Piden revocar un cobro y embargo

13 mayo 2010
Noticias de Yucatán

Recurso de Lolbé Carrillo Jiménez en Hacienda estatal
13/05/2010

Lolbé Carrillo Jiménez interpuso ayer una solicitud ante la Secretaría de Hacienda del Estado para que se revoque la orden y ejecución del cobro y embargo de sus propiedades.

Ayer al mediodía la ex administradora del Ayuntamiento acudió acompañada de uno de sus abogados, Pedro Rivas Gutiérrez, ex secretario de Gobierno, a la Secretaría de Hacienda, donde entregó la solicitud.

De acuerdo con la defensa, el mandamiento de ejecución está dirigido a dos personas, Lolbé Carrillo y Aracelly Domínguez, pero con una sola dirección, y durante el acto de requerimiento de embargo el funcionario de la Secretaría de Hacienda en ningún momento especificó a quién se hacía la diligencia.

Además, la autoridad hacendaria pretende cobrar una cantidad superior a la determinada en la resolución emitida por la Contraloría, que especifica como sanción económica $3,146,395 y no $6,292,791 que pide Hacienda.

La defensa señaló que durante la diligencia de requerimiento de pago y embargo no se actuó con apego a derecho, en relación con el nombramiento de testigos, ya que el ejecutor de Hacienda, Andrés Nieves Cervantes, asentó en el acta que el nombramiento de testigos se hizo con quien se entendió la diligencia, cuando en realidad esta persona ni siquiera conoce los testigos.

La defensa sostiene que hay ilegalidades relacionadas con el señalamiento de bienes para embargo, como lo fue la contradicción asentada por el ejecutor respecto de quién es la persona que señala los bienes, ya que en una parte dice que el señalamiento lo realiza la persona con quien se entiende la diligencia, y en otra afirma que realiza el señalamiento la propia autoridad, aunado a la indebida fundamentación de esto último.

Además, durante las diligencias realizadas por la Secretaría de Hacienda del Estado participaron en carácter de autoridad personas no autorizadas para ello, lo que se puede ver del llenado de las cartas correspondientes, lo que trae como consecuencia la ilegalidad de los actos realizados.

Finalmente, según la defensa, la Secretaría de Hacienda realizó los actos de requerimiento de pago y embargo sin que haya transcurrido el plazo señalado.

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