Aprueban listas para diputados

01 abril 2010
Noticias de Yucatán
(diputados, candidatos, ipepac, campaña 2010)
Hay predominio de las mujeres en las del PAN y el PRI

01/04/2010

El Consejo General Electoral del Estado aprobó ayer por unanimidad la lista de candidatos a diputados plurinominales de los ocho partidos políticos que competirán en la elección del 16 de mayo próximo.
Los consejeros electorales sesionaron en dos ocasiones y todas las propuestas las aprobaron por unanimidad: en una primera sesión aprobaron el cambio de varios candidatos a regidores y en la segunda la lista de candidatos a diputados plurinominales, que quedó de la siguiente forma y orden: PRI: 1) Leticia Dolores Mendoza Alcocer, 2) Héctor Alberto Fernández Zapata, 3) Silvia Margarita Molina Gómez, 4) Isabel Cristina Pérez Ortega y 5) Paulina del Rosario Cetina Amaya.
PAN: Alicia Magaly del Socorro Cruz Nucamendi, Pedro Francisco Couoh Suaste, Loreto Noemí Villanueva Trujillo, Lili Josefina de los Remedios Medina Pérez y Yesenia del Carmen Polanco Ross.
PRD: Edilberto Rodríguez López, Elsy Margarita Mena Acevedo, Elmy Cetz Martín, Hortensia Rodríguez Concha y Gisela Reyes Zavala.
PT: Delio Hernández Valadés, José Solís Ceballos, Rosalva Canul Galán, Víctor Marrufo Chan y Rubén Parra Campos.
PVEM: Carlos David Ramírez Sánchez, Elsy Noemí Andrade Lara, Jimena Gutiérrez Carvajal, Jennifer Paulina López Gamboa y Myrna Rendón Bonilla.
Convergencia: Ramón Valdés Elizondo, Manuela de Jesús Chávez Segovia, Nery Itzel Vázquez Zaldívar, Yesenia Pérez Medina y José Alfredo Valdés Solís.
PAY: Sandra Rosa de Lima Méndez Pérez, María del Carmen Pérez Ocampo, Miguel Angel Carrillo Díaz, María Sofía Ancona Mejía y Camila Alejandra Rubio Romero.
Nueva Alianza: Angel Paulino Canul Pacab, Sara Patricia Lara Palma, Cindy Santos Ramayo, Fermín Eduardo Gómez Chablé y Vanessa Rodríguez Ayala.
En la primera sesión se aprobó la sustitución de candidatos a diputados de mayoría relativa y regidores.
El PAY cambió de orden a sus candidatos del VI Distrito. La suplente Flora Buenfil Peniche pasó a propietaria en lugar de Carlos Méndez Buenfil, quien quedó como suplente.
El PT cambió a Jim Alhadi Castillo Ocaña por Ulises Enrique Picazo Santiago como candidato suplente por el VII Distrito Electoral y éste último cedió su lugar de candidato a regidor propietario por Mérida a Gustavo Alonso Llanes Cetina.
El PRI cambió a su sexto candidato a regidor de Baca Manuel Jesús Noh Cruz por Israel Pech Ceballos.
Convergencia cambió a cuatro candidatos a regidores de Mérida.

Continuarán los conciertos

Noticias de Yucatán
(chichén, conflicto)
No le causan ningún daño los conciertos masivos, dice Cultur
01/04/2010
Los conciertos que organiza el gobierno del Estado en la zona arqueológica de Chichén Itzá no ponen en riesgo El Castillo de Kukulcán porque su estructura es fuerte y diferente a los demás edificios prehispánicos, aseguró el director del Patronato Cultur, Jorge Esma Bazán.
Ahora que el gobierno estatal es propietario de las tierras donde se ubican los principales monumentos históricos y prehispánicos mayas de Chichén Itzá, dijo el funcionario, no suspenderá los conciertos internacionales porque forman parte de la promoción mundial de Yucatán.
El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Veracruz Daniel Nahmad Molinari advirtió el lunes pasado que el crecimiento urbano de la zona arqueológica El Tajín y la celebración anual de la Cumbre en ese lugar han acelerado el deterioro de los monumentos prehispánicos en la última década.
“Las zonas arqueológicas tienen estructuras diferentes, dijo Esma Bazán. En Chichén se pueden hacer espectáculos grandes porque es una estructura fuerte y cuidamos con mucha responsabilidad técnica la instalación de equipos y luces”.
Afirmó que las vibraciones de las toneladas de equipos de sonido, el escenario, las luces y toda instalación que se hace para los conciertos internacionales la realizan personas muy bien capacitadas en cada área. Además, subrayó, todo se realiza con una “precisión milimétrica”.
Esma Bazán aseguró que en Chichén Itzá se pueden realizar dos o tres eventos al año, pero acordó con la Secretaría de Educación Pública que sólo organizaría uno de calidad mundial al año.
“No es por el impacto que pudiera dañar la estructura por lo que no hacemos conciertos frecuentes, sino por otros aspectos como el financiero, de publicidad y organización", explicó durante una entrevista en el marco de la compra de las 83 hectáreas de tierras donde se ubican los principales monumentos prehispánicos de esa zona.
“No le causa ningún daño a la zona”, reiteró.
Recordó que desde hace 40 años se ofrece el espectáculo de luz y sonido en la misma zona arqueológica donde se organizan los conciertos internacionales. Asisten cientos de personas, suenan las bocinas y se usa un sistema de iluminación y no ha ocurrido nada. Incluso, el INAH avala ese tipo de espectáculos, tanto musicales como de luz y sonido.
“El Castillo de Kukulcán es una estructura diferente y allí sí se puede hacer conciertos, insistió. Donde no se puede hacer este tipo de eventos son en Uxmal, Tulum y Palenque.
El caso de Uxmal Dijo que en la zona arqueológica de Uxmal sólo se pueden organizar eventos de orquestas de cámara, como el reciente concierto que ofreció la Orquesta Sinfónica de la UNAM, y no grandes eventos masivos, debido a la ubicación de los monumentos prehispánicos.
“Es un tema polémico. Ya ven lo que pasó en Teotihuacán donde hubo un escándalo por la instalación de un sistema de iluminación y de sonido, recordó. Aquí en Chichén se trabaja con mucho cuidado, la gente que instala todo lo necesario para los conciertos reciben capacitación y ya ven no pasa nada.

