunado de $6 millones y su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

“Cuando se cometen estos actos de injusticia como el de Lolbé Carrillo, ¡se atropella a todas!”, advirtió la diputada.

Josefina Vázquez le indicó a la ex funcionaria que cuenta con el apoyo del panismo nacional: “Lolbé, no estás sola”, afirmó.

“El peor ejemplo” Beatriz Zavala señaló que el gobierno de Ivonne Ortega escogió el peor ejemplo para acusar a alguien de deshonestidad, “porque la honradez de Lolbé Carrillo está a toda prueba”.

En la página 11 publicamos un remitido en el que se pide justicia en este caso.

La candidata del PRI, Angélica Araujo Lara, encabezó ayer el “Encuentro de Vinculación del Sector Empresarial y el Sector Profesionista”, para llevar servicios a las comisarías.

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El gobierno “tuerce la ley ” a su antojo

Noticias de Yucatán

Fuerte protesta del FCF por el caso de Lolbé Carrillo

17/04/2010

El Frente Cívico Familiar hizo una “fuerte protesta” pública por “la forma como el gobierno estatal tuerce la ley para que sus integrantes gocen de impunidad y, por el contrario, sea usada contra cualquier miembro de la sociedad que el Ejecutivo estatal considere su enemigo político”.

—Invitamos a otras organizaciones de nuestra comunidad a que también expresen su protesta, a no permitir que siga esta aplicación de la ley con dos criterios diferentes —dijo Guillermo Vela Román, uno de los coordinadores de esa agrupación.

—El FCF se siente indignado por esta situación y se preocupa ante la posibilidad de que, en vez de poner un alto a estas violaciones, agachemos la cabeza para que nos den de golpes.

—Esto que ocurre es una señal de alarma, cualquier miembro de nuestra sociedad puede sufrir una injusticia similar. Esto se repetirá en la medida que la comunidad deje solo a uno de sus miembros ante estos abusos.

Exhorto Vela Román exhortó a los integrantes del Consejo Directivo de la Japay a que salgan en pos de la verdad en este caso.

—Tienen una responsabilidad moral, deben salir y decir públicamente si las cosas son o no como las plantea el gobierno estatal, si coinciden o no con la resolución legal de este caso.

—Resulta raro que el Ejecutivo estatal se lanzara contra la que ejecutó una decisión del Consejo Directivo de la Japay, no contra los que emitieron ese acuerdo.

Postura clara —La agrupación Niños y Crías también debe ser más clara en su postura y decir si se obró bien o mal en este asunto. El dinero donado a esa agrupación no desapareció, ahí está; en cambio no sabemos dónde quedaron los recursos de la deuda del Ejecutivo, los conciertos de Chichén Itzá, los apoyos al campo, los del programa Cobijar...

—La gobernadora se da un baño de pureza en este caso armado a modo del interés del gobierno. La funcionaria no está para dar lecciones de legalidad, hay numerosos casos de corrupción en su administración.

—Es vergonzante escucharla decir que este caso servirá de ejemplo para que los funcionarios no se alejen de la ley.

—¿Cuál ley? ¿La suya y la de su séquito o la que debemos respetar todos? —Lo único que ella promueve es que sus colaboradores se sientan impunes, protegidos. Indigna un gobierno que actúa con ese cinismo y descaro.

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Recurso contra dos magistrados

Noticias de Yucatán

Lolbé Carrillo dice que hay anomalías en un fallo adverso

17/04/2010

Lolbé Carrillo Jimenez interpondrá ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja contra los dos magistrados que se negaron a dar el amparo que solicitó, pues considera que violaron en este caso aspectos importantes de la función judicial.

Si ese órgano del Poder Judicial de la Federación considera que la queja es válida, entonces los dos juzgadores serían sancionados con apercibimiento, amonestación, sanción económica, suspensión, inhabilitación temporal o destitución.

Lolbé Carrillo expuso que la razón de su queja está en que los dos magistrados se basaron, para condenarla, en una tesis aislada de la Suprema Corte en vez de una jurisprudencia de la misma, tal como asentó el magistrado Armando Cortés al diferir de los otros dos juzgadores y marcar su distancia en relación con la decisión de aquellos.

—El criterio jurisprudencial tiene mayor rango, es prevalente a la tesis aislada, como dijo ese magistrado —dice.

