01/04/2010
Los conflictos entre los gobiernos federal, estatal y municipal tienen nuevo ring: los recursos 2009 del Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun), un fondo en el que la Federación aporta el 75% de recursos y los ayuntamientos el 25% restante.
La Comuna no ha recibido $9.7 millones de ese rubro y no puede pagar 23 automóviles y camionetas Chrysler adquiridos a la concesionaria Automotriz Yucatán para convertirlos en carropatrullas.
El alcalde César Bojórquez Zapata indicó que esa concesionaria podría denunciar al Ayuntamiento por falta de pago. Por tanto propone recortes presupuestales a varias dependencias municipales para poder pagar.
Además, pidió al gobierno estatal devolverle $3.166,666 que la Comuna le depositó como parte de la aportación del municipio al Subsemun.
Han sido infructuosos sus esfuerzos, dijo, por conocer la causa del problema, pues ni la Federación ni el Ejecutivo estatal han respondido a sus reclamos. Incluso planteó el tema al presidente Felipe Calderón.
Ese problema generó acalorada discusión cuando fue expuesto ayer en la sesión de Cabildo. Finalmente todos convinieron, en aras de la transparencia, en sacarlo del orden del día y abordarlo después de que se investigue más al respecto.
Hubo cruce de acusaciones entre los ediles. Unos sostuvieron que la Federación es la responsable del lío por no dar ese dinero ni firmar el convenio respectivo, pero otros replicaron que el problema está en el Ejecutivo estatal, que enredó todo en su afán de manejar esos recursos.
—Todo esto no pasaría si durante la administración pasada, cuando la Comuna y el gobierno estatal estaban en manos de panistas, se hubiera transferido toda la policía a Mérida —dijo el edil Carlos Sarabia.
—Nada de esto sucedería si el gobierno estatal priista no hubiera despojado de su policía al ayuntamiento panista de Víctor Corre Rachó —reviró el presidente municipal.
El asunto, dijo el alcalde, es un enredo que nadie quiere aclarar, pues llegó una primera ministración para compra de chalecos y otros implementos para la Policía de Mérida. El resto no llega porque, según la Federación, el gobierno estatal y el Ayuntamiento firmaron un convenio indebido para manejar ese fondo.
—En 2008, cuando el Ayuntamiento manejó ese recurso, no hubo problemas. Pero en 2009 el Ejecutivo estatal insistió en que el dinero llegue a sus arcas, bajo el argumento de que el 80% de la vigilancia del municipio corre por su cuenta.
—A fin de cuentas nosotros aceptamos que los recursos se depositaran en la cuenta del gobierno estatal y después éste nos diera la parte que nos corresponde. Firmamos el convenio y le depositamos $3.1 millones.