Claroscuro en Chichén ·

Noticias de Yucatán
(chichén, despilfarro, desvío, ilegalidad)
Consideran que se violó la ley en la compra de terrenos

· El INAH expresa su beneplácito ante el gobierno del Estado

01/04/2010

Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) felicitó al gobierno del Estado por la reciente compra de terrenos de Chichén Itzá, la diputación panista del Congreso yucateco considera que la operación de compraventa es impugnable porque no se apegó a los términos de ley.
De acuerdo con un primer análisis jurídico citado por la diputada Patricia Gamboa Wong, la administración de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco no respetó los preceptos establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado al contratar un financiamiento para la adquisición de las 83 hectáreas de tierra de Chichén.
El artículo 10 de la ley mencionada obliga a los organismos descentralizados, como el Patronato Cultur, a que cuando contraten créditos se ajusten a los montos autorizados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010, “lo cual no se cumplió”, explicó la legisladora.
Esto significa que, aunque Cultur sí puede contratar financiamientos cuando tenga la autorización de su órgano de gobierno, el mismo Patronato o el Ejecutivo estatal debieron prever el empréstito en la Ley de Ingresos, pero esto no se cumplió, añadió Patricia Gamboa.
El director del Patronato Cultur, Jorge Esma Bazán, se refirió también al tema y dijo que ahora que el gobierno del Estado es propietario de los terrenos donde se asientan los principales vestigios mayas de la zona con más seguridad continuarán los conciertos como el que ofrecerá Elton John pasado mañana en Chichén Itzá. Los conciertos internacionales forman parte de la promoción mundial de Yucatán y además no se pone en riesgo el Castillo de Kukulcán porque su estructura es fuerte y diferente a los demás edificios, señaló.

“El caso Chichén es ilegal”

El Ejecutivo, reñido con la transparencia, dicen en el Congreso

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01/04/2010

“Un primer análisis jurídico de la compra de 83 hectáreas de tierra en Chichén Itzá arroja que la operación es impugnable, debido a que no se apegó a los términos de ley”, advierte la diputada Patricia Gamboa Wong, coordinadora de la fracción panista del Congreso del Estado.
“Si bien es cierto que el artículo 12 de la Ley de Deuda Pública del Estado dice que las paraestatales, como Cultur, pueden contratar deuda si cuentan con la autorización previa de sus órganos de gobierno, ese precepto no excluye la aplicación del artículo 10 de la misma ley que obliga a los organismos descentralizados a ajustarse a los montos autorizados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010, lo cual no se cumplió”, subraya la legisladora.
“Significa, en términos más sencillos, que el Patronato Cultur o el propio Ejecutivo debieron prever en la Ley de Ingresos 2010 la contratación de empréstitos y en este caso no aparece ni un peso”, afirma.
“El artículo 4 de la Ley de Deuda Pública dice que corresponde al Congreso autorizar los montos máximos de endeudamiento neto a los sujetos obligados —“como el Ejecutivo y Cultur”— en las correspondientes leyes de ingresos, pero ninguno solicitó endeudarse este año.
“Y el artículo 10 de la misma Ley es muy clara, dice textualmente que la contratación de deuda por parte de los sujetos obligados se sujetará a los montos de endeudamiento neto aprobados por el Congreso o los ayuntamientos, según sea el caso, y a lo establecido en esta Ley”.
La diputada Gamboa Wong dice que Cultur habría violado incluso el artículo 117 de la Constitución Federal, que en su fracción VII dice: “Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley (Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán) y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos (Ley de Ingresos)”.
“De este análisis se desprende que el caso Chichén es ilegal y se puede impugnar, incluso por la vía constitucional”, advierte la ex procuradora del DIF.
“Vamos a profundizar en el estudio jurídico y a analizar si procede interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte”, apunta la coordinadora panista.
Patricia Gamboa dice que tanto el Ejecutivo como Cultur pueden contratar deuda directa, pero bajo ciertas condiciones, que en este caso no se cumplieron.
Ayer mismo, en la tribuna del Congreso, la diputada Cecilia Pavía González censuró la opacidad con la que se realizó la operación: “Con este hecho nos queda claro que la administración pública del Ejecutivo está reñida con la transparencia, carece de una buena administración del dinero público y sigue poniendo a los yucatecos en recurrentes endeudamientos” “Al hablar de deudas no podemos olvidar que existen todavía otras pendientes como el caso de la mega deuda de los $1,800 millones a 25 años y los $300 millones a Televisa por el CRIT Teletón. Sólo de estas dos nos arroja un endeudamiento de más de $2,000 millones, sin considerar la deuda por la compra de los terrenos de Ucú y la deuda a proveedores y ganaderos, entre otras”, subrayó.
“Tal parece que este gobierno pasará a la historia por endeudar a los yucatecos por muchos años”, indicó.
En respuesta, el diputado priista Gaspar Quintal Parra pasó a la tribuna para señalar que se trata de magnificar algo que, por el contrario, motivó que el mismo director general del INAH felicitara ayer al gobierno del Estado por lograr que por fin un patrimonio tan importante como esa zona arqueológica, hoy sea de los yucatecos, de los mexicanos.
Después de muchos años de que esa propiedad donde se encuentra Chichén Itzá fuera de un particular, hoy es propiedad de los yucatecos, recalcó el ex oficial mayor del Ejecutivo.
Quintal Parra señaló que, como siempre, una vez más “sólo suben a hacer comentarios en busca de la nota para que les publiquen en los medios, tratando de desprestigiar al gobierno estatal”

