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Secretaria federal, impuntual y de prisa

28 enero 2012
Noticias de Yucatán

 (trabajo, diputados, prepotencia, reporteros, pleito con el diario)


Rosalinda Vélez, titular del Trabajo, desdeña a la prensa 
Publicada:  28 enero 2012
  La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez, participó ayer menos de una hora en la Reunión Plenaria de los diputados federales del PAN.

La secretaria de Estado llegó una hora tarde a la sede del evento por lo que no concedió entrevistas ni cumplió con el ofrecimiento de una rueda de prensa como anunció la coordinación panista.

  Un numeroso grupo de reporteros locales y nacionales esperaron a la funcionaria al final de las escaleras eléctricas del hotel Fiesta Americana, pero aquella rompió el bloque de comunicadores y con ayuda de sus guaruras y el diputado Francisco Ramírez Acuña, coordinador de la fracción del PAN en la Cámara Baja, se fue directo al restaurante donde tomó un café.

  Una de sus colaboradoras canceló una visita que le tenían preparada en Mérida e informó a su interlocutora que Vélez Juárez llegó tarde porque viajó en avión comercial y regresaría a la ciudad de México en el mismo vuelo que saldría a las 12 horas.

  Como ocurrió anteayer con Genaro García Luna, titular de la SSPF, los periodistas sólo vieron que llegue, no que salga.

Acusan a director de transporte de censura y corrupción

08 enero 2012
Noticias de Yucatán

 (prepotencia, elecciones 2012, represión, mordaza, abuso)


Dicen que ordenó "bajar" propaganda de un perredista 
Publicada:  8 enero 2012
Un autobús de la Alianza que tenía publicidad de Erick Villanueva. Días después la
Un autobús de la Alianza que tenía publicidad de Erick Villanueva. Días después la "bajaron" Ver fotos(1)
Erick Villanueva Mukul, consejero nacional del PRD, acusó al director de Transporte del gobierno del Estado, Henry Sosa Marrufo, de incurrir en censura, abuso de autoridad y corrupción.

El ex presidente estatal perredista explica que a mediados de noviembre contrató publicidad en autobuses de la Alianza de Camioneros para difundir un proyecto de prensa, radio y televisión en el que aborda temas sociales de la región.

Cuando trató de ampliar la publicidad a los anuncios de la Unión de Camioneros se encontró con el argumento de que "todos los autobuses" estaban ya contratados por una empresa refresquera.

Y casi inmediatamente, según indica, la Alianza de Camioneros le avisó que cancelaría el contrato y "bajaría" la publicidad de sus unidades, como efectivamente ocurrió.

"Hubo presiones y órdenes de Henry Sosa", subraya el ex presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. "Eso es una clara muestra de censura y abuso de poder".

En cuanto a la corrupción que atribuye al mismo funcionario, dice que inspectores de Transporte se dedican a "asaltar" en forma burda a albañiles que son traídos del interior del Estado a trabajar en Mérida.

"Los extorsionan con el pretexto de que los vehículos operan como taxis piratas, pero no es así. En realidad es un servicio particular, sólo para un transporte", añade el perredista, quien muestra fotografías que tomó de retenes de Transporte para detener a ese tipo de unidades.

Las extorsiones, abunda, se extienden a mototaxis de Kanasín
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Descalifican a la policía del Estado

07 enero 2012
Noticias de Yucatán

 (descalificación, policía, abuso, injusticia, prepotencia)

Cronista de Peto lamenta la trifulca del domingo pasado 
Publicada:  7 enero 2012
PETO.- Arturo Rodríguez Sabido, cronista, califica de lamentable el disturbio protagonizado por los hijos del ex alcalde priista Vicente Domínguez Canto el domingo pasado en la cárcel municipal.

-El problema se ha politizado. Al parecer se debió a diferencias políticas.

-Las autoridades debieron actuar con mayor cuidado para evitar que el problema llegara a más. Si a Vicente Domínguez se le negó el permiso para esa corrida, se le debieron exponer las razones.

-De ninguna manera debieron actuar de esa forma ya que pusieron en riesgo la vida de los agentes.

-Los rijosos actuaron con prepotencia, alteraron la paz pública, y con alevosía rompieron el Estado de Derecho agrediendo a una autoridad legalmente constituida.

La policía estatal debió intervenir, no para reprimir sino para evitar que las cosas se agravaran.

De influencias a prepotencia

30 diciembre 2011
Noticias de Yucatán

 (influyentismo, prepotencia, corrupción)


La complicidad de poderes distingue a este gobierno, dicen 
Publicada:  30 diciembre 2011
El escándalo que protagonizó la magistrada del Tribunal Superior Ligia Cortés Ortega no es un hecho aislado. En lo que va de esta administración ha sido común ver un traslape en los poderes del Estado, que uno esté al servicio del otro, afirman Nino Ferro Muñoz y Juan José Muñoz Montero, precandidatos propietario y suplente a la diputación local del Distrito XII.

Los aspirantes dicen que el caso de la magistrada es sólo el ejemplo más reciente de la prepotencia y la impunidad con que se conducen los funcionarios de gobierno. Otro caso similar, dicen, es el de María Isabel Ortega Pacheco, hermana de la gobernadora Ivonne, quien tuvo a su disposición todo un juzgado, en horas inhábiles, para una diligencia.

Nino Ferro es secretario de Asuntos Juveniles del Comité Estatal del PRD y por estatutos de su partido tuvo que solicitar licencia para contender por la candidatura del Distrito XII, que tiene su cabecera en Tekax. Juan José Muñoz es litigante y por cuestiones de su trabajo conoce de los movimientos en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Muñoz Montero abunda en sus conceptos:

-Como litigante sé muy bien que cuando nos enfrentamos a un incumplimiento, como el que ocurrió con la abogada Ligia Cortés, la ley nos obliga a acudir a ciertas instancias, como la Profeco.

-En ese caso no ocurrió así por las influencias de la magistrada, quien sólo tuvo que hacer una llamada para que todo el aparato de la Fiscalía General del Estado se pusiera a su servicio. El único que no sabía de ese movimiento era el fiscal.

-Otro caso reciente es el de la hermana de la gobernadora. Pusieron a trabajar al personal de un juzgado a deshoras sólo para atender una diligencia que no deja de ser un caso particular, aunque se trate de una pariente de Ivonne Ortega.