Según esa jurisprudencia de la Corte, los magistrados debieron analizar cada una de las obligaciones que marca la ley para los funcionarios y determinar cómo se incumplieron aquellas. —En vez de ello hicieron conjeturas con base en analogías y lo que en términos legales se conoce como mayoría de razón —indicó Lolbé Carrillo—. No revisaron si concuerdan y engranan la norma y la conducta del acusado, no analizaron lo que se conoce como “principio de tipicidad”, que es el núcleo duro de principio de legalidad en materia de sanciones.

—La jurisprudencia dice que los principios que se aplican en materia penal también deben ser aplicados en sanciones administrativas. Si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el funcionario debe cuadrar con la hipótesis normativa establecida. El Consejo de la Judicatura Federal a la que recurrirá Lolbé Carrillo es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. También determina la división y competencia territorial y la especialización de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito.

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“Lo importante es actuar con estricto apego a la ley”

Noticias de Yucatán

La gobernadora dice que ahora hay que reparar el daño

16/04/2010

La inhabilitación para ocupar cargos públicos a la administradora de la Comuna de Mérida, Lolbé Carrillo Jiménez, puede afectar la imagen de los funcionarios, pero al final lo importante es actuar con apego a la ley, afirmó ayer la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

También indicó que este caso puede servir de ejemplo para los funcionarios sobre lo que no se debe hacer y para que actúen siempre dentro de la ley.

Anteayer informamos que Lolbé Carrillo fue inhabilitada para ocupar cargos públicos seis meses y multada por otorgar —indebidamente, según una denuncia de la Contraloría estatal— recursos de la Japay a la agrupación Niños y Cría.

Entrevistada al respecto, al término de la presentación de la Policía Vecinal —de lo que informamos en nota aparte—, la gobernadora dijo que, ante todo, en este caso actúan con estricto apego a la ley.

“Ha sido un juez federal el que ratificó la denuncia de la Contraloría y hay que trabajar de acuerdo con la ley”, indicó.

—¿Esto afecta la imagen de los políticos, de los funcionarios? —se le preguntó.

—Puede ser, realmente en casos como éstos la sociedad lo toma de diferente manera. A fin de cuentas lo importante en el caso es que nosotros sigamos actuando estrictamente apegados a la ley —respondió.

Al reiterar que el fallo adverso a la contadora Carrillo Jiménez puede ser un ejemplo para los funcionarios, subrayó: “De alguna manera todos los funcionarios tienen el compromiso de trabajar de manera transparente, clara y comprometidos con lo que marca la ley”.

Reiteró que en su gobierno trabajarán apegados a la ley y subrayó que fue un juez federal el que ratificó el dictamen.

“La Contraloría ahora tiene que trabajar con la Secretaría de Hacienda para coordinar lo que será la reparación del daño”, puntualizó.

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El donativo, todavía intacto

Noticias de Yucatán

La agrupación Niños y Crías dice que ya generó intereses

16/04/2010

La agrupación Niños y Crías confirmó que no ha tocado los $3 millones que recibió de donativo de la Japay e, incluso, dijo que estos recursos ya generaron intereses en la cuenta bancaria en que están depositados.

También expuso que el convenio que firmó con el Ejecutivo estatal para recibir esa aportación establece que esos fondos sólo pueden destinarse a tareas de “conservación, protección, restauración y uso sustentable de las áreas naturales y el acuífero de Yucatán”.

Señaló además que en la firma de ese convenio de colaboración con la Japay la agrupación estuvo asistida por la Secretaría de Ecología del Estado.

En un boletín de dos páginas, firmado por su director, Rodrigo Migoya von Bertrab, se indicó que Niños y Crías ya emitió tres convocatorias para financiar diversos proyectos con recursos derivados de ese convenio, pero provenientes de esa agrupación y otras fuentes.

El boletín relata que la relación con la Japay surgió en 2007, a raíz de que esa agrupación propuso al gobierno estatal crear un mecanismo financiero para la protección y conservación de las áreas naturales y el acuífero del Estado. Esto ayudaría a solucionar los problemas ambientales locales.

En junio de ese año, el gobierno y ese grupo social firmaron un Convenio General de Colaboración para unir recursos, capacidades y experiencias para conservar las áreas naturales y el acuífero.