El INAH aprueba la compra

Permitirá sentar “las bases para el futuro” de Chichén

01/04/2010

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) expresó su “reconocimiento” a la Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco “por la adquisición del suelo donde se ubican las principales estructuras y vestigios arqueológicos de la zona arqueológica de Chichén Itzá”.
En una carta enviada a la titular del Ejecutivo estatal, el director general del Instituto, Alfonso de Maria y Campos Castelló, expresa que dicha adquisición “representa un paso importante que, sumado a los años de investigación y conservación de este sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte del INAH, podrá sentar nuevas bases para el mejor disfrute de mexicanos y visitantes de otros países”.
También se refiere al plan de manejo elaborado por el INAH y el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Centros de Población de X-Calakoop, Pisté y de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Chichén Itzá, Municipio de Tinum formulado por Fonatur en colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán.
Indica que ese plan es un instrumento para acordar con el Ejecutivo “un manejo integral de la zona, que permita la conservación del patrimonio arqueológico y natural”. En su misiva, el director general del INAH reitera la disposición de la institución a su cargo para trabajar de manera conjunta “y buscar en todo momento la protección y conservación de nuestro patrimonio arqueológico en Yucatán”.

Cansados de falsas promesas oficiales

Noticias de Yucatán
(afectación ciudadana, compromisos no cumplidos, plantón)
El gobierno falta a una promesa hecha a enfermos de sida

01/04/2010

Integrantes del albergue “Oasis San Juan de Dios” para enfermos de VIH-Sida, quienes desde hace seis días realizan un plantón frente a Palacio de Gobierno, dijeron que están cansados de las promesas del gobierno del estado, debido a que el año pasado el entonces subsecretario de gobierno Carlos Pavón Flores, ahora candidato a diputado por el PRI, les ofreció un terreno similar al que les quitó el director del penal meridano Francisco Brito Herrera.
Carlos Méndez Benavides, director del albergue, dijo que el funcionario les ofreció además del terreno apoyos para que comience a funcionar una granja en la que obtendrían recursos para sostener al albergue , así como aumentar los apoyos para los tratamientos.
Nos desilusionó
“Nos ilusionó, pero todo quedó en una promesa. No cumplió”.
Ahora según los quejosos les hicieron de nuevo la propuesta para que retiren el plantón frente a la sede del Ejecutivo, ya que dan mala imagen al turismo que visita el Centro Histórico.
Méndez Benavides, director del albergue, dijo que la ambición de Brito Herrera prácticamente sepultó un proyecto el cual sería único en el estado, debido a que entre los internos del albergue se fundaría una granja y con los recursos que se obtengan servirían para complementar el tratamiento de los integrantes del albergue y de las personas que acudan a solicitar ayuda, que cada día son más.
“Además serviría como parte del tratamiento”
ProyectoSin embargo, dijo, todo el proyecto se cayó luego que fueron despojados de las dos hectáreas que les habían donado, terreno que al paso de los años tiene una gran plusvalía por su ubicación en la hacienda San Antonio Cutz de la comisaría de Chablekal. Cerca de Dzibilchaltún y no muy lejos del Country Club.
“Estamos muy decepcionados los socios del Oasis San Juan, porque hicimos campaña a favor de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y ahora nos ha dado la espalda.
“Dónde está quien dijo escuchar a la gente, dónde la que ofreció acabar con la injusticia, dónde la que prometió cumplir y no mentir”, indicó Méndez Benavidez

Toma posesión nuevo magistrado del Tribunal Electoral de Yucatán

Noticias de Yucatán
(nombramientos, ipepac, campaña 2010)
Otra licencia de seis meses al abogado Guzmán Pacheco

01/04/2010

Al continuar los movimientos internos en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), ayer tomó posesión un nuevo magistrado, y la semana pasada se otorgó una licencia por seis meses más a José Alonso Guzmán Pacheco, para que siga separado de este órgano colegiado, informó su presidente Yussif Heredia Fritz.
Por cierto, indicó que él asumió la presidencia del TEE el 8 de septiembre de 2008, y termina como tal el 7 de septiembre del presente año.
La semana pasada, dijo, rindió protesta en el Congreso como nuevo magistrado del TEE Miguel Diego Barbosa Lara, quien ayer se incorporó al tribunal. Su periodo concluye el 30 de marzo de 2016. Entra en lugar de Nayibe Valencia Sansores, quien no fue ratificada.
Otro magistrado cuyo periodo se acaba en esa misma fecha de 2016, añadió, es Mateo Salazar Azcorra, porque fue ratificado para el cargo el mes pasado en el Congreso del Estado.
La siguiente magistrada a la que se le acaba el periodo es María Guadalupe González Góngora, quien está en lugar de Guzmán Pacheco desde el 4 de octubre de 2007, cuando por primera vez pidió licencia este último para ocupar el cargo de Procurador de Justicia.
(El periodo de magistrada suplente de Guadalupe González concluye en 2012).
Aunque Guzmán Pacheco tiene ya casi un año que dejó el cargo de procurador, la semana pasada solicitó de nuevo una licencia de seis meses por segunda vez desde que dejó la dependencia para seguir fuera del Tribunal Electoral.
Nueva licencia
Heredia Fritz informó que la anterior licencia que tenía ese magistrado vence el próximo sábado 3, pero la semana pasada solicitó y se le aprobó en el pleno del Tribunal una licencia más de seis meses.
Por ese motivo Guadalupe González continuará en el cargo de magistrada electoral hasta el próximo 3 de octubre del presente año, a menos que de nuevo su titular, Guzmán Pacheco, solicite otra licencia.