-Mi familia ha sufrido estos abusos de poder. Hace unas semanas el Diario publicó que Juan Carlos Muñoz Montero, quien era guardia asignado al Palacio de Gobierno, iba a ser "levantado" por instrucciones del director de Seguridad y Giras del Ejecutivo del Estado, José Concepción Carmona Larios. En este caso estuvo involucrado Guy Freyre, director operativo de la SSP, quien acudió a un llamado de Carmona.

-Como se puede ver, basta una llamada para que las policías locales se pongan al servicio de cualquier funcionario de alto rango. Las corporaciones están dedicadas más a servir a otros y a proteger a la delincuencia que a atender a la sociedad.

-Está "cañón" que un funcionario tome el teléfono y diga: "Oye Saidén (Luis Felipe, titular de la SSP), échame la mano...".

-Nuestras autoridades son revanchistas. Por eso responsabilizo al gobierno del Estado de cualquier cosa que nos ocurra a nosotros y a nuestras familias.- Angel Noh Estrada angelnoh@megamedia.com.mx
 


Tema: Política 
En contexto:
En síntesis

No más copiar y pegar. Los perredistas Nino Ferro Muñoz y Juan José Muñoz Montero dicen que en cuestión de leyes no se puede seguir con el método de "copiar y pegar". "Si al consejero jurídico le gusta un párrafo de Chihuahua, lo toma y lo pone en un proyecto local", afirma Muñoz Montero.

El caso de la magistrada. En el caso de Ligia Cortés dicen que no es creíble que altos funcionarios de la Policía Ministerial estuvieran investigando al mismo tiempo y en el lugar donde ocurrió el incidente con la magistrada.

Magistrada con actuar paradójico

29 diciembre 2011
Noticias de Yucatán

 (corrupción, impunidad, abuso, agandalle, prepotencia, judicial)


Ligia Cortés habla de diálogo en su papel de profesora 
Publicada:  29 diciembre 2011
La magistrada Ligia Cortés hace un comentario a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco durante la Semana de Derecho de la Uady, en 2009
La magistrada Ligia Cortés hace un comentario a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco durante la Semana de Derecho de la Uady, en 2009 Ver fotos(1)
La forma en la que procedió la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, al hacer uso de la fuerza pública para resolver un asunto particular, es contradictoria con su desempeño como catedrática y su actuar comunitario.

Considerada la decana de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Ligia Cortés es maestra en la Facultad de Derecho "Justo Sierra O'Reilly" del Centro de Estudios Superiores CTM y de la Escuela de Derecho "Felipe Carrillo Puerto", donde según el portal en internet del Poder Judicial del Estado de Yucatán imparte las materias de Derecho Internacional Privado, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

Además, la magistrada es profesora de la Escuela Normal del Colegio Educación y Patria, en cuya preparatoria imparte Literatura.

Como informamos, la abogada Cortés Ortega, apoyada por policías ministeriales, presionó y exigió a personal de una mueblería de Plaza Las Américas la devolución del importe de una compra, enojada porque no le entregaron su pedido a tiempo. Según empleados del comercio, durante tres horas mantuvo prácticamente secuestrados al personal y a los clientes.

Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia, en voz de su titular, Marcos Celis Quintal, no ha explicado claramente si la magistrada será sancionada o el hecho quedará impune, tal como ocurrió en marzo de 2007, cuando Ligia Cortés fue denunciada por participar en actos de campaña con la entonces candidata priista a la gubernatura Ivonne Ortega Pacheco en horario de trabajo.

Sin sanción

Angel Prieto Méndez, entonces presidente del Tribunal, exoneró a su ex compañera de las violaciones al artículo 206 de la ley electoral, que notificó el secretario ejecutivo del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, Marcos Celis Quintal, hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia.

A pesar de su conducta, la servidora pública, ante los ojos de la sociedad se ostenta como catedrática de varias instituciones educativas e impulsora de asociaciones sociales y religiosas, que contrastan con su proceder.

Mediación y diálogo

En mayo de 2010, durante la Semana de Ciencias Jurídicas en el Centro de Estudios Superiores CTM, la abogada Cortés Ortega ofreció una conferencia sobre los medios alternativos de impartición de justicia, en particular sobre la importancia de la mediación y el establecimiento de los juicios orales en el sistema judicial yucateco.

Paradójicamente, la funcionaria destacó ante estudiantes de la carrera de Derecho de la institución académica, que preside Luis Echeverría Navarro, que la mediación, un sistema alternativo de justicia, es un medio que permite la construcción de un sistema jurídico que fomenta la cultura de la paz y agiliza los procesos jurídicos al dotar a la sociedad de un mecanismo que permite la solución de conflictos por la vía del diálogo y el acuerdo de voluntades.

Ligia Cortés es presidenta de Mujeres Corazón de Yucatán, una asociación civil integrada por mujeres que, de acuerdo con sus propósitos, prestan sus servicios en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y durante su tiempo libre realizan labor social, humanista y asistencial a favor de los grupos vulnerables y población de escasos recursos de la entidad.

Es fundadora y coordinadora general de la asociación altruista Yermo y Parres, que brinda ayuda psicológica, jurídica y espiritual a menores y mujeres que han sido víctimas de ataque sexual y la atención personalizada a personas de escasos recursos en diversas necesidades.

La abogada progreseña, quien en marzo de 2009 recibió un reconocimiento por ser la "Primera Mujer Subprocuradora en el Estado de Yucatán", también ha impartido diversas pláticas sobre problemas intrafamiliares, equidad de género y justicia en recintos de carácter religioso.

Por esa labor ya recibió otras distinciones de instituciones públicas y privadas.

