Noticias de Yucatán
(no dan la cara, silencio, prepotencia, influyentismo, judicial, impunidad, complicidad)
Tema: Gobierno del Estado
(no dan la cara, silencio, prepotencia, influyentismo, judicial, impunidad, complicidad)
Sobre el caso de la magistrada opinan los precandidatos
Publicada: 26 diciembre 2011
Publicada: 26 diciembre 2011
Imagen de archivo de Ivonne Ortega en el Congreso, frente a cuatro magistrados: Ligia Cortés se levantó de la silla para tomar una foto 
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El escándalo que protagonizó la magistrada Ligia Cortés Ortega sigue generando críticas por la forma en que actuó. En esta ocasión, dos precandidatos a la gubernatura coinciden en que incurrió en un abuso de autoridad.
"No hay duda de que cometió un exceso y lo menos que debe hacer es ofrecer una disculpa pública", considera Joaquín Díaz Mena, aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura.
"Difiero de que hay que tener más elementos para determinar si hubo abuso de autoridad, pues hizo uso de la fuerza pública para conseguir un objetivo particular, subraya el ex alcalde de San Felipe.
Sofía Castro Romero, aspirante a la candidatura de Acción Nacional al gobierno del Estado, advierte que "los servidores públicos, del Poder que sean, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, deben poner el ejemplo siempre de respeto a la ley y de conducta civilizada, no se pueden desligar de su encargo".
"Lamento que se haya dado este caso, por el Poder que representa la magistrada debió apegarse a la ley", indica.
No fue posible obtener la opinión sobre este caso del precandidato del PRI a la gubernatura, Rolando Zapata Bello. Por medio de dos de sus colaboradores se le hizo saber que lo buscábamos para entrevistarlo sobre este tema y el reportero dejó incluso sus teléfonos, pero nunca hubo respuesta. Sólo se informó que el precandidato único estaba en una reunión.
Ligia Cortés, como informamos, protagonizó un escándalo y utilizó a la Policía Ministerial para presionar y obligar a una tienda de Plaza Las Américas a que le devolvieran su dinero, ante el incumplimiento en la entrega de unos muebles en la fecha acordada. Diversos sectores condenaron la prepotencia y el abuso de autoridad con que actuó la funcionaria.
Entrevistado sobre este caso, Joaquín Díaz dice que la conducta de la magistrada es un mal precedente, pues cualquier ciudadano que tenga un caso similar se va a sentir con derecho a golpear a su contraparte.
"Es un abuso de poder, ella debió presentar una queja ante la Profeco o poner una demanda contra la empresa, pero no hacer justicia por su propia mano.
"¿De qué sirven entonces los causes legales y las instituciones?, se pregunta el precandidato.
"Situaciones como ésta dejan entrever que los futuros magistrados deben tener capacidad probada, compromiso real de respeto a la ley y no deben ser nombrados por ser fieles y servir a un partido o a un grupo político", subraya Díaz Mena.
En opinión de la maestra Castro Romero, la magistrada debió tratar de llegar a un acuerdo con la empresa y agotar la conciliación, en vez de utilizar a la Policía Ministerial para conseguir un fin particular.
"La fuerza pública sólo se debe usar en caso de extrema urgencia, claro siempre sustentado en la ley, se debe evitar su intervención hasta donde se pueda". "La autoridad competente debe decidir si la magistrada amerita una sanción.
"Estamos viviendo en Yucatán mucho desorden, confusión, falta de respeto a los derechos humanos y casos de falta de respeto a la ley. Todos debemos sumar para que tengamos un Estado donde prevalezcan el respeto, la civilidad y el estado de Derecho y así podamos vivir en paz y armonía", subraya la precandidata a la gubernatura.- FéLIX UCáN SALAZAR.
"No hay duda de que cometió un exceso y lo menos que debe hacer es ofrecer una disculpa pública", considera Joaquín Díaz Mena, aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura.
"Difiero de que hay que tener más elementos para determinar si hubo abuso de autoridad, pues hizo uso de la fuerza pública para conseguir un objetivo particular, subraya el ex alcalde de San Felipe.
Sofía Castro Romero, aspirante a la candidatura de Acción Nacional al gobierno del Estado, advierte que "los servidores públicos, del Poder que sean, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, deben poner el ejemplo siempre de respeto a la ley y de conducta civilizada, no se pueden desligar de su encargo".