“Se ve débil porque sólo pone excusas”

Noticias de Yucatán
(ipepac, FCF, critica, ineficiencia)
Asociaciones civiles le ofrecen apoyo al Consejo Electoral

01/04/2010

La debilidad del Consejo General Electoral del Estado, sobre todo para fiscalizar las campañas electorales, se puede solucionar si se apoyara en organizaciones civiles como coadyuvantes para hacer ese trabajo, declaró Patricia McCarthy Caballero, exconsejera electoral federal.
—Es débil porque sólo pone excusas para no hacer su trabajo, en vez de buscar como hacerlo u otras opciones para cumplirle a los electores —añadió.
Incluso el Frente Cívico Familiar (FCF), organización a la cual ella pertenece, podría ser una de esa organizaciones disponibles para hacer ese trabajo de coadyuvancia, agregó.
Anteayer informamos que el presidente consejero Fernando Bolio Vales y el consejero Ariel Aldecua Kuk admitieron que están limitados por la misma ley para actuar, sobre todo en cuanto a la fiscalización de las campañas y atender las quejas del proceso.
Patricia McCarthy dijo que si el problema del Consejo es la falta de recursos humanos para hacer el monitoreo de las campañas, las organizaciones civiles los pueden apoyar.
—Sería cosa de que se acerquen a las organizaciones y nosotros colaboraríamos con gusto con ellos.
El FCF y otras organizaciones, expuso, de todas maneras tienen que hacer ese trabajo, se les exige elaborar un informe del proceso, por participar en él como observadores.
“En ese sentido podrían conjugar esfuerzos y apoyarse para hacer un mejor trabajo de fiscalización, en vigilar que los principales actores de este proceso cumplan la ley.
“Al encerrarse en decir que están limitados, que la ley no les permite hacer muchas cosas, es lo que los hace ver como una autoridad débil, deberían buscar otras opciones para resolver esas limitaciones.
“Además, por todo lo que ya expusieron, sobre todo al señalar que sólo actuarán cuando se presente alguna denuncia, se les podría recordar que ese no es el espíritu de la ley.
Si a eso se le suma la poca transparencia con la que han hecho las licitaciones y contrataciones del material electoral, el Programa de Resultados Preliminares (PREP), la impresión de boletas y demás, eso hace despertar más suspicacias sobre estas elecciones, indicó.

“La impresión de boletas, segura”

Noticias de Yucatán
(ipepac, boletas, campaña 2010)
Litho Formas dice que son infundadas unas acusaciones

01/04/2010

El director de Operaciones de la empresa capitalina Litho Formas, Pablo Simón Galindo, afirma que se adjudicó la impresión de las boletas electorales en un proceso apegado a la ley y dice que las acusaciones que han surgido en su contra en otras partes del país son infundadas.
“Fuimos la única finalista en la licitación (que realizó el Ipepac) porque nuestros competidores se fueron quedando en el camino. Cotizaron porque creyeron que era sencillo hacer las boletas, pero es un proceso complejo y muchos de ellos no tienen los equipos y sistemas para garantizar ese trabajo”, asegura el directivo, radicado en Cancún.
“Los yucatecos pueden confiar en nosotros, tenemos muchos años en el mercado y somos uno de los ocho socios que tiene la Asociación Nacional de Impresores de Cheques y Valores (Anicheva), que avala el Banco de México y la Asociación Mexicana de Bancos”, indica.
“Somos la única planta de alta seguridad en México, sólo hay 17 en el mundo, certificadas por Intergraf. Imprimimos vales de despensa, vales de comida, cheques y otros documentos de valor, de manera que la impresión de las boletas para las elecciones en Yucatán es segura”, recalca Simón Galindo.
El Ipepac adjudicó a Litho Formas, como informamos, la impresión de esos documentos mediante una licitación realizada casi en secreto. La empresa ha sido acusada en otras partes del país de recurrir al soborno y de imprimir boletas con errores.
“En Puebla un comisionista de la empresa, nunca fue nuestro empleado, nos puso una demanda laboral y nos acusó de corrupción, de haber pagado un soborno a la autoridad electoral”, indica el directivo.
“Lo demandamos por difamación y le ganamos. El juicio laboral duró 10 años y también le ganamos. Fue un intento de extorsión contra nosotros.
“En el caso del Estado de México, hubo una demanda pero fue contra otra empresa, pero involucraron a Litho Formas y nos investigaron a todos. Pero, finalmente fuimos absueltos.
“En Baja California es correcto, cometimos un error de diseño, pero respondimos de inmediato y en menos de 24 horas entregamos las boletas”, dice Simón, quien afirma que tiene documentos para sustentar sus declaraciones.

Más pleitos por dinero

Noticias de Yucatán
(conflicto, dinero para yucatán, incumplimiento)
Podrían embargar al Ayuntamiento por falta de un pago