El 11 de agosto de 1993, la hoy magistrada recibió la comunión de manos del extinto papa Juan Pablo II, en la misa que el sucesor de San Pedro presidió en Xoclán, durante su histórica visita a Yucatán. En una entrevista en la que relató ese momento, la abogada declaró "En ese instante aproveché y le pedí una bendición para mi familia, amigos y para el consultorio jurídico, psicológico y espiritual 'Yermo y Parres', para que Dios me diera la oportunidad de apoyar a los pobres".- Carlos F. Cámara Gutiérrez. camara@megamedia.com.mx
 

Tema: Política 
En contexto:
El caso Abuso de autoridad

Ligia Cortés Ortega

En el caso del comportamiento de la magistrada en un comercio, el Consejo de la Judicatura del Estado no ha hecho algún pronunciamiento. De acuerdo con información del portal en internet del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial dotado de autonomía técnica y de gestión, al que corresponde conocer y resolver todos los asuntos sobre la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, que no estén reservados de manera exclusiva a la competencia del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con la Constitución Política del Estado y esta Ley. (Artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán.) Integran el pleno del Consejo: Marcos Celis Quintal, Géner Echeverría Chan, Melba Méndez Fernández, Jorge Rodríguez del Moral y Fanny Iuit Arjona, ésta última, presidenta de la Comisión de Disciplina.

El Tribunal Superior no sabe de presunto abuso

28 diciembre 2011
Noticias de Yucatán

 (prepotencia, influyentismo, agandalle, impunidad, judicial, abuso, injusticia)


Sólo por los medios conocen del caso de Ligia Cortés Ortega 
Publicada:  28 diciembre 2011
Sería hasta el próximo enero cuando el pleno del Tribunal Superior de Justicia podría tomar alguna decisión sobre el presunto acto de prepotencia en que incurrió la magistrada Ligia Cortés Ortega.

El presidente del Poder Judicial, Marcos Celis Quintal, agregó que de entrada "todo funcionario judicial tiene el deber de respetar el Código de Ética, y el Tribunal tiene el deber de vigilar su cumplimiento en el ámbito de su competencia".

Ayer informamos de las declaraciones de Patricia Solís Reyes, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, en el sentido de que la actitud prepotente de la magistrada Cortés Ortega por acudir con la fuerza pública a exigir la devolución del dinero de una compra afecta la imagen del gobierno y viola el Código de Ética de los trabajadores judiciales.

Celis Quintal reiteró que en este caso se han enterado por diversos medios de comunicación del conflicto que tuvo la magistrada con una empresa mueblera, donde ambas partes dan su versión.

"Pero el Tribunal Superior no tiene conocimiento oficial de los hechos y en estos momentos está en receso, regresamos en enero", indicó.

El funcionario ofreció que regresando el próximo mes platicará con sus colegas magistrados, y ellos, erigidos en pleno, tendrán que decidir si se abre una averiguación para determinar cuáles son los hechos que se acreditan, y determinar en su caso si hubo alguna violación al Código de Ética del Poder Judicial.

Insistió en que es al pleno del Tribunal al que le corresponde determinar si este asunto que se ventila en los medios de comunicación amerita que se abra una investigación.

Remodelando la cas de Cortés Ortega

27 diciembre 2011
Noticias de Yucatán

 (tony, prepotencia, influyentismo, impunidad)


"Debe ser sancionada" Cortés Ortega

Noticias de Yucatán

 (prepotencia, influyentismo, prd, impunidad)


El PRD advierte que la magistrada cometió un delito 
Publicada:  27 diciembre 2011
Foto de archivo de una conferencia sobre problemas intrafamiliares ofrecida en la parroquia de Santa Rosa por la magistrada Ligia Cortés Ortega
Foto de archivo de una conferencia sobre problemas intrafamiliares ofrecida en la parroquia de Santa Rosa por la magistrada Ligia Cortés Ortega Ver fotos(1)
El presidente estatal del PRD, David Barrera Zavala, dice que es muy lamentable que la magistrada Ligia Cortés Ortega incurra en ese tipo de excesos y pide que se investigue a fondo el escándalo que protagonizó en una mueblería de Plaza Las Américas

"Al utilizar la fuerza pública sin el sustento legal correspondiente y ostentarse como autoridad de un Poder para conseguir un fin particular, la funcionaria incurrió en un delito y debe ser sancionada", indica el directivo.

Hace seis días, como informamos, la magistrada Cortés Ortega se presentó en una mueblería de esa plaza comercial y exigió, haciendo uso de la fuerza pública, que le devuelvan el importe de su compra, enojada porque no cumplieron con entregarle los muebles que adquirió en la fecha acordada.

Aunado a la condena pública por la actitud prepotente y el abuso de autoridad en que incurrió, la funcionaria violó, como publicamos ayer, el Código de Ética del Poder Judicial, en cuya elaboración y aprobación participó.

El Código dice que los magistrados deben evitar incurrir en actitudes que denoten alarde de poder o prepotencia y comportarse con decoro en su vida pública y privada, entre otros preceptos.

"Lo mínimo que debe tener la magistrada es congruencia, debe respetar el Código de Ética que ella misma elaboró", subraya David Barrera.

Sobre el tema, el presidente estatal del PAN, Hugo Sánchez Camargo, señala que es totalmente deplorable la actitud que mostró la magistrada Cortés Ortega y advierte que "ése es el problema cuando hay funcionarios que creen estar más allá del servicio público".

"Los servidores públicos están precisamente para servir no para servirse. Ocurre esto cuando creen estar más allá el bien y el mal y actúan con toda impunidad", subraya.

"Sí incurrió en un abuso de autoridad y amerita una sanción, pero el problema es: ¿quién la va a sancionar?.

"Esto ocurre también cuando los magistrados saben que son inamovibles, piensan que pueden abusar de su autoridad, pero se les olvida que ésta no es intrínseca sino que se les confiere por medio de la soberanía estatal", apunta.

"Hay que revisar el marco legal que rige la actuación de los servidores públicos de todos los poderes, comenzando con los del Judicial, que son los encargados de impartir justicia. Es una tarea pendiente.

"El problema cuando no hay una verdadera división de poderes y se entremezclan, en este caso, el Ejecutivo y el Judicial, es: ¿quién va a investigar y aplicar la sanción?.

"Estamos entrampados con esa falta de división de poderes, los ciudadanos estamos indefensos ante la fuerza arbitraria de la autoridad.

"Sirvan excesos como éstos para hacer un llamado a la conciencia de los yucatecos sobre qué tipo de autoridades queremos y nos merecemos. Autoridades que respeten la ley y velen por los intereses de los ciudadanos o autoridades que abusen del poder en su beneficio personal?".