"Lamento que se haya dado este caso, por el Poder que representa la magistrada debió apegarse a la ley", indica.
No fue posible obtener la opinión sobre este caso del precandidato del PRI a la gubernatura, Rolando Zapata Bello. Por medio de dos de sus colaboradores se le hizo saber que lo buscábamos para entrevistarlo sobre este tema y el reportero dejó incluso sus teléfonos, pero nunca hubo respuesta. Sólo se informó que el precandidato único estaba en una reunión.
Ligia Cortés, como informamos, protagonizó un escándalo y utilizó a la Policía Ministerial para presionar y obligar a una tienda de Plaza Las Américas a que le devolvieran su dinero, ante el incumplimiento en la entrega de unos muebles en la fecha acordada. Diversos sectores condenaron la prepotencia y el abuso de autoridad con que actuó la funcionaria.
Entrevistado sobre este caso, Joaquín Díaz dice que la conducta de la magistrada es un mal precedente, pues cualquier ciudadano que tenga un caso similar se va a sentir con derecho a golpear a su contraparte.
"Es un abuso de poder, ella debió presentar una queja ante la Profeco o poner una demanda contra la empresa, pero no hacer justicia por su propia mano.
"¿De qué sirven entonces los causes legales y las instituciones?, se pregunta el precandidato.
"Situaciones como ésta dejan entrever que los futuros magistrados deben tener capacidad probada, compromiso real de respeto a la ley y no deben ser nombrados por ser fieles y servir a un partido o a un grupo político", subraya Díaz Mena.
En opinión de la maestra Castro Romero, la magistrada debió tratar de llegar a un acuerdo con la empresa y agotar la conciliación, en vez de utilizar a la Policía Ministerial para conseguir un fin particular.
"La fuerza pública sólo se debe usar en caso de extrema urgencia, claro siempre sustentado en la ley, se debe evitar su intervención hasta donde se pueda". "La autoridad competente debe decidir si la magistrada amerita una sanción.
"Estamos viviendo en Yucatán mucho desorden, confusión, falta de respeto a los derechos humanos y casos de falta de respeto a la ley. Todos debemos sumar para que tengamos un Estado donde prevalezcan el respeto, la civilidad y el estado de Derecho y así podamos vivir en paz y armonía", subraya la precandidata a la gubernatura.- FéLIX UCáN SALAZAR.
Tema: Gobierno del Estado
En contexto:
La controversia
El abuso
Policías Ministeriales acudieron a una mueblería de plaza Las Américas para obligar a los administradores a devolver un dinero a la magistrada Ligia Cortés Ortega.
Versión de la magistrada
Ligia Cortés asegura que el incidente se suscitó porque la mueblería no le entregó en el tiempo ofrecido unos muebles.
Críticas
Varios sectores coinciden en que la magistrada cometió un abuso de autoridad al usar a personal de la fuerza pública en beneficio personal.
El abuso
Policías Ministeriales acudieron a una mueblería de plaza Las Américas para obligar a los administradores a devolver un dinero a la magistrada Ligia Cortés Ortega.
Versión de la magistrada
Ligia Cortés asegura que el incidente se suscitó porque la mueblería no le entregó en el tiempo ofrecido unos muebles.
Críticas
Varios sectores coinciden en que la magistrada cometió un abuso de autoridad al usar a personal de la fuerza pública en beneficio personal.
Infringe su código de ética
La magistrada Ligia Cortés violó varias normas
Publicada: 26 diciembre 2011
La magistrada Ligia Cortés violó varias normas
Publicada: 26 diciembre 2011
La magistrada Ligia Cortés Ortega incurrió en varias irregularidades en el caso de la presión a una mueblería para que le devolvieran el dinero que había pagado por unos muebles, advirtió Patricia Solís Reyes, secretaria del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.
El trato que dio la funcionaria a empleados de la mueblería afecta la imagen de ese sector del gobierno, indicó la señora Solís Reyes, quien preside el "Comité Vecinal de las Colonias del Sur A.C.
La magistrada Cortés Ortega habría violado varios artículos del Código de Ética del Poder Judicial, cuya copia tienen todos sus funcionarios.