Ese mismo día se firmó con la Japay el convenio específico y la depedencia aportó $3.146,395. Por su parte, Niños y Crías dio el doble, $6.179,439.

El fondo integrado por ésta y otra aportación más llegó a $12.358,878, que fueron depositados “en un fondo de inversión segura” a nombre de Niños y Crías.

No fue sino hasta mayo del año pasado cuando se creó el Fideicomiso para las Áreas Naturales y el Acuífero de Yucatán (Fanay), en el que se depositaron el fondo mencionado y los intereses generados. Dentro de ese fideicomiso se crearon tres subcuentas, una de las cuales corresponde exclusivamente a lo aportado por la Japay. La Japay se negó a autorizar las solicitudes de erogación que le hizo el comité técnico del fideicomiso.

Debido a esto, lo aportado por la Japay está íntegro en la subcuenta mencionada, y su monto subió por los intereses devengados.

La agrupación dice también que su labor es gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas, y siempre da resultados positivos “con un manejo claro y transparente de los recursos recibidos”.

Desacuerdo de un magistrado

La sentencia contra Lolbé Carrillo, con “vicios de forma”

16/04/2010

El magistrado Luis Armando Cortés Escalante, quien analizó la petición de amparo de Lolbé Carrillo Jiménez y elaboró la propuesta de resolución del caso, sostiene que asiste la razón a la funcionaria y que ésta debió recibir la protección federal.

También señala que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a cargo de Vicente Tun Velázquez, incurrió en “vicios de forma” al analizar ese caso y emitir resolución condenatoria contra la ex directora administrativa de la Japay.

Esas fallas, agrega, representaron una “violación de garantías” de la funcionaria.

—Resulta sumamente notorio que el magistrado del Tribunal responsable trata de manera muy superficial el concepto de impugnación que hizo valer la quejosa en su escrito de demanda —indica el juzgador en otra parte de su ponencia.

De acuerdo con una copia de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, que proporcionó la contadora pública Lolbé Carrillo, el magistrado ponente explica que da la razón a ésta basado en una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

—En principio —indica—, el criterio que sirve de soporte básico a mi voto particular es una tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual quiere decir que esa tesis es obligatoria, sin excepción, para todos los tribunales del país. —Dicho criterio debe aplicarse forzosamente en los casos en que estén de por medio infracciones y sanciones de carácter administrativo. Y para que una tesis de jurisprudencia pierda su efecto vinculante, es preciso que haya sido superada, interrumpida o modificada por el tribunal que la creó, lo que no ocurre con la tesis de jurisprudcencia número 100/2006.

Más adelante asienta su convicción de que el criterio que a ese respecto se invoca en la sentencia de los otros dos magistrados, “no tiene ninguna aplicación al caso concreto, ante la contundencia y obligatoriedad de la tesis de jurisprudencia correspondiente...” Debido a todo esto, el juzgador marcó su postura al respecto y dejó claro que disiente de los otros dos magistrados que votaron en ese caso: Gabriela Alonso Ayala Quiñones y Elvira Concepción Pasos Magaña. También dijo que “pongo distancia y me alejo” de las consideraciones en que se basaron sus homólogos para negar el amparo.

—En lo absoluto estoy de acuerdo con el sentido del fallo aprobado por la mayoría, pues, en mi opinión, estimo que en este caso resulta procedente concederle a la quejosa el amparo que solicita —dijo Cortés Escalante al inicio de su explicación sobre el sentido de su voto. —Estas circunstancias constituyen una muestra palpable de que la sentencia encuestión vulnera abiertamente la garantía de debida fundamentación y motivación, que a rango de garantía individual tutela el artículo 16 de la Carta Magna, lo que, a mi juicio, provoca un estado de indefensión que priva a la impetrante de una debida defensa.

Respecto al trabajo de Vicente Tun, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sostiene que este “no fija la litis debidamente” y campoco “realiza el estudio de tipicidad” respectivo.

—Incurre en esa omisión porque en lo absoluto se da a la tarea de examinar cómo, por qué y de qué manera la conducta de la ahora quejosa encuadra en las hipótesis legales de referencia, no obstante que se trata de supuestos normativos diferentes que previenen conductas distintas, y de que en este asunto existe un concurso eventual de agentes.

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