"Justicia al estilo yucateco"
Publicada:  27 diciembre 2011 
   El escándalo protagonizado por la magistrada yucateca Ligia Cortés Ortega la semana pasada ha llamado la atención de la prensa nacional: ayer el diario capitalino "Reforma" se refirió al caso.

  En su columna "Templo Mayor", el diario dice que se trata de "todo un escándalo a meses sin intereses" que refleja cómo algunos funcionarios ligados al gobierno del Estado hacen "valer sus derechos al estilo yucateco".

Escándalo a meses sin interés
Llega a la prensa del D.F. el caso de Ligia Cortés Ortega 
Publicada:  27 diciembre 2011
Como "todo un escándalo a meses sin intereses" califica la columna Templo Mayor, del diario capitalino "Reforma", el escándalo ocasionado el pasado miércoles 21 por la magistrada Ligia Cortés Ortega, quien recurrió al uso de la fuerza pública para obligar a una mueblería a devolverle el dinero que pagó por un mueble que compró durante "El Buen Fin" y que, según versión de la funcionaria, no le fue entregado a tiempo.

De esta manera, el caso de la magistrada, que, además, violó el código de ética que ella misma aprobó, se convierte en otro escándalo de la actual administración local que trasciende al ámbito nacional.

A continuación, los párrafos de Templo Mayor que se refieren al caso yucateco:

"¿Compró en "el buen fin" unos muebles y no se los entregan? No se preocupe: haga valer sus derechos al estilo yucateco.

"Resulta que el otro día la magistrada Ligia Cortés, del Tribunal de Justicia de Yucatán, se tomó muy en serio aquello de hacer justicia por su propia cuenta.

"Debido a que una mueblería le había retrasado la entrega de una sala y un centro de entretenimiento, les cayó ¡con todo y agentes judiciales!

"Al grito de "la ley soy yo, ¡bomba!", la magistrada prácticamente tomó por asalto la tienda en un centro comercial de Mérida, a fin de exigir que le devolvieran su dinero.

"Por supuesto esta actitud le ha acarreado todo tipo de críticas tanto a la jurista como al gobierno de la priista Ivonne Ortega por prestarse al atropello. "Todo un escándalo a meses sin intereses".

Fallo fallido del Tribunal Superior

26 diciembre 2011
Noticias de Yucatán

 (tony, impunidad, prepotencia, influyentismo)


Denuncian abusos de agentes policíacos

Noticias de Yucatán

(abuso, injusticia, prepotencia)


Secuelas de un zafarrancho en una comisaría meridana 
Publicada:  26 diciembre 2011
Cuando menos tres denuncias se promovieron contra agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que irrumpieron en una casa de Komchén y detuvieron a varias personas por supuestos hechos de violencia.

El lunes de la semana pasada ocurrió, en esa comisaría meridana, un zafarrancho. Hubo varios lesionados, entre ellos agentes de la SSP.

Fueron detenidas seis personas presuntamente involucradas en el pleito, que ocurrió después de un baile con venta de cerveza.

Los acusados, como informamos, señalaron que no lapidaron las patrullas ni hirieron a los agentes ni a otras personas. Agregaron que fueron sacados de una casa cuando esperaban el transporte para ir a sus trabajos.

Los agentes de la SSP entraron sin autorización a la vivienda, donde detuvieron y golpearon a los presuntos autores del zafarrancho.

Por esos hechos las señoras Gina Rosa Canul Sosa, Willia Berti Ku Jiménez y María Guadalupe Gil Pool denunciaron que sus parientes fueron víctimas de los policías.

Relataron episodios de violencia sin motivo aparente.

"Qué hace aquí en mi casa", preguntó a los agentes José Gabriel Puga Poot, esposo de Gina Canul. Por respuesta, recibió "muchos macazos", dijo la mujer.

Luego fue agredido Severiano Puga Poot, a quien también detuvieron.Las denuncias, número 1863 y 1185, se presentaron en la agencia 10a. del Ministerio Público, pero, como en otros casos de quejas contra policías, no se espera algún avance. Las quejas fueron presentadas el día 19, el mismo día de los hechos.

"Debe disculparse" Ligia Cortés Ortega

Noticias de Yucatán

 (no dan la cara, silencio, prepotencia, influyentismo, judicial, impunidad, complicidad)


Sobre el caso de la magistrada opinan los precandidatos 
Publicada:  26 diciembre 2011
Imagen de archivo de Ivonne Ortega en el Congreso, frente a cuatro magistrados: Ligia Cortés se levantó de la silla para tomar una foto
Imagen de archivo de Ivonne Ortega en el Congreso, frente a cuatro magistrados: Ligia Cortés se levantó de la silla para tomar una foto Ver fotos(1)
El escándalo que protagonizó la magistrada Ligia Cortés Ortega sigue generando críticas por la forma en que actuó. En esta ocasión, dos precandidatos a la gubernatura coinciden en que incurrió en un abuso de autoridad.

"No hay duda de que cometió un exceso y lo menos que debe hacer es ofrecer una disculpa pública", considera Joaquín Díaz Mena, aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura.

"Difiero de que hay que tener más elementos para determinar si hubo abuso de autoridad, pues hizo uso de la fuerza pública para conseguir un objetivo particular, subraya el ex alcalde de San Felipe.

Sofía Castro Romero, aspirante a la candidatura de Acción Nacional al gobierno del Estado, advierte que "los servidores públicos, del Poder que sean, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, deben poner el ejemplo siempre de respeto a la ley y de conducta civilizada, no se pueden desligar de su encargo".

"Lamento que se haya dado este caso, por el Poder que representa la magistrada debió apegarse a la ley", indica.

No fue posible obtener la opinión sobre este caso del precandidato del PRI a la gubernatura, Rolando Zapata Bello. Por medio de dos de sus colaboradores se le hizo saber que lo buscábamos para entrevistarlo sobre este tema y el reportero dejó incluso sus teléfonos, pero nunca hubo respuesta. Sólo se informó que el precandidato único estaba en una reunión.

Ligia Cortés, como informamos, protagonizó un escándalo y utilizó a la Policía Ministerial para presionar y obligar a una tienda de Plaza Las Américas a que le devolvieran su dinero, ante el incumplimiento en la entrega de unos muebles en la fecha acordada. Diversos sectores condenaron la prepotencia y el abuso de autoridad con que actuó la funcionaria.