Corresponde al Tribunal Superior de Justicia investigar, "a solicitud de parte o de oficio", estas violaciones y aplicar el correctivo: una "invitación" a la funcionaria para que modifique su actitud.
El código fue aprobado por el pleno del Tribunal Superior, incluyendo a la propia magistrada Cortés Ortega.
El código fue aprobado en diciembre de 2006 y varios artículos se refieren a actitudes como la que habría adoptado la magistrada Cortés Ortega.
Por ejemplo, en la sección de "Principios y Valores" se habla de la "sencillez" de los funcionarios, en los siguientes términos:
"Evitar actitudes que denoten alarde de poder o prepotencia".
Ese mismo apartado se refiere al "decoro" como "cuidar que su comportamiento habitual, tanto en su vida pública como privada, esté en concordancia con el cargo y función que desempeña".
Otro renglón, sobre el "ejercicio adecuado del cargo" advierte "abstenerse de usar su cargo, empleo, autoridad o influencia para obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para terceros. "Asimismo, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, evitar represalias o coacción contra servidores judiciales u otras personas".
Sobre la "justicia" indica: "Otorgar a cada uno lo que es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, sus superiores, pares y subordinados".
El trato que dio la funcionaria a empleados de la mueblería afecta la imagen de ese sector del gobierno, indicó la señora Solís Reyes, quien preside el "Comité Vecinal de las Colonias del Sur A.C.
La magistrada Cortés Ortega habría violado varios artículos del Código de Ética del Poder Judicial, cuya copia tienen todos sus funcionarios.
Corresponde al Tribunal Superior de Justicia investigar, "a solicitud de parte o de oficio", estas violaciones y aplicar el correctivo: una "invitación" a la funcionaria para que modifique su actitud.
El código fue aprobado por el pleno del Tribunal Superior, incluyendo a la propia magistrada Cortés Ortega.
El código fue aprobado en diciembre de 2006 y varios artículos se refieren a actitudes como la que habría adoptado la magistrada Cortés Ortega.
Por ejemplo, en la sección de "Principios y Valores" se habla de la "sencillez" de los funcionarios, en los siguientes términos:
"Evitar actitudes que denoten alarde de poder o prepotencia".
Ese mismo apartado se refiere al "decoro" como "cuidar que su comportamiento habitual, tanto en su vida pública como privada, esté en concordancia con el cargo y función que desempeña".
Otro renglón, sobre el "ejercicio adecuado del cargo" advierte "abstenerse de usar su cargo, empleo, autoridad o influencia para obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para terceros. "Asimismo, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, evitar represalias o coacción contra servidores judiciales u otras personas".
Sobre la "justicia" indica: "Otorgar a cada uno lo que es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, sus superiores, pares y subordinados".
La ética, ignorada por una magistrada yucateca
Disposiciones para evitar alardes enel uso del poder
Publicada: 26 diciembre 2011
Disposiciones para evitar alardes enel uso del poder
Publicada: 26 diciembre 2011
Una magistrada yucateca infringió normas que ella misma avaló
En el escándalo que protagonizó el miércoles pasado en una tienda de Mérida, la magistrada Ligia Cortés Ortega no respetó ni siquiera las normas de ética que ella misma aprobó en 2006 para regir el comportamiento público y privado de los magistrados del Poder Judicial de Yucatán.
De acuerdo con especialistas en el tema, toca ahora al Tribunal Superior de Justicia del Estado investigar "a solicitud de parte o de oficio" este incumplimiento y aplicar el correctivo: una "invitación" a la funcionaria para que modifique su actitud.
El código de ética del Poder Judicial de Yucatán dice, entre otras cosas, que los magistrados deben "evitar actitudes que denoten alarde de poder o prepotencia" y tienen que comportarse con decoro en su vida pública y privada.
En el escándalo que protagonizó el miércoles pasado en una tienda de Mérida, la magistrada Ligia Cortés Ortega no respetó ni siquiera las normas de ética que ella misma aprobó en 2006 para regir el comportamiento público y privado de los magistrados del Poder Judicial de Yucatán.
El código de ética del Poder Judicial de Yucatán dice, entre otras cosas, que los magistrados deben "evitar actitudes que denoten alarde de poder o prepotencia" y tienen que comportarse con decoro en su vida pública y privada.