01/04/2010

Los conflictos entre los gobiernos federal, estatal y municipal tienen nuevo ring: los recursos 2009 del Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun), un fondo en el que la Federación aporta el 75% de recursos y los ayuntamientos el 25% restante.
La Comuna no ha recibido $9.7 millones de ese rubro y no puede pagar 23 automóviles y camionetas Chrysler adquiridos a la concesionaria Automotriz Yucatán para convertirlos en carropatrullas.
El alcalde César Bojórquez Zapata indicó que esa concesionaria podría denunciar al Ayuntamiento por falta de pago. Por tanto propone recortes presupuestales a varias dependencias municipales para poder pagar.
Además, pidió al gobierno estatal devolverle $3.166,666 que la Comuna le depositó como parte de la aportación del municipio al Subsemun.
Han sido infructuosos sus esfuerzos, dijo, por conocer la causa del problema, pues ni la Federación ni el Ejecutivo estatal han respondido a sus reclamos. Incluso planteó el tema al presidente Felipe Calderón.
Ese problema generó acalorada discusión cuando fue expuesto ayer en la sesión de Cabildo. Finalmente todos convinieron, en aras de la transparencia, en sacarlo del orden del día y abordarlo después de que se investigue más al respecto.
Hubo cruce de acusaciones entre los ediles. Unos sostuvieron que la Federación es la responsable del lío por no dar ese dinero ni firmar el convenio respectivo, pero otros replicaron que el problema está en el Ejecutivo estatal, que enredó todo en su afán de manejar esos recursos.
—Todo esto no pasaría si durante la administración pasada, cuando la Comuna y el gobierno estatal estaban en manos de panistas, se hubiera transferido toda la policía a Mérida —dijo el edil Carlos Sarabia.
—Nada de esto sucedería si el gobierno estatal priista no hubiera despojado de su policía al ayuntamiento panista de Víctor Corre Rachó —reviró el presidente municipal.
El asunto, dijo el alcalde, es un enredo que nadie quiere aclarar, pues llegó una primera ministración para compra de chalecos y otros implementos para la Policía de Mérida. El resto no llega porque, según la Federación, el gobierno estatal y el Ayuntamiento firmaron un convenio indebido para manejar ese fondo.
—En 2008, cuando el Ayuntamiento manejó ese recurso, no hubo problemas. Pero en 2009 el Ejecutivo estatal insistió en que el dinero llegue a sus arcas, bajo el argumento de que el 80% de la vigilancia del municipio corre por su cuenta.
—A fin de cuentas nosotros aceptamos que los recursos se depositaran en la cuenta del gobierno estatal y después éste nos diera la parte que nos corresponde. Firmamos el convenio y le depositamos $3.1 millones.

Plática política con la gobernadora hoy en TeVe

31 marzo 2010
Noticias de Yucatán
(imagen, protagonismo, despilfarro)
31/03/2010

La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco aparecerá de nuevo en la televisión en la medianoche de hoy, en una emisión más (grabada) de Shalalá, conducida por Katia D’ Artigues y Sabina Berman. La transmisión será a través de Azteca 13. Las conductoras señalan que la gobernadora “siempre dijo que era integrante de un PRI joven, sin dobleces, que contesta lo que le preguntan, y la pusimos a prueba...”.
Entre las preguntas están: ¿Qué opina de la reforma en la que Yucatán, un estado de vanguardia histórica en derechos de las mujeres, haya aprobado la defensa a la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”? ¿Es verdad que hay también un candado para blindar la posibilidad de matrimonios entre personas del mismo sexo? ¿Cuáles son sus logros de gobierno ahora que enfrenta en mayo las elecciones intermedias, que son un “referéndum” extraoficial del gobierno en turno? ¿Quién es su gallo para 2012 por el PRI? Si fuera Peña Nieto, ¿le gustaría estar en su campaña? ¿Que piensa sobre el hecho de que gobernadores se sienten con derecho de elegir a su sucesor? Y, también, ¿cómo ve la posibilidad de tener una pareja y de ser madre?

Es un “chantaje electoral“

Noticias de Yucatán
(trampas, medida electorera, estudiantes, transporte)

  • Estudiantes critican la medida de respetar la tarifa estudiantil en estos días
  • El PRI celebra la decisión de Ivonne Ortega Pacheco

31/03/2010

El Comité General de Estudiantes consideró un “chantaje electoral” la decisión del gobierno del Estado de respetar las tarifas de estudiantes sólo durante las vacaciones de Semana Santa, en plena campaña política.
—Los estudiantes ya estamos cansados de tanto abuso y tanta hipocresía de las autoridades, pero no vamos a claudicar en nuestra lucha, porque vemos que no hay un deseo de fondo de solucionar este problema.
—Está más que claro que el problema del transporte les ha afectado electoralmente y por eso recurren a este chantaje, porque si hubiera deseo de mejorar la situación ya hubieran cambiado el decreto para que la credencial se respete todos los días —dijo Adrián Gorocica Rojas, vocero del Comité General de Estudiantes, quienes se oponen al proceso de credencialización.
La medida que anunció anteayer Henry Sosa Marrufo también generó opiniones encontradas en los partidos políticos.
La presidenta estatal del PAN, Magaly Cruz Nucamendi, fijó su postura en un escrito de un párrafo enviado por correo.
“Debe ser un beneficio permanente y para todos los estudiantes sin distinciones, tomando en cuenta que el período vacacional no les quita a los mismos el derecho a gozar de este beneficio”, afirmó.
La presidenta estatal del PRI, Alaine López Briceño, elogió a la gobernadora “por su decisión de apoyar a los estudiantes”.
“Se está haciendo un gran esfuerzo para llevar al cabo toda la transformación para regularizar la situación del transporte”, indicó la dirigente.

Aumenta la crítica al árbitro

Noticias de Yucatán
(ipepac, renuncia, nombramientos, campaña 2010)
La situación en el Comité de Ética es preocupante, dicen

31/03/2010

El Comité de Ética Electoral tendrá que seguir funcionando con sólo tres de sus cinco integrantes, pues los consejeros estatales decidieron ayer, por consenso, no nombrar a sustitutos de los dos que renunciaron.
El presidente del Consejo Electoral, Fernando Bolio Vales, dijo que es preferible dejar las cosas así por “el tiempo procesal” y el que les llevaría para la designación de otros dos comisionados, a sólo 46 días de la elección.
Ayer informamos que por no estar de acuerdo con unos cambios en la forma de trabajar del Comité de Etica, renunciaron dos de sus integrantes, María de los Angeles Matos González y Víctor Arjona Barbosa.
En una entrevista que concedió ayer, la ex gobernadora Dulce María Sauri Riancho hizo un llamado a los consejeros electorales a sacudirse la modorra y el miedo y a asumir sus responsabilidades, ejercer su función en este proceso electoral.
Diversos sectores de la sociedad señalaron en días pasados a este Consejo como una autoridad electoral débil, que navega en un clima que muchos ven con desconfianza.
Dulce Sauri, también ex presidenta nacional del PRI, señaló que parece que el estado de ánimo que transmiten los consejeros es de resignación ante los excesos cometidos o en que pudiesen incurrir los participantes.