Entrevistado sobre este caso, Joaquín Díaz dice que la conducta de la magistrada es un mal precedente, pues cualquier ciudadano que tenga un caso similar se va a sentir con derecho a golpear a su contraparte.

"Es un abuso de poder, ella debió presentar una queja ante la Profeco o poner una demanda contra la empresa, pero no hacer justicia por su propia mano.

"¿De qué sirven entonces los causes legales y las instituciones?, se pregunta el precandidato.

"Situaciones como ésta dejan entrever que los futuros magistrados deben tener capacidad probada, compromiso real de respeto a la ley y no deben ser nombrados por ser fieles y servir a un partido o a un grupo político", subraya Díaz Mena.

En opinión de la maestra Castro Romero, la magistrada debió tratar de llegar a un acuerdo con la empresa y agotar la conciliación, en vez de utilizar a la Policía Ministerial para conseguir un fin particular.

"La fuerza pública sólo se debe usar en caso de extrema urgencia, claro siempre sustentado en la ley, se debe evitar su intervención hasta donde se pueda". "La autoridad competente debe decidir si la magistrada amerita una sanción.

"Estamos viviendo en Yucatán mucho desorden, confusión, falta de respeto a los derechos humanos y casos de falta de respeto a la ley. Todos debemos sumar para que tengamos un Estado donde prevalezcan el respeto, la civilidad y el estado de Derecho y así podamos vivir en paz y armonía", subraya la precandidata a la gubernatura.- FéLIX UCáN SALAZAR.
 

Tema: Gobierno del Estado 
En contexto:
La controversia

El abuso

Policías Ministeriales acudieron a una mueblería de plaza Las Américas para obligar a los administradores a devolver un dinero a la magistrada Ligia Cortés Ortega.

Versión de la magistrada

Ligia Cortés asegura que el incidente se suscitó porque la mueblería no le entregó en el tiempo ofrecido unos muebles.

Críticas

Varios sectores coinciden en que la magistrada cometió un abuso de autoridad al usar a personal de la fuerza pública en beneficio personal. 

Infringe su código de ética
La magistrada Ligia Cortés violó varias normas 
Publicada:  26 diciembre 2011
La magistrada Ligia Cortés Ortega incurrió en varias irregularidades en el caso de la presión a una mueblería para que le devolvieran el dinero que había pagado por unos muebles, advirtió Patricia Solís Reyes, secretaria del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.

El trato que dio la funcionaria a empleados de la mueblería afecta la imagen de ese sector del gobierno, indicó la señora Solís Reyes, quien preside el "Comité Vecinal de las Colonias del Sur A.C.

La magistrada Cortés Ortega habría violado varios artículos del Código de Ética del Poder Judicial, cuya copia tienen todos sus funcionarios.

Corresponde al Tribunal Superior de Justicia investigar, "a solicitud de parte o de oficio", estas violaciones y aplicar el correctivo: una "invitación" a la funcionaria para que modifique su actitud.

El código fue aprobado por el pleno del Tribunal Superior, incluyendo a la propia magistrada Cortés Ortega.

El código fue aprobado en diciembre de 2006 y varios artículos se refieren a actitudes como la que habría adoptado la magistrada Cortés Ortega.

Por ejemplo, en la sección de "Principios y Valores" se habla de la "sencillez" de los funcionarios, en los siguientes términos:

"Evitar actitudes que denoten alarde de poder o prepotencia".

Ese mismo apartado se refiere al "decoro" como "cuidar que su comportamiento habitual, tanto en su vida pública como privada, esté en concordancia con el cargo y función que desempeña".

Otro renglón, sobre el "ejercicio adecuado del cargo" advierte "abstenerse de usar su cargo, empleo, autoridad o influencia para obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para terceros. "Asimismo, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, evitar represalias o coacción contra servidores judiciales u otras personas".

Sobre la "justicia" indica: "Otorgar a cada uno lo que es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, sus superiores, pares y subordinados".

La ética, ignorada por una magistrada yucateca
Disposiciones para evitar alardes enel uso del poder 
Publicada:  26 diciembre 2011
Una magistrada yucateca infringió  normas que ella misma avaló

En el escándalo que protagonizó el miércoles pasado en una tienda de Mérida, la magistrada Ligia Cortés Ortega no respetó ni siquiera las normas de ética que ella misma aprobó en 2006 para regir el comportamiento público y privado de los magistrados del Poder Judicial de Yucatán.

  De acuerdo con especialistas en el tema, toca ahora al Tribunal Superior de Justicia del Estado investigar "a solicitud de parte o de oficio" este incumplimiento y aplicar el correctivo: una "invitación" a la funcionaria para que modifique su actitud.

El código de ética del Poder Judicial de Yucatán dice, entre otras cosas, que los magistrados deben "evitar actitudes que denoten alarde de poder o prepotencia" y tienen que comportarse con decoro en su vida pública y privada.

antidoping, elecciones 2012, PAN,

24 diciembre 2011
Noticias de Yucatán

 (tony, abuso, injusticia, agandalle, prepotencia, influyentismo)


Es un asunto personal, afirma otro magistrado

Noticias de Yucatán

 (abuso, agandalle, prepotencia, influyentismo, impunidad)


Ella misma lo debe resolver, dice el funcionario 
Publicada:  24 diciembre 2011
 Ernesto Vargas Nocelo, subdirector de la Policía Ministerial, durante su intervención en el problema que tuvo la magistrada Ligia Cortés Ortega en en un empresa de muebles de un centro comercial del Poniente, anteayer
Ernesto Vargas Nocelo, subdirector de la Policía Ministerial, durante su intervención en el problema que tuvo la magistrada Ligia Cortés Ortega en en un empresa de muebles de un centro comercial del Poniente, anteayer  Ver fotos(1)
  Para Marcos Celis Quintal,presidente del Tribunal Superior de Justicia, el escándalo en el que está envuelta la magistrada Ligia Cortés Ortega es de índole personal, algo que ella misma debe resolver, el Poder Judicial no tiene nada que ver en esa situación.

  Sobre la posibilidad de aplicarle alguna sanción por su comportamiento, el presidente del máximo órgano de justicia del Estado indica que están revisando las leyes para saber si alguna aplica a su comportamiento, pero al parecer no hay nada establecido.

