· El INAH expresa su beneplácito ante el gobierno del Estado
01/04/2010
Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) felicitó al gobierno del Estado por la reciente compra de terrenos de Chichén Itzá, la diputación panista del Congreso yucateco considera que la operación de compraventa es impugnable porque no se apegó a los términos de ley.
De acuerdo con un primer análisis jurídico citado por la diputada Patricia Gamboa Wong, la administración de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco no respetó los preceptos establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado al contratar un financiamiento para la adquisición de las 83 hectáreas de tierra de Chichén.
El artículo 10 de la ley mencionada obliga a los organismos descentralizados, como el Patronato Cultur, a que cuando contraten créditos se ajusten a los montos autorizados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010, “lo cual no se cumplió”, explicó la legisladora.
Esto significa que, aunque Cultur sí puede contratar financiamientos cuando tenga la autorización de su órgano de gobierno, el mismo Patronato o el Ejecutivo estatal debieron prever el empréstito en la Ley de Ingresos, pero esto no se cumplió, añadió Patricia Gamboa.
El director del Patronato Cultur, Jorge Esma Bazán, se refirió también al tema y dijo que ahora que el gobierno del Estado es propietario de los terrenos donde se asientan los principales vestigios mayas de la zona con más seguridad continuarán los conciertos como el que ofrecerá Elton John pasado mañana en Chichén Itzá. Los conciertos internacionales forman parte de la promoción mundial de Yucatán y además no se pone en riesgo el Castillo de Kukulcán porque su estructura es fuerte y diferente a los demás edificios, señaló.
“El caso Chichén es ilegal”
El Ejecutivo, reñido con la transparencia, dicen en el Congreso
01/04/2010
“Un primer análisis jurídico de la compra de 83 hectáreas de tierra en Chichén Itzá arroja que la operación es impugnable, debido a que no se apegó a los términos de ley”, advierte la diputada Patricia Gamboa Wong, coordinadora de la fracción panista del Congreso del Estado.
“Si bien es cierto que el artículo 12 de la Ley de Deuda Pública del Estado dice que las paraestatales, como Cultur, pueden contratar deuda si cuentan con la autorización previa de sus órganos de gobierno, ese precepto no excluye la aplicación del artículo 10 de la misma ley que obliga a los organismos descentralizados a ajustarse a los montos autorizados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010, lo cual no se cumplió”, subraya la legisladora.
“Significa, en términos más sencillos, que el Patronato Cultur o el propio Ejecutivo debieron prever en la Ley de Ingresos 2010 la contratación de empréstitos y en este caso no aparece ni un peso”, afirma.
“El artículo 4 de la Ley de Deuda Pública dice que corresponde al Congreso autorizar los montos máximos de endeudamiento neto a los sujetos obligados —“como el Ejecutivo y Cultur”— en las correspondientes leyes de ingresos, pero ninguno solicitó endeudarse este año.
“Y el artículo 10 de la misma Ley es muy clara, dice textualmente que la contratación de deuda por parte de los sujetos obligados se sujetará a los montos de endeudamiento neto aprobados por el Congreso o los ayuntamientos, según sea el caso, y a lo establecido en esta Ley”.
La diputada Gamboa Wong dice que Cultur habría violado incluso el artículo 117 de la Constitución Federal, que en su fracción VII dice: “Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley (Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán) y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos (Ley de Ingresos)”.
“De este análisis se desprende que el caso Chichén es ilegal y se puede impugnar, incluso por la vía constitucional”, advierte la ex procuradora del DIF.
“Vamos a profundizar en el estudio jurídico y a analizar si procede interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte”, apunta la coordinadora panista.
Patricia Gamboa dice que tanto el Ejecutivo como Cultur pueden contratar deuda directa, pero bajo ciertas condiciones, que en este caso no se cumplieron.
Ayer mismo, en la tribuna del Congreso, la diputada Cecilia Pavía González censuró la opacidad con la que se realizó la operación: “Con este hecho nos queda claro que la administración pública del Ejecutivo está reñida con la transparencia, carece de una buena administración del dinero público y sigue poniendo a los yucatecos en recurrentes endeudamientos” “Al hablar de deudas no podemos olvidar que existen todavía otras pendientes como el caso de la mega deuda de los $1,800 millones a 25 años y los $300 millones a Televisa por el CRIT Teletón. Sólo de estas dos nos arroja un endeudamiento de más de $2,000 millones, sin considerar la deuda por la compra de los terrenos de Ucú y la deuda a proveedores y ganaderos, entre otras”, subrayó.
“Tal parece que este gobierno pasará a la historia por endeudar a los yucatecos por muchos años”, indicó.
En respuesta, el diputado priista Gaspar Quintal Parra pasó a la tribuna para señalar que se trata de magnificar algo que, por el contrario, motivó que el mismo director general del INAH felicitara ayer al gobierno del Estado por lograr que por fin un patrimonio tan importante como esa zona arqueológica, hoy sea de los yucatecos, de los mexicanos.
Después de muchos años de que esa propiedad donde se encuentra Chichén Itzá fuera de un particular, hoy es propiedad de los yucatecos, recalcó el ex oficial mayor del Ejecutivo.
Quintal Parra señaló que, como siempre, una vez más “sólo suben a hacer comentarios en busca de la nota para que les publiquen en los medios, tratando de desprestigiar al gobierno estatal”
El INAH aprueba la compra
Permitirá sentar “las bases para el futuro” de Chichén
01/04/2010
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) expresó su “reconocimiento” a la Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco “por la adquisición del suelo donde se ubican las principales estructuras y vestigios arqueológicos de la zona arqueológica de Chichén Itzá”.
En una carta enviada a la titular del Ejecutivo estatal, el director general del Instituto, Alfonso de Maria y Campos Castelló, expresa que dicha adquisición “representa un paso importante que, sumado a los años de investigación y conservación de este sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte del INAH, podrá sentar nuevas bases para el mejor disfrute de mexicanos y visitantes de otros países”.
También se refiere al plan de manejo elaborado por el INAH y el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Centros de Población de X-Calakoop, Pisté y de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Chichén Itzá, Municipio de Tinum formulado por Fonatur en colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán.
Indica que ese plan es un instrumento para acordar con el Ejecutivo “un manejo integral de la zona, que permita la conservación del patrimonio arqueológico y natural”. En su misiva, el director general del INAH reitera la disposición de la institución a su cargo para trabajar de manera conjunta “y buscar en todo momento la protección y conservación de nuestro patrimonio arqueológico en Yucatán”.