Polémica por Chichén

Noticias de Yucatán
(chichén, despilfarro, corrupción)

  • Encontrados puntos de vista por la venta al gobierno estatal
  • El PAN considera que la transacción “es una barbaridad”

31/03/2010

Unas horas después de anunciada, la compraventa de tierras de Chichén Itzá al gobierno del Estado generó ayer gran polémica en los ámbitos político y social de Yucatán.
Empresarios, partidos políticos y el Ejecutivo estatal pronunciaron opiniones encontradas al respecto.
La presidenta estatal del PAN, Magaly Cruz Nucamendi, consideró la compraventa “una barbaridad” y la calificó de “una ocurrencia más de la gobernadora”. El PRI, a su vez, avaló la transacción. La Canaco dio el visto bueno a la negociación, y Alfredo Barrera Rubio, ex director del Centro INAH-Yucatán, advirtió que se pagó un precio muy elevado.
En Pisté, representantes de la comunidad ven con buenos ojos la transacción, pues consideran que ayudará a resolver problemas en el interior de la zona arqueológica.
Sin embargo, artesanos y comerciantes consideran que la medida no será positiva para ellos y también denunciaron presuntas irregularidades en la organización del concierto de Elton John.

Chichén desata la polémica

Divide opiniones la compra de tierras con otro préstamo

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31/03/2010

La compra de 83 hectáreas de tierra en Chichén Itzá, por las que el Patronato Cultur pagará $230 millones por medio de una deuda bancaria a 15 años, levanta polémica y divide opiniones en diversos sectores.
Alfredo Barrera Rubio, ex director del Centro INAH-Yucatán, advierte que el gobierno del Estado pagó un precio muy elevado, tomando en cuenta que las tierras adquirieron plusvalía gracias al dinero público —“no del particular, que no ha puesto ni un peso”— que se invirtió en el rescate de la zona arqueológica durante 100 años.
“Lo deseable era proceder con la expropiación, porque está más que justificada la causa de utilidad pública y se hubiera pagado un precio razonable, sin tener que endeudar más a los yucatecos”, subraya el ex funcionario e investigador.
Barrera Rubio, quien se ha opuesto a la realización de conciertos en Chichén, advierte que hay el riesgo de que Cultur pretenda ahora, como dueño, oficializar a la zona arqueológica como un escenario para sus próximos eventos multitudinarios.
El gobierno del Estado, como publicamos, anunció la compra de 83 hectáreas de tierras de Chichén Itzá que eran propiedad de Hans Jurgen Thies Barbachano. Jorge Esma Bazán, director de Cultur, dijo que el trato se cerró en $230 millones, que pagarán con un préstamo a 15 años, y afirmó que ya hicieron un primer pago de $80 millones.
“Excelente”
El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Manzanilla Pérez, integrante de la Junta de Gobierno de Cultur, revela que apenas anteayer, poco antes de la firma del contrato, les informaron de la operación, pero considera que fue una “excelente negociación” debido a que el dueño pedía $500 millones y el trato se cerró en $220 millones.
Precisa que son $220 millones, y que los $10 millones de diferencia (Cultur dijo que fueron $230 millones) se utilizarán para gastos de escrituración, pago de impuestos y un programa de “saneamiento” del sitio, que implica el desalojo de los ambulantes del interior de la zona.
Manzanilla Pérez dice que ve con buenos ojos la compraventa debido a que Cultur puede usufructuar la zona, generando una derrama que beneficiaría a los habitantes de esa región.
Sobre el tema, la presidenta estatal del PAN, Magaly Cruz Nucamendi, señala que “es una barbaridad” que mientras el Ejecutivo cancela becas a niños, no quiere aplicar descuentos a los estudiantes y aún le debe a proveedores, ya acumuló una cuantiosa deuda y no hay obras detonantes del desarrollo, ahora sobreendeude al pueblo yucateco con otros $230 millones.
“Si dividimos ese dinero entre 83 hectáreas resulta que pagó a $277 el metro cuadrado, un precio carísimo por unas tierras que no le van a servir para nada. Es como comprar un pedazo de la Plaza Grande, ¿qué caso tiene si no puedes hacer nada?”, apunta la ex diputada local.
“Una ocurrencia más”
“Esta es una ocurrencia más de la gobernadora (Ivonne Ortega Pacheco) y huele a un negociazo, con los respectivos dividendos para algunos funcionarios públicos”, advierte.
“Tremenda culebra bajó del Castillo”, parodia el alcalde César Bojórquez Zapata al hablar de la polémica operación, con la que también está en desacuerdo.
“Lo mejor era expropiar las tierras. Con $230 millones se pueden hacer muchas cosas, en nuestro caso nos servirían para terminar Animaya”.
“Tá grande la víbora. Con $230 millones hasta Kukulcán baja a recibir la lana, pero vamos a ver qué dice la sociedad”, apunta el primer concejal panista.
La diputada Bertha Pérez Medina, del PRD, advierte que esa operación tiene implicaciones jurídicas, económicas y políticas: “En principio, no se justifica pagar casi $3 millones por hectárea y menos porque repercutirá en una carga más a la deuda pública”, subraya.
“Una implicación jurídica es que, como paraestatal, Cultur puede disponer de esas tierras prácticamente como quiera porque no son del dominio público. Las puede vender, donar, concesionar... ¿Qué garantía hay de que se usarán en beneficio de los yucatecos?”, se pregunta la diputada.