  "Es una situación inédita, nunca se había presentado algo como esto, la ley no lo contempla", explica.

  Contra la opinión ciudadana que ha manifestado su repudio por los hechos, el abogado Celis Quintal afirma que la magistrada se encuentra de vacaciones y, por lo tanto, "se aprecia que es un asunto personal de ella con una empresa comercial".



El Poder Judicial se lava las manos
Dice que no hay ley que sancionea una magistrada 
Publicada:  24 diciembre 2011
Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia
Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia Ver fotos(1)
El escándalo en que está envuelta la magistrada Ligia Cortés Ortega es de índole personal, algo que ella misma debe resolver, el Poder Judicial no tiene nada que ver en esa situación, dice Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

  Sobre la posibilidad de aplicarle alguna sanción por su comportamiento, el magistrado presidente indica que están revisando las leyes para saber si alguna aplica a su comportamiento, pero al parecer no hay nada establecido.

"Es una situación inédita, nunca se había presentado algo como esto..., la ley no lo contempla", explica.

  Representantes de la Comisión de Derechos Humanos, la Uady, la Coparmex y otros sectores de la sociedad condenaron el presunto abuso de autoridad y actuar prepotente de la magistrada por un desacuerdo en una tienda comercial y consideraron que debe ser sancionada.

  Celis Quintal alegó que la magistrada se encuentra de vacaciones y, por tanto, "se aprecia que es un asunto personal de ella con una empresa comercial".

"Es una situación que como política pública debió resolver mediante el diálogo, y confío en que así lo haga", detalla el presidente del TSJ.

  En lo personal, considera que siempre debe evitarse cualquier tipo de confrontación pero que también deben conocerse las dos caras de la moneda, "también habría que revisar la situación como consumidor y revisar la forma en que procedió la empresa, si cumplieron con las garantías que deben tener todos los establecimientos comerciales con sus clientes".

En el caso de la presencia de los agentes ministeriales que apoyaron a la magistrada, el presidente del Tribunal precisa que no tiene ninguna intervención en ese aspecto, y quien debe responder a esto es la Fiscalía General del Estado, pues ya no pertenecen al Poder Judicial
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"Debió dar el ejemplo la magistrada"

Noticias de Yucatán

 (abuso, prepotencia, influyentismo, ilegalidad, agandalle, abogados)


Hablan ahora los abogados del caso de Ligia Cortés 
Publicada:  24 diciembre 2011
Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia
Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia Ver fotos(1)
El Colegio de Abogados de Yucatán recuerda que toda autoridad está obligada a dar ejemplo de respeto a los lineamientos constitucionales y a las normas reglamentarias, al referirse al escándalo que protagonizó la magistrada Ligia Cortés Ortega en un centro comercial de esta ciudad.

"Si hubo una controversia por un bien o un servicio, existen las vías para ejercitar las acciones correspondientes", subraya Absalón Álvarez Escalante, presidente de ese cuerpo colegiado.

Sobre la actuación de la Policía Ministerial, a la que recurrió la magistrada para obtener un beneficio personal, advierte que todo uso de la fuerza pública debe estar sustentado y motivado, y habría que ver si la funcionaria cumplió esos preceptos.

"Debemos tener información clara y completa, no sabemos a ciencia cierta qué constituyó el acto, la diligencia, las circunstancias particulares en que se dieron.

"Si como magistrada no cumplió las normas y se excedió en sus funciones, entonces sí puede constituir un abuso de autoridad", apunta el abogado Álvarez Escalante.

Representantes de la sociedad civil condenaron de manera unánime, como publicamos, la actitud prepotente y el abuso de autoridad en que incurrió la magistrada para resolver un asunto particular.

 

Tema: Sucesos de policía 
En contexto:
Funcionaria| Escándalo

El incumplimiento de un trato comercial dio pie a un escándalo de una magistrada.

Muebles

El retraso en la entrega de unos muebles ocasionó una reacción sin precedente de la magistrada Ligia Cortés Ortega, quien utilizó la fuerza pública para exigir que le devolvieran su dinero.

"Fantasmagórica"

La queja de los encargados de la tienda afectada, que estuvo cerrada varias horas -de lo cual dimos cuenta anteayer- fue calificada por la magistrada como una "publicación fantasmagórica".

"Debió dar el ejemplo"
Recuerdan que el uso de la fuerza debe ser fundado 
Publicada:  24 diciembre 2011
 Ernesto Vargas Nocelo, subdirector de la Policía Ministerial, durante su intervención en el problema que tuvo la magistrada Ligia Cortés Ortega en en un empresa de muebles de un centro comercial del Poniente, anteayer
Ernesto Vargas Nocelo, subdirector de la Policía Ministerial, durante su intervención en el problema que tuvo la magistrada Ligia Cortés Ortega en en un empresa de muebles de un centro comercial del Poniente, anteayer  Ver fotos(1)
El presidente del Colegio de Abogados, Absalón Alvarez Escalante, advierte que todo acto de uso de la fuerza pública debe estar debidamente fundado y motivado y habría que analizar si la magistrada Ligia Cortés Ortega cumplió con esos preceptos de ley.

"La autoridad debe ser la primera en dar el ejemplo de respeto a la ley. Hay que analizar si ella actuó como servidor público o como ciudadana para determinar si incurrió en abuso de autoridad", apunta el directivo.

"Si hubo un incumplimiento de un contrato comercial, la magistrada debió seguir los cauces que da la ley, existen las vías legales para ejercitarlo".

Representantes de la sociedad civil condenaron de manera unánime la actitud prepotente y el abuso de autoridad en que incurrió la magistrada Cortés Ortega para resolver un asunto particular.

Como publicamos, en un hecho sin precedente en Yucatán, la funcionaria ordenó el uso de la fuerza pública para su beneficio personal y obligó a una casa comercial a devolverle el dinero de una compra.

El abogado Alvarez Escalante recalca que la intervención de la fuerza pública sólo debe ejercitarse cuando se cumplen los requisitos normativos.

"Es muy clara la fontera entre el ejercicio de un cargo público y los actos que se realizan como ciudadano. En el primer caso existen los lineamientos legales para ejercer esa facultad y en el segundo, los ciudadanos tienen que someterse a las leyes y a las instituciones", indica.

