Esos gastos estuvieron a cargo de la Coordinación General de Comunicación Social, cuyo titular fue Jesús Rivero Covarrubias. En los cinco años y dos meses de la administración anterior ascendieron a $1,216.329,842, que arrojan un promedio diario de $666,000.
De acuerdo con datos de la Cuenta Pública Anual, en 2007 el gasto de la Coordinación de Comunicación Social fue de $22.898,138. Siete meses correspondieron al gobierno de Patricio Patrón Laviada, pues Ivonne Ortega asumió el poder el 1 de agosto.
En 2008, el presupuesto de esa dependencia se disparó a $133.322,950, es decir, cinco veces más que el del año anterior.
El alza continuó en los años siguientes: en 2009, $162.116,981; en 2010, $229.191,773, y en 2010, $300.600,000.
La cifra de 2010 equivale a unos 822,000 de gasto al día.
En 2012, último año de la gestión de Ivonne Ortega, las erogaciones de esa dependencia se dividieron de la siguiente manera: en el primer trimestre, $105.500,000; en el segundo, $69.400,000, y en el tercero (hasta septiembre), $97.600,000.
“Esto confirma que el gobierno de Ivonne Ortega fue de imagen”, subraya Blanca Estrada Mora, presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy), al hacer un análisis de la cuenta pública y los informes trimestrales de las finanzas del gobierno.
Es el tercer año consecutivo que la dirigente pone la lupa sobre los gastos del gobierno, como parte de los ejercicios de la Fecuy en busca de la rendición de cuentas.
Al comentar el gasto público total del quinquenio, de más de $151,000 millones, la profesora Estrada Mora reitera una pregunta: “¿Dónde está ese dinero?”.
“El gobierno de Ivonne Ortega cerró con 50,000 pobres más en el Estado, regresamos a los primeros lugares de desnutrición infantil y aún adeudamos las obras más visibles: el Museo del Mundo Maya, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), el mejoramiento del Centro Histórico… Es pura obra de fiado”.
El capítulo del gasto corriente, que se refiere a gastos personales, sueldos, materiales y suministros, absorbió la tercera parte de los gastos de la administración anterior, con un total de $54,453.045,450.
En 2007 se destinaron a ese capítulo $5,594.461,853; en 2008, $9,657.635,897; durante 2009, $10,499.847,700; 2010, $12,000 millones (aproximado, pues Blanca Estrada hace notar que tuvo que hacer varias sumas porque se dispersaron los conceptos); 2011, $9,421.300,000, y 2012, $2,521 millones en el primer trimestre, $2,267.130,000 en el segundo y $2,491.670,000 en el tercero.
En los gastos por ramo, el Despacho de la Gobernadora aparece con $840.740,124 en los cinco años y dos meses. Fue un gasto diario aproximado de $460,000, como informamos ayer.
Esta oficina también vio aumentar su presupuesto año con año: en 2007, $12.439,638; 2008, $77.909,863 (superó en más de cinco veces la suma anterior); 2009, $147.364,828; 2010, $226.325,795; 2011, $200.400,000, y 2012, $23.800,000 en el primer semestre, $33.200,000 en el segundo y $119.300,000 (casi el total de 2009) en el tercero.
Otra dependencia incluida en el análisis es Fomento Agropecuario y Pesquero, cuyas erogaciones se distribuyeron de la siguiente manera:
En 2007, $281.500,000; 2008, $317.100,000; 2009, $360.300,000; 2010, $357.500,000; 2011, $398.300,000, y 2012, $106 millones en el primer trimestre, $115.400,000 en el segundo y $148.500,000 en el tercero.- Ángel Noh Estrada
El gasto público | Otros detalles
El ejercicio de los gastos contrasta notoriamente en algunas dependencias.
Turismo y DIF
En el período enero-septiembre de 2012, por ejemplo, la Secretaría de Fomento Turístico reportó un gasto de $172.8 millones. El impulso a la actividad turística tuvo menor presupuesto que el destinado al DIF, por ejemplo, que gastó $316.6 millones -casi el doble- en el mismo ciclo. La Secretaría de Política Comunitaria tuvo casi cien millones de pesos más que el DIF: $414.3 millones.
Ipepac y Codhey
En los organismos, el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) tuvo un gasto de $172 millones de enero a septiembre, que fue un período electoral, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), $19.6 millones.
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