Lo primero, “poner orden”

Ven con buenos ojos la compra que hizo el Ejecutivo

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31/03/2010

Dos representantes de la comunidad de Pisté ven con buenos ojos la compra que el gobierno del Estado hizo de 83 hectáreas de tierras privadas donde se ubican monumentos arqueológicos de Chichén Itzá.
Para Ariel Marrufo Nah, comisario municipal de Pisté, y Silvia Cimé Mex, representante de los artesanos de la zona de Chichén Itzá, la adquisición de esos terrenos, que incluso se extienden más allá de los límites del actual sitio arqueológico, “es una buena medida”.
La noticia de la operación de compraventa que dio a conocer anteanoche el Ejecutivo del Estado corrió como reguero de pólvora en la comisaría de Tinum. Ayer por la mañana era el tema de conversación de los lugareños, la mayoría dedicados a la prestación de servicios turísticos. Recepcionistas, meseros, artesanos, choferes y restauranteros comentaban los detalles del acuerdo y expresaban su sorpresa por la información. Para el comisario municipal de Pisté, quien se enteró ayer por la mañana, cuando comenzó sus labores como recepcionista en un hotel de Chichén Itzá, el hecho “me parece muy bien. Ya era tiempo de que se tomara esa decisión, creo que ahora se podrán resolver muchos problemas que hay en el interior de la zona arqueológica, que es el medio de sustento de muchos de los habitantes de Pisté”, indicó Marrufo Nah.
“Lo primero que hay que hacer, ahora que los terrenos serán propiedad del gobierno del Estado, es poner en orden a los artesanos que ofrecen sus productos en el interior del sitio. Hay mucha desorganización y prácticamente están en todos lados”. Para el representante del municipio de Tinum, otra de las nuevas disposiciones que el gobierno estatal debería tomar es permitir la entrada libre o “por lo menos con el 50% de descuentos a los yucatecos” a la zona arqueológica. “Sólo los domingos pueden entrar gratis a Chichén los yucatecos. Ahora que la zona es propiedad estatal una buena medida sería dejar pasar gratis o con un descuento de la mitad de la cuota (de $116) a los paisanos”.
(El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cobra una cuota de $51 por visitante; el resto, es decir $65, va a parar a las arcas de Cultur).
“Mucho gusto”, fue la respuesta de Silvia Cimé cuando se le preguntó qué opina de la compra de los terrenos de Chichén Itzá a cargo del gobierno estatal. “Qué bueno que se logró la expropiación de esas tierras (en realidad fue un acuerdo comercial con el dueño); ojalá sea verdad, ya era hora de que el gobierno del Estado hiciera algo para cuidar y conservar nuestro patrimonio, ojalá sea para bien”, señaló. “Ahora sólo falta ver si a los artesanos nos beneficiará esa decisión, ya que si lo que se compró es ahora patrimonio de los yucatecos, que se haga realidad, que nos dé beneficios”, apuntó la señora Cimé Mex.

Familia involucrada en procesos de expropiación

El Peón Contreras es un antecedente en los Barbachano

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31/03/2010

El gobierno del Estado ya ha expropiado a la familia Barbachano un inmueble considerado patrimonio cultural.
En 1979, el gobernador Francisco Luna Kan emitió un decreto mediante el cual expropió, por causas de utilidad pública, el teatro Peón Contreras, propiedad de Fernando Barbachano Gómez Rul.
Según los archivos del Diario, el valor catastral de ese edificio era de cerca de $3 millones, pero se encontraba abandonado y seriamente dañado.
Con el objeto de rescatarlo, el gobierno intentó comprar el teatro y le hizo una oferta al propietario, de $10 millones, pero aquél pidió el doble.
Usufructo
En ese entonces esa cantidad era mucho dinero y el gobierno decidió, primero declarar “monumento artístico de Mérida” al Peón Contreras, y luego lo expropió.
Esta no ha sido la única vez que la familia Barbachano se ve involucrada en procesos de usufructo de bienes de la nación.
En 2003, Barbachano Gómez Rul interpuso una denuncia —que finalmente perdió — contra el gobierno de Patricio Patrón Laviada, Cultur y el INAH por no permitir el ingreso de turistas a la zona arquelógica de Chichén por la puerta del hotel Mayaland, propiedad de Barbachano, que colinda con las ruinas.
Más recientemente, Hans Jurgen Thies Barbachano, mediante su empresa Transportes Aéreos Peninsulares, obtuvo del Ayuntamiento de Tinum un permiso para vender cerveza en un terreno de su propiedad, pero a un lado de la zona arqueológica.
El empresario instaló el puesto, no obstante la prohibición expresa del INAH. Las autoridades clausuraron la venta de cerveza al día siguiente del anuncio de la compra de los terrenos de Chichén por Cultur.
No se sabe si esa operación incluye la superficie colindante con el hotel Mayaland y los terrenos en donde Thies Barbachano ha instalado tiendas, a unos pasos de la zona arqueológica.

Pagan sobreprecio por Chichén Itzá

Según un avalúo oficial, las tierras valen $8.1 millones

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31/03/2010

Las 83 hectáreas de Chichén Itzá que Cultur acaba de comprar en $230 millones fueron avaluadas en 2006 por el gobierno federal en $8.1 millones.
Tres años antes, en 2003, la Federación hizo un primer avalúo de esa superficie y estimó su valor en mucho menos, en $4 millones, según información oficial del INAH.
El gobierno encargó ese trabajo al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, porque, de acuerdo con las fuentes, el INAH consideraba la posibilidad de adquirir esos predios, donde se asientan los principales vestigios mayas de Chichén Itzá.
En 2005, ese organismo hizo incluso un Programa de Adquisición de Predios en 14 zonas arqueológicas del país, por $2,350 millones, que incluía la compra de 3,000 hectáreas en Uxmal, en poder también de particulares.
Espera
En 2007, la dirección del INAH presentó por escrito una oferta de compra a Hans Jurgen Thies Barbachano, dueño de los terrenos de Chichén, pero éste ni siquiera le respondió.
Según fuentes del INAH, éste pedía entre 500 y 600 millones de pesos.
También en esa época se consideró la posible expropiación de los terrenos, pero esto nunca llegó a concretarse.
Jorge Esma Bazán, director de Cultur, se refirió a esta indecisión del gobierno federal en torno a los terrenos de Chichén Itzá para justificar la compra realizada por Cultur.
En la rueda de prensa en la que anunció esa operación, el funcionario dijo que el gobierno estatal “esperó que el gobierno federal tomara la decisión adecuada, pero éste no la tomó, nos ofreció que lo haría hace dos años, seis meses y la última vez fue hace tres meses, y no lo hizo”. Para fijar el precio de la compra de las tierras, el gobierno contrató a un corredor público, que no identificó.
Oídos sordos