"¿Si es un abuso de autoridad?. Hacen falta elementos para afirmarlo, sería aventurado hacerlo en este momento, hay que revisar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"Debemos tener información clara y completa, no sabemos a ciencia cierta que constituyó el acto, la diligencia, las circunstancias particulares en que se dieron.

"Si como magistrada no cumplió las normas y se exedió en sus funciones, entonces sí puede constituir un abuso de autoridad", apunta el funcionario
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Limitación justificada (VIDEO)

23 diciembre 2011
Noticias de Yucatán

 La prohibición a los precandidatos únicos es nacional  Publicada:  23 diciembre 2011    Los consejeros Nestor Andrés Santín Velázquez y Fernando Javier Bolio Vales, en la sesión extraordinaria (1) Share      Aunque fue una sentencia por un recurso interpuesto por el PAN yucateco, la prohibición a todos los precandidatos únicos para hacer campaña es de alcance nacional e incluye a los precandidatos presidenciales Enrique Peña Nieto y Manuel López Obrador, del PRI y el PRD, respectivamente.    Carlos González Flota, representante del PAN ante el Consejo General Electoral del Estado, advierte que con esta medida ningún precandidato único podrá hacer campaña fuera de su partido y, menos, contratar publicidad.    González Flota promovió la semana pasada un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), contra los cambios que hizo el Consejo Electoral del Estado para abrir las precampañas al electorado en general.  Como informamos ayer, el Trife falló el miércoles a favor del PAN, y ordenó al Consejo Electoral adecuar su reglamento de precampañas a lo dispuesto por el tribunal federal, lo cual se hará hoy en sesión extraordinaria.  En Yucatán, hasta ahora, el único partido que tiene precandidatos únicos es el PRI, para las 106 alcaldías, 15 diputaciones y a gobernador.  Este revés para el Consejo Electoral confirma que el PAN tiene razón al considerar que los cambios son inconstitucionales, indicó González Flota.    En la sentencia se consideró que permitir actos o propaganda en la fase de precampaña de los candidatos electos en forma directa o precandidatos únicos -cuando no compiten en una elección interna-, sería inequitativo para quienes sí deben someterse a un proceso democrático de selección interna y obtener el voto necesario para ser postulado como candidato.  Por ese motivo, los magistrados ordenaron a los consejeros que, en un plazo de 24 horas a más tardar, hagan los cambios pertinentes a su reglamento de precampañas.  El primero es agregar al artículo 24 la fracción VIII BIS, que a la letra dice:  "Toda la propaganda utilizada en las precampañas deberá contener, necesariamente, la mención de que se trata de propaganda de precampaña. El texto por medio del cual se dé cumplimiento a lo establecido en esta fracción, deberá ser visible y legible, así como ocupar cuando menos el 1.5% de la propaganda".  Esto es para identificar que la propaganda es de carácter interna en los partidos.  El segundo cambio -explica el panista- es el más trascendental, pues prohíbe a los precandidatos únicos hacer precampaña, y consiste en agregar en el artículo 25 que:  "...se permite la realización de actos de proselitismo con publicidad exterior a los precandidatos que participen mediante cualquier modo de selección previsto estatutariamente, siempre que no tengan la calidad de únicos o sean designados de manera directa...".  Aunque con esto no se prohíbe a los precandidatos tener reuniones con la militancia de su partido, no podrán contratar publicidad para difundir su imagen en los medios de comunicación. "En pocas palabras se prohibe la publicidad exterior a los precandidatos únicos y este es también el caso de López Obrador y Peña Nieto", puntualiza.

Justicia expedita a Isabel Ortega

Noticias de Yucatán

 (prepotencia, influyentismo, impunidad)


Efecto inmediato de una concesión de perdón judicial 
Publicada:  23 diciembre 2011
Isabel Ortega Pacheco, hermana de la gobernadora, anteayer al salir de los juzgados tras un diligencia. La acompaña su chofer
Isabel Ortega Pacheco, hermana de la gobernadora, anteayer al salir de los juzgados tras un diligencia. La acompaña su chofer  Ver fotos(1)
El perdón que otorgó Isabel Ortega Pacheco a una pareja acusada de fraude tendrá efectos casi inmediatos: el caso se queda sin materia.

Por tanto, los inculpados, Fernando Daniel Molina Martínez y Eréndira Zapata Pérez, serán relevados de los cargos que les atribuyen. Incluso, no tendrán antecedentes penales.

En medio de hermetismo, cuidados extremos y buen trato de policías y funcionarios, Isabel Ortega, hermana de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, compareció la tarde de anteayer en el Juzgado 7o. Penal y firmó un escrito preparado de antemano en el que se asienta que no tiene nada qué exigir a los acusados.

El camino legal que sigue es esperar que Molina Martínez y Eréndira Zapata comparezcan y expresen si aceptan el perdón que se les concedió.

Se presume un arreglo entre las partes, luego que la señora Ortega Pacheco denunció fraude en la construcción de un hipódromo para lo que aportó $640,000. Como el proyecto no se realizó, exigió el dinero, pero le dieron un cheque sin fondos.

Los inculpados disponen de tres días hábiles para comparecer y expresar que aceptan el perdón. Si luego de recibir la notificación no acuden, por disposición de ley el perdón se hace efectivo.

De manera extraoficial se averiguó que en el caso hay una camioneta Tracker y numerosos abonos entregados a Isabel Ortega.

Documentos indican que Raúl Jiménez Quiñones recibió dinero de la pareja acusada para pagar los "intereses sobre el capital" de la señora Isabel Ortega.

Se ignora si estos pagos son parte del adeudo o se trata de otra cuenta. Los pagos se hicieron de manera mensual en cantidades superiores a los $75,000 y durante muchos meses de este año y el anterior.

Los acusados declinaron declarar sobre los hechos, es decir, no refutaron la versión de la quejosa, aunque expresaron su inocencia. Sólo Molina Martínez fue detenido, pero pagó una fianza
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Repudio unánime al abuso de magistrada

Noticias de Yucatán

 (prepotencia, influyentismo, impunidad, judicial, manipulación, mentiras)


La abogada Ligia Cortés Ortega, en el ojo del huracán 
Publicada:  23 diciembre 2011
Agentes de la Fiscalía General del Estado que irrumpieron en una tienda de muebles en Plaza Las Américas
Agentes de la Fiscalía General del Estado que irrumpieron en una tienda de muebles en Plaza Las Américas Ver fotos(1)
 Representantes de la sociedad civil condenan de manera unánime la actitud prepotente y el abuso de autoridad en que incurrió la magistrada Ligia Cortés Ortega para resolver un asunto particular.

Censuran que, aprovechándose de su cargo, la funcionaria utilice la fuerza pública en su beneficio personal y haga justicia por su propia mano, haciendo a un lado las vías que le confiere la ley para reclamar un acuerdo comercial.Como publicamos, en un hecho sin precedente en Yucatán la magistrada Cortés Ortega ordenó el uso de la fuerza pública para su beneficio personal y obligó con ello a una casa comercial a devolverle el dinero de una compra.

"Es realmente preocupante que servidores públicos asuman esa actitud prepotente, utilicen a otros poderes para sus fines personales y hagan valer su investidura que les da cierta impunidad", advierte Jorge Caamal Burgos, presidente de Coparmex Mérida.

La investigadora Gina Villagómez Valdés califica ese hecho de vergonzoso y condena la prepotencia y la soberbia de la magistrada.

Tema: Sucesos de policía 
En contexto:
Escándalo | Reacciones

Opinión de la sociedad civil sobre el caso de la magistrada Ligia Cortés:

Reprobable

"Como abogada y más como magistrada, debe saber que hay leyes civiles y mercantiles para ejercitar sus derechos, así que es reprobable que use su cargo para hacerse justicia por su propia mano", señala Marysol Canto Ortiz, consejera de la Codhey.


"Una publicación fantasmagórica"
Versión de Ligia Cortés del incidente en una mueblería 
Publicada:  23 diciembre 2011
La magistrada Ligia Cortés Ortega, en un acto con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco
La magistrada Ligia Cortés Ortega, en un acto con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco Ver fotos(1)
  "Es una publicación fantasmagórica", señaló la magistrada Ligia Cortés Ortega cuando se le interrogó sobre el incidente que propició anteayer en una tienda de muebles de Plaza las Américas al ordenar la presencia de agentes ministeriales para obligar a que le devolvieran un pago.

En accidentada entrevista telefónica, que ella misma finalizó de forma abrupta cuando el reportero intentó hacerle algunas preguntas, la magistrada Cortés Ortega dio su versión de los hechos.

  Ayer informamos que en un hecho sin precedente en Yucatán, Ligia Cortés usó la fuerza pública para su beneficio personal, al obligar con el apoyo de agentes ministeriales a que la gerenta de una casacomercial le devuelva el dinero de una compra.Un reportero buscó ayer a la magistrada, quien ofreció que concedería una entrevista a las 12 horas en la sede del Poder Judicial -que está de vacaciones-, pero ella no llegó a la cita.

A las 16:15 horas el reportero logró contactar telefónicamente a la magistrada, quien al momento de contestar dijo que "lo publicado es fantasmagórico".

Explicó que siempre está disponible para conceder entrevistas, pero que la mañana de ayer no pudo porque estaba ocupada en labores de un grupo de apostolado religioso.

  Sin que mediara pregunta del reportero, la magistrada Cortés Ortega empezó a relatar que todo empezó el 20 de noviembre pasado, cuando acudió a las ventas del Buen Fin y realizó la compra que causaría el problema.

-En la tienda -señaló- ofrecieron enviarme la compra en los primeros días de diciembre, a más tardar el 9, pero no cumplieron, luego me dijeron que sería el 18, y tampoco, a pesar de que estuve siempre en contacto con el establecimiento.

  Finalmente, la magistrada acudió anteayer miércoles al mediodía a pedir que le devuelvan su dinero. "El encargado mandó llamar al gerente y se presentó una mujer alta, mal encarada, con cara de pocosamigos".

Ante una mediadora, le ofrecieron un cheque para cobrar en seis meses, pero como no lo aceptó trataron de enviarla a unas oficinas en el fraccionamiento Juan Pablo II, pero ella insistió en que le devolvieran su dinero en la tienda en que hizo la compra.

Durante el relato, el reportero intentó preguntar por los agentes que la acompañaban, pero, un poco alterada, la magistrada le dijo: "Déjame hablar, yo estoy hablando".

El reportero le pidió que no lo regañara y le permitiera preguntar, pero la magistrada dijo: "Ahí está, ya lo ves"..., y cortó la comunicación en forma abrupta.


"Los policías no impidieron el paso"
Sólo llegaron a calmar los ánimos, afirma la Fiscalía 
Publicada:  23 diciembre 2011
La Fiscalía General del Estado afirma que no recibieron órdenes de la magistrada Ligia Cortés Ortega para intervenir en el lío de la tienda de Plaza las Américas, sino que los agentes están asignados al centro comercial y realizaban rondines cuando se percataron del incidente.

La intervención de los policías ministeriales se limitó, asegura la dependencia, a calmar los ánimos en la discusión entre la magistrada y los encargados de la tienda, a fin de que no pasara a más.

La Fiscalía asegura que en ningún momento los agentes cerraron los accesos ni impidieron el paso a los clientes, de manera que es falsa la versión de que mantuvieran cerrada la tienda durante más de tres horas, como dicen los encargados del establecimiento.

Ana Vázquez Camacho y Javier González Ramos, gerenta y empleado de Muebles Dico, aseguran, como publicamos, que a la una de la tarde de anteayer llegaron policías ministeriales armados e impidieron la entrada y salida de la tienda.

"Prácticamente los empleados y clientes estuvieron secuestrados hasta que se le entregó el cheque (a la magistrada Cortés Ortega) a las tres y media de la tarde, fueron momentos de miedo y mucha tensión", dijo la gerenta.

La Fiscalía dice que por el "operativo Conago" hay agentes asignados a las plazas comerciales y realizan rondines para salvaguardar la seguridad de los yucatecos.

La dependencia afirma que, en el caso de la mueblería, cumplieron su objetivo de calmar los ánimos. La policía ministerial sólo interviene, indica, cuando hay una querella de por medio o flagrante delito, así que no tuvo mayor injerencia en este caso.-

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