Esma Bazán desoyó a las Comisiones de Turismo y Cultura de la Cámara de Diputados que en 2007 exhortaron al gobierno federal a expropiar los terrenos de Chichén Itzá. Los diputados recomendaban que si esta solicitud no prosperaba, el gobierno de Yucatán debería hacerlo, “ya que tiene todas las facultades legales para eso”.

Respaldo a la compra de Chichén

Dice el PRI que es “un acto de justicia” esta medida tomada

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31/03/2010

La secretaria de Acción Indígena del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Xóchitl Molina González, respaldó ayer la decisión del Ejecutivo local de adquirir los terrenos de la zona arqueológica de Chichén Itzá.
Al inaugurar los trabajos de la Reunión Nacional de Secretarios de Acción Indígena que se celebró en Pisté, en el municipio de Tinum, al que pertenece Chichén Itzá, la representante del PRI nacional calificó la medida como “un acto de justicia”.
“Ha sido un gran logro. Esas tierras volverán a ser parte de los mexicanos. Quedarán en manos de sus verdaderos dueños: los mayas”, destacó en su mensaje.
De acuerdo con un boletín, Xóchitl Molina también consideró que los herederos de la antigua cultura maya deberían tener mayor acceso a sitios como Chichén Itzá y otras zonas arqueológicas.
Alaine López Briceño, presidenta estatal en funciones del PRI, manifestó: “Los yucatecos nos congratulamos con esta decisión largamente esperada”.
Reconoció el esfuerzo de las autoridades estatales al adquirir los terrenos que ocupa la ciudad maya y pidió que este asunto, como otros muchos, no se intente politizar.
“En tiempos de elecciones todo se intenta politizar, hasta decisiones gubernamentales que, como en este caso, buscan dar certeza a un patrimonio cultural como lo es Chichén Itzá” expresó.
A la reunión asistieron representantes de 18 de los 22 estados que cuentan con la Secretaría Acción Indígena del PRI a fin de abordar diversos temas relacionados con las etnias del país.
En el evento, Molina González hizo notar que existen en México 65 lenguas indígenas que se niegan a morir y son habladas por 12.7 millones de personas que representan el 13.1% de la población del país.
“Yucatán y Oaxaca son los estados con mayor población indígena. El gobierno federal debe hacer un mayor esfuerzo presupuestal para respaldar a estas entidades en su tarea de atender a esta población”, finalizó.
Durante la inauguración se celebró una ceremonia maya en la que se pidió que a Yucatán le vaya mejor este año y se mantenga la unidad entre los yucatecos.

Comerciantes enojados

No dejará la zona por el concierto de Elton John, advierten

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31/03/2010

Artesanos y comerciantes que ofrecen sus productos en el interior de Chichén Itzá advirtieron que no desalojarán esa zona arqueológica con motivo del concierto de Elton John el sábado y afirmaron que las autoridades cometen irregularidades con ese espectáculo musical.
Debido a ello, el día de la presentación del cantante inglés ellos realizarán un “acto de desagravio” en Pisté, con sacerdotes mayas, para pedir que las autoridades atiendan sus peticiones al respecto.
En voz del secretario de esa agrupación, Pablo Euán Cen, y del asesor legal del grupo, Villevaldo Pech Moo, esos artesanos y comerciantes afirmaron que hay “mala fe” del Ejecutivo estatal. Y acusaron al director de Cultur, Jorge Esma Bazán, de intentar dividir a ese gremio.
Los inconformes explicaron que se oponen al concierto porque éste no beneficia a las comunidades mayas de la región, además de que les afectará si se cumplen las amenazas de expulsarlos del sitio arqueológico desde varios días antes del evento.
—El INAH creó un reglamento, fuera de norma y en modo discrecional, para permitir la explotación comercial de Chichén Itzá que sólo beneficia a empresas y a particulares —dijo Euán Cen.
—Para las autoridades esta explotación comercial de Chichén Itzá es legal, la consideran como industria cultural, pero hasta ahora no conocemos la derrama económica que generaron estos conciertos.
—No hemos sido consultados para realizar estos espectáculos. Las autoridades nos discriminan, nos niegan acceso al espectáculo y nos dicen que podemos ver el ensayo de aquél.
En rueda de prensa que ofrecieron ambos para hablar del asunto también participó Mauricio Macosay Vallado, representante del Frente de Unidad Popular, quien se refirió a la compra de 83 hectáreas de Chichén Itzá que hizo el gobierno estatal con $230 millones.
—Hoy mismo recurriremos al Instituto de Acceso a la ínformación Pública para conocer todos los pormenores de esa compraventa e impugnaremos esa acción mediante acciones de inconstitucionalidad —dijo Macosay Vallado, cuya agrupación incluye a los artesanos y comerciantes ya citados.
—En 2007 el director del INAH, Alfonso de Maria, declaró que esas tierras costaban $8 millones, mucho menos que los $230 millones que se pagaron por ellas ahora. Al respecto, Villebaldo Pech dijo que la familia Barbachano es dueña de 29 tablajes de Chichén Itzá, con extensión de 661 hectáreas, de modo que todavía es propietaria de buena parte de as tierras donde se asienta esa ciudad maya.
—El gobierno debió expropiar esas tierras, no comprarlas, pues así el precio hubiera sido mucho menor —dijo